Sentencia 9580 de septiembre 19 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CAUSAL CUARTA DE DESPIDO

DAÑOS OCASIONADOS POR NEGLIGENCIA DEL TRABAJADOR

EXTRACTOS: «No se remite a duda que el 25 de junio de 1992 a las 6 y 25 horas, en el hangar 2 de Avianca en inmediaciones del aeropuerto de Bogotá, el señor Julio César Cárdenas movió desde un vehículo remolcador “pay mover” un avión de la compañía, en cumplimiento de las instrucciones que había recibido de su superior Claudio Muñoz, en el sentido de sacar la aeronave. la maniobra ejecutada no fue exitosa y, antes por el contrario, como consecuencia de ella el aparato colisionó con la estructura del hangar y se averió hasta el punto de que hubo de permanecer inmovilizado algunos días para efectos de su reparación:

(...).

En sentir de la Sala, de las varias declaraciones del actor, se desprende en forma manifiesta que éste obró con suma imprudencia. En efecto el trabajador acepta que hubiera podido abstenerse de efectuar la operación que le fue encomendada, la cual en su propio sentir resultaba a todas luces desaconsejable por muchas razones que interesa resumir así: no se hallaba presente, o al menos no en el lugar adecuado, el empleado que conforme a las instrucciones de la empresa debía asumir la responsabilidad del movimiento, vale decir, el supervisor; los auxiliares de palanca eran inexpertos e ineficientes; el hangar era muy pequeño en relación con el tamaño del avión; había otra aeronave estorbando el desplazamiento hacia atrás; el señor Cárdenas carecía de la visibilidad necesaria sobre todo en relación con la parte superior del aeroplano.

Emerge consiguientemente, con arreglo a las pruebas calificadas en casación laboral (L16/69, art. 7º), que el Tribunal se equivocó en forma ostensible cuando concluyó que en el proceso no aparece acreditada la negligencia del demandante en los hechos que le fueron imputados para despedirlo.

(...).

No escapa a la Sala que la posición de la parte demandante es la de responsabilizar a Avianca de los hechos, por las razones que ya se han enunciado a saber: el hangar reducido, los auxiliares deficientemente seleccionados, las órdenes equivocadas del jefe de base y la ausencia del supervisor. Y es verdad que la empresa por el aspecto locativo y por la actitud de algunos de sus representantes pudo haber incurrido también en errores que coadyuvaron al accidente, según se desprende, entre otros elementos, de las medidas que con posterioridad a éste se adoptaron (ver, fl.16), Empero, la culpa patronal en el hecho no disculpa la del operario, particularmente desde el enfoque que se examina, esto es el de determinar la existencia de una justa causa de despido.

Ahora bien, desde el punto de vista teórico, debe aclararse que la negligencia grave como justa causa para que el empleador ponga fin al nexo laboral, no es equivalente al dolo pues no se trata de que el trabajador haya realizado una conducta activa u omisiva con el propósito de dañar a la empresa o sus bienes patrimoniales, sino de que haya incurrido en errores de comportamiento, generados por no observar el mínimo de prudencia y diligencia exigidos para el desarrollo de la actividad que tiene a su cargo, cosa que por obvias razones resulta más clara cuando la actitud del operario comporta el incumplimiento de las instrucciones del empleador. E interesa también precisar que para medir en los casos concretos el grado de negligencia, no se debe desdeñar como agravante o atenuante, el valor económico de los bienes puestos al cuidado del trabajador, pues el alto costo bien puede implicar la exigencia de un cuidado sumo.

Para el caso, el señor Cárdenas era un empleado con amplia experiencia en su labor de remolcador o tractorista, pues por ejemplo el testigo Carlos Eduardo Bermeo precisa que lo conoció aproximadamente por quince años en el desempeño del oficio (ver, fl.166), de manera que no excusa su conducta errónea el que haya recibido la orden de mover el avión, máxime si se considera que el superior que la impartió, esto es el señor Claudio Muñoz, no dirigió ni presenció la operación y por tanto ha de inferirse que la directriz se emitió condicionada a unos supuestos mínimos de viabilidad. De ahí que el operario haya debido reclamar al supervisor situado en la cabina del avión, que se hiciera cargo y no asumir toda la responsabilidad en las difíciles circunstancias que él mismo reconoce y tantas veces se han referido (falta de visibilidad, presencia de otro avión atrás que obstaculizaba la operación, espacios muy reducidos e inexperiencia de los auxiliares).

