Sentencia 9730-0351 de noviembre 29 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 9730-0351

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Antecedentes

1. Pretendió el demandante que se declarara que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - Caja Agraria, incumplió el contrato de seguro de maquinaria para contratistas y maquinaria en despoblado perfeccionado en la póliza 2 y sus anexos, “... por cuanto no canceló el valor del siniestro”, y que se le condenara a pagarle la suma por la cual se aseguró la máquina descrita en el anexo 2 de la referida póliza, con intereses moratorios.

2. Las pretensiones formuladas se sustentaron en los siguientes hechos:

2.1. El 22 de abril de 1994, Gildardo de Jesús García Robledo le compró a José Jesús Cadavid una máquina excavadora hidráulica sobre orugas, de las características que se indican, para cuya adquisición celebró un contrato de leasing financiero con la Compañía Leasing Colmena S.A., por virtud del cual se obligó a asegurarla contra unos riesgos específicos, compromiso que satisfizo mediante contrato de seguro concluido con la Compañía Suramericana de Seguros S.A., que finalizó en marzo de 1996.

2.2. Por conducto de Cass Administradora de Seguros y Servicios Ltda., el 22 de marzo de 1996 celebró con la demandada el negocio jurídico recogido en la póliza de seguro de maquinaria para contratistas y maquinaria en despoblado 2, con vigencia desde el 96-03-22, hasta el 97-03-22, por la cual se amparó otra máquina retroexcavadora del actor.

2.3. El mismo día la demandada expidió el anexo 1 de dicha póliza, con el fin de modificar su condición decimaquinta, en el sentido de tener “... por valor asegurado el valor comercial del bien afectado en el mercado de segundas de los EE. UU. de América”. Aunque dicho anexo no lleva firma alguna, fue expedido, aceptado y nunca se objetó por la demandada.

2.4. El 27 de marzo de 1996 se expidió el anexo 2 de la misma póliza, mediante el cual se hizo extensivo el amparo a otros dos bienes, entre ellos la máquina descrita en el hecho segundo del libelo, anexo que fue suscrito por Cass Ltda., representante de la demandada, y aceptado por esta. Prueba de ello es que el 2 de abril del mismo año expidió recibo de pago de la prima total de la póliza 2, que incluye la del anexo 2.

2.5. Por conducto del gerente técnico de Cass Ltda., el 1º de abril de 1996 el demandante le informó a la demandada que el 27 de marzo anterior se produjo el “hurto violento” de la máquina descrita en el referido hecho, en la vereda El Lembo (Risaralda) y presentó reclamación formal para el pago de la indemnización, adjuntando copia de la denuncia formulada ante el inspector de dicha localidad, y la cotización de una máquina de especificaciones similares a la que fue hurtada, solicitada por la Caja Agraria.

2.6. La citada entidad designó un investigador para que indagara por el paradero de la máquina y elaborara un informe del siniestro, gestión cuyos resultados ignora el actor.

2.7. Ampliados los hechos acaecidos, por petición de la aseguradora demandada, el demandante reclamó nuevamente el pago de la indemnización, el 3 de mayo de 1996, petición que reiteró el 3 de junio siguiente, tras aportar el original de algunos documentos que se le pidieron para continuar con el trámite de la reclamación.

2.8. Mediante comunicación 302 del 28 de junio de 1996, la Caja Agraria objetó extemporáneamente la reclamación, argumentando “... que el contrato de seguro es solemne y que por ello se requiere la firma del asegurador y que no estando el anexo 2 firmado por la Caja Agraria, no estaba la institución obligada al pago del siniestro, lo que hacía inexistente la póliza”.

2.9. El 3 de julio de la misma anualidad, la demandada expidió el anexo 3 para declarar sin valor el anexo 2, y ordenar la devolución del valor de la prima e impoventas, reembolso que se verificó con cheque que el demandante mantiene en su poder.

2.10. Cass Ltda. suscribió un contrato de servicios para representar en la ciudad de Medellín y otras ciudades a la Caja Agraria, con el fin de promocionar, ofrecer, vender y suscribir pólizas de seguro. Dicha entidad había autorizado, expresa y tácitamente a funcionarios de Cass Ltda. para efectuar tales gestiones en su nombre, como lo reconoció su representante legal en el interrogatorio de parte incorporado con la demanda.

2.11. Además del valor de la máquina asegurada, el demandante ha recibido otros perjuicios económicos que la Caja Agraria debe resarcir por haber obrado de mala fe en el desarrollo del contrato.

