Sentencia 9643 de agosto 24 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONFESIÓN

REDUCCIÓN DE PENA

EXTRACTOS: «Es preciso advertir que el procesado en ningún momento hizo confesión del hecho delictivo y es importante transcribir la parte pertinente de la indagatoria cuando sostuvo:

“...cuando yo llegué a la puerta de la casa un tipo se me vino con un ladrillo a agredirme tratándome de marica y de hijueputa, yo saqué mi revólver, le hice un tiro al aire como por asustarlo para que no me agrediera pero él no le paró bolas al tiro y yo le hice el otro disparo, luego el volteó y salió corriendo y yo me entré para mi casa y no más”.

Interrogado a renglón seguido en qué dirección hizo el segundo disparo respondió que “yo no lo hice con intención de herirlo o de matarlo, yo lo hice fue para asustarlo o defenderme...”.

Es claro con las transcripciones anteriores que el sindicado no confesó el hecho delictivo y en tales circunstancias es imposible pretender que se le conceda la rebaja punitiva que ahora se pretende, y aun en el caso de que se pensase que se trata de una confesión ésta es calificada puesto que plantea un actuar en legítima defensa y en tales condiciones no es factible concederla, de conformidad con la jurisprudencia que esta Corporación ha mantenido de manera reiterada.

Tampoco es posible cambiar la jurisprudencia como lo solicita el impugnante sobre la base de que la norma no hace distinción de si la confesión sea simple o calificada y que en tales condiciones bastaría que fuera una confesión de cualquier naturaleza para que se tuviere el derecho a la rebaja consagrada.

No asiste la razón al libelista, porque es preciso reconocer que la serie de estímulos que han sido creados en las manifestaciones legislativas de los últimos años tienen como propósito, por parte del Estado, hacer menos demorados los procesos penales y, de esta manera, tratar de buscar una solución al colapso que presenta la administración de justicia, por el crecimiento desmesurado de la criminalidad, en todas sus manifestaciones.

Se trata de fórmulas que tienen su fundamento en las ideas propuestas por los modernos planteamientos de la política criminal y de la criminología entre las que se encuentra la de la desjudicialización, tratando que el número de procesos que llegan a la justicia sea menor, o que los que finalmente conocen los estrados judiciales sean despachados a la mayor prontitud, para que los funcionarios que ejercen la represión puedan dedicar más tiempo y estudio a los procesos de mayor significación social.

Fórmulas como las de la conciliación, el aumento del número de delitos querellables, la sentencia anticipada o denominada negociación de penas, la rebaja de pena por confesión y el principio de oportunidad (no existente en nuestra legislación) son claras manifestaciones de propósitos gubernamentales de desjudicialización.

Si es esa la idea política que se busca al consagrar tales instituciones, como es apenas lógico, quien busca ganar el estímulo punitivo debe prestar una colaboración eficaz a la justicia, tanta, que en casos como el que se analiza, sea de tal naturaleza que haga menos complejo y dilatado el proceso.

Dentro de tales perspectivas, si la confesión es calificada es claro que la carga investigativa para el Estado es mayor porque no solamente se debe demostrar la autoría, sino que es necesario investigar y demostrar si la causal de exculpación o atenuación de la responsabilidad efectivamente se ha dado para efectos de decretar la irresponsabilidad o la responsabilidad atenuada; situación bien diversa si se está en presencia de una confesión simple, en las que sólo se debe verificar la veracidad de la misma y en tales consecuencias la labor investigativa de los instructores se reduce de manera significativa.

Es esa la razón política del estímulo punitivo y así la ley no aluda concretamente a ello es claro que es ésta la interpretación que ha de darse a la norma.

Por las razones anteriores, siempre se ha descartado de este beneficio a los que han sido capturados en flagrancia, porque como es apenas obvio en tales condiciones la confesión es perfectamente intrascendente, y no puede ser calificada bajo ninguna circunstancia como una colaboración eficaz para que la administración de justicia sea más acelerada y con ella se pueda producir de manera inmediata una más rápida descongestión de los despachos judiciales.

Es importante hacer una radiografía de la evolución legislativa de la institución de rebaja por confesión y de las diversas manifestaciones jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal en relación con este punto, para que sea claramente entendida la institución.

