Sentencia de homologación 9735 de febrero 26 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

NEGOCIACIÓN COLECTIVA:

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO; DENUNCIA PATRONAL DE CONVENCIONES COLECTIVAS; E IGUALDAD DE LAS GARANTÍAS LABORALES ENTRE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS.

EXTRACTOS: «Por haber sido uno de los antecedentes de la convocatoria del tribunal de arbitramento obligatorio, la negativa de Interconexión Eléctrica S.A. ESP, de negociar el pliego de peticiones que le presentó Sintraisa —conjuntamente con el sindicato de trabajadores de ella—, con otro sindicato de base de otra empresa (Sintraisagen), perteneciente al mismo sector eléctrico, es menester hacer previamente las siguientes precisiones:

La negociación por rama industrial es una aspiración del derecho colectivo del trabajo moderno. Ella se encuentra contemplada desde hace varios años en diferentes países, principalmente europeos, en los que la afinidad de la respectiva industria, la necesidad de uniformar las condiciones de trabajo y los costos laborales, los inconvenientes que produce el desgaste de innumerables convenios colectivos de empresa que suelen generar desigualdades e inequidades, son factores que, entre otros, en muchas ocasiones hacen desaconsejable el modelo de contratación colectiva de empresa como única alternativa en este tipo de conflictos.

Mas en Colombia, si bien con la expedición de la Ley 50 de 1990 se dio un paso importante enderezado al fortalecimiento del sindicalismo de industria, la verdad es que no se ha implantado aún un sistema que legalmente obligue a los empresarios a la negociación conjunta y simultánea de pliegos de peticiones presentados por sindicatos de empresa de diferentes unidades de explotación económica para ser discutidos coetáneamente con cada uno de los respectivos patronos del sector industrial correspondiente.

Sin embargo, si bien en la práctica muy ocasionalmente ha sido posible esa forma de negociación, gracias al realismo que puede darse en este tipo de antagonismos y la buena voluntad de las partes involucradas de imprimirle validez, para lograr un ambiente de paz laboral y resolver prontamente los conflictos, no se puede perder de vista que frente a la ley, unilateralmente ninguna de ellas puede imponer prácticas o mecanismos distintos a los previstos en el ordenamiento legal para la solución de los conflictos de esa naturaleza, y en los casos en que ello ocurra es deber ineludible la intervención oportuna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para intentar un acercamiento entre las partes, pero si éste no fuere posible, asegurar en todo caso el cabal cumplimiento de la ley.

Para el caso particular, en el que las partes no se condujeron en la solución al conflicto por la vía estricta de la autocomposición, por estar a la espera de una negociación conjunta con dos empresas y dos organizaciones sindicales del sector, brilla por su ausencia la intervención oportuna y eficaz de la oficina regional de Antioquia del Ministerio de Trabajo, no obstante las solicitudes de ambas partes, lo que contribuyó a impedir las conversaciones directas sobre los puntos específicos del diferendo.

Es cierto que el artículo 55 de la Constitución Política respalda la negociación colectiva, y siempre que se presente un conflicto colectivo de trabajo que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, la ley —artículos 432 a 436 del Código Sustantivo del Trabajo— erige el arreglo directo como una etapa necesaria y le fija un término dentro del cual las partes deben adelantar conversaciones conducentes a un avenimiento; que los acuerdos que se produzcan son definitivos y deben quedar plasmados en actas a medida que avancen las conversaciones —artículo 2º ley 39 de 1985—; y que en tratándose de servicios públicos, concluida la etapa de arreglo directo, procede la convocatoria de un tribunal de arbitramento obligatorio por parte del Ministerio de Trabajo —artículos 34 del decreto 2351 de 1965 y 61 de la ley 50 de 1990—.