3. Admitida la demanda y notificada la demandada, oportunamente le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones deducidas en su contra, por carecer de sustento fáctico. En cuanto a los hechos, admitió unos, negó otros, y solicitó la prueba de los restantes. Propuso las excepciones que denominó “inexistencia del contrato de seguro” e “inexistencia de la obligación”, fundadas en que por ser solemne el contrato de seguro, solo nace a la vida jurídica cuando se expide la póliza, que debe ser suscrita por el asegurador, y como este requisito no se observó, el contrato invocado es inexistente, como también lo es, por consecuencia, la obligación de pagar la indemnización reclamada.

4. Surtido el trámite propio de la instancia, el a quo la definió con sentencia estimatoria, decisión que por vía de apelación confirmó el ad quem, con excepción de la condena impuesta a la compañía aseguradora a pagar intereses moratorios sobre el importe de la indemnización, resolución contra la cual se propuso el recurso de casación del cual se ocupa la Corte en esta oportunidad.

(...).

Consideraciones

1. Por virtud del contrato de seguro, el asegurador queda condicionalmente obligado al pago de la prestación asegurada, una vez se verifique el acontecimiento futuro e incierto previsto por los contratantes como siniestro.

Aunque la realización del siniestro actualiza, como se dijo, la obligación del asegurador, su exigibilidad solo se produce con la expiración del plazo de un mes que legalmente se le concede para atenderla —C.Co., art. 1080—, término que corre a partir del momento en que el asegurado, o el beneficiario, si es el caso, satisface la carga impuesta por el artículo 1077 de la citada obra, o sea, acreditar tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida sufrida por causa del suceso, si a ello hubiere lugar.

Ahora bien, las comprobaciones que corren por cuenta del asegurado o el beneficiario, según corresponda, para dar inicio al cómputo del término señalado, pueden verificarse, aun extrajudicialmente, pues así lo autoriza el artículo 1080 del mismo cuerpo normativo, acudiendo para tal efecto a medios adecuados de convicción, es decir, con fuerza suficiente para demostrar, como ya se dijo, tanto la ocurrencia del riesgo asegurado, como el monto del daño que por su causa ha reportado.

Satisfecha por el asegurado o el beneficiario la carga en comentario, el asegurador dispone de un plazo de un mes para ejecutar la prestación prometida. Si dicho término transcurre sin que se avenga al cumplimiento de ella, inmediatamente queda constituido en mora y obligado al pago, no solo de la prestación asegurada, sino de los intereses punitivos, a la tasa legalmente fijada, sobre el importe de aquella, o a la indemnización de los perjuicios causados por la mora en el pago de la misma, a elección de quien reclama, obligación con la cual se sanciona, siguiendo los principios que de manera general gobiernan el retardo en el cumplimiento de las obligaciones, su renuencia a la satisfacción del débito contractual.

2. El tribunal reconoció el derecho del asegurado a la indemnización reclamada, pero negó la condena al pago de los intereses moratorios solicitados, porque consideró que su derecho a dicha prestación “... tan solo aparece claro desde la sentencia”, conclusión que hizo derivar de las dubitaciones que a su juicio ofrecía la prueba de la época en la que se produjo el siniestro, surgidas de las indagaciones que adelantó la aseguradora demandada por conducto de investigadores particulares.

3. Vistas las piezas procesales y pruebas en las cuales se hace residir el yerro de valoración probatoria en el cual subyace la acusación, con el fin de verificar si reflejan una situación fáctica distinta de la registrada por el tribunal en la providencia impugnada, se constata:

3.1. En la demanda, luego de relatarse lo relacionado con la celebración del contrato de seguro de maquinaria para contratistas y maquinaria en despoblado contenido en la póliza 2, así como la ocurrencia del siniestro que se dice amparado por ella, se afirma —hechos decimoctavo y decimonoveno—, que mediante comunicación datada el 1º de abril de 1996, Gildardo García Robledo, por conducto del gerente técnico de Cass Ltda. informó a la Caja Agraria que el 27 de marzo de dicha anualidad se produjo el hurto violento de una de las máquinas aseguradas —la descrita en el hecho segundo—, en la vereda El Lembo, departamento de Risaralda, comunicación con la cual formalizó su reclamo para el pago de la indemnización a cargo de la aseguradora, adjuntando “... copia de la denuncia elevada ante el inspector de la localidad de El Lembo”, además de la cotización solicitada por la misma aseguradora, de una máquina de especificaciones semejantes a la asegurada y hurtada.