Antes de la aparición propiamente de la rebaja por confesión existió un antecedente legislativo más o menos similar, en cuanto a que se consagraba un estímulo punitivo, no para quien confesase que podía ser igualmente el caso, sino consagrado de manera genérica para quien aportase la prueba necesaria de responsabilidad.

En el artículo 34 de la Ley 2ª de 1984 se decía:

“Al partícipe del hecho punible que primero aporte la prueba necesaria de responsabilidad de las demás personas que hayan actuado en la realización de uno cualquiera de los comportamientos ilícitos previstos en este capítulo, en caso de ser condenado, se le disminuirá la pena de una tercera parte a la mitad”.

La rebaja de pena por confesión aparece por primera vez en el Código de 1987, que en el artículo 301 disponía:

“Reducción de pena en caso de confesión. A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión confesare el hecho, en caso de condena se le reducirá la pena en una tercera parte, si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia”.

Así mismo, durante su vigencia se dieron las siguientes manifestaciones jurisprudenciales en relación con esta norma:

Sobre las condiciones para que opere la reducción de pena se afirmó:

“Del texto legal comentado (301) se desprende que las condiciones para que opere la rebaja, excluidas las hipótesis de flagrancia, las concreta el legislador en la confesión del procesado producida dentro de los siguientes requisitos:

a) Que la confesión se produzca durante su primera versión, y

b) Que la confesión fuere el fundamento de la sentencia.

Estos requisitos deben entenderse dentro del espíritu del artículo 301 en el sentido de que a la jurisdicción le interesa que se le facilite la investigación, que se le obvien los inconvenientes propios de ella por lo que sólo acepta como trascendente para conceder la rebaja la confesión hecha durante la primera versión, que para todos los efectos debe entenderse como la primera versión judicial, siendo la razón de tal exigencia el allanamiento del camino investigativo que se logra mediante la deposición franca y explícita del procesado aceptando la realización del hecho; que no tendría razón de aceptarse en los casos en que producido todo un debate probatorio y sometido el proceso a intensa controversia, el procesado en una nueva versión confesare el hecho. Por ello aunque la norma no lo dice hace parte de su entendimiento lógico el que el procesado mantenga su confesión judicial durante el proceso, pues si se retracta genera confusión, atenta contra la lealtad exigida e invalida por ello los efectos buscados de la confesión.

En cuanto al requisito de que la confesión debe ser fundamento de la sentencia, se observa en primer término que el legislador no hace distinción entre la confesión simple y la calificada en la norma que se estudia, lo cual en principio no permite excluir ninguna de ellas, siendo obvio que las hipótesis de confesión simple son las de más opción en el reconocimiento de la rebaja punitiva.

A pesar de que esta norma podría entenderse íntimamente ligada a aquella que regula el proceso abreviado y que sólo admite ese trámite expedito en casos de confesión simple, es indudable que en el ámbito del artículo 301 caben algunos casos de confesión calificada que generen el reconocimiento del atenuante, en cuanto contienen la aceptación de la realización del hecho o de su participación pero, por ejemplo en condiciones de ira o en exceso, circunstancias que expresadas así por el procesado pueden ser el fundamento de la sentencia en cuanto son aceptadas plenamente.

Parece ser que las confesiones calificadas que impliquen exclusión de responsabilidad por justificación o inculpabilidad no pueden ser atendidas en cuanto no son fundamentos de la sentencia condenatoria.

De todas formas, sea la confesión simple o calificada, corresponde al juez en cada caso concreto realizar un análisis de la prueba recaudada y estudiar la proyección y trascendencia de la confesión frente a las demás pruebas para definir así si ésta es fundamento o no de la sentencia. Así por ejemplo si en un proceso que se adelanta con reo ausente, habiéndose demostrado probatoriamente la autoría y responsabilidad, la aparición del procesado en la audiencia confesando el hecho no tiene la trascendencia exigida por el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, porque en tal caso la sentencia sería condenatoria con la confesión o sin ella. En cuanto a la aplicación de esta norma, debe decirse que es estrictamente individual en cuanto sus efectos no se comunican a los copartícipes del hecho y que además se circunscribe únicamente a las personas que actúan en condición de imputables en la realización del hecho punible, pudiéndoseles sancionar con pena; excluyéndose, dada la naturaleza de la norma y sus consecuencias y la naturaleza de las medidas de seguridad, su aplicación en caso de sujetos inimputables.

