Sentencia 9622 de enero 29 de 2003 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20029622 (175-XIV), ene. 29/2003

M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz

Aprobada según acta Nº 06

Ref.: Tutela interpuesta por Pedro José Suárez Vacca.

Impugnación fallo de 1ª instancia.

Vistos

Se pronuncia la Sala en relación con la impugnación interpuesta contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2002, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá declaró improcedente la acción de tutela promovida por el ciudadano Pedro José Suárez Vacca en contra del entonces Ministro del Interior y de Justicia (e), hoy Ministro de Justicia y del Interior (e), doctor Fernando Londoño Hoyos, a quien le endilgó la vulneración de los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, trabajo y debido proceso.

Fundamentos de la acción

Señaló el actor que con ocasión de las providencias del 31 de octubre de 2002 mediante las cuales en su calidad de Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá) concedió la libertad condicional a los señores Miguel Ángel y Gilberto José Rodríguez Orejuela, el Ministro del Interior y encargado de Justicia desató en su contra afirmaciones que “rebasaron el límite de lo entendible y respetable para adentrarse en el campo de la injuria y la calumnia”.

Es así como, añadió el accionante, tan pronto conoció la noticia señaló a los medios de comunicación: “Estoy convencido de que estos señores con su gigantesco poder económico están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos”. Tal afirmación, en su sentir, es falsa porque las providencias en alusión las profirió al amparo de las normas legales y constitucionales, aplicables al caso.

El 8 de noviembre —continuó el demandante— en un foro sobre la reforma política efectuado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el doctor Fernando Londoño Hoyos sostuvo: “El Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”. Según el actor, lo anterior tampoco es cierto porque nunca ha ejercido su profesión en forma independiente, pues desde antes de graduarse como abogado viene laborando al servicio de la rama jurisdiccional, para cuya acreditación allegó varias certificaciones relacionadas con su vinculación desde diciembre de 1993 en diferentes cargos públicos del departamento de Boyacá.

Con tales afirmaciones, en sentir del petente, el ministro accionado vulneró sus derechos al buen nombre y honra, porque lo sometió al escarnio público y puso en entredicho sus capacidades y calidades como abogado y servidor público y sobre todo como persona de bien que lo único que ha hecho es servirle al país, amén de que menoscabó su reputación dentro de la comunidad, creándole un pésimo ambiente para el cumplimiento de su labor como juez de la República. Le conculcó además, agregó, el derecho al trabajo en condiciones de dignidad y justicia, pues con las apresuradas y falsas afirmaciones puso en duda su buen desempeño laboral durante más de ocho años, y también el debido proceso al ser condenado públicamente por “el Gobierno Nacional”, sin que se le adelantara previamente un proceso donde se determinara que efectivamente hubo de su parte alguna actitud qué reprochar.

Por todo lo anterior, solicitó ordenar al señor Ministro Fernando Londoño Hoyos rectifique públicamente y por los mismos medios de comunicación que las hizo, las afirmaciones calumniosas, injuriosas e irrespetuosas en mención.

Trámite de la acción

1. Mediante auto del 18 de noviembre de 2002, el magistrado sustanciador de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá admitió la acción, ordenando su notificación a quienes estimó interesados en los resultados de la presente actuación, entre ellos a los doctores Fernando Londoño Hoyos y Pedro José Suárez Vacca.

2. En el curso de la actuación, se pronunció el doctor Londoño Hoyos para solicitar la desestimación de la tutela. Fundamentó su petición señalando, en primer término, que la acción es improcedente por disponer el interesado de otros medios de defensa judicial para obtener la rectificación que pretende, como sería la denuncia penal por injuria; claro que, en su sentir, tales mecanismos sólo procederían frente a las declaraciones que hizo ante la opinión pública, pero no en relación con las denuncias que formuló en contra del actor a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes ni respecto de los testimonios que ha rendido ante las autoridades judiciales sobre el asunto, porque ello lo hizo en cumplimiento de su deber como funcionario y ciudadano, que le impone poner en conocimiento de las autoridades los delitos de cuya comisión tenga noticia, como hizo cuando imputó al juez accionante el punible de prevaricato, atribución que ratificó en el memorial objeto de resumen.

Señaló, en segundo término, que nunca denunció ante los medios de comunicación una posible participación del juez Suárez en servicios al Cartel de Cali, sino que simplemente participó de una inquietud en ese sentido que tenían algunos medios de inteligencia del Estado, la que comentó a manera de hipótesis de trabajo a un reducido grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, ignorando que estaba enfrentado a grabadoras que de saberlo le hubiera obligado a plantear el asunto de manera diferente, pues no tenía la intención de compartirlo con el público; aunque de todas maneras sostiene no recordar exactamente las palabras que expresó, pidiendo se le permita escucharlas para valorarlas, comentarlas “y aun si fuere el caso para efectuar las rectificaciones que fuesen de rigor”.

