Sentencia 9583 de abril 23 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AUTORIZACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO

NO SE CONTROVIERTE ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

EXTRACTOS. «Mientras el juzgado dijo que a pesar de que el Ministerio de Trabajo autorice el despido colectivo, el empleador llamado a juicio laboral debe demostrar el cumplimiento de los requisitos que debieron surtirse ante la autoridad administrativa, el tribunal en cambio estimó que el acto administrativo que se emita para autorizar el despido colectivo está amparado por la presunción de legalidad, o sea que el juez no puede desconocer ni poner en tela de juicio que la autoridad administrativa tuvo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley para emitir la autorización.

El artículo 67 de la Ley 50 de 1990 establece que en el caso de que el empleador necesite hacer despidos colectivos de trabajadores deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones e igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores, la solicitud. El mismo artículo dice que el despido colectivo sin la previa autorización del Ministerio no produce efecto alguno y que en ese caso resulta aplicable el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

De acuerdo con la norma que se comenta y el principio de legalidad que gobierna el acto administrativo, le corresponde al Ministerio de trabajo y no al juez laboral revisar la regularidad formal y la justificación de la solicitud de despido colectivo y establecer que los trabajadores han recibido la comunicación del empleador, cuya razón de ser es garantizar su participación en la actuación administrativa para que puedan ejercer su derecho de defensa. La oposición al despido colectivo se debe ejercer en esa actuación y por medio de los recursos y las acciones que la ley establece contra los actos administrativos. La tesis del recurrente, opuesta a ese planteamiento, se basa en que los actos administrativos están sujetos o condicionados por la ley y por ello el juez, en todo caso, debe revisar su regularidad frente a ella. Pero la sujeción del acto administrativo a la ley y en general a la norma de jerarquía superior es una cualidad propia de todos los actos administrativos, de manera que no es argumento suficiente para desconocer la competencia exclusiva del juez de la administración (la jurisdicción de lo contencioso administrativo) para juzgar la constitucionalidad o legalidad del acto gubernamental o para atribuírsela al juez ordinario, que sólo juzga el contrato y no el acto administrativo y menos los preparatorios del mismo que puedan afectarlo.

La acción laboral que consagra el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que la misma norma concreta en el derecho a obtener el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir según el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene como único presupuesto de su prosperidad la ausencia de autorización del Ministerio de Trabajo para el despido colectivo. Esa ausencia de autorización sólo cabría en dos hipótesis: una, obvia, cuando el correspondiente acto administrativo no se ha emitido o no está perfeccionado; y otra, cuando el trabajador individualmente considerado no ha sido vinculado a la actuación administrativa de que se trate.

Esta segunda hipótesis fue la que propuso la demanda inicial de este juicio, como que en ella se expresó que el actor, como trabajador individualmente considerado, no recibió de la empleadora demandada la comunicación que le hacía saber que pretendía obtener del ministerio la autorización para efectuar despidos colectivos de trabajadores. Pero tratándose, como aquí se trata, de un trabajador sindicalizado, que según el interrogatorio que rindió dentro del juicio estuvo al tanto de la oposición que realizó su sindicato ante el ministerio para que no se concediera la autorización cuestionada, no es admisible alegar su condición de tercero ajeno a las resultas del procedimiento administrativo, pues es el sindicato su representante natural y como socio afiliado al ente gremial es éste quien asume su defensa en un asunto colectivo por naturaleza.

También se expresó en la demanda que la resolución administrativa que autorizó los despidos colectivos de trabajadores, por ser genérica, por referirse a determinadas áreas de trabajo y no precisar individualmente el nombre del actor, lo dejó al margen del efecto regulado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, según las resoluciones del ministerio que obran en autos, la solicitud que formulara la sociedad demandada se hizo para que la autorización comprendiera la posibilidad de despedir a 1615 trabajadores de las áreas de correo aéreo, operaciones aéreas y aeropuertos, mantenimiento y reparación de aviones y administración y ventas, y la oposición que planteara el sindicato versó sobre la validez de los motivos que según la empresa justificaban la medida extraordinaria de los despidos, sin que se cuestionara la medida y por ende la autorización sobre la base de no ser concreta o individual, como sí vino a alegarlo el actor sindicalizado en la demanda inicial de este juicio laboral, y ese tema, controvertible en la actuación administrativa, no puede serlo en el proceso jurisdiccional, porque pertenece a la regularidad del acto administrativo».

(Sentencia de casación, abril 23 de 1997. Radicación 9583. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

_________________________