Debe precisarse además que sucediéndose los requisitos exigidos por el artículo 301, la atenuación puede recaer sobre cualquiera de las formas punitivas principales y sobre las accesorías cuya naturaleza lo admita.

Interesante cuestión plantea la aplicación del artículo 301 en aquellas hipótesis en que se trate de acumulación de causas o fenómenos concursales, en los que la confesión sólo se ha hecho con relación a uno de los delitos involucrados en una sola cuerda procesal; en tales casos es indudable que la rebaja sólo debe tener significación al interior del delito confesado, sin que ello pueda alterar la regla general del concurso de hechos punibles”. (C.S. de J., Sala de Casación Penal, auto de diciembre 1º/87).

En posterior decisión la Sala se refirió así:

“El acusado, que como lo demuestran los procesos acumulados a los cuales se refiere la sentencia en estudio, es persona proclive al delito, en particular a atentados como los que son materia de estas investigaciones acumuladas..., y a quien no conmueven las múltiples sindicaciones, ciertamente ofreció en sus respectivas indagatorias, sin variar su posición dentro de los procesos, versiones circunstanciadas y prolijas de sus delitos y de su modus operandi, reconociéndose autor de los comportamientos ilícitos aunque, como lo destaca el sentenciador, se abstuvo de señalar e identificar a sus compañeros de fechorías, y también a pesar de que en una de las injuradas hubiera aseverado en principio no conocer con exactitud la razón de su comparecencia al juzgado para la diligencia. A este respecto recuérdese: es tal el cúmulo de actividades ilícitas del personaje, que no resulta extraño que en un momento dado en verdad no precise el motivo de su vinculación. Sin embargo, una vez ubicado en las primeras preguntas, narra con mucho desparpajo sus andanzas, y ello fue lo que hizo en las causas acumuladas definidas en la sentencia que se acusa...

Siendo la confesión el reconocimiento libre y espontáneo de hechos perjudiciales, calificado o no, y estando consagrada como factor determinante de rebaja de pena en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal actual sin condicionamientos modales de ninguna índole distintos del descubrimiento en flagrancia del delincuente, como claramente lo prevén esa norma y sus concordantes, no puede ser desconocida en detrimento del principio de favorabilidad, cuando, como efectivamente acaeció en el caso sub examine, ella fue hecha en la primera intervención del sindicado, y fue además, pilar de esa condena junto con los otros elementos de juicio —en particular testificales— que la corroboraron de sobra.

Las consideraciones del Tribunal con miras a desecharlos bajo el entendido de carecer de espontaneidad y de sinceridad, miran más el aspecto subjetivo del individuo delincuente que la objetividad de la norma inaplicada...”. (C.S. de J., Sala de Casación Penal, sentencia de noviembre 17/88).

En torno a la flagrancia sin captura se afirmó:

“...cuando sorprendida una persona en la comisión de un hecho delictuoso, y se la identifica en forma plena y segura, pero no se logra su captura, es factible hablar de flagrancia, por lo que en el caso de surgimiento posterior una confesión es dable desestimarla como aminorante de la pena, artículo 301 Código de Procedimiento Penal, porque la flagrancia sí se dio, aunque sin su correlato de la captura, aspecto este último que no exige el citado artículo 301 para establecer la desfavorable consecuencia que prevé” (C.S. de J., Sala de Casación Penal, sentencia de noviembre 17/88).

Por el mismo sendero la Corte señaló:

“En primer término, debe hacerse claridad si la modificación de la sanción, por confesión, se trata de una “rebaja” de la misma que deba contabilizarse como parte del cumplimiento de la pena, o si por el contrario, de una reducción del máximo que deba fijarse en cada caso concreto por el delito y modalidades que se imputan a cada procesado.

El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal establece que “A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión confesare el hecho, en caso de condena se le reducirá la pena en una tercera parte, si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia” (subrayas de la Sala).

Es decir, que solamente en los casos en que deba dictarse fallo condenatorio, el juez, al tasar la pena, teniendo en cuenta los criterios del artículo 61 del Código Penal, una vez determinada ésta, si se reúnen los requisitos del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, la fijará definitivamente previa reducción en una tercera parte. Esto, por cuanto la tasación máxima de la pena privativa de la libertad, incide sustancialmente en la aplicación de los subrogados penales previstos en los artículos 68 y 72 del Código Penal.