De ese contexto normativo surge como derrotero para las partes intentar arreglar “su” conflicto primeramente por ellas mismas, mediante el mecanismo de la autocomposición, que se manifiesta en “...el libérrimo juego de propuestas y contrapropuestas, fórmulas y réplicas, propias de una discusión racional y creadora...” (sentencia de 25 de junio de 1992), conducentes al avenimiento total. Pero ocurre que en la práctica, en ocasiones, esa sana aspiración legislativa y la buena voluntad de obedecerla puede verse frustrada por acciones u omisiones de una de ellas o de ambas que, prevalidas de un ficticio sustento legal, se abstengan de reunirse con su interlocutor laboral y de adelantar las conversaciones, impidiendo de esta forma el normal discurrir de la etapa de arreglo directo. Naturalmente que dentro de un estado social de derecho estas situaciones no pueden cohonestarse, por lo que reclaman la acción inmediata de las autoridades administrativas competentes, de oficio o a petición de parte, para evitarlas, de tal modo que la negativa de una parte a negociar no puede servir de pretexto para posteriormente, y en forma extemporánea, alegar la inexistencia de la etapa de arreglo directo e impetrar la nulidad del laudo arbitral, en el evento de que éste le haya sido desfavorable total o parcialmente.

Del derecho que les asiste a empresas y sindicatos a la negociación colectiva previa al tribunal de arbitramento no se puede abusar; las partes deben ejercerlo dentro de un límite temporal prudencial, pues es deseo tanto de la comunidad laboral como de la sociedad entera la pronta solución de los conflictos del trabajo, de manera que esa negociación directa no puede extenderse indefinidamente contra la voluntad de uno de los antagonistas, como mecanismo para enervar la acción de los arbitradores o para volver insolubles los conflictos del trabajo.

Con arreglo al artículo 55 de la Carta fundamental es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Consecuentemente con dicha obligación estatal, la parte afectada con la obstinación indebida de la otra que impide el cabal adelantamiento del arreglo directo está facultada para impetrar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que tutelan el derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, tal derecho, para que sea procedente y eficaz, no puede ser ejercitado en cualquier tiempo, ni ante cualquier autoridad, pues dada su naturaleza, los elevados intereses sociales involucrados, la seguridad jurídica, la buena fe y la necesidad de una pronta solución, antes que se haya instalado el tribunal de arbitramento “obligatorio” —que tiene como obligación dirimirlo—, estos asuntos deben ventilarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, autoridad legalmente competente tanto para avenir a las partes como para conminarlas para que cumplan los trámites del arreglo directo, dentro de las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de normas que lo facultan incluso para aplicar las sanciones pertinentes (D. 2145/92). La tramitación que se surte ante dicha dependencia administrativa, debe seguir los procedimientos estatuidos para la vía gubernativa.

Por manera que no es el recurso de homologación de laudos arbitrales, el instrumento ni la oportunidad, ni la Corte Suprema de Justicia la autoridad encargada de conocer por primera vez de estos asuntos si la parte que se considera agraviada por la convocatoria del tribunal antes de haberse surtido legalmente la etapa de arreglo directo, deliberadamente o por omisión, no lo planteó previa y oportunamente ante el Ministerio de Trabajo, y con mayor razón —como ocurre en el caso bajo examen— ni siquiera recurrió el acto administrativo proferido por ese despacho que convocó dicho tribunal, ya que esa decisión gubernamental, al quedar ejecutoriada, goza de presunción de legalidad que la Corte no puede contrariar en sede de homologación, pues esta tiene por objeto confrontar la regularidad del laudo arbitral y evitar los desbordamientos de las decisiones de los árbitros que lesionen derechos de las partes reconocidos por la Constitución Política, la ley y las convenciones colectivas de trabajo vigentes.

En esas condiciones, la Sala reitera lo expresado en sentencias de homologación del 3 de mayo de 1995 y del 25 de junio de 1996, Rad. 9033. En esta última expresó lo siguiente:

“Tampoco puede pasarse por alto que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mediante acto administrativo en firme, resolvió ya lo referente a la naturaleza del conflicto y a su competencia para convocar un tribunal de arbitramento obligatorio en razón de las características del mismo. Como lo recuerda el sindicato, para la Corte la competencia de los arbitradores no incluye la facultad de revisar la legalidad del “decreto de convocatoria” del tribunal; control de legalidad que tampoco se tiene en sede de homologación por el tribunal que conoce del recurso”.

Pero además, es tan improcedente en este específico caso la nulidad total fundada en la inexistencia del arreglo directo, que el propio gerente general y representante legal de Interconexión Eléctrica S.A. ESP, ISA, dirigió una comunicación el 14 de mayo de 1996 al Ministro del Trabajo y Seguridad Social con el fin de que se “sirva ordenar la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio, que dirima las diferencias surgidas en la negociación del pliego de peticiones presentado por el sindicato y la denuncia de convención colectiva hecha por la empresa dentro del término legal, ya que la etapa de arreglo directo finalizó el pasado 29 de abril de 1996, sin que se llegare a ningún acuerdo...” (fl. 111) y sostuvo que todo se debió a la ausencia del sindicato en la mesa de negociación.