Se afirma también que tras requerir en diversas oportunidades a la aseguradora para el pago del siniestro, y acatar sus solicitudes de ampliar el relato inicial de los hechos y aportar documentación adicional (hechos vigésimo primero a vigésimo séptimo), “... mediante comunicación 302 de junio 28 de 1996, expedida por el señor Camilo Romero Moreno, en su calidad de representante legal de la Caja Agraria, esta entidad manifestó que objetaba la reclamación y declinaba el pago de la indemnización, basado en que el contrato de seguro es solemne y que por ello se requiere la firma del asegurador y que no estando el anexo 2 firmado por la Caja Agraria, no estaba la institución obligada al pago del siniestro, lo que hacía inexistente la póliza” (hecho trigésimo).

Tales afirmaciones, entre ellas, las que dan cuenta de que mediante comunicación que data del 1º de abril de 1996, a través del gerente de Cass Ltda., el demandante presentó reclamación formal para el pago de la indemnización, aportando copia de la denuncia formulada ante el inspector de El Lembo, por el hurto violento de la maquina de que trata este proceso, junto con la cotización de un equipo de especificaciones análogas, fueron aceptadas por la entidad demandada en su respuesta a dicho libelo, pues explícitamente admitió su veracidad, mostrándose conforme, además, con las comunicaciones allegadas al proceso. En el mismo escrito, la citada entidad propuso las excepciones de inexistencia del contrato de seguro y de la obligación a su cargo, sustentadas fundamentalmente en que el anexo 2 de la póliza aportada, mediante el cual se hizo extensivo el amparo al equipo hurtado, no fue firmado por su representante legal.

En la misiva fechada el 1º de abril de 1996 (fls. 34 y 35 cdno. 1), dirigida por Gildardo García Robledo a Héctor Cadavid Piza, gerente técnico de seguros Caja Agraria y suscrita por funcionario autorizado de Cass Administradora de Seguros y Servicios Ltda., aquel comunica a la aseguradora el hurto violento de la máquina excavadora descrita en el anexo 2 de la póliza 2 (maquinaria para contratistas y maquinaria en despoblado), acaecido el 28 de marzo de 1996 a las 9 p.m., y formalmente solicita el pago de la indemnización correspondiente. A ella dice acompañar “... copia de la constancia expedida por la corregiduría municipal de policía El Lembo, Santa Rosa de Cabal, que acredita que ante esa autoridad se llevó a cabo la denuncia del hurto mencionado, pues no fue posible que expidieran copia de la denuncia, ya que por tratarse de un hurto violento, la información allí consignada pertenece a la reserva del sumario de la investigación que allí se adelanta”. Igualmente afirma remitir la cotización solicitada por la aseguradora, de un equipo de caracteres análogos al hurtado, elaborada por Gecolsa, único distribuidor autorizado en Colombia de maquinaria Caterpillar.

En la constancia a la cual se alude en el citado documento, que data del 30 de marzo de 1996, el corregidor municipal de policía de El Lembo, Santa Rosa de Cabal, da fe sobre que ante ese despacho se presentó García Robledo con el fin de formular denuncia penal por el delito de hurto agravado del equipo antes referido, anotando que dicha denuncia se remitiría a la fiscalía, por ser de su competencia (fl. 90 cdno. 1).

Mediante la carta fechada el 2 de abril de 1996, Héctor Cadavid Piza, gerente técnico de seguros Caja Agraria informa a Francisco Guarín, funcionario de la misma entidad, el “... siniestro de que fue objeto nuestro asegurado el pasado 28 de marzo, cuando fue sustraída la excavadora hidráulica marca Caterpillar, modelo...”, y le expresa que para iniciar el trámite de la reclamación, le envía la carta mediante la cual el asegurado formalizó su reclamo, constancia de la denuncia y cotización de reposición del equipo (fl. 65 cdno. 1).

A la comunicación remitida por Jorge Hernán Obando Bedoya, gerente sucursal de La Montaña de Cass Administradora de Seguros y Servicios Ltda., a la Dirección General de Seguros Caja Agraria en la ciudad de Bogotá, a propósito del siniestro amparado con la póliza 2 - maquinaria en despoblado, se dice adjuntar, además de la póliza y sus anexos, en el último de los cuales se ampara la máquina hurtada, y otra serie de documentos, la cotización de la misma, efectuada por Gecolsa, importadora del equipo, así como la denuncia penal por el hurto (fl. 67 cdno. 1).

En la carta de 17 de mayo de 1996, dirigida a Luis Poveda Alba, jefe de la división de indemnizaciones de seguros Caja Agraria, el abogado Luis Fernando Ramos C., quien actuó en nombre del asegurado en el trámite de la reclamación, manifiesta aportar la documentación requerida por la aseguradora en comunicación del 10 de mayo anterior, de la cual se destaca, por cuanto viene al caso, la copia auténtica de la constancia expedida por el corregidor municipal de policía de El Lembo, la copia de la constancia expedida por la secretaría de la unidad seccional de fiscalía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y el original de la cotización del equipo, efectuado por Gecolsa (fls. 44 y 45 cdno. 1).