De otra parte, en atención a la indiscutible y reconocida experiencia del operario y por lo que es dable desprender de todo lo que expuso, no hay duda de que previó el alto riesgo de que eventualmente se produjera el resultado dañoso, de ahí que si se sentía en incapacidad de desobedecer la orden recibida, una elemental regla de buena fe indica que al menos debió avisar del riesgo a sus superiores, cosa que además lo habría exonerado en la hipótesis de que ellos hubiesen insistido en la orden. Fuera que, dentro del contexto del vínculo laboral, no es admisible como justificante que cualquier trabajador, y menos uno con tanta trayectoria como el señor Cárdenas, se subvalore a sí mismo hasta el punto de estimarse un mero autómata, una suerte de simple herramienta, que solo cumple ciegamente las órdenes que se le impartan, sin poder aportar sus conocimientos y criterios para abstenerse de ejecutar directrices que a su juicio sean equivocadas y peligrosas. Es que la obligación general de obediencia no impone al trabajador la sumisión irracional, ni lo coloca en la situación de simple gregario impedido de aportar sus iniciativas y puntos de vista, sino todo lo contrario: su subordinación ha de ser consciente, racional y activa.

(...).

En suma, dado que el cargo es próspero conduce al quebranto del fallo impugnado, y lo expuesto hasta ahora sirve como fundamento a la decisión de instancia en el sentido de que como el señor Julio Cárdenas incurrió en una grave negligencia que generó daños ciertos en un avión de la compañía accionada, es patente que con arreglo al Decreto 2351 de 1965, artículo 7º, literal a, ordinal 4º, existió justa causa para el despido que se produjo».

(Sentencia de casación, septiembre 19 de 1997. Radicación 9580. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Aceptando, como se dijo, que el actor confesó unos hechos que hacían previsible que la movilización del avión no podía resultar exitosa, también lo es que las mismas circunstancias, que admite la mayoría, indican que hubo, igualmente, culpa patronal en el suceso, permitían calificar las conclusiones del Tribunal de razonables, por lo que el error, de haberlo, carecía de la connotación que exige la ley para que por tal motivo prospere el recurso de casación.

Asimismo, esa culpa patronal posibilita afirmar que el comportamiento del extrabajador accionante no alcanzaba a configurar la justa causa prevista en el artículo 7º, literal a ordinal 4º del Decreto 2351 de 1965. Y esto porque no basta que se dé la “negligencia” a que alude tal disposición y que es una de las fuentes de la culpa, sino que esta debe ser grave”; gravedad que no puede ser calificada por el resultado, así lo ha puntualizado reiteradamente la jurisprudencia. Tal connotación debe deducirse de otros hechos que en este asunto no se dan, pues si bien en opinión del actor existían unas razones que para él hacían desaconsejable la movilización del avión, de igual manera también puede sostenerse, en sana lógica, que el criterio de sus superiores inmediatos era otro, ya que se sabe que el señor Claudio Muñoz dio la orden para que se realizara la operación y presenció parte de ella (fl. 174); así mismo, tampoco se alegó, menos está demostrado que el supervisor de aquella, independientemente del lugar donde estuviera o debiera estar (dentro o fuera del avión), no ordenó la iniciación de la misma.

En sentir de quienes salvamos el voto solo habiéndose probado, y no se hizo, que por los motivos expuestos por el demandante era inevitable mover el avión sin causarle daños, podría atribuírsele a éste negligencia grave por haber cumplido la orden recibida o no haber avisado los peligros que implicaba la operación.

Si bien es cierto, como lo sostiene la mayoría, “la obligación general de obediencia no impone al trabajador la sumisión irracional, ni lo coloca en la situación de simple gregario impedido de aportar iniciativas y su punto de vista...”, también lo es que para aplicar ese criterio debe tenerse en cuenta la situación personal de quien la recibe y cuál es la posibilidad de objetarla, pues es evidente que cuando ella debe ser cumplida por un equipo, en el que obviamente hay un supervisor, como en este caso, será éste el llamado a cuestionarla y no aquellos que carecen de poder de dirección por experimentados que sean en la tarea encomendada. Aunque también es lógico aseverar que aquél, por su cargo, es el más avezado para cumplir tal tarea.

Y es que de no hacerse la aludida distinción es indudable que el poder subordinante del empleador y sus representantes, como la obligación de los trabajadores de acatar las órdenes e instrucciones que le sean impartidas por esas personas, será objeto de una constante controversia y, por ende, fuentes de innumerables pleitos laborales. Para la minoría, solo cuando la orden o instrucción no sea manifiestamente absurda o abusiva, quien la cumple no está sujeto a responsabilidades, ya que, se repite, lo contrario implicaría que so pretexto de evitar un daño o perjuicio, se autorice a desconocer o al menos discutir la facultad subordinante del empleador. Siempre se estará frente al dilema: ¿quién tiene o tenía la razón?

Resumiendo tenemos, que en la sentencia del Tribunal no se incurrió en un error con la connotación de manifiesto y, por ende, no era del caso quebrarse»:

Fernando Vásquez Botero — Ramón Zúñiga Valverde: 

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