Por tanto, si se llegó a la heterocomposición fue precisamente porque la empresa solicitó expresamente la convocatoria del tribunal, y posteriormente no recurrió la Resolución 1668 del 14 de junio de 1996 por medio de la cual el ministerio atendió su petición, decisión que fue ratificada mediante la Resolución 20082 del 23 de julio de 1996, respecto de la cual también guardó silencio el empresario. En consecuencia, se contrariaría el principio rector de la buena fe que gobierna la negociación colectiva, si se permitiera que una vez conocido el resultado del laudo se retrotrajera la actuación a su etapa inicial.

En consecuencia se deniega la nulidad total del laudo arbitral deprecada por la empresa».

EXTRACTOS: «El recurso va encaminado a que se devuelva al tribunal para que falle lo relacionado con la denuncia patronal en lo atinente a las pensiones de jubilación.

En síntesis, el impugnante señala que el tribunal sí tiene competencia para conocer de esa petición porque se lo permite el artículo 48 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, pues no obstante la anulación de que fue objeto en el Consejo de Estado, ella fue parcial, restringida únicamente a la frase “..aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes”, que en nada alteró el sentido original y claro de la norma de acuerdo con la cual el tribunal de arbitramento, en este caso, tenía asignada expresamente la función de dirimir diferencias en relación con el tema de las pensiones.

Por último, advierte que es plenamente aplicable al caso, lo expuesto y decidido por ésta en las sentencias de homologación del 4 de diciembre de 1995 y del 8 de julio de 1996.

Se considera

Para decidir sobre la petición de la empresa en relación con el punto de la denuncia de la convención colectiva de trabajo en lo atinente a pensiones de jubilación, debe la Corte remitirse a lo ya expresado en sentencia de homologación del 8 de julio de 1996 donde luego de hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Corte sobre la denuncia de convenciones y facultades de los árbitros, definió el alcance del artículo 48 del Decreto 692 de 1994, en los siguientes términos:

“II. Situación distinta y especial es la que surge del nuevo ordenamiento legal y constitucional de la seguridad social.

En efecto, el artículo 55 de la Carta Política de 1991 garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale el legislador. A su turno, el canon 48 ibídem concibe la seguridad social como un servicio público obligatorio con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

En desarrollo de esos postulados la Ley 100 de 1993, para garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social, concibió el “sistema de seguridad social integral” como un servicio público obligatorio y esencial en lo atinente al sistema de salud y reconocimiento y pago de las pensiones.

Por manera que dado el carácter de orden público de estas disposiciones, fuera de las excepciones previstas por el propio legislador, los destinatarios del nuevo sistema integral de seguridad social, unilateralmente o por convenio entre ellos, no pueden sustraerse de la aplicabilidad general de las normaciones que conforman la estructura o lineamientos básicos del mismo, sin perjuicio de los regímenes complementarios de beneficios que establezcan o acuerden.

No concibió ni cohonestó, entonces, el legislador un régimen anárquico o contradictorio de beneficios, por lo que no es dable sostener que exista un divorcio entre la negociación colectiva y la seguridad social. Ninguna de las dos excluye a la otra porque dados sus cometidos les incumbe actuar de manera armónica y complementaria.

Constituyen un cabal desarrollo de ese designio los artículos 11 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el 48 del Decreto 692 de 1994. Este último establece:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.

Viene de lo dicho que si bien no es dable desconocer las situaciones individuales concretas consolidadas en favor de los beneficiarios de los diversos regímenes, porque constituyen derechos adquiridos, es menester la adecuada articulación del sistema convencional con el contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan. Así surge del artículo 283 precitado —que mientras esté vigente debe aplicarse— y así lo ha expresado esta sala al considerar:

“Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en forma total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 del reglamentario 692 de 1994, textos que recuerdan la facultad, que tienen las partes interesadas, de denunciar los convenios colectivos y someter el punto al arbitramento, incluso por iniciativa de una sola de ellas.

“Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable pueda afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral” (Rad. 7964. Sent. dic. 4/95).