En efecto, si a un procesado se le halla responsable de la comisión de un hecho punible, sancionado con pena de prisión, si hecha la reducción de la tercera parte de la pena que le correspondería por su conducta, y su máximo no sobrepasa de tres (3) años, sería acreedor, además, al subrogado de la condena de ejecución condicional si su personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho punible, permiten al juez suponer que el condenado no requiere de tratamiento penitenciario. En cambio, si lo fuera como el procesado lo pretende, en el mismo caso, no sería viable el reconocimiento del citado subrogado cuando la pena privativa de la libertad sobrepase de los tres (3) años de prisión, debiendo ser recluido en un establecimiento carcelario hasta el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena (C.P., art. 72), para disfrutar del beneficio de excarcelación, el cual desde un principio pudo obtener.

En cambio, la rebaja de pena por trabajo o estudio, o cualquiera otra que el legislador encuentre procedente, por mandato del artículo 629 citado por el procesado, deben ser tenidas en cuenta como parte de la pena cumplida para obtener la libertad provisional o definitiva por pena cumplida.

Finalmente, no es que se esté violando el principio de la cosa juzgada cuando se reconoce previamente la reducción de la tercera parte de la pena, por confesión, de la ya determinada en los fallos de instancia, sino dando aplicación al principio de favorabilidad de la ley que consagra nuestra Carta, el Código Penal (art. 6º) y de Procedimiento Penal (art. 5º) cuando ordena que la ley permisiva o favorable, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, privilegio que se hace extensivo a los condenados (L. 153/887, ar. 44), pues tal precepto (D. 050/87, art. 301) consagró el tantas veces citado beneficio, para estimular la confesión a fin de hacer más expedita la justicia, creando inclusive un procedimiento abreviado para el trámite de los procesos en que ella se presente”. (C.S.J., Sala de Casación Penal, auto de noviembre 10/87).

En torno a la confesión calificada esta Corporación fue clara en sostener que:

“La Sala, en cuanto a confesiones cualificadas, y el caso debatido encaja en esta hipótesis, apunta distingos para reconocer la diminuente establecida en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Si se trata de una que permita la supervivencia de la responsabilidad, no hay duda alguna que en tal sentido debe operar. Pero si traduce, más bien, la ausencia de aquélla por obra de una justificación pura o una inculpabilidad de igual característica, es obvio que debe desecharse. Y es de elemental lógica esta posición, porque si para otorgar tal beneficio el precepto exige que “dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia”, no se ve cómo ésta pueda asentarse en un obrar conforme con la ley o que la ley lo toma por inculpable. Se admite si, la que da paso a un estado emocional o pasional (art. 60) o el exceso que señala el artículo 30 del Código Penal.

La confesión que recoge la ley para darle consecuencias degradantes en cuanto a la sanción, se contrae a la que arroja claridad al juzgador, pero no le confunde, la que muestra sinceridad pero no la que traduce hábil artimaña para escapar al dictado de la justicia, la que facilita y orienta en forma nítida la investigación, pero no la que desvía con artificos y engaños. Sobre esta misma apreciación escribe con destacable mérito la delegada. “...Y es que la confesión del sindicado lejos de aportar más luz al proceso, de allanar el camino investigativo, de facilitar la labor de las autoridades jurisdiccionales y de obviar las dificultades propias de ella, que es el objetivo esencial del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, y en cambio de lo cual el Estado recompensa al sindicado disminuyéndole la sanción, trató más bien de traer confusión a él, de crear controversias en relación a aspectos tan esenciales como lo son los relativos a la responsabilidad, ya que buscando eludirla, colocó en cabeza de terceros comportamientos de los que indicó era víctima, pero que fueron infirmados a través del proceso, invalidando de paso los efectos benéficos de su confesión...””. (C.S. de J., Sala de Casación Penal, sentencia de junio 16/89).

La Corte tomando apartes de un fallo de esta Sala reitera:

“Siendo la confesión el reconocimiento libre y espontáneo de hechos perjudiciales, calificado o no, y estando consagrada como factor determinante de rebaja de pena en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal actual, sin condicionamientos modales de ninguna índole distintos del descubrimiento en flagrancia del delincuente, como claramente lo prevén esa norma y sus concordantes, no puede ser desconocida en detrimento del principio de favorabilidad, cuando como efectivamente acaeció en el caso sub examine, ella fue hecha en la primera intervención del sindicado, y fue además pilar de esa condena junto con los otros elementos de juicio —en particular testificales— que la corroboraron de sobra.

