Sentencia de homologación 9687 de marzo 4 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DENUNCIA PATRONAL DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

EFECTOS CONCRETOS

EXTRACTOS: «1. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo que el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954, reconoce que la denuncia de la convención colectiva constituye un derecho para las partes que la suscriben y que al empleador no le está dado vincular a los trabajadores al conflicto colectivo, pues solamente ellos pueden promoverlo mediante la presentación del pliego de peticiones. La consecuencia de esta tesis es que el tribunal de arbitramento llamado a dirimir total o parcialmente los temas que no hubieren sido solucionados directamente por las partes está facultado para solucionar los asuntos que guarden consonancia con el pliego y no lo está para asumir la resolución de temas convencionales denunciados por el empleador que no coincidan con los del pliego. A esta posición de principio le reconoce esta excepción: si durante la negociación colectiva el sindicato convino en discutir la denuncia del empleador, el objeto denunciado se torna controvertible, puede ser negociado directamente, y si no hay acuerdo, queda facultado el tribunal de arbitramento para resolverlo.

La expedición de la Ley 100 de 1993 y lo preceptuado particularmente en su artículo 11, significó una apertura adicional que condujo a concebir el pronunciamiento arbitral sobre temas de dicha ley aunque a ellos sólo se llegara en virtud de la denuncia patronal, posición reiterada incluso después del pronunciamiento del Consejo de Estado por el cual se anuló parcialmente la disposición que reglamentó dicho artículo (D. 692/94, art. 48) y con la cual se pretende ser consecuente con la importancia de conciliar las normas generales sobre seguridad social con el contenido de las convenciones colectivas en aspectos relacionados con la materia.

Significa lo anterior, que en sentido estricto la jurisprudencia ha reconocido efectos concretos a la denuncia que de la convención colectiva hace el empleador y ello es consecuente con la naturaleza jurídica de tal figura, que corresponde a un derecho de las partes intervinientes en la contratación colectiva, y a la esencia de dicha contratación que supone básicamente la negociación sobre las condiciones que han de regir los contratos de trabajo de los trabajadores vinculados a la misma.

Se trata de un proceso, regulado por la ley, con objetivos de interés para todos los intervinientes en la negociación, dentro del marco de conservar y mejorar la fuente de trabajo y las condiciones dentro de las cuales se ha de desarrollar el mismo durante la vigencia del pacto o la convención correspondiente, alimentado por el aporte que con tal propósito hagan empleadores y trabajadores durante las conversaciones que deben desarrollar en procura de depurar un acuerdo.

Corresponde entonces a un proceso de diálogo que se inicia formalmente sólo con la presentación del pliego de peticiones por parte de los trabajadores consecuente con la denuncia que deben hacer para señalar su propósito de finalizar el acuerdo vigente, proceso dentro del cual resultan legítimas y admisibles las consideraciones y posturas que el empleador expresa tanto sobre el conjunto de peticiones de los empleados como sobre el convenio vigente susceptible de modificaciones y adiciones, respecto de lo cual debe orientar su postura partiendo de la denuncia a la que tiene derecho y en la que debe señalar en forma concreta y sustentada los aspectos pertenecientes al régimen convencional vigente que estima necesario reestudiar.

Aunque el empleador con su denuncia de la convención o pacto no genera el inicio del conflicto colectivo, le asiste derecho a vincular sus inquietudes al desarrollo del mismo y a que sean atendidas por su interlocutor razonablemente sus aspiraciones y argumentaciones para que esa relación dialogal alcance la dimensión bilateral, o plurilateral en ocasiones, que es propia de una relación contractual en la que los intervinientes tienen claramente la condición jurídica de sujetos para la misma.

La negociación colectiva se nutre del aporte de los intervinientes en ella y se materializa con el acuerdo que de allí surja, por lo que las otras soluciones, huelga o arbitramento, deben concebirse sólo como medidas extremas.

En el caso presente la denuncia de la convención que hizo la empresa se formuló en forma genérica y con el carácter de total, y aunque al final destaca los puntos relativos a cesantías y pensiones jubilatorias consagrados en convenciones anteriores, no cumple a cabalidad con una fundamentación que hiciera viable la respuesta del sindicato y tal circunstancia conduce a concluir que le asiste razón a la decisión mayoritaria del tribunal sobre el particular. Sin embargo, frente al tema pensional exclusivamente, cabe la devolución del expediente para obtener el pronunciamiento del tribunal sobre el mismo, como quiera que se trata de una materia regulada por la Ley 100 de 1993 y con cuyas disposiciones debe armonizarse el régimen pensional de orden convencional existente en la empresa, tal como anteriormente se ha dispuesto por esta misma Sala siguiendo los lineamientos que fueran trazados en la sentencia de homologación dictada el 8 de julio de 1996 (Rad. 8989).

De acuerdo con lo expuesto, esta corporación, con base en el artículo 143-2 del CPL, dispondrá la devolución del expediente a los árbitros para que igualmente resuelvan sobre la denuncia de la empresa en el específico punto de las disposiciones convencionales relativas a pensiones de jubilación».