Manifestó, por último, que si se atendiera la tutela demandada por el juez Suárez Vacca, se le afectaría su “capacidad de actuar, a nombre del Estado colombiano, en los procesos penales que avanzan en su contra, precisamente por su muy cuestionable proceder en la liberación de los hermanos Rodríguez Orejuela”, conforme las denuncias que formuló a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes, donde además actúa como testigo y en cuyo escenario se calificará “mi conducta, si es que a juicio de la procuraduría o de los jueces competentes mereciere cualquier reproche”.

3. También en el curso de la actuación se allegó por parte del accionante un casette de video, señalando que en él “aparecen registradas algunas de las declaraciones y versiones que son objeto de mi acción en contra del señor Ministro de Justicia y del Interior”. El magistrado sustanciador de instancia ordenó transcribir el aludido casette, labor finalmente realizada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

4. Llegada la oportunidad de proferir fallo, así procedió el consejo seccional a quo mediante la providencia que fue objeto de impugnación por parte del actor, al resultarle desfavorable.

5. Es de anotar que en el curso de la segunda instancia, a efectos de garantizársele el pleno ejercicio del derecho de defensa, se corrió al accionado traslado de las pruebas incorporadas al paginario, lo que igualmente se hizo respecto del video cassette aportado por el actor, una vez se recibió en esta corporación proveniente del consejo seccional de instancia, cuya remisión junto con el expediente había sido pasada por alto.

6. Oportunamente, el doctor Londoño Hoyos pidió en préstamo el video para examinarlo personalmente, a lo cual se accedió suministrándole copia fiel del mismo, y una vez observó, según dijo, las declaraciones suyas allí registradas, presentó escrito donde manifestó: “Me ratifico en todos los dichos míos que en ese documento se contienen”. Además, insistió en que el juez Suárez Vacca al disponer la libertad de los Rodríguez Orejuela incurrió en prevaricato, recalcando en que si el funcionario judicial considera que lo calumnió o lo injurió con esa declaración, “tiene abierto el camino de un proceso penal al que estoy dispuesto a someterme”.

El fallo de instancia

El a quo fundó su decisión en que en este caso no concurren algunos de los elementos que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, configuran el perjuicio irremediable, como son la inminencia del daño y la necesidad impostergable del recurso tutelar, y ello por cuanto los presuntos daños o perjuicios ya tuvieron ocurrencia si se tiene en cuenta que las declaraciones y expresiones proferidas por el doctor Fernando Londoño Hoyos “ya fueron difundidas por los medios de comunicación hablados y escritos, nacionales e internacionales, por lo cual no es dable aducir la necesidad inaplazable del amparo para evitar un daño irreparable a los derechos fundamentales del accionante”.

Bajo tal perspectiva, estimó adicionalmente que “las afirmaciones-denuncias” realizadas por el Ministro Londoño Hoyos se han convertido en fundamento de investigaciones penales y disciplinarias contra el funcionario judicial que se encuentran actualmente en curso y cuyo objetivo es determinar la realidad de la ocurrencia de los hechos y su eventual responsabilidad, encontrándose además al alcance del juez la posibilidad de interponer las denuncias que estime pertinentes contra el ministro, entre ellas la de carácter penal por el delito de injuria en cuyo trámite puede obtener las rectificaciones y reparaciones que la situación amerite.

En aras de fortalecer su punto de vista, el fallador de instancia trajo a colación reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, conforme al cual cuando el juez de tutela se encuentre ante dos apreciaciones fácticas divergentes sobre el mismo asunto, debe dar aplicación al artículo 83 de la Constitución Política que consagra el principio de la buena fe tanto para las actuaciones de los particulares como de las autoridades públicas, y dejar así que sea la justicia ordinaria la que resuelva la controversia, pues la acción de tutela no se instituyó para reconocer derechos inciertos y discutibles.

Razones de la impugnación

El actor insistió en afirmar que la sindicación pública de delitos y el señalamiento de conductas contrarias a la moral y a la ética, que el señor ministro ratificó al contestar la tutela, vulneraron su buen nombre y su honra en forma notoria y amenazan la garantía de poder desempeñar sus funciones de juez de la República, donde fue recientemente ratificado, amén de que quebrantó el debido proceso, pues hizo tales afirmaciones sin existir previamente una sentencia judicial.

Consideró equivocada la postura del a quo, conforme a la cual debe acudir a denunciar al Ministro Londoño Hoyos por calumnia e injuria; al respecto, señaló que la protección a los derechos fundamentales que invoca debe ser inmediata en la misma forma pública como se vulneraron, y para ello el único mecanismo procedente que tiene es la tutela, criterio que sustentó con algunas decisiones de la Corte Constitucional.