Las consideraciones del Tribunal con miras a desecharla bajo el entendido de carecer de espontaneidad y de sinceridad, miran más el aspecto subjetivo del individuo delincuente que la objetividad de la norma inaplicada (fls. 210 y 214, cuaderno 2)”.

En reiterada posición:

“...El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal persigue inocultables fines de política criminal al incentivar la confesión del procesado mediante el significativo descuento de un tercio de la pena, procurando con ello el recaudo de evidencia que restrinja el esfuerzo instructivo, evite la incriminación de terceros inocentes y en términos generales reduzca las posibilidades de impunidad, etc. Por ello, precisamente, se exige que la confesión se rinda dentro de la primera versión procesal del indagado, en la medida en que si en ese momento procuró ya el desvío de la investigación, o se la llevó a esfuerzos inútiles y dilatorias o de entrabamiento, mal podría aspirar el procesado al recibo de reconocimientos o descuentos punitivos como premio por su pretendido engaño a la administración de justicia, actitud más bien merecedora de severa censura.

Por idénticas razones se entiende que ese descuento del artículo 301 del Procedimiento Penal no opere en los casos de flagrancia, pues en ellos el recaudo de la evidencia no se ha logrado por colaboración del procesado, ni en los eventos en que sea el fundamento de la condena una prueba distinta de la confesión. Para el caso discutido, es evidente, y así lo admite el impugnante, que el procesado F.M. no sólo se abstuvo de hacer una autoacusación en su primera indagatoria, sino que recurrió a la presentación de una coartada que implicaba para la instrucción un considerable esfuerzo, pues sugería que en el sitio de su captura sólo se hallaba de visita, mientras sus ocupaciones habituales las citaba en otra región distinta y lejana. En sus críticas se atiene entonces el actor al informe policivo inicial, para acusar que él no puede probar una aprehensión en flagrancia, dado que no precisa la ubicación exacta del procesado ni de los elementos comprometedores hallados en la finca que ocupaba. Esa restricción subjetiva en el análisis de la prueba se demerita por parcial, pues en el curso de sus intervenciones procesales, los integrantes del operativo ratifican que los procesados sorprendidos se dedicaban a la recolección de la hoja de coca que acumulaban en costales, teniendo su laboratorio y los elementos para el procesamiento dentro del mismo predio y no lejos de la casa de habitación, afirmaciones corroboradas con el hallazgo de las diferentes sustancias y las plantaciones a que se refiere el acta de incautación. Si, pues, se daba cabalmente la aprehensión en flagrancia, nueva razón surgía para la inaplicabilidad de la rebaja de pena contenida en el artículo 301 que se cita, motivo de más para determinar el fracaso del cargo propuesto.

La cita que el impugnante hace del artículo 286 del Código de Procedimiento Penal en nada absolutamente modifica esta situación, pues además de que se recurre a una disposición común a indagatoria y testimonios, en lugar de remitirse a la del artículo 296 del mismo ordenamiento procesal, específica para la confesión, se trata de disposiciones que condicionan genéricamente la validez de la confesión (simple o calificada) al previo enteramiento del procesado sobre su derecho a no autoincriminarse, pero en momento alguno cuestionan estos preceptos la oportunidad en que se rinda esa admisión de participación, cual es precisamente la diferencia con el artículo 301 que subsigue, dado que él sí restringe la incidencia de la autoimputación para el descuento punitivo, no solamente a la que sirve de fundamento para la condena, sino, principalmente, y por las razones ya advertidas, a la rendida en la primera versión judicial, donde está llamada a dar oportuna orientación a la investigación, sirviendo como evidencia para deducción de la responsabilidad penal del indagado”. (C.S. de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. de 29 de junio de 1989, Magistrado Ponente Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

Nuevamente se advierte que:

“...A este final respecto, la Sala debe insistir en que esta caracterización no es lo que hace improcedente, en este perfil del análisis, la confesión, pues así concurra con abundantes y variados medios de convicción, si aquélla sirve de fundamento de la sentencia, tiene que reconocerse la disminución prevista para tal evento, siempre y cuando que la manifestación del procesado resista la consideración de tratarse de un reconocimiento de su participación delictiva, que le acarrea responsabilidad, así se refleje ésta en una forma disminuida de pena por obra de otras circunstancias o factores (diminuente de la provocación, exceso en la justificante, etc.) y se haya cumplido en tiempo procesal oportuno.

