Sentencia 9714 de marzo 4 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

REQUISITOS DEL ACTA DE ACEPTACIÓN DE CARGOS

EXTRACTOS: «En aplicación del principio de prioridad en la proposición y examen de los cargos en casación, la Sala iniciará el estudio de la demanda por el reproche formulado al amparo de la causal tercera, pues, de llegar a prosperar, no habría necesidad de abordar el análisis de las otras censuras.

Nulidad:

Como se dejó visto, demandante y Delegada solicitan la invalidación del proceso a partir del acta de aceptación de cargos que abrió paso a la sentencia anticipada, por considerar que adolece de imprecisiones y deficiencias de motivación que comprometieron seriamente el derecho de defensa y el debido proceso.

Para llegar a esta conclusión, se parte, en esencia, del supuesto de que el acta de aceptación de cargos se asimila a la resolución de acusación, según se desprende del contenido del artículo 37B.2 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 81 de 1993, no sólo como acto procesal sujeto a determinadas exigencias de forma y fondo, señaladas por el artículo 442 ibídem, sino como decisión, en cuanto a sus consecuencias jurídicas.

Ello implica, en opinión de la Delegada, la observancia de los requisitos que permitan, cuando menos, determinar el hecho punible y las pruebas que sirven de sustento a la acusación, es decir, un análisis jurídico y probatorio del asunto.

Pues bien, el texto del numeral 2º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, es del siguiente contenido:

Equivalencia a la resolución de acusación. El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el caso del artículo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se refiere el artículo 37A, son equivalentes a la resolución de acusación”.

Equivaler, en su sentido natural, es valer por igual, tener la misma eficacia, igual aptitud, connotación que nada tiene que ver con los requisitos formales requeridos para la validez del acto equiparado. La equivalencia, está exclusivamente referida a los efectos procesales que la resolución acusatoria produce como decisión, verbigracia, limitar el marco fáctico y jurídico de la sentencia, servir de referente para efectos de la prescripción, o establecer la terminación del sumario.

Si el legislador hubiera querido que el acta de aceptación de cargos y de audiencia especial se tradujera formalmente en una resolución de acusación, conforme a los requerimientos del artículo 442 del estatuto procesal, devendría inane la exigencia del artículo 37A, en cuanto dispone que en la audiencia se deben analizar aspectos como la adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, entre otros, que, como se sabe, son propios de la calificación del sumario.

Argumento adicional para excluir de plano cualquier discusión a este respecto, es que la equiparación no opera sino a partir del perfeccionamiento de las actas de aceptación de cargos o de acuerdo, de donde surge que las actuaciones previas a ese momento tienen que sujetarse, necesariamente, a las normas que regulan cada acto en particular.

En el caso concreto del instituto de la sentencia anticipada, el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 3º de la Ley 81 de 1993, lo reglamenta en los siguientes términos:

“Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.

Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días.

Los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de las garantías fundamentales.

El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.

También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una sexta parte”.

Sobre el específico punto del contenido material del acta, la norma no admite discusión. Si la solicitud se presenta en el sumario, el acta deberá registrar los cargos formulados por el fiscal y la manifestación de la voluntad del procesado de acogerse total o parcialmente a ellos. Si se remonta al juicio, no habrá necesidad de registrar los cargos, puesto que éstos serán los formulados en la resolución acusatoria. Bastará que se deje constancia de su aceptación integral por parte del acusado, pues es oportuno precisar que en esta segunda etapa del proceso no tienen cabida las aceptaciones parciales.

Por parte alguna, la norma demanda del fiscal análisis de orden probatorio al momento de la formulación de los cargos; simplemente exige que estos se concreten, lo cual ha de entenderse como la precisión de la imputación en sus aspectos fáctico y jurídico, es decir, el señalamiento de los hechos investigados, su calificación jurídica, y la especificación de las circunstancias modificadoras de la punibilidad.

La valoración de las pruebas cobraría sentido si el procesado careciera en absoluto de elementos de juicio que le permitieran conocer los motivos de la imputación, o si pudiera al menos controvertir dicho escrutinio durante o después de la diligencia, o si el acto procesal intrínsecamente tuviera las connotaciones de una decisión judicial.

Pero para que el sindicado pueda acogerse al instituto de la sentencia anticipada en la etapa del sumario es requisito indispensable que se haya dictado medida de aseguramiento en su contra, y que ésta se encuentre ejecutoriada, condición que no tiene finalidad distinta a la de garantizarle el conocimiento de la imputación con el propósito de que sobre ese marco de referencia pueda decidir libremente si la acepta (art. 389, CPP). Solamente si el fiscal decide agregar hechos o variar la calificación provisional de la medida de aseguramiento, lo cual puede hacer sin necesidad de modificar la providencia respectiva, se impondría de su parte una explicación al respecto, pues si la imputación cambia, surge para el procesado el derecho de conocer los motivos de esta modificación, para con ese conocimiento de causa decidir si la acoge.

De otra parte, no puede perderse de vista que a la sentencia anticipada se llega, no en virtud de un acuerdo, cuya formación regularmente implica debate probatorio, sino porque el procesado, motu proprio, resuelve admitir los cargos sin condiciones ni controversias. Precisamente esta característica y la peculiaridad de que su iniciativa corresponde al exclusivo resorte del procesado, la diferencian de la figura de la audiencia especial.

Se discute si la terminación anticipada del proceso en sus dos modalidades, aceptación de cargos y acuerdo, puede considerarse un procedimiento especial, un acto de ahorro de instancias, de renuncia a la presunción de inocencia, o de renuncia al procedimiento preestablecido, en orden a definir su naturaleza jurídica.

La normatividad procesal penal no ha instituido variedad de esquemas procesales. El proceso penal continúa siendo uno solo. Lo que ocurre es que a partir de la ejecutoria de la medida de aseguramiento, el procesado puede hacer que el fallo le sea anticipado, pretermitiendo parte de la instrucción y parte o la totalidad de la causa.

No es un acto de ahorro de instancias, porque los fallos son impugnables, con limitaciones desde luego en cuanto al objeto, pero susceptibles de ser examinados en instancia doble e inclusive en casación. Tampoco es un acto de renuncia a la presunción de inocencia, porque, si lo fuera, el juez estaría obligado a dictar sentencia condenatoria aun en el evento de que en el proceso no existieran los presupuestos requeridos por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para hacerlo.

Y si se entendiera que se está renunciando al procedimiento preestablecido, habría de concluirse que se renuncia también a las garantías que le son propias, como el debido proceso y el derecho de defensa lo cual no podría ser. Bien claro es el inciso 4º del artículo transcrito, al condicionar el proferimiento de la sentencia a que no se hayan violado las garantías fundamentales, exigencia que por igual está consagrada para el instituto del acuerdo (art. 4º, Ley 81 de 1993, inc. 3º).

Esto permite afirmar que también la actuación cumplida en el marco de la sentencia anticipada y de la audiencia especial debe encasillarse dentro del principio del respeto absoluto a las garantías fundamentales, y que si éstas se desconocen, se impone la invalidación del proceso, de oficio como lo prescribe el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, o por solicitud de los sujetos procesales, pero a condición, eso sí, de que con su conducta no hayan contribuido a la producción del acto irregular en los términos del artículo 308.3 del Código de Procedimiento Penal, a tal punto que su actitud se traduzca en deslealtad procesal, pues entonces mal podrían tener interés para presentar solicitudes en dicho sentido. Es, en cierta forma, lo que ocurre en el caso sub judice con el casacionista, quien en la diligencia de aceptación de cargos nada dijo sobre los términos de la imputación, estando en la obligación de hacerlo si alguna duda le asaltaba en ese momento, para ahora, después de haberse proferido sentencia, pretender la nulidad del acta con el argumento de que adolece de imprecisión y ausencia de motivación.

Consulta más de cerca su naturaleza jurídica, la tesis de la facultad de prescindir de parte del rito procesal, sin que comporte, de suyo, otro tipo de disposición, según los términos en los cuales quedaron concebidas estas figuras, por lo cual, recíprocamente, el titular de la acusación acepta que la pena correspondiente se aplique de modo atemperado.

Retomando el hilo argumentativo, dígase que el acta de aceptación de cargos no contiene una decisión judicial que obligue a una valoración probatoria a manera de sustento; simplemente recoge los pormenores de un acto procesal, donde el funcionario hace la presentación formal de unos cargos que se consideran ya probados y el incriminado los acepta. Precisamente por no tener aquel carácter, los sujetos procesales no están habilitados para introducir impugnaciones en su contra.

En el caso sub judice, el acta; de aceptación de cargos cuya validez se cuestiona, concreta la imputación en los siguientes términos:

“Este despacho ratifica los cargos formulados desde un comienzo, en contra del señor Miller Pardo Buitrago, en resolución calendada el 16 de diciembre de 1993, es decir, lo considera responsable del punible de hurto calificado y agravado, cometido en las circunstancias que rodearon su captura, así como los hechos que dieron origen al investigativo” (fl. 173).

Aun cuando la censura, en lo fundamental, quedó sin sustento, puesto que, como ya se dijo, el artículo 37 del estatuto procesal no exige del funcionario análisis de carácter probatorio o jurídico, sino concreción de cargos, es bueno precisar que el acta transcrita es absolutamente clara en relación con el delito imputado, y que si no se precisaron los hechos, ni las circunstancias de agravación punitiva concurrentes, fue porque el funcionario se remitió a los cargos consignados en la medida de aseguramiento, los cuales dijo ratificar.

Y no se diga que esta providencia tampoco permite desentrañar el motivo de la acusación, pues a pesar de no ser un buen modelo de lo que debe ser una decisión judicial, cumple las exigencias básicas del artículo 389 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto registra claramente los hechos que se investigan, su calificación jurídica, relaciona las pruebas aportadas y precisa los indicios que ameritan la decisión, con indicación de las agravantes concurrentes, para rematar de la siguiente manera:

“Es así como nos encontramos frente a una conducta establecida por el legislador en el código de las penas, como es la de hurto calificado y agravado, toda vez que se perpetró en las condiciones previstas en los artículos 349, 350 y 351, además del artículo 372, numeral 1º, por haber recaído en un objeto que supera los cien mil pesos” ( fls. 88 a 96 del cuaderno Nº 1).

Si la providencia no fuera clara, o careciera en absoluto de sustento, seguramente el defensor, quien es el mismo que ahora recurre en sede extraordinaria, no habría permitido que cobrara pacíficamente ejecutoria y de seguro contra ella se habría levantado en oportunidad.

Tan era consciente el procesado de que los hechos a los cuales se refería la acusación no diferían de los consignados en la medida de aseguramiento, que al aceptar los cargos solicitó que se citara al dueño del vehículo hurtado para que tasara los perjuicios con el fin de poder indemnizarlo (fl. 137).

El cargo no prospera.

Causal segunda

Sostiene el casacionista que la sentencia no está en consonancia con los cargos formulados en el acta de aceptación, porque el comportamiento del procesado no encuadra en el tipo penal que define el hurto sino en el que describe la receptación.

La primera observación que se debe hacer a esta censura es que su desarrollo no corresponde a la causal invocada, error de orden técnico que enerva cualquier posibilidad de examen.

Es de la esencia de la causal segunda que el actor acepte sin discusiones los cargos formulados en la resolución acusatoria o su equivalente, pues es el respeto a ellos lo que se busca a través del reproche. Por eso, resulta contrario a la técnica del recurso, demandar por esta vía una indebida calificación jurídica de los hechos.

En estos casos, la causal a invocar será la tercera o la primera, según que el error en la calificación comprometa o no el nomen iuris correspondiente, aspectos sobre los cuales la Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades.

Demasiado evidente es, de otra parte, la ausencia de interés de la defensa para recurrir en casación con el fin de que se varíe la denominación jurídica del delito, pues tal postura, en el fondo, implica una retractación sesgada de lo ya aceptado, de imposible admisión en cuanto tiene que ver con el instituto de la sentencia anticipada o de la audiencia especial.

Este principio de irretractabilidad está consagrado implícitamente en el numeral 4º del artículo 5º de la Ley 81 de 1993 (art. 37B, CPP), en la medida que limita el objeto de la apelación de la sentencia anticipada por parte del procesado y su defensor, a aspectos que tienen que ver exclusivamente con la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, los perjuicios, y la extinción del dominio sobre bienes.

Y si la ley considera que uno y otro no tienen interés para apelar el fallo en aspectos relacionados con la aceptación o el acuerdo, tampoco lo tendrán para impugnarlos en sede de casación, puesto que implicaría utilizar el recurso extraordinario para burlar la limitación anotada e introducir una retractación, como ya esta Sala, en referencia al original artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, lo había advertido (Auto de 16 de septiembre de 1993, M. P. Dr. Duque Ruiz).

Dígase, finalmente, que la aceptación de cargos se hizo por el delito de hurto calificado agravado y que en el mismo sentido se profirió la sentencia.

Se desecha el cargo.

Causal primera

Con el argumento de que su representado habría tenido derecho a la rebaja de pena y la libertad provisional, por reparación de perjuicios, de no haber sido porque los funcionarios que conocieron del caso omitieron recepcionar el testimonio del denunciante para que tasara su monto, conforme a lo solicitado por el procesado en la diligencia de aceptación de cargos, el actor denuncia violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 374 del Código Penal y 415.7 del estatuto procesal.

Al igual que en el cargo anterior, la defensa carece de interés para recurrir en casación este aspecto, en razón a que la atenuante alegada no hizo parte de la aceptación de cargos. Y si con posterioridad pretendía su reconocimiento, no tenía opción distinta de indemnizar al perjudicado antes de que se dictara sentencia de primera instancia, lo cual no hizo, pues aceptados los cargos, no hay lugar a práctica de pruebas. No en vano, el pluricitado artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 3º de la Ley 81 de 1993), autoriza un término probatorio de ocho días, entre la petición y la diligencia de aceptación de cargos, si el fiscal lo considera necesario.

De todas maneras, con o sin indemnización, el procesado no habría tenido derecho a los beneficios pretendidos, por cuanto solamente cumpliría el requisito referente a la reparación de los daños, pero no el de la restitución del objeto material del ilícito, el cual, como se recuerda, fue recuperado por las autoridades en un operativo cumplido cuatro días después de los hechos.

Cierto es que esta Sala, en la providencia que el casacionista parcialmente transcribe, precisó que cuando la restitución del objeto material no podía efectuarse, porque el ladrón no lograba apoderarse de la cosa, o porque era recuperada poco después de ejecutada la conducta típica, procedía el reconocimiento de la diminuente con el solo hecho de indemnizar los perjuicios, pero fue bien clara en señalar que esto solamente era posible si el responsable no había tenido tiempo de restituir la cosa, puesto que si razonablemente lo tuvo y no lo hizo, no era justo premiar su oportunismo, situación que sería predicable de Pardo Buitrago, quien estuvo en posesión del vehículo durante cuatro días, sin mostrar la menor intención de devolverlo.

Sobre este específico punto, la Sala se pronunció en los siguientes términos:

“Cuando la recuperación del objeto material del delito ha ocurrido después de pasado un tiempo razonable durante el cual pudo ser restituido (en la forma natural o por equivalencia), y no se hizo, tal actitud del responsable demuestra por sí sola que éste nunca tuvo voluntad de hacerlo, y por tanto no sería justo premiar su oportunismo, cuando sólo después de recuperado el bien ofrece indemnizar y aduce la imposibilidad de restitución, imposibilidad creada por él mismo, porque habiendo tenido la oportunidad de restituirlo y de indemnizar a la víctima, sólo decide hacerlo cuando ya la restitución se ha cumplido contra su voluntad. Esto no es más que un oportunismo que la ley ni fomenta ni premia” (Sentencia de nov. 21/88. M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz).

El cargo no prospera».

(Sentencia de casación, marzo 4 de 1996. Radicación 9714. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

________________________________________