Se mostró también inconforme con la aseveración del juzgador de instancia cuando predicó que en este caso no existe perjuicio irremediable; en su sentir, justamente la razón dada por el a quo, esto es, que los presuntos daños y perjuicios ya tuvieron ocurrencia, es lo que reclama la prosperidad del amparo acorde con el artículo 86 de la Constitución Política, dada la vulneración que se dio de sus derechos fundamentales por acción de una autoridad pública y atendiendo la concurrencia de los cuatro elementos propios del perjuicio irremediable según construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional.

Consideró, igualmente, que el fallador de primer grado aplicó indebidamente el principio constitucional de la buena fe, pues decidió sin tener “en cuenta la buena fe del suscrito, sino que prevaleció la mala fe del señor ministro”.

Por lo demás, estimó que el a quo no consideró todas las especiales circunstancias que rodearon el caso, como que el ministro no probó que no hubiera afectado los derechos fundamentales cuya protección invoca, sino por el contrario, al contestar la tutela ratificó todas sus falsas afirmaciones, desconociendo la obligación constitucional que su doble condición de Ministro del Interior y de Justicia le acarreaba, como lo era respetar sus derechos fundamentales y velar porque la Constitución y las leyes se cumplan. Tampoco, en su sentir, estimó el sentenciador que el actor fue ratificado como juez de la República, y las afirmaciones hechas en su contra afectan de manera grave la administración de justicia, amén de que el hecho de haber concedido la libertad a los señores Rodríguez Orejuela no autorizaba al ministro para tratarlo de manera desconsiderada, irrespetuosa, injuriosa y grosera.

Consideraciones de la Sala

1. El objetivo de la acción de tutela materia de examen consiste en obtener que el doctor Fernando Londoño Hoyos se rectifique públicamente respecto de las afirmaciones efectuadas por el prenombrado ante diferentes medios de comunicación con ocasión del proferimiento de las providencias donde el Juez Segundo de Ejecución de Penas de Tunja, doctor Pedro José Suárez Vacca, ordenó la libertad condicional de los hermanos Gilberto José y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela. Tales expresiones, de acuerdo con la demanda, son del siguiente tenor:

— “Estoy convencido de que estos señores, con su gigantesco poder económico están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos”.

— “El Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali.

En relación con la primera de tales afirmaciones, es de anotar que su texto aparece difundido en la Revista Semana correspondiente a la edición 1.070 de noviembre 4-11 de 2002 y de él da cuenta también la página de internet de “CNNenespañol.com/Américas” publicada con ocasión de tales hechos, documentos aportados junto con la demanda y donde se atribuyen tales expresiones al Ministro del Interior y encargado de Justicia; por lo demás, palabras del aludido tenor expuestas por el doctor Londoño Hoyos ante diferentes medios de comunicación aparecen registradas en el casette de video que se incorporó al plenario, cuyo texto fue transcrito por miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía (fl. 88, cdno. ppal.).

Ahora bien, en cuanto a la segunda de las expresiones en mención, si bien el doctor Fernando Londoño Hoyos dice no recordar los términos en que textualmente se pronunció al respecto, lo cierto es que en el video en mención aparece registrado el momento y oportunidad en que el aludido funcionario emitió tales afirmaciones, surgiendo nítidamente que no se trató, como lo señaló en su respuesta a la tutela, de transmitir a manera de hipótesis de trabajo, la inquietud al respecto que tenían organismos de inteligencia del Estado, a lo cual para nada hizo mención, sino de efectuar un directo y contundente señalamiento en contra del Juez Segundo de Ejecución de Penas de Tunja. En efecto, la grabación claramente da cuenta cuando frente a un nutrido grupo de personas reunidas en un recinto el doctor Londoño Hoyos se dirige como conferencista, expresando las siguientes textuales afirmaciones, transcritas igualmente en los autos:

“... este juez de ejecución de penas que quiero contarles estamos en privado y la noticia no va a salir de América del sur este Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali ...”.

2. El Consejo Seccional a quo es del criterio que la pretensión del actor puede satisfacerse perfectamente a través de los medios de defensa judiciales ordinarios que existen al respecto, refiriéndose en concreto a la posibilidad que tiene el doctor Pedro José Suárez Vacca de formular denuncia penal contra el Ministro Fernando Londoño Hoyos por el delito de injuria.