La Sala, además, anota que la confesión que cuestiona el censor y que aparece a folios 50 y siguientes del proceso, no reúne los requisitos que la ley y la doctrina han fijado para poder deducir una atenuación como la que consagra el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, resultando por tanto acertada la desestimación que de este aspecto, y como factor de moderación de la pena, evidenció el Tribunal. En efecto, las primeras manifestaciones de Hurtado, resultan vagas, elusivas y no hay propiamente un reconocimiento de su actividad delictuosa. Ya al final se refiere a la adulteración del precio y a la falta de coincidencia entre los documentos expedidos (originales, duplicados, etc.) y afirma que obró así para “recaudar algún dinero para enviárselo a mi mamá que por esos días se encontraba delicada de salud, no pensando que me fueran a descubrir en el lapso en que se hizo dichas adulteraciones. Mi mamá vive en un estado de pobreza absoluta y siempre permanece enferma... lo que gano... después de atender las obligaciones que tengo con las deudas, lo que me queda no me alcanza para atenderla a ella en el caso que se me presentó”.

Esto coloca de resalto la alegación de una justificante que, como lo enseña la jurisprudencia, sustrae tal reconocimiento de la órbita de la comentada diminuente. Para que esa confesión cualificada pudiera haber incidido en la cuestionada atenuación de pena, habría sido necesario que la conducta se tomara como un estado de necesidad excedido —art. 30 del C. P.—, lo cual no aconteció. En síntesis, si la posición del procesado fue la de pretender la integral justificación de su comportamiento, no es factible atender a la preceptiva del ya citado artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, pues mal puede ser fundamento de una sentencia de condena lo que pugna por imponer un obrar conforme a derecho, que no puede aparejar ningún juicio de responsabilidad”. (C. S. de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. de 15 de agosto de 1989, M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

En otra decisión sobre esta temática se dijo:

“...La confesión privilegiada de que trata el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, a más de reunir las exigencias del mismo y las propias de este específico medio de convicción, debe ser suficiente para sustentar un fallo de condena.

Entre aquellos requisitos cabe destacar para efectos de la detracción de la pena por confesión que ésta se hubiere producido durante la primera versión judicial rendida por el procesado, que no concurra ninguna situación de flagrancia y que se haya constituido en el fundamento esencial de la sentencia condenatoria por tratarse de una prueba de cargo en contra del acusado y no de un medio de persuasión demostrativo de circunstancia excluyente de culpabilidad o de justificación del hecho punible.

Precisamente sobre este último aspecto la jurisprudencia de la Corte se ha mostrado reiterativa y uniforme en el sentido de negarle poder morigerador a la confesión del procesado cuando pretende la integral justificación de su conducta...”. (C. S. de Justicia-Sala de Casación Penal, 26 de septiembre de 1991, M.P. Dr. Jorge Carreño Luengas).

Posteriormente la institución apareció en el Código de 1991, que en su artículo 299 preveía:

“A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare el hecho, en caso de condena se le reducirá la pena en una tercera parte”.

En su vigencia se hicieron los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales en sus aspectos más trascendentes:

“...El hecho de que el artículo últimamente señalado no contemple como exigencia fundamental el que la confesión sea el sustento del fallo, no quiere decir que lo haya obviado. Es claro que la actitud benigna del Estado sobre el particular se basa en la ayuda primordial que el imputado le ha brindado a la administración de justicia al admitir su responsabilidad, hecho que demuestra, además, su franco arrepentimiento. Y es apenas llano entender que un comportamiento de este jaez para acceder a la rebaja punitiva debe ser de tal magnitud que sobre él repose, en gran medida, el fallo condenatorio. De lo contrario, si su reconocimiento de los hechos comporta apenas una ayuda cortical, y el Estado cuenta con otros medios probatorios contundentes para demostrar la responsabilidad del confeso, pierde su razón de ser la diminuente. De ahí que en supuestos como el de la flagrancia, su aplicación queda prohibida. Por tanto —se repite—, en todas las hipótesis en que se pretende tener derecho a la aminorante, la confesión ha de constituir la columna vertebral de la sentencia...”. (C.S. de Justicia —Sala de Casación Penal—, sent. del 3 de noviembre de 1993, M.P. Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

De igual manera, haciendo una comparación con la norma procesal anterior, se dijo:

“...2. Pero ocurre otra cosa: ambas normas de los Códigos de Procedimiento Penal anterior y actual (Decretos 050/87 y 2700/91), empiezan la redacción de la aminorante de pena por confesión, con la frase “a quien fuera de los casos de flagrancia” (arts. 301 y 299, respectivamente). Es decir, que, de entrada, exclúyense de la atenuante esos eventos de flagrancia.

