Sentencia 9664 de octubre 2 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DICTAMEN PERICIAL

NO SE SUSTITUYE CON LOS CONOCIMIENTOS PERSONALES DEL JUEZ

EXTRACTOS: «Argumentan los recurrentes que el ataque en la forma en que lo plantean se sustenta en la sentencia de la Sala Plena Laboral del 5 de diciembre de 1989, de la que transcriben un fragmento, violación medio que afirman se produjo por haber desechado el Tribunal el dictamen pericial que obra en autos para precisar el lucro cesante a favor de los demandantes, para acoger en su lugar “...fórmulas matemáticas dizque aplicadas por esa H. Corte y el Consejo de Estado y las respaldó en la obra denominada La Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia...” (fl. 22).

No discuten que en cumplimiento del principio inquisitivo pueda un juez desestimar un dictamen por no hallarse correctamente soportado, mas con el deber de ordenar uno nuevo, de conformidad con lo establecido por los artículos 51 del Código Procesal del Trabajo y 233 y 241 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de asuntos en los cuales el juzgador no puede valerse de su propio conocimiento sobre el tema.

Aseveran los recurrentes que al aumentar la condena por lucro cesante el Tribunal “se fundamentó en una interpretación acomodaticia de unas fórmulas matemáticas que el juez no está necesariamente obligado a conocer” (fl. 24) y se respaldó en una obra “que no fue solicitada ni decretada como prueba y que si llega a tener un valor doctrinal no pasa de ser un criterio auxiliar de la justicia” (ibídem), con lo que violó tanto las disposiciones instrumentales como las normas sustanciales indicadas en la acusación, pues siendo cierto que en materia de indemnización de perjuicios morales su monto puede ser determinado por el fallador en desarrollo del arbitrium iudicius, según la sentencia del 12 de diciembre de 1996, no ocurre lo mismo cuando se trata de perjuicios materiales, para cuya cuantificación no es admisible dicho arbitrio, y “por tratarse de conocimientos técnicos o científicos debe buscarse [por el juez] el apoyo de un auxiliar de la justicia” (fl. 25), y si producido el respectivo dictamen, encuentra al valorarlo que no está debidamente sustentado, con base en las facultades que le otorgan los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo debe ordenar uno nuevo, permitiéndole así a las partes su contradicción como lo prevé el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo; por lo que constituye una violación de la ley procesal que en la sentencia “con base en elementos de juicio no conocidos en el proceso” (ibídem), se aumenten las condenas por perjuicios materiales transgrediendo de manera ostensible las normas sustanciales que atribuyen los derechos pretendidos.

(...).

Se considera

La libre formación del convencimiento que consagra el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, que libera al juez de la tarifa legal de pruebas y lo faculta para formar su convencimiento “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”, no es omnímoda porque ella debe acompasarse con las restricciones que establecen las normas de procedimiento no sólo en cuanto a las competencias funcionales, sino también en lo atinente a la apreciación y valoración de cada uno de los medios de convicción de los que se valga para ilustrar su juicio y adquirir certeza sobre los hechos materia del litigio. Es por esto que, por ejemplo, no podría el juez, sin grave menoscabo del derecho de los litigantes a una cumplida justicia, proferir sentencia a favor de la parte que tenía la carga de probar un hecho que no se estableció en el proceso debidamente, pues ello implicaría desconocer las reglas sobre onus probandi. Dentro de estas limitaciones debe el juez de apelación considerar las decisiones del juez de la causa en lo relacionado con la facultad de establecer la necesidad y pertinencia de la práctica de las pruebas solicitadas por las partes, pues es a él a quien principalmente la ley le ha atribuido la función instructora.

Sobre el particular ya la extinguida Sección Segunda de esta Sala fijó un criterio en sentencia de 9 de julio de 1992 (Gaceta Judicial, T. CCXX, pág. 95), asentando al efecto lo siguiente:

“Dado que es el juez de la causa quien tiene primariamente la competencia para instruir el proceso y el deber de hacerlo, el Tribunal, que como juez de apelación tiene básicamente una función de control de legalidad, estaba en la obligación de respetar la decisión del juez respecto de la conducencia de la prueba pericial por razón de su ignorancia en materia de técnica contable; por lo demás, ni siquiera si el juez fuese un especialista en esta materia le estaría permitido aplicar sus conocimientos en la producción de la prueba, pues de acuerdo con los artículos 51 del CPT y 233 del CPC debe hacerse auxiliar del correspondiente perito en los asuntos que requieren especiales conocimientos, científicos, técnicos o artísticos.