No comparte la Sala tal apreciación. El proceso penal que se adelante al respecto a lo sumo culminará, en caso de encontrarse responsable al denunciado, con la imposición de la sanción a que haya lugar y la determinación de la indemnización pecuniaria de rigor. Pero el proceso de la naturaleza aludida no tiene como objetivo esencial obligar al sujeto pasivo de la acción penal a rectificarse frente a las expresiones que se estiman atentatorias del buen nombre y honra del ofendido. Desde luego que en el curso del mismo puede el sindicado hacerlo, y de hecho un tal proceder constituye eximente de responsabilidad conforme lo tiene establecido el artículo 225 del Código Penal actual; sin embargo, la retractación en tal caso queda a la entera voluntad del procesado, de suerte que si se niega a hacerlo y prefiere esperar a las resultas de la actuación, no hay mecanismo legal que lo obligue a proceder en tal sentido.

La esencia y propósito del amparo tutelar es, en cambio, obtener aquello que no se puede lograr coercitivamente a través del proceso penal, esto es, ordenar al accionado que se rectifique respecto de las manifestaciones que socavaron, si así se establece, los derechos fundamentales del actor. En tales circunstancias, es claro que la denuncia penal resulta no idónea para restablecer las garantías fundamentales del demandante, pretensión que sólo puede lograrse de manera efectiva a través de esta acción constitucional.

En forma similar a lo expuesto se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-440 de 1993, cuando señaló:

“De la documentación allegada al expediente se establece que la empresa Bavaria S.A. y la Asociación Colombiana de Cervecerías, formularon denuncia penal contra el Ministro de Hacienda y Crédito Público por los mismos hechos que originaron la acción. A este respecto estima la Sala que, en el presente caso, no se debe considerar al proceso penal como otro medio de defensa judicial que pudiera impedir el ejercicio de la acción de tutela, toda vez que ésta y el trámite adelantado por la Fiscalía General de la Nación tienen objetivos sustancialmente distintos, pues mientras con la primera se pretende proteger los derechos al buen nombre y al debido proceso, con el segundo se ha puesto en marcha la acción punitiva del Estado por delitos que, como el de pánico económico, alegado, atentan contra el orden económico y social”.

Igualmente en la Sentencia T-263 de 1998, en cuanto se dijo en ella:

“Resta entonces determinar si el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario de defensa que, en forma idónea, permita la protección de los derechos fundamentales cuya efectividad invoca. Dado que lo que el demandante endilga al demandado son una serie de imputaciones que éste considera vulneran sus derechos a la honra y al buen nombre, podría sostenerse que la vía adecuada para debatir estos asuntos estaría constituida por el proceso penal, por medio del cual el juez competente dilucidaría si el sacerdote Juan Carlos Jaramillo incurrió en el delito de injuria (Código Penal, art. 313) o calumnia (Código Penal, art. 314).

Sin embargo, a juicio de la Sala, dos razones militan en contra de la eficacia del proceso penal como mecanismo de protección de los derechos fundamentales en este caso. En primer lugar, la jurisprudencia y la doctrina nacionales han sido reiterativas al señalar que el elemento central del delito de injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de que la persona que hace la imputación tenga conocimiento, (1) del carácter deshonroso de sus afirmaciones y, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad de dañar o menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen. Empero, con independencia de que exista o no animus injuriandi, en materia constitucional se puede producir una lesión. Así, por ejemplo, en el presente caso está comprobado que las intervenciones públicas del sacerdote demandado han consistido en calificar aspectos de la vida personal del demandante que, eventualmente, podrían comprometer sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. La vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En todo caso, al margen de la procedencia eventual de la acción penal, la tutela no puede descartarse como medio apto para brindar protección a la persona que enfrenta amenazas contra su propia vida”.

El alto nivel de credibilidad y la presunción de veracidad que ampara las afirmaciones que efectúe el sacerdote demandado, en razón de la posición de supremacía social que ostenta en la comunidad del municipio de El Santuario, y el hecho de que tales afirmaciones pueden tener efectos en un ámbito de la vida personal protegido por la Carta Política, determinan que tengan un impacto mucho mayor del que tendrían afirmaciones hechas por un ciudadano que carece de la relevancia social que ostenta el demandado. En estas circunstancias, el proceso penal constituye un mecanismo de defensa claramente inidóneo frente a la situación de desigualdad antes constatada. Ciertamente, los términos a los que se sujeta el mencionado proceso judicial no se compadecen con la urgencia de la reacción en casos de evidente supremacía social y radio de impacto de quien pronuncia el discurso respecto del presunto afectado. En estos casos, el paso del tiempo sólo serviría para que las afirmaciones hechas se afirmaran en la conciencia colectiva de la comunidad, con grave detrimento de los derechos fundamentales del eventual afectado. De esta forma, sólo la acción de tutela constituye un mecanismo procesal apropiado para que el demandante controvierta judicialmente, en forma rápida y contundente, las afirmaciones que el clérigo demandado ha hecho frente a la ciudadanía del municipio de El Santuario”.

