Sentencia 9622 de agosto 8 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

FINALIDADES Y CONSECUENCIAS

EXTRACTOS: «Del texto del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 81 de 1993, se infiere que su aplicación no supone negociación alguna, que los cargos tienen como único sustento las pruebas hasta ese momento legalmente incorporadas al expediente, y que la aceptación formal de éstos ante el fiscal por parte del sindicado, sitúa ipso facto el proceso en el momento de dictar sentencia; sin que por ese hecho los actos procesales legalmente omitidos o las pruebas dejadas de practicar constituyan violación del debido proceso.

A partir de esos presupuestos, la equivalencia sugerida por el artículo 37B-2 del Código de Procedimiento Penal, entre el acta del artículo 37 y la resolución acusatoria, no puede entenderse en sentido distinto del que etimológicamente corresponde a la locución empleada por el legislador, valga decir que de “igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española); pues, contrario al alcance que pretende el censor, con el apoyo cuando menos parcial de la delegada, reclamando, más que una equivalencia, la formulación práctica de una resolución de acusación, lo que hace la norma es asimilar los efectos de dos actos que se saben disímiles, para que la sentencia tenga siempre como soporte una acusación legal, ya que es apenas obvio que la equivalencia se predique de cosas que no son idénticas entre sí.

Desde luego que el acta controvertida, suscrita a muy pocos días de la vigencia de la Ley 81 de 1993, no es un modelo de lo que debe ser esa diligencia. Pero a pesar de ello ha de reconocerse que responde a las elementales exigencias del artículo 37 que difieren notoriamente de las establecidas para la audiencia especial prevista en el artículo 37A, que en ocasiones confunde el recurrente, y de ahí la diferencia en la denominación de los actos autorizados: “sentencia anticipada” y “audiencia especial”.

Nótese también, que con la modalidad prevista en el artículo 37, la justicia no busca solucionar problemas de duda probatoria, ni auspiciar, por lo mismo, discusiones sobre la adecuación típica del hecho o sus modalidades de ocurrencia, como sí ocurre con la del 37A. No. Lo que en el caso del artículo 37 se persigue es acelerar la terminación de un proceso en el que la responsabilidad y la modalidad del hecho se muestran ya con suficiente diafanidad, al punto de haber permitido definir la situación provisional del procesado, caso en el cual éste se limita a aceptar esa valoración del funcionario relacionada con los hechos, las pruebas y su responsabilidad, aceptación que lo lleva a renunciar a otras etapas del proceso, probatorias y de alegaciones, lo que por implicar reducción en el desgaste judicial, le genera como contraprestación la generosa rebaja de una tercera parte de la pena, advertido como queda desde entonces, que el resultado final habrá de ser, en todo caso, un fallo de condena.

Así, pues, que desde el punto de vista del procesado, quien ya ha sido alertado sobre las pruebas con que se cuenta sobre los hechos, su participación y la connotación y consecuencias penales que unos y otra le traen para enfrentar la reacción legítima del Estado, este trámite abreviado se presenta como la aceptación expresa de su responsabilidad y la renuncia a la culminación de la instrucción, al proferimiento de una formal resolución acusatoria con los recursos que conlleva, y a la nueva práctica de pruebas y de la diligencia de audiencia en la etapa de juzgamiento, a cambio del tratamiento favorable ya anunciado.

Desde luego que es de la necesidad legal de una acusación previa a la sentencia, y de la congruencia entre estos dos estadios de donde surge la exigencia legal de asimilar a la resolución acusatoria el acta contentiva de “los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado”, para que ésta tenga plena validez en el plenario. Pero también es cierto que esas son las únicas exigencias que sobre el particular hace el citado artículo 37 —inciso tercero— del Código de Procedimiento Penal, siendo las demás que se quieran imponer, requisitos sin arraigo normativo.

Por eso, si el acta cumple a cabalidad con esas dos formalidades, mal puede pretenderse, como lo exigen aquí el casacionista y la delegada, que concentre otros requisitos adicionales, y mucho menos aquellos que con notoria confusión exige el procurador judicial recurrente, cuando pretende equiparar al parecer ese acto con el de una vista pública ordinaria o una audiencia especial, en donde el defensor pudiera rebatir la imputación o sus modalidades, pues ello iría en contra de la naturaleza de una sentencia anticipada, que no podría ser sino condenatoria, y de un procedimiento reducido, incompatible con un nuevo debate probatorio.