Tan ilegal es la delegación que el juez haga en el perito de las funciones que le competen como que sin conocimientos sobre el tema, asuma las funciones de especialista en la materia. Esto último, además, apareja la necesaria consecuencia de privar a las partes de la posibilidad real de controvertir los fundamentos del dictamen que, so pretexto de verificar un hecho, emita el juez extralimitando sus funciones”.

Precisamente, y como lo ponen de presente los recurrentes, respecto del dictamen pericial existen normas que de manera explícita indican el procedimiento que debe seguir el juez cuanto estima insuficiente la opinión rendida por un experto. En efecto, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, establece con total claridad que “...cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión...”; de modo que no queda al arbitrio del juzgador de alzada reemplazar con su personal conocimiento el dictamen que a su juicio resulta incompleta, sino que es su deber, respetando el discernimiento que sobre la necesidad de la prueba haya efectuado el juez de primera instancia, si el mismo no se muestra ilegal, obtener mayores elementos de convicción mediante la designación, de oficio, de otros expertos —teniendo en cuenta que en los procesos laborales existe la figura del “perito único” (CPT, art. 58)— que por tener conocimientos científicos, técnicos o artísticos le presten asesoría en los asuntos que requieran de tales conocimientos especiales y le permitan el esclarecimiento de los hechos debatidos.

De otro lado, apartarse de los elementos de juicio que surjan de un medio de convicción no objetado por los litigantes, para establecer un hecho con base en criterios del fallador obtenidos de doctrinantes, que puedan resultar autorizados pero no provenientes de reconocidos expertos en un asunto que por su complejidad los requiere, y que en todo caso son ajenos al proceso y por consiguiente no susceptibles de ser controvertidos, afecta de manera grave las reglas que gobiernan el debate judicial y la acertada valoración probatoria, violando por eso el derecho al debido proceso al impedir la posibilidad de discutir la determinación tomada desechando las pruebas oportuna y regularmente allegadas al mismo.

Y aún más grave se torna la intromisión del juez de alzada en el juicio que sobre el alcance de sus conocimientos sobre un tema y la consecuente necesidad de ayuda idónea y conocedora de un tema efectúa el fallador de primer grado, cuando, como en el presente caso, el dictamen pericial no fue controvertido por las partes en la oportunidad legalmente fijada al efecto, conducta procesal de la que es dable concluir su conformidad con él; porque ello equivale, ni más ni menos, a suplantar la voluntad de los litigantes. Interesa destacar que una actuación como la que aquí la Corte critica al Tribunal de Cali pudo tener como consecuencia, de no haber existido interés suficiente para ocurrir en casación, la de privar del derecho de impugnación de manera irremediable a la parte afectada con la decisión tomada en la apelación en reemplazo del dictamen pericial equivocadamente desatendido.

Se sigue de lo anterior que el cargo prospera y, en consecuencia, habrá de casarse la sentencia; pero no para absolver a los recurrentes como éstos lo solicitan al fijar el alcance de su impugnación, dado que una cosa es el hecho de haberse equivocado el fallador en lo atinente a la cuantificación de los perjuicios ocasionados a los familiares del trabajador damnificados por el accidente laboral ocurrido por culpa del patrono, y otra, del todo diferente, que este desacierto tenga la virtualidad de afectar la convicción que fundado en otras pruebas se formó sobre la plena comprobación del hecho dañoso y de la responsabilidad de estos dos demandados en el mismo, sino para confirmar el fallo del juzgado, sin que sean necesarias consideraciones adicionales a las tenidas en cuenta al resolver el recurso extraordinario para sustentar la decisión».

(Sentencia de casación, octubre 2 de 1997. Radicación 9664. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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