(Sentencia de homologación, marzo 4 de 1997. Radicación 9687. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «En primer término, no comparto la posición de la Sala en cuanto a la devolución del expediente al tribunal de arbitramento, por incompetente para pronunciarse respecto a asuntos que no fueron objeto del conflicto colectivo promovido por los trabajadores. Ha de decirse, entonces, que el pliego de peticiones al no incluir asuntos relacionados con las pensiones establecidas en la convención colectiva, vigente hasta ese momento y, por lo demás, siendo cierto que el artículo 48 del Decreto 692 de 1994 en desarrollo del artículo 11 de la Ley 100 de 1993 autoriza la armonización de las normas convencionales con el estatuto general de pensiones, para lo cual es menester el cumplimiento de los supuestos de hecho de la norma. Esto es, que las partes hayan denunciado la convención colectiva.

En el sub examine, la patronal efectivamente denunció la totalidad de la convención colectiva vigente para los años 1994 a 1996 con lo cual quedaron denunciadas las cláusulas referentes a las pensiones convencionales (fls. 139 a 141 cuaderno de antecedentes). Sin que el sindicado hiciese lo propio, según se observa en el pliego de peticiones promotor del conflicto colectivo; pues es la verdad que en este documento no aparece mención o pretensión alguna sobre pensiones (fls. 144 a 156 cuaderno de antecedentes).

Ha de anotarse que antes de que el Consejo de Estado declarara la inexequibilidad parcial del artículo 48 del Decreto 692 de 1994, resultaba viable la armonización de las normas convencionales con las de la Ley 100 de 1993, referidas a prestaciones de salud y pensión mediando la sola denuncia patronal de la convención o pacto colectivo sobre estos puntos.

Empero, el referido fallo del 31 de julio de 1996, expediente Nº 10.582, anuló la norma en cuanto estableció que: “...aún cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes..”. La inexequibilidad operó dado a que siendo el artículo 48 del Decreto 692 norma reglamentaria del artículo 11 de la ley 100, en lugar de desarrollar esta última, la desbordó, dándole alcances distintos al de la norma reglamentada. Y así, quedó descartada la posibilidad de que el patrono con su sola denuncia habilitara la competencia del tribunal de arbitramento para armonizar las normas convencionales con las de la ley 100.

Sabia decisión —en mi concepto— porque con arreglo a doctrina de vieja data de la Corte Suprema de Justicia no es procedente que los patronos, autónomamente, promuevan conflictos de interés económico, pues dada la esencia y naturaleza de la contratación colectiva, la denuncia es prerrogativa exclusiva de los trabajadores. Lo expresado hace inaceptable la doctrina plasmada en el sub examine dado a que paradójicamente otorga a los empleadores la legitimación autónoma para promover conflictos colectivos, en contravía con la decisión tanto del Consejo del Estado como con la posición progresista de esta corporación a este respecto, desde tiempos pretéritos.

Es cierto, que con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 48 del Decreto 692 de 1994, los tribunales de arbitramento continuaron manteniendo la tesis de competencia para la armonización con las normas convencionales sobre pensiones y salud con las de la Ley 100 de 1993 en cumplimiento de la parte de la norma que continuó vigente. Sin embargo, he de enfatizar, en que esa competencia la detentan los tribunales de arbitramento únicamente cuando los puntos referentes a salud y pensiones estén contenidos en el pliego de peticiones o hayan sido tratados en las conversaciones adelantadas con ocasión de la etapa de arreglo directo.

El artículo 48 del Decreto 692 de 1994 dice:

“Modificación de convenciones colectivas. —Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley.”

Y el artículo 11 de la ley 100 en lo pertinente dice:

“Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.

De otra parte el derecho a la denuncia no sólo tiene connotación de prerrogativa positiva de presentar pliego de peticiones, dado a que también puede corresponder a una actitud negativa de no presentarlo. Esto quiere decir que si los trabajadores estiman que la convención vigente es satisfactoria sobre un punto en especial, el sindicato está en su derecho de abstenerse de incluirlo en el pliego de peticiones, descartándolo entonces como objeto de conflicto, circunstancia que enerva la posibilidad de que el patrono con su denuncia vulnere la facultad de los trabajadores para ejercer el derecho de denuncia negativa.

De esta suerte, como en el sub examine el pliego de peticiones no incluía puntos referentes a las pensiones convencionales, ni en las actas obra prueba que acreditase discusión sobre este tema en la etapa de arreglo directo, el asunto no podía ser objeto del conflicto colectivo por lo que, consecuencialmente, el tribunal obró en legal forma al declararse incompetente para armonizar el punto de las pensiones con los normas respectivas de la Ley 100 de 1993. De esta suerte, la devolución del expediente para esos efectos no es viable.

De contera, ha de recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recientemente acogió la tesis esbozada en este salvamento de voto, en la sentencia de homologación de 27 de noviembre de 1996, radicación 9.399».

Ramón Zúñiga Valverde 

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