Ha sostenido la Corte Constitucional que cuando el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para proteger a cabalidad los derechos fundamentales objeto de presunta vulneración, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo, pues en tal caso es como si ese instrumento de defensa ordinario no existiera. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-256 de 1995 señaló:

La Corte, a través de numerosas decisiones de sus Salas de Revisión de Tutelas, ha expresado que la existencia de otro medio de defensa judicial es un obstáculo a la procedencia de la acción de tutela, a menos que sea necesario conjurar o evitar un perjuicio irremediable, o cuando el mecanismo alternativo de protección judicial, en el caso concreto analizado, no se revela como idóneo para el amparo efectivo de los derechos fundamentales que se estiman conculcados o amenazados. Es decir, que en este último evento, la acción de tutela viene a suplir el espacio de desamparo o desprotección del derecho fundamental que deja el mecanismo alternativo de defensa judicial, por no ser adecuado y carecer del atributo de la eficacia requerida para la efectiva y real protección del referido derecho fundamental.

En el mismo sentido se aprecia la Sentencia SU-691 de 1999, donde remembrando decisión anterior la Corte expresó:

En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral. En tal caso, la citada jurisprudencia, reiterada en múltiples ocasiones por la Corte, dijo lo siguiente:

“La Corte Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, ha sostenido que si el accionante tiene a su alcance otro medio judicial para la defensa de sus derechos no cabe la acción de tutela, a menos que se encuentre ante la inminente presencia de un perjuicio irremediable.

(...).

Ha sido clara esta corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone en su conocimiento.

(...).

Ha sido constante la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones constitucionales. La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos”.

Se impone, por tanto, reconocer la procedencia de la acción de tutela incoada por el doctor Pedro José Suárez Vacca, razón por la cual se adentrará la Sala en el estudio de fondo del asunto sometido a su definición, a fin de determinar si la actuación del señor Ministro Fernando Londoño Hoyos es constitutiva o no de vulneración de los derechos fundamentales del actor.

3. La Constitución Política protege los derechos al buen nombre y a la honra en sus artículos 15 y 21, cuyos textos son del siguiente tenor:

“ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar...”.

“ART. 21.—Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.

La comunidad internacional ha dado una singular importancia al derecho a la honra, al punto que su necesidad de protección se ha regulado en distintos instrumentos de tal estirpe que han sido aprobados por el Estado colombiano en debida forma. Así, tenemos que en el artículo 17 de la Ley 74 de 1968, aprobatorio del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, se consagró:

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Y en el artículo 11 de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención americana sobre derechos humanos, se estableció:

“Protección de la honra y de la dignidad.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Sobre el alcance y significación de los derechos al buen nombre y honra, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:

Así, en relación con el buen nombre se señaló en la Sentencia T-977 de 1999:

El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, puede ser definido como el derecho que tiene todo individuo a una buena opinión o fama, adquirida en razón a la virtud y al mérito, y como consecuencia necesaria de sus acciones personales (1) . Es, en ese orden de ideas, uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida (2) tanto por el Estado, como por la sociedad.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-228 de 1994, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Por consiguiente, son contrarias al buen nombre de las personas, las informaciones que ajenas a la verdad y emitidas sin justificación alguna, de manera directa o personal o a través de los medios de comunicación, distorsionen el prestigio social que un individuo ha adquirido y socaven, en consecuencia, la confianza y la imagen que tiene la persona en su entorno social (3) .

(3) Ibídem.

Y frente a la honra, se dijo en la Sentencia T-412 de 1992:

“La Constitución reconoce y garantiza la honra de “todas” las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad.

La ratio juris de la honra es la dignidad humana, la cual es cualidad de la persona, razón y fin de la Constitución de 1991. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.

Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona.

Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (Constitución, arts. 14 y 16), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos.

Para nuestra Constitución y para los pactos internacionales sobre derechos humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre “aristocrática”, experimenta un proceso de generalización, democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia de todas las personas.

El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad.

Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra.

Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata (Constitución, art. 85), por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica”.

4. Sin duda, la afirmación efectuada por el ahora Ministro de Justicia y encargado del Ministerio del Interior, cuando con ocasión de la libertad de los hermanos Rodríguez Orejuela declaró públicamente que éstos con “su gigantesco poder económico” produjeron “un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos”, se erige en una clara referencia al funcionario judicial que emitió tales decisiones, a quien de esa forma se le imputa hechos delictuosos consistentes en que distorsionó las pruebas obrantes en las respectivas actuaciones procesales a cambio de una remuneración pecuniaria. Manifestaciones de esa naturaleza constituyen un ataque directo al buen nombre y honra del juez, pues afectan su integridad personal al poner en entredicho su reputación y prestigio como ciudadano y, más aún, como funcionario público.