En el caso bajo examen, en el escrito de denuncia de la convención colectiva de trabajo vigente, presentado por el empleador al sindicato de sus trabajadores el 3 de noviembre de 1995, uno de los puntos allí contemplados fue el relativo a los “servicios de salud”, respecto del cual manifestó: “Aspira la empresa a revisar esta normatividad, pues los postulados de la Ley 100 de 1993 indican la obligatoriedad de su cumplimiento y la vigencia del sistema; respetando las prestaciones pactadas anteriormente pero exceptuando las cotizaciones de ley”.

Así las cosas, no podía el tribunal negarse a estimar el punto cualquiera fuera su decisión, en virtud de que la normativa vigente lo obligaba a “armonizar” las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales que se encontraban denunciados por una de las partes con aquellas que sobre la materia contempla la Ley 100 de 1993, con arreglo, desde luego, a los principios y garantías allí previstos.

Como se puede apreciar, se trata de una “potestad” que el legislador confiere a los árbitros para efectos de articular en cada caso concreto un régimen de aplicación de la norma básica de seguridad social que garantiza el sistema, con la contratación colectiva, pero siempre con criterio armónico, sin perjuicio de ser mejorado por esta última ya que el mismo sistema de seguridad social es permeable a ser superado mediante planes complementarios de tipo asistencial o económico (arts. 83, 14 del D.R. 1485/94, 94 del D. 1485/86, entre otros). De suerte que la ley de seguridad social antes que limitar la negociación colectiva innovó y amplió su contenido y alcances.

En esas condiciones, como los árbitros no cumplieron la función legal antes señalada, en relación con ese aspecto concreto y particular de la denuncia de la convención colectiva de trabajo por parte del empleador sobre los temas de salud, la sala dispone devolverles el laudo para los fines señalados en las disposiciones transcritas de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios”.

Es verdad que mediante sentencia del 31 de julio de 1996 el Consejo de Estado anuló la expresión “...aun cuando la denuncia sólo hubiese sido presentada por una de las partes...”, contenida en el texto del precitado artículo 48 del decreto 692 de 1994, y si bien ello dio base para que en alguna ocasión no se dispusiera por esta sala la devolución del laudo al tribunal de arbitramento respectivo, observa la Corte, en primer término, que el estudio detenido del texto completo de la sentencia que declaró la nulidad del precepto referido, sólo fue parcial, y en segundo lugar, el máximo organismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que la profirió, se encargó de precisar su alcance al expresar:

Debe agregar la sala que la norma dentro de la cual está la frase cuestionada conserva su integridad con la supresión de la misma, y antes bien, liberada de esa ambigüedad corresponde fielmente a lo que la Ley 100 de 1993 previó sobre el particular, y naturalmente, a lo que las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo consagran en cuanto a la denuncia de los convenios colectivos, el pliego de peticiones, y los efectos de esos instrumentos laborales” (subraya la Corte).

De tal modo que continúa incólume lo manifestado por la Corte en la prenombrada sentencia del 8 de julio de 1996 porque después de la anulación parcial de la norma acusada, ésta conservó su esencia y está en consonancia perfecta con el artículo 11 de la ley reglamentada, de forma que con las excepciones señaladas en el artículo 279 de la misma, el sistema general de pensiones instituido en dicha ley, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, “conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones anteriores” para quienes al momento de entrar a regir la Ley 100 hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados, lo que comporta el respeto por los derechos adquiridos, lo que de ninguna manera se opone, como lo pregona el mismo texto, al Derecho de denuncia que asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias...” entre ellas.

Y como se vio atrás, cabal desarrollo de la disposición transcrita es el texto definitivo del precepto reglamentario, pues después del fallo de nulidad parcial, quedó así:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.

Por lo expuesto, no cabe dada de la competencia que tienen los árbitros para resolver ese punto específico de la denuncia, atinente a las pensiones de jubilación, sin ningún otro requisito o aditamento, pues en estos casos la propia ley se encarga de asignarle unos efectos específicos y nítidos, por lo que los tribunales de arbitramento no pueden excusarse de cumplirlos, razón por la cual se ordenará la devolución del expediente a los árbitros para que se pronuncien al respecto».

