Sentencia 9636 de octubre 2 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CARRERA JUDICIAL

SE ANULA EL ACUERDO 87 DE 1993

EXTRACTOS: «Procede la Sala a desatar las demandas incoadas contra el Acuerdo 87 del 23 de noviembre de 1993, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

(...).

13. Como reza el acto impugnado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, concluyó que desde el 1º de marzo de 1993, como ni el Congreso ni el ejecutivo habían expedido un estatuto de carrera judicial, se presentó un vacío legislativo en la materia, por lo cual, como el Decreto-Ley 052 de 1987 dejó de regir, proveyó sobre ésta, utilizando las facultades constitucionales del numeral 3º del artículo 257.

14. Debe observarse, también, como ya lo hizo la Sala en la providencia que decidió la solicitud de suspensión provisional(*), que las facultades de las autoridades públicas se someten al principio de competencia constitucional y legal previa (C.N., arts. 2º, 4º, 6º, 122), y que para lo atinente con el Consejo Superior de la Judicatura está regulado en los artículos 256 y 257.

15. Existe así mismo un matiz constitucional distinto entre ambos textos ya que las del primero se otorgan tanto al Consejo Superior de la Judicatura como a los consejos seccionales (arts. 256, ib.); pero las funciones del artículo 257 únicamente al consejo, por exclusión que el constituyente hizo de los consejos seccionales en este texto.

16. Del mismo modo, de la especificidad de las materias ordenadas en los artículos constitucionales en comento se derivan diferencias notables. Las agrupadas en el artículo 257 tienen como razón esencial la “administración de justicia”, al paso que las del artículo 256 atinan unas a la sala jurisdiccional disciplinaria (nums. 3º y 6º) y los restantes a su sala administrativa, lo que se refuerza con la sentencia de la Corte Constitucional que definió la constitucionalidad de algunos apartes del Decreto 2652 de 1991.

(*)Véase J. y D., Nº 270, pág. 717 (N. del D.).

17. Aunque se aceptara con beneficio de discusión el argumento de que no existía norma de carrera judicial a partir del 1º de marzo de 1993, las atribuciones del artículo 257-3 de la Constitución Nacional no permitían expedir una ley de carrera judicial bajo el expediente o la figura del acto administrativo cuestionado.

18. En efecto, como no existe identidad entre administrar la carrera judicial (art. 256-1) y “dictar los reglamentos para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia” y menos aún para hacerlo sin el marco de referencia que sería la ley que se reglamenta, es claro que en esas condiciones se incurre en un exceso en la utilización de la potestad reglamentaria.

19. No guarda relación con la carrera judicial la expedición de reglamentos para la “organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos”, porque se trata del cumplimiento de la función judicial para lo cual no se puede prescindir de la ley estatutaria de la administración de justicia, toda vez que esos temas no son propios del sistema de ingreso, ascenso y retiro en los cargos, que es la noción constitucional de la carrera.

20. Tampoco en cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expida “regulaciones” por autorización constitucional, porque ellas se calificaron por el constituyente en tanto deben atañer a “los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales”, asuntos ajenos a los de la carrera judicial que no se adelantan en los despachos judiciales, es decir, que no se discuten jurisdiccionalmente; y, menos aún sin contar con la ley, pues de lo contrario no se pueden colmar las lagunas del legislador, como incita a decir la condición constitucional “en los aspectos no previstos por el legislador” en los trámites judiciales y administrativos atribuidos a los despachos judiciales (C.N., art. 257-3, in fine).

21. No es aceptable el argumento según el cual el Acuerdo 87 de 1993 reglamenta o se acompasa con el Decreto-Ley 052 de 1987, cuando la propia demandada admite que para ella no existe y que resulta inaplicable de modo general, si existiera.

22. Por razones de competencia constitucional y legal la Sala no puede juzgar si el Congreso atendió o no el cometido de expedir la norma de carrera judicial a través del inciso 3º del artículo 2º de la Ley 27 de 1992, porque ese juicio le competía a la Corte Constitucional, corporación a la que, por lo demás, le correspondió revisar la constitucionalidad de la ley estatutaria de la justicia, que se convirtió en Ley 270 de 1996.

23. En cambio, se observa que el artículo 4º de la Carta entendido como principio constitucional para su interpretación sede materiae, no faculta al operador jurídico destinatario para que lo inaplique de modo general, pues se arrogaría la facultad del legislador que es el que lo puede derogar; y por supuesto, la de la Corte Constitucional a la que se le ha atribuido la misión de hacer declaraciones de inconstitucionalidad erga omnes.

Por último, debe anotarse que la expedición de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la justicia, no afecta lo relacionado con el juzgamiento del acuerdo cuestionado, que como es natural, debe ser hecho de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su expedición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Decrétase la nulidad del Acuerdo 087 del 23 de noviembre de 1993, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Notifíquese, cúmplase, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y una vez ejecutoriada, archívese el expediente».

(Sentencia de octubre 2 de 1996. Expediente 9636. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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