En igual sentido, es evidente que cuando el ministro accionado sostiene que el juez Suárez Vacca “se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali”, con ello igualmente no hizo cosa distinta a cuestionar su proceder y tender un manto de duda en relación con la legalidad de sus determinaciones, lesionando una vez más el buen crédito e imagen que tiene ante la sociedad, pues lo asoció y relacionó en términos incluso de sumisión, con la organización delictiva a la cual pertenecieron los hermanos Rodríguez Orejuela, para reforzar de esa forma su imputación, en el sentido de que el accionante ordenó irregularmente la libertad de éstos.

Ahora bien, es pertinente analizar si el doctor Fernando Londoño Hoyos estaba autorizado constitucional y legalmente para expresarse de la forma que lo hizo. Al respecto, la Sala es del criterio que aquí debe prohijarse la postura jurisprudencial que sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-440 de 1993:

Claro está, existe la posibilidad de que al desarrollar una u otra de las señaladas actuaciones, quien sustenta un proyecto de ley o quien emite un comunicado oficial lesione o amenace los derechos a la honra o al buen nombre de una persona natural o jurídica, al involucrarla en la comisión de hechos delictivos o ilícitos sin exhibir prueba y sin apoyarse en sentencia judicial condenatoria; que difunda versiones erróneas o falsas, o que desconozca el derecho a la intimidad personal o familiar.

En tales hipótesis el funcionario comprometería su responsabilidad y la actuación sería susceptible de las acciones legales. En lo que hace a los derechos fundamentales conculcados, podría interponerse la acción de tutela con el fin de obtener su protección judicial.

Pero la amenaza o violación de un derecho requiere de una acción u omisión imputable a aquel contra quien se endereza el sumario procedimiento de la tutela. Su existencia y el daño que ocasiona deben ser establecidos con certeza para que la decisión judicial pertinente pueda dirigirse inequívocamente a la salvaguarda de los derechos en juego mediante orden de inmediato cumplimiento que recaiga precisamente sobre la conducta —positiva o negativa— que se constituye en causa eficiente de la violación o amenaza (el resaltado no es del texto)”.

Acorde con lo anterior, sólo resulta factible que un servidor público produzca manifestaciones del alcance y naturaleza a las hechas por el doctor Fernando Londoño Hoyos, esto es, de manera pública y comprometedoras de la imagen y reputación de las personas (dentro de las cuales se incluye, desde luego, quienes ostentan igualmente cargos públicos), cuando exhiban pruebas idóneas como la sentencia judicial condenatoria debidamente ejecutoriada (C.P., art. 248), en forma que sirvan de sustento a tales imputaciones. De lo contrario, el servidor público deberá abstenerse de proceder en tal sentido, so pena de hacerse pasible de las acciones judiciales respectivas, entre ellas la acción de tutela. En sentir de la Sala, este criterio tiene asiento en el mandato constitucional contenido en el artículo 2º de la Carta, conforme al cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades...”, de manera que su función es la de velar por el ejercicio pleno de tales derechos, mas no propiciar o fomentar su vulneración cuando no exista motivo constitucional o legal válido para hacerlo.

En tal orden de ideas, se observa que el doctor Londoño Hoyos cuando efectuó las cuestionadas afirmaciones no tenía en su poder ni mucho menos exhibió la sentencia judicial condenatoria ni otro tipo de prueba idónea que sustentara sus imputaciones; al respecto se tiene que durante el trámite de la tutela el funcionario accionado no ha manifestado lo contrario. Es más, a juzgar por las publicaciones de prensa que sobre el particular se difundieron, se encuentra que la primera de las afirmaciones en cuestión fue dada por el Ministro Londoño Hoyos tan pronto conoció la noticia acerca de la liberación de los Rodríguez Orejuela, lo que pone de presente la no exhibición de prueba alguna que cimentara la acusación. Y frente a la manifestación según la cual el juez accionante se destacó como “miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali”, es el propio accionado quien al contestar la tutela admitió que ello apenas constituía una inquietud que tenían los organismos de inteligencia del Estado, señalando estar dispuesto a rectificarse en caso que la situación lo ameritara.

La Sala, en consecuencia, estima que la actuación del señor Ministro Fernando Londoño Hoyos vulneró los derechos fundamentales del buen nombre y honra del accionante, doctor Pedro José Suárez Vacca, pues sin prueba que sustentara sus afirmaciones le imputó públicamente hechos que lesionaron el prestigio, buen crédito y fama que ha construido como persona y funcionario, de manera que el accionado está en la obligación de rectificarse respecto de tales imputaciones, lo cual deberá hacer dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo y a través de los mismos medios de comunicación o unos similares y bajo las mismas o análogas circunstancias en que las efectuó, posibilitando en el caso de la manifestación que hizo en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín que el texto de la respectiva rectificación sea difundido por los medios de prensa interesados en el asunto.

La anterior determinación impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y así lo dispondrá la Sala.