Y entendiendo la flagrancia como la han entendido la jurisprudencia y la doctrina, si el procesado José Oswaldo Gómez Amaya fue visto por el testigo ... en el momento en que dio muerte a Ceir Ramírez Giraldo, para la Sala resulta obvia la situación de flagrancia.

3. A lo anterior, suficiente de por sí para rechazar el cargo, agréguese que para la Sala sigue siendo indispensable que la confesión sea fundamento de la condena, así el nuevo texto legal (art. 299) no lo mencione expresamente, porque sólo de esta manera es entendible y justa la rebaja de pena que en él se consagra. Interpretarlo de otra forma, sería otorgar un beneficio gratuito, sólo porque se confesó cuando ello no era necesario, pues obraban otras pruebas, distintas de la confesión, que permitían afirmar, sin dudas, la responsabilidad del procesado.

Por esta misma razón, inutilidad de la confesión, el legislador pone como exigencia para el otorgamiento de la rebaja de pena, que no se trate de “casos de flagrancia”, porque precisamente en estos eventos, ante el conocimiento que del hecho y de su autor tienen las personas que lo han presenciado, la confesión es de casi ninguna utilidad para la investigación, porque de antemano el instructor ya conoce lo que a través de ésta se le ha comunicado. Esta misma consideración le ha servido a la Sala para estructurar su ya conocida tesis, recordada por el Procurador Delegado, de que tampoco procede la rebaja de pena en comento, cuando se trata de una confesión calificada o cualificada, en virtud de la cual sólo se admite la autoría de la conducta, pero se niega toda responsabilidad penal aduciendo cualquier circunstancia excluyente de ésta, porque en tal caso, se ha sostenido antes y se reitera ahora, si la confesión hubiera sido fundamento de la sentencia, ésta forzosamente habría tenido que ser absolutoria. Pero si es condenatoria, ello se debe a que los encargados de administrar justicia acudieron a otros elementos de juicio que les permitieron establecer la materialidad del hecho y la responsabilidad de su autor, desechando por completo la confesión vertida. Y si esto es así, claro es que la confesión también en este caso es inútil para la investigación, y por ello no puede beneficiarse a un confesante que en vez de colaborar con la justicia, por el contrario le exigió un mayor desgaste y esfuerzo, ya que tuvo que entrar a desvirtuar todas las afirmaciones mentirosas que planteaban una circunstancia excluyente de responsabilidad, que a la postre se desestimó por inexistente.

Mas a lo anterior estima la Sala que debe hacérsele una consideración adicional: si el juez para proferir su condena, no podía de ninguna manera prescindir por completo de la confesión, no es posible negar que ésta sirvió de fundamento a la sentencia y que por tanto fue de decisiva utilidad para la justicia, que sin ella no habría podido condenarlo..”. (CSJ, Sala de Casación Penal, sent. sep. 29/93, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz).

Finalmente en el artículo 38 de la Ley 81 de 1993 se conservó la misma redacción prevista en el Código de 1991, pero se disminuyó el quantum punitivo a que se hacía merecedor el confesante. Dice así la norma mencionada:

Reducción de pena en caso de confesión. A quien, fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare el hecho en caso de condena, se le reducirá la pena en una sexta parte”.

De este breve recuento legislativo y jurisprudencial surge nítida la voluntad política del legislador de consagrar un estímulo punitivo, para aquellos procesados que hubieren prestado una ayuda eficaz con su confesión, para efectos de establecer la responsabilidad penal y es por ello precisamente que desde aquella primera norma pionera de este tipo de rebajas era indispensable aportar la prueba de responsabilidad y tal estímulo era única y exclusivamente para el primero que la allegara y ello es bien explicable, porque establecida la responsabilidad por el aporte probatorio que hiciera el primero de ellos, ya no era menester seguir concediendo tales rebajas punitivas a los demás, puesto que el interés buscado por el Estado ya se encontraba satisfecho.

