Sentencia de homologación 9688 de febrero 13 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

POTESTAD SANCIONADORA DEL EMPLEADOR

EL LAUDO ARBITRAL NO PUEDE RESTRINGIRLA

EXTRACTOS:«La posibilidad de reglamentación del ejercicio del poder sancionador en la empresa, a través de mecanismos emanados del conflicto colectivo, es perfectamente posible al tenor de los artículos 106 y 108 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como tuvo oportunidad de sentenciarlo la Corte en su providencia de homologación del 18 de mayo de 1988 cuando expuso:

“En cuanto a la petición contenida en el artículo 10 tendiente a obtener un “procedimiento para aplicar sanciones y despido por justa causa”, considera la Sala que respecto de ella no puede existir ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien, puesto que expresamente el artículo 106 del C.S. del T. establece que si bien al patrono corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, puede disponerse en contrario “en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores” (subraya la Sala). Y también de modo expreso el artículo 108 ibídem manda que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la “escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ella” (ord. 16). De aplicar los artículos 106 y 108 ordinal 16 del C.S. del T., resulta claro que sí es procedente que mediante fallo arbitral se estatuyan disposiciones normativas como las que busca Sinterbán con el pliego de peticiones”.

Empero, lo antes dicho no es predicable cuando reglamentación arbitral, como aquí sucedió, cobija un aspecto que va más allá de señalar el procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones a los trabajadores, y en virtud de ellas se desplaza, por la vía arbitral, un fuero que es exclusivo del empleador a una coparticipación con los trabajadores, cual es la decisión final si se sanciona o no. Precisamente esta es la situación que aduce el impugnante que incurre el laudo que objeta, señalando como causa de la misma la conformación paritaria del comité obrero patronal, lo que a la postre implica, en su sentir, la vulneración del poder disciplinario del empleador.

Estima la Corte que al recurrente le asiste la razón en el reparo que formula al laudo en este aspecto, ya que en el artículo 8º de éste, concretamente en el inciso 2º, de su ordinal 6º, efectivamente se avizora, así sea potencialmente, una restricción al poder sancionador del empleador, pues por el rigor del procedimiento en ella estructurado y de acuerdo con la composición paritaria del comité obrero patronal, la determinación de sancionar del hospital puede ser dejada sin efecto por aquél, porque bastaría que los representantes de los trabajadores no estén de acuerdo con ella para que en definitiva no se imponga, y esto debido a que esa disposición expresa: “En caso de empate de ésta última votación, se entiende que debe primar el beneficio de la duda y no procederá la sanción”.

A juicio de la Sala, el mecanismo disciplinario impuesto por el Tribunal de arbitramento en el inciso final antes transcrito está en insuperable contradicción con el numeral 1º literal b del artículo 1º de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 23 del C.S.T., en lo que hace al segundo de los elementos esenciales del contrato laboral, cual es la continuada subordinación y dependencia que debe el trabajador al empleador, la que le da el poder de imponerle sanciones cuando en ejecución del contrato de trabajo el asalariado infrinja normas legales, convencionales, reglamentarias y las del propio nexo contractual.

La anterior conclusión no impide, se repite, que los laudos arbitrales, cuando se dé la circunstancia puesta de presente para este asunto, establezcan claros y precisos procedimientos disciplinarios a los que debe someterse el empleador para ejercer su potestad sancionatoria, pero en todo caso los árbitros no pueden llegar al extremo que con tal reglamentación restrinjan o hagan nugatorio el derecho del empleador de imponer él, en últimas, sanciones, puesto que esa es una prerrogativa que la ley le otorga y, por consiguiente, sólo él puede disponer de la misma en ejercicio de la autonomía de su voluntad.

De otro lado, para la Corte hay otro ordenamiento en el laudo, relativo al tema disciplinario, que por los términos en que quedó redactado es indudable que desborda la competencia de los árbitros respecto a esa materia; se encuentra en el ordinal 7º, literal B de su artículo 8º, y expresa:

“7. Cualquier pretermisión de éste trámite implica que la sanción, impuesta carece de validez y resulta inaplicable, debiendo en todo caso el hospital, abstenerse de aplicarla; y en caso de hacerlo, deberá pagar al sancionado el valor de los salarios dejados de percibir, o restituir el valor de la multa”.

Y se afirma lo anterior porque no son los árbitros los llamados a definir qué consecuencia jurídica trae el no cumplimiento del trámite previsto para la imposición de sanciones, ya que éste es un punto que corresponde dilucidarlo a quienes son llamados por la ley a desatar tal clase de controversia, los que como es obvio tendrán en cuenta que no cualquier infracción a esas normas adjetivas implica desconocimiento del derecho de defensa, que es el que a la postre se busca garantizar con ellas.

En consecuencia, no se homologarán del artículo 8º de la parte resolutiva del laudo arbitral el inciso 2º ordinal 6º del literal B, ni el ordinal 7º del mismo literal».

(Sentencia de homologación, febrero 13 de 1997. Radicación 9688. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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