Es pertinente anotar, para responder argumento defensivo del accionado, que en manera alguna la concesión de la tutela implica una limitación frente a su capacidad de actuar en los procesos penales que, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes promovió en contra del juez accionante. Y ello, por cuanto la rectificación que aquí se le impondrá, no implica que quede imposibilitado para seguir actuando como testigo en tales actuaciones; lo podrá seguir haciendo sin limitante alguno, pues ello corresponde justamente al deber que le impone su calidad de funcionario de noticiar a las autoridades judiciales competentes y —ahora sí—, a través de los canales denunciatorios dispuestos por la ley, los hechos delictivos que en ejercicio de sus funciones lleguen a su conocimiento.

Ahora bien, no estima la Sala aplicable a este caso la Sentencia T-1010 de 2001 de la Corte Constitucional referida al principio de la buena fe, como lo estimó el a quo, pues no se trata aquí de confrontar dos versiones para determinar cuál de ellas es la verídica; en realidad, lo que hace próspera la pretensión de tutela es el comportamiento asumido por el Ministro Londoño Hoyos, quien sin fundar sus afirmaciones en prueba idónea esgrimió en contra del actor los conocidos señalamientos, los mismos que como quedó visto, conculcaron los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre del ciudadano Suárez Vacca.

Desde luego, la concesión de la tutela no constituye una decisión absolutoria respecto de la conducta del juez accionante, la cual habrá de ser examinada por los jueces competentes con ocasión de las denuncias formuladas en su contra.

5. No considera pertinente la corporación, finalmente, prodigar protección a los derechos al debido proceso y trabajo, tal como lo demandó igualmente el actor, porque en lo que al primero de ellos se refiere, las indebidas afirmaciones no se expresaron en el curso de actuación judicial o administrativa alguna que tuviera como fin la imposición de pena o correctivo sancionatorio; y frente al segundo, por cuanto con ellas no se ha afectado la condición laboral del actor, al punto que fue él mismo quien manifestó haber sido recientemente ratificado en el cargo de juez segundo de ejecución de penas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.

2. CONCEDER la tutela a los derechos al buen nombre y honra impetrada por el doctor Pedro José Suárez Vacca. En consecuencia, ordenar al doctor Fernando Londoño Hoyos, actual Ministro de Justicia y encargado del Ministerio del Interior que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo se rectifique públicamente respecto de las imputaciones que efectuó en contra del actor, y que se transcriben a continuación:

— “Estoy convencido de que estos señores, con su gigantesco poder económico están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos”.

— “... este Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali ...”.

La rectificación deberá hacerse a través de los mismos medios de comunicación o unos de similar significancia y bajo las mismas o análogas circunstancias en que se produjeron tales manifestaciones, permitiendo en el caso de las pronunciadas en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín que la rectificación sea difundida por los medios de prensa interesados en el asunto.

3. Oportunamente, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Copia de esta determinación se enviará al Consejo Seccional de Instancia, para su conocimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto, salvo voto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

SALVAMENTO DE VOTO

Mis respetuosas razones de disentimiento respecto de la decisión adoptada mayoritariamente en esta ocasión, radica en las consideraciones que brevemente expongo:

1. En principio la solicitud de rectificación de información para procedencia de la tutela se tiene como requisito cuando el amparo se interpone contra particulares (D. 2591/91, art. 42-7). No obstante, en el caso del doctor Fernando Londoño se podría asimilar la línea jurisprudencial y la normatividad que se exponen a continuación, en virtud de que lo dicho al ciudadano Pedro José Suárez Vacca no se manifestó en ejercicio de sus funciones como ministro.

Por otro lado, de no ser esto así, el desarrollo jurisprudencial se puede aplicar de manera analógica al caso de funcionarios públicos, puesto que la normatividad en materia de tutela presenta un vacío al respecto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado con relación al particular.

Fundamento normativo

Decreto 2591 de 1991 

ART. 42.—Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

(...).

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

Fundamento jurisprudencial

T-094 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

“Una vez revisados los documentos aportados por el peticionario dentro del expediente del proceso de tutela, la Sala no encuentra constancia alguna de que el médico actor hubiese efectuado una solicitud de rectificación ante el canal accionado por las emisiones transmitidas sobre su caso, razón por la cual la Sala no podrá entrar a estudiar de fondo el asunto y eventualmente conceder el amparo. Corresponde al actor adelantar directamente ante el canal accionado una solicitud de rectificación de la información para, de esta manera, agotar el procedimiento legalmente establecido con el fin de obtener la respectiva corrección de los datos suministrados sobre su actividad profesional, permitiendo a la vez que dicho canal, a través del Programa Séptimo Día, asuma la difusión exacta y cierta de la información”.