EXTRACTOS: «Tanto las convenciones como los pactos colectivos de trabajo cuentan con respaldo en el ordenamiento positivo colombiano. Si bien ambos tienen similares mecanismos de estructuración e iguales efectos, cada uno de ellos posee su propia identidad que, por estar protegida legalmente, no es dable, so pretexto de un igualitarismo mal concebido, pretender que las cláusulas de unos y otros convenios sean idénticas, o que los derechos conquistados por los trabajadores vinculados a una normatividad se apliquen automáticamente y por vía general a los alcanzados por los sujetos a otra, como consecuencia de una decisión arbitral.

Naturalmente, los pactos colectivos, para que tengan validez, deben quedar sometidos a las restricciones contempladas en los artículos 69 y 70 de la Ley 50 de 1990 y dada su connotación constitucional y legal, en conjunto, no pueden ser más favorables que las convenciones colectivas.

Entre tales restricciones legales, vale la pena resaltar la prohibición que tiene el empleador de celebrar un pacto colectivo con trabajadores no sindicalizados o prorrogar los que tiene vigentes, cuando exista un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores al servicio de la empresa, prescripción que a su vez le da la posibilidad al empresario de llevar adelante la celebración del pacto colectivo en la hipótesis contraria, cuando el sindicato de trabajadores tiene como afiliados solamente menos de esa porción de trabajadores, sin perjuicio, desde luego, de que este sindicato pueda presentar pliego de peticiones, conducentes a la firma de una convención o en todo caso a la solución pacífica y jurídica del conflicto (D.R. 1469/78, art. 61).

Así mismo, el empleador debe tener presente que con el pacto colectivo no puede alterar la aplicación del principio a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condición deficiencia también iguales, debe corresponder el mismo salario (D.R. 1469/78, art. 61, par. 2º). Mas este asunto es propio de un cotejo de carácter individual y no de una previsión arbitral que obligue a las partes a insertar el contexto normativo del pacto en la convención.

En esas condiciones no pueden los árbitros disponer, por vía del laudo arbitral, que se les reconozca a los trabajadores sindicalizados “cualquier garantía social, económica y normativa que supere lo suscrito convencionalmente y que reconozca a otros trabajadores no sindicalizados”, porque, además, ello conduciría a reconocer al sindicato una capacidad especial de negociación en un escenario en el que no se le confiere legalmente. Lo anterior sin perjuicio de que el empleador, voluntariamente o por acuerdo con el sindicato, disponga de su derecho y extienda las mismas garantías a los trabajadores sindicalizados (ver sentencia de casación de Alejandro Ángel Bravo vs Centro Social de Neiva, 29 de noviembre de 1994).

De otra parte, agrega la Corte Suprema que la Constitución Política no prohibe —por el contrario, permite—, dar un tratamiento diverso a situaciones distintas, y es ese el sentido del artículo 61 del D.R. 1469 al desarrollar las leyes 26 y 27 de 1976, relativas a la libertad sindical, al derecho de asociación y de negociación colectiva y que hasta el momento no han sido proscritas del ordenamiento jurídico vigente.

Una de las razones de la existencia del pacto colectivo como modalidad de negociación a la cual acuden los trabajadores no sindicalizados, se funda en que el derecho de asociación, como desarrollo de la libertad de asociación, también puede ejercerse en sentido negativo, como lo ha expresado en varias oportunidades esta corporación.

No obstante, debe hacerse énfasis en que la fuerza vinculante del pacto colectivo no puede ser utilizada por el empleador para menospreciar a los trabajadores que desempeñan labores en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales y que opten por sindicalizarse, hasta el punto de crear una forma odiosa de discriminación tendiente a impedir la libertad de asociación en sentido positivo.

Por lo expuesto, le asiste razón a la recurrente cuando señala que los árbitros se excedieron en sus facultades al emplear en sentido general el concepto de igualdad, porque es preciso puntualizar cuáles son las cláusulas del pacto colectivo que establecen discriminaciones respecto de los trabajadores sindicalizados y por supuesto, que si se llegare a infringir el principio institucional según el cual a trabajo igual, salario igual, quien tiene que ocuparse de esa controversia particular es la jurisdicción que conoce de los conflictos jurídicos y no, por vía de la abstracción, un tribunal previsto para resolver conflictos económicos, a riesgo, eso si, de generar desigualdades y círculos viciosos insolