Sentencia 9723 de diciembre 15 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALTA PERSONAL DEL AGENTE

EN ACTUACIONES AJENAS AL SERVICIO

EXTRACTOS: «La sentencia recurrida estima la Sala que debe revocarse en razón a que no se dió en el sub judice la falla del servicio señalada por el Tribunal como fuente generadora de la responsabilidad atribuida al municipio demandado.

A la anterior conclusión se arriba con fundamento en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de quien se desempeñaba como juez promiscuo municipal de Restrepo a manos del entonces alcalde de dicho municipio Gilberto Ossa Betancourth. De acuerdo con lo demostrado en este proceso, entiende la Sala que el 17 de junio de 1991, el señor Gilberto Ossa Betancourth —alcalde Restre-po—, y el doctor Diego Taborda Peláez —juez promiscuo de dicho municipio— se encontraban departiendo aproximadamente desde las cuatro de la tarde y decidieron irse hacia la cancha de tejo Los Guaduales, donde estuvieron consumiendo licor, hasta bien iniciada la noche, cuando de improviso el hoy occiso hizo unos disparos al aire con su propia arma, lo que llevó al alcalde Ossa Betancourth a realizar similar e imprudente acción con la pistola calibre 7.65, marca Astra, Nº R00564, de su propiedad, a consecuencia de la cual resultó mortalmente lesionado el doctor Taborda Peláez. El mismo funcionario municipal personalmente hizo entrega a las autoridades policivas del arma antes mencionada y manifestó que con ella había causado la muerte del entonces juez promiscuo municipal del aludido municipio vallecaucano.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al proceso se puede concluir, sin lugar a la menor duda, que ni la actividad que cumplía el señor juez promiscuo municipal fallecido, ni la que desarrollaba el alcalde municipal y las personas que los acompañaban, tenía carácter alguno oficial, relacionado con el servicio o se adelantaba como consecuencia del mismo, ya fuera de la administración de justicia o el inherente a la administración municipal. La gran verdad es que tanto la víctima, como su accidental agresor, se encontraban en actividades absolutamente personales y particulares, de diversión, ajenas, por lo mismo, a sus funciones oficiales, sin relación alguna con los deberes que a cada uno como autoridad les correspondía cumplir. Su ocupación en el momento de los hechos era la de dos personas que ocupando cargos oficiales se dedicaban a ingerir licor, a divertirse en la cancha de tejo referida, pero lo hacían, se repite, en forma absolutamente independiente de sus cargos y de sus ocupaciones. No se daba una diligencia judicial o administrativa que hubiera dado lugar a esa actividad de orden personal y social del juez y del alcalde. Cada uno de estos funcionarios se embriagó por propia cuenta, portaba armas de propiedad estrictamente personal, que dispararon porque el estado de alicoramiento que vivían a ello los condujo. Pero, en ningún momento podría afirmarse que esas irregulares conductas de estos funcionarios fueron consecuencias directas o indirectas del cumplimiento mediato o inmediato de los deberes legales que a cada uno le incumbían.

Estima la Sala que ni por la hora en que sucedieron los hechos, ni por el lugar donde se desarrollaron, ni por los motivos que los originaron, ni por el nexo instrumental causante del daño, puede atribuirse lo acontecido a una falla de la administración como lo pretende la parte actora y lo decidió el Tribunal en el fallo impugnado. Así lo considera la Sala toda vez que no obra prueba en el informativo acerca de que el señor Ossa Betancourth hubiera causado la muerte del doctor Taborda en labores inherentes al servicio que le correspondía prestar a la alcaldía municipal de Restrepo, menos aún que la muerte se hubiera causado con arma de dotación oficial, o por lo menos que el trágico hecho estuviera vinculado de alguna manera con el servicio oficial.

En anteriores oportunidades ha señalado la Sala las dificultades que resultan cuando se trata de deslindar el comportamiento del agente oficial, para poder determinar si actuó o no vinculado con el servicio o, si por el contrario, procedió a título exclusivamente personal, sin ligamen alguno con el servicio. Sin embargo, se considera que en el sub judice era tal la separación, el aislamiento, el distanciamiento entre las funciones correspondientes al alcalde y el comportamiento que desarrollaba a título estrictamente personal, en un establecimiento público de diversión, en horas ajenas a su horario ordinario de trabajo, a más de que el daño se ocasionó con una pistola de su propiedad, todo lo cual permite concluir que se configuró en este caso la falla o falta personal del agente, por cuanto su accionar estuvo totalmente desvinculado del servicio.

No comparte la Sala el criterio del Tribunal cuando en el fallo recurrido sostiene que el alcalde de Restrepo faltó a su deber de proteger la vida de los asociados al disparar al aire, “comprometiendo en esa forma la responsabilidad de la administración”. Ya se dijo que ese irregular comportamiento no le es imputable a la administración, sino que el mismo debe enfocarse y tratarse jurídicamente como lo que en verdad es, vale decir, una falla de orden personal del alcalde, susceptible si se quiere de ser evaluada por la jurisdicción ordinaria, mas no por la contenciosa administrativa, donde, se reitera, no se encuentra falla alguna imputable a la administración municipal. De otra parte, cabe precisar que no por el hecho de mantener una permanente investidura de su cargo, puede considerarse que el alcalde en todas sus actuaciones personales, individuales y particulares, extrañas a sus funciones oficiales, pueda comprometer la responsabilidad administrativa del municipio. Tan extrema y absurda interpretación serviría de fundamento para que abu-siva e ilegalmente se exigiera responsabilidad patrimonial del municipio por todo hecho particular del funcionario que lesione los intereses de los administrados, situación abiertamente contraria a la estructura doctrinaria y jurispru-dencial que orienta la responsabilidad administrativa en nuestro sistema jurisdiccional.

Así las cosas, ante la existencia de la falta personal del agente como causa exclusiva de la muerte del doctor Taborda Peláez, debe así mismo concluirse que el municipio de Restrepo queda exonerado de responsabilidad y, conse-cuencialmente, hay lugar a revocar la sentencia apelada, para en su lugar denegar las súplicas de la demanda».

(Sentencia de diciembre 15 de 1994. Expediente 9723. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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