T-036 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

“Así, cuando se han propagado informaciones que no atienden a los requisitos antes señalados, la persona lesionada debe solicitar su rectificación al medio de comunicación, en las mismas condiciones en las que se publicó inicialmente. Sólo si el medio desatiende o se niega a publicar la rectificación en las condiciones establecidas, la tutela es procedente como un mecanismo de protección del buen nombre. En esa medida, la solicitud de rectificación por parte del interesado se erige como un requisito de carácter formal para la procedencia de la acción. Así lo ha dicho la Corte al indicar que “El artículo 42, numeral 7º del Decreto 2591 de 1991 señala que, cuando la tutela se impetre para obtener rectificación, ésta debe haberse solicitado previamente, pues el peticionario está obligado a anexar la transcripción de la información o la copia de la publicada en condiciones que aseguran la eficacia de la misma” (1) .

(1) Sentencia T-259 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández G.

Este requisito es coherente con el principio constitucional de la buena fe, consagrado en el artículo 83 superior, ya que se presume que el medio ha actuado conforme a él, y por lo tanto, debe otorgársele la oportunidad de rectificar antes de verse involucrado en un conflicto judicial (2) . Así, la persona que ve lesionadas su honra o su buen nombre por la publicación de informaciones erróneas o inexactas tiene el derecho fundamental a solicitar rectificación de la misma, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 2º del artículo 20 de Constitución. Sólo si su solicitud no es atendida o no se efectúa en debida forma, puede acudir al amparo de tutela para obtener la protección de estos derechos”.

(2) Al respecto, ver Sentencia T-512 de 1992, M.P. Alejandro Martínez y Fabio Morón.

T-268 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Con relación al derecho a la información y buen nombre en lo tocante con el habeas data ha dicho la Corte:

“Si se demuestra que el peticionario de la acción de tutela, antes de acudir a esta instancia judicial, hizo la solicitud correspondiente ante la entidad financiera y aún sigue siendo reportado como deudor moroso sin serlo, será procedente proteger el derecho conculcado. Pero, si la persona no ha hecho la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Carta Política, no puede intentar la protección de su derecho a través de tutela, por ser éste un mecanismo residual y subsidiario, mas aún cuando es la propia Constitución la que da al peticionario, el derecho de solicitar directamente, la actualización de la información que exista sobre él en la base de datos, posibilidad que, se convierte en un requisito de procedibilidad previo a la acción de tutela”.

T-577 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

“Los requisitos especiales.

Para la protección de ciertos derechos fundamentales la Corte ha prescrito requisitos especiales de procedibilidad (3) de la acción de tutela. Es el caso de la vulneración al derecho fundamental al buen nombre por parte de medios de comunicación, o el de la vulneración del derecho al habeas data, eventos en los cuales es “indispensable” agotar la diligencia de solicitud de rectificación de información (4) .

(3) En la Sentencia T-036 de 2002 la Corte resolvió el caso de una madre de familia que buscaba la protección de sus derechos al buen nombre y a la intimidad, debido a que un diario de circulación nacional había publicado cierta información sobre aspectos privados de su entorno familiar. La Corte tuteló el derecho a la intimidad condenando in abstracto al medio de comunicación, frente al derecho al buen nombre, reiteró la necesidad de la solicitud previa de rectificación como “requisito de carácter formal para la procedencia de la acción”.

(4) Esta exigencia (consagrada en el D. 2591/91, art. 42, num. 7º) encuentra su fundamento de constitucionalidad en el principio constitucional de buena fe, en tanto se “presume que el medio ha actuado conforme a él” por lo cual debe otorgársele la oportunidad de rectificar. Así en Sentencia T-036 de 2002. Por otro lado frente a la procedibilidad de la acción de tutela en el caso del derecho al habeas data en la Corte en la Sentencia T-268 de 2002 consideró improcedente la acción de tutela debido a que el peticionario no había agotado la diligencia previa de rectificación de la información.

Principios constitucionales en materia de requisitos de procedibilidad

La Corte no puede olvidar que en materia procesal el trámite de tutela se encuentra especialmente reforzado por ciertos principios constitucionales, como los de celeridad en los procedimientos, prevalencia del derecho sustancial, repartición funcional de competencias y eficacia de los derechos fundamentales. De tal forma que las normas que señalan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela deben interpretarse en función del mayor desarrollo posible de los mismos”.

2. Son los jueces penales, por el delito de injuria, en cuyo trámite puede el juez Pedro José Suárez Vacca, obtener las rectificaciones y reparaciones que la situación amerite. Máxime que ya se dio el desenlace con efectos antijurídicos, según el accionante, toda vez que el daño ya está consumado. Pues no habría nada que evitar.

Bajo estas perspectivas, estimo que se debió confirmar el fallo del a quo, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el ciudadano Pedro José Suárez Vacca.

De los señores magistrados,

Eduardo Campo Soto 

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