En la constancia emitida por la secretaría de la unidad seccional de fiscalía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), el 14 de mayo de 1996, que se dijo adosar a la misiva anterior, se expresa que la Fiscalía 30 de la unidad seccional de fiscalía delegada de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, adelanta diligencias preliminares, por el delito de hurto calificado, en las que obra como ofendido y denunciante Gildardo de Jesús García Robledo, “... quien manifiesta que el día 28 de marzo del año en curso, en el sector de la trituradora “Las Peñas”, de esta jurisdicción, fue interceptado el celador del lugar de nombre John Jairo Zapata Arango, por varios individuos, que se encontraban armados y le hurtaron una retroexcavadora de las siguientes características: marca Caterpillar, modelo E-200B, arrglo 7x5082, equipada con motor diesel CAT 3116T...” (fl. 88).

Por último, mediante la comunicación fechada el 28 de junio de 1996, dirigida por Camilo Romero Moreno, representante legal de Seguros Caja Agraria, al demandante, dicha entidad objeta la reclamación presentada por este, sosteniendo, en esencia, que por cuanto “... el contrato de seguro es solemne”, pues “... para su existencia y prueba se requiere la expedición del documento denominado póliza y la firma de dicho documento por parte del asegurador”, si “... la Caja Agraria, por intermedio de su representante legal debidamente facultado para el efecto y obrando dentro de los límites de sus atribuciones, no firmó el anexo 2 debe entenderse que no está la institución obligada al pago del siniestro”.

Las precedentes piezas procesales y probatorias reflejan, como lo expone la censura, que el asegurado satisfizo extrajudicialmente la carga impuesta por el artículo 1077 del Código de Comercio, pues durante el trámite de la reclamación presentada a la aseguradora, con el objeto de obtener el pago del siniestro que afectó la póliza de seguro de maquinaria para contratistas y maquinaria en despoblado 2, presentó las pruebas que acreditan los extremos indicados en el precepto señalado, a saber: copia auténtica de la constancia expedida por el corregidor municipal de policía de El Lembo, sobre la denuncia formulada por el hurto violento de la retroexcavadora materia de la reclamación, y la ampliación de dicha constancia, con la mención de la fecha de ocurrencia de tal suceso, expedida a instancias de la aseguradora, que fue presentada por el asegurado con la carta fechada el 17 de mayo de 1996; copia de la constancia expedida por la secretaría de la unidad seccional de fiscalía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) sobre la iniciación de diligencias preliminares con base en la referida denuncia y el funcionario a cargo de ellas, así como la cotización de una máquina de caracteres semejantes a la hurtada, elaborada, según se dijo, por el único distribuidor autorizado en Colombia de máquinas Caterpillar, documentos con los cuales quedó debidamente comprobado, como se dijo, tanto la ocurrencia del siniestro, como el importe del daño sufrido por el asegurado.

Las mismas piezas revelan que la demostración de tales circunstancias no fue protestada por la demandada, pues durante el trámite de la reclamación se limitó a solicitar información y documentación suplementaria, como la ampliación del relato de los hechos, la comprobación, con la respectiva denuncia, de la fecha y hora de su ocurrencia, original de la cotización del equipo, etc., y al objetarla no alegó ningún motivo atañedero a la insuficiencia o falsedad de los elementos probatorios aducidos con tal propósito, como tampoco de los que se aportaron para acatar sus requerimientos, pues, como quedó clarificado, sus reparos se centraron en la inexistencia del contrato invocado y de la obligación reclamada, posición que mantuvo en el decurso del proceso, dentro del cual, como también se registró, aceptó la afirmación del demandante de haber presentado, dentro de la tramitación de aquella, la documentación necesaria para satisfacer la obligación en comentario, basando sus argumentos defensivos en los mismos planteamientos que apoyaron la objeción a la reclamación, sin refutar, de ningún modo, el cabal cumplimiento, por parte del asegurado, de la obligación impuesta por el artículo 1077 del Código de Comercio, de acreditar su derecho a la indemnización reclamada.