Esta clara intención política se evidencia en todas las manifestaciones legislativas de esta institución, donde siempre se ha descartado como merecedores de tal estímulo a los capturados en flagrancia, porque en relación con los mismos es evidente que el Estado para efectos de cumplir con la represión, no necesita crear tales beneficios.

Por lo tanto, establecida tal finalidad política en la institución, es imprescindible que el confesante que aspire a la rebaja debe hacer un aporte eficaz, y no se debe entender que el mismo lo es, si plantea una confesión cualificada o de cualquier manera se escuda en circunstancias que lo puedan exonerar de responsabilidad penal y que consecuentemente impongan a los funcionarios jurisdiccionales la obligación de recaudar la prueba, tendiente a demostrar la veracidad de tales circunstancias exculpatorias y se demuestre que todo fue una coartada para eludir la responsabilidad de los hechos objeto de investigación, es obvio que no hay confesión y por ende, beneficios punitivos.

En las condiciones precedentes y de conformidad con el criterio del Procurador Delegado se rechazará el cargo formulado».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PERJUICIOS MATERIALES

EVALUACIÓN

EXTRACTOS: «El artículo 107 del Código Penal, dispone que de no existir base suficiente para evaluar el perjuicio por medio de perito, el juez prudencialmente podrá señalar una suma equivalente en gramos oro hasta una cuantía de cuatro mil, pero la eventualidad que se comenta se debe entender en su real dimensión, es decir, cuando no existe prueba suficiente dentro del proceso que nos indique cuál ha podido ser la magnitud del daño y su consecuente evaluación.

Por su parte, el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal señala cuáles son los requisitos que debe llenar una sentencia, en el numeral 8º dispone la obligación para el sentenciador de condenar en concreto “si a ello hubiera lugar”; expresión esta última que hace relación a delitos que efectivamente hayan ocasionado un daño concreto, que el mismo pueda ser evaluado e individualizado y se pueda tomar tal determinación en beneficio de alguien en concreto.

Y de manera más específica al cuestionamiento que hace el censor al artículo 55 del Código de Procedimiento Penal dispone:

“En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el funcionario procederá a liquidarlos, para lo cual podrá disponer la intervención de un perito según la complejidad del asunto, y condenará al responsable de los daños en la sentencia...”.

Lo anterior demuestra con meridiana claridad que la designación de un perito es facultativa del juez, potestad que debe utilizar de conformidad con la complejidad del asunto, lo que quiere decir que en casos en los cuales se trate, por ejemplo, de la apropiación ilícita de una suma determinada, no será estrictamente indispensable la designación de un perito avaluador; ni tampoco en aquellas situaciones en que el apoderamiento de un bien resulte fácilmente avaluable en el mercado, como sería el caso de un automóvil; y por el contrario, cuando se trate, por ejemplo, de un hurto sobre una antigüedad o de una obra de arte, será el caso en que se hace necesario recurrir a un anticuario o a un experto en cuestiones artísticas para que realice la correspondiente evaluación de los perjuicios.

Realmente el avalúo de los perjuicios materiales ocasionados con un homicidio es tarea matemática relativamente fácil, donde no es de estricta necesidad recurrir al auxilio de un perito, porque teniendo en cuenta la edad del occiso, su probabilidad de vida con base en las tablas de la Superintendencia Bancaria sobre la vida probable de los colombianos; y a lo anterior se agrega la cuantía de las entradas económicas que tenía el occiso en el momento de su fallecimiento, será fácil el cálculo de cuáles serían los ingresos que dejaría de percibir.

En caso de tratarse de un desempleado y de una persona de cultura precaria, como parece que fuera la situación que se juzga, no erró el sentenciador al hacer tales cálculos partiendo del salario mínimo legal, y en tales condiciones considera la Sala que se trataba de uno de aquellos casos en los que no era estrictamente necesario recurrir a la designación de un perito y en tales condiciones es necesario concluir que no se ha incurrido en un falso juicio de existencia por suposición de prueba, y que por tanto, el fallo no se debe casar tal como lo solicita el Procurador Primero Delegado en lo Penal».

(Sentencia de casación, agosto 24 de 1995. Radicación 9643. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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