Es más: habida cuenta que la suscripción del acta interrumpe en forma definitiva la actividad probatoria, no es posible aducir desconocimiento de las pruebas u ocultamiento de circunstancias favorables al procesado, pues tanto conocen éste y su defensor la actuación, que es precisamente su dominio el que explica su opción por el anticipo de una sentencia adversa pero atenuada, lo que les lleva, como aquí sucedió, a impetrarla sin más en el momento que consideran adecuado, quedando de por medio como garantía para la acción pública la intervención del fiscal que, para el caso de duda, podría ampliar la injurada o completar las evidencias, y para la legalidad, la revisión del juez como garante del respeto por los derechos fundamentales.

Por lo demás, éste ha sido el entendimiento que a la equivalencia entre la resolución de acusación y el acta de aceptación de cargos le ha dado esta Sala de la Corte como se puede cotejar en providencia del 4 del pasado mes de marzo, de la cual resulta pertinente reproducir los siguientes apartes:

“Equivaler en su sentido natural, es valer por igual, tener la misma eficacia, igual aptitud, connotación que nada tiene que ver con los requisitos formales requeridos para la validez del acto equiparado. La equivalencia, está exclusivamente referida a los efectos procesales que la resolución acusatoria produce como decisión, verbigracia, limitar el marco fáctico y jurídico de la sentencia, servir de referencia para efectos de la prescripción, o establecer la terminación del sumario.

Si el legislador hubiera querido que el acta de aceptación de cargos y de audiencia especial se tradujera formalmente en una resolución de acusación, conforme a los requerimientos del artículo 442 del estatuto procesal, devendría inane la exigencia del artículo 37A, en cuanto dispone que en la audiencia se deben analizar aspectos como a la adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, entre otros, que, como se sabe, son propios de la calificación del sumario.

... Sobre el punto específico del contenido material del acta, la norma no admite discusión. Si la solicitud se presenta en el sumario, el acta deberá registrar los cargos formulados por el fiscal y la manifestación de voluntad del procesado de acogerse total o parcialmente a ellos. Si se remonta al juicio, no habrá necesidad de registrar los cargos, puesto que éstos serán los formulados en la resolución acusatoria. Bastará que se deje constancia de su aceptación integral por parte del acusado, pues es oportuno precisar que en esta segunda etapa del proceso no tienen cabida las aceptaciones parciales.

... para que el sindicado pueda acogerse al instituto de la sentencia anticipada en la etapa del sumario es requisito indispensable que se haya dictado medida de aseguramiento en su contra, y que ésta se encuentre ejecutoriada, condición que no tiene finalidad distinta a la de garantizarle el conocimiento de la imputación con el propósito de que sobre ese marco de referencia pueda decidir libremente si la acepta (art. 389 C. de P.P.). Solamente si el fiscal decide agregar hechos o variar la calificación provisional de la medida de aseguramiento, lo cual puede hacer sin necesidad de modificar la providencia respectiva, se impondría de su parte una explicación al respecto, pues si la imputación cambia, surge para el procesado el derecho de conocer los motivos de esta modificación, para con ese conocimiento de causa decidir si la acoge”. (Casación de marzo 4 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

Es de reconocer que para estos casos el equivalente de la resolución de acusación no es la resolución que define la situación jurídica provisional al procesado, sino el cargo que formaliza el fiscal dentro del acta en que esa imputación se acepta. Pero lo que no es dable es ignorar que cuando en aquella pieza se han dejado plasmadas las circunstancias de la infracción y éstas no sufren modificación ni por las pruebas, ni por alguna precisión expresa de la fiscalía, media entre ellas una evidente integración, pues no se puede olvidar que es precisamente el conocimiento de la imputación que se contiene en la medida de aseguramiento el que impulsa al procesado a solicitar que bajo esas premisas se le anticipe la sentencia».

(Sentencia de casación, agosto 8 de 1996. Radicación 9622. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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