Síguese entonces que el tribunal incurrió en el yerro de apreciación probatoria que se le imputa, cuando concluyó que “... el beneficiario tan solo ha acreditado su derecho en el decurso de este proceso” y que “... el derecho al pago del siniestro tan solo aparece claro desde la sentencia”, pues las pruebas en las cuales se hizo residir su equívoco, de las cuales hizo tabla rasa, demuestran sin ambages que, el asegurado-beneficiario, extrajudicialmente demostró ante el asegurador, tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida que de él deriva, como se lo impone el artículo 1077 de la citada obra, con la venia de la compañía aseguradora, puesto que ninguna dubitación expresó, particularmente en cuanto a la fecha del primero, sobre la cual se limitó a exigir la prueba respectiva, sin rechazar la que se adujo para el efecto, entidad que, se itera, durante el trámite de la reclamación no manifestó ningún reparo sobre el particular, como tampoco propuso, en el curso del proceso, argumento defensivo que se fundase en ello, desatino que además de ser manifiesto, trascendió a la parte resolutiva de la decisión, porque por razón de él, el sentenciador desestimó la pretensión elevada por el actor, de condenar a la compañía aseguradora demandada, al pago de los intereses contemplados por el artículo 1080 ejusdem, sobre el importe de la obligación a su cargo, por el incumplimiento de sus compromisos contractuales, quebrantando indirectamente, por falta de aplicación, el texto legal que le impone la sanción en cuestión.

Por consiguiente, el cargo resulta próspero y conduce a la casación del fallo, correspondiendo a la Corte proferir, en sede de instancia, el que ha de reemplazarlo.

Sentencia sustitutiva

1. Como la sentencia del tribunal se infirmó por la prosperidad del recurso, que exclusivamente se dirigió a combatir la negativa del fallador a condenar a la compañía aseguradora al pago de intereses de mora, por la infracción de sus compromisos contractuales, las restantes motivaciones del citado fallo se mantienen incólumes y se dan por reproducidas en este.

2. De acuerdo con las consideraciones efectuadas al resolver el cargo propuesto, como el asegurado demostró extrajudicialmente ante el asegurador, tanto el acaecimiento del siniestro, como la cuantía de la pérdida sufrida a consecuencia de él, conforme se lo impone el artículo 1077 del Código de Comercio, sin que el asegurador se aviniese al pago de la indemnización pactada, dentro del término concedido por el artículo 1080 ibídem, debe cubrir los intereses punitivos a la tasa prevista en dicho precepto, desde el mes siguiente a aquel en que se le suministró la información y documentación requerida para dar por satisfecha la obligación en cuestión, como lo dispuso el a quo, razón por la cual su decisión en el punto debe recibir confirmación.

Para la actualización de la referida condena, hasta la fecha del pago, debe tenerse en cuenta que la tasa de interés moratorio fijada en el artículo 1080 del Código de Comercio, fue modificada por el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que entró a regir el 4 de agosto de 1999 y por tal razón, como el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada se ha venido prolongando durante su vigencia, tal variación debe tenerse en cuenta para el respectivo cálculo, pues si bien es cierto el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prescribe que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, también lo es que de tal previsión se exceptúan, por mandato del mismo precepto —num. 2º—, entre otras, las leyes que “... señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado”, por manera que, la violación contractual perpetrada durante la vigencia de la normatividad últimamente mencionada, debe sancionarse con arreglo a lo dispuesto en ella, por resultar de aplicación inmediata.

Por tal razón, los intereses de mora a cargo de la demandada por la falta de pago oportuno de la prestación reclamada, calculados en el fallo apelado hasta el mes de febrero de 1999, se liquidarán desde tal época y hasta el 3 de agosto del mismo año, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 510, a la tasa fijada por el artículo 1080 del Código de Comercio, en el tenor introducido por el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, y desde el 4 de agosto del citado año, hasta que se produzca el pago de la obligación, a la tasa del interés certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria, aumentado en la mitad, como lo ordena el artículo 111, parágrafo, de la precitada Ley 510 de 1999.

3. Por lo anterior, el fallo apelado se confirmará, adicionándolo con la precedente puntualización.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 19 de enero de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, hoy en liquidación, en cuanto era objeto del recurso y actuando en sede de instancia,

RESUELVE:

1. “... SE CONFIRMA la sentencia apelada cuyas fecha y procedencia se indicaron en la motivación”.

2. Adiciónase dicho pronunciamiento en el sentido de ordenar que los intereses moratorios a cuyo pago fue condenada la aseguradora demandada, se liquiden a la tasa prevista por el artículo 1080 del Código de Comercio, en el texto introducido por el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, desde la fecha hasta la cual se calcularon en el fallo apelado, hasta el 3 de agosto de 1999, y desde el 4 de agosto siguiente, hasta que se produzca el pago, a la tasa prescrita por el parágrafo del artículo 111 de la Ley 511 de 1999.

3. Condénase al apelante al pago de las costas del recurso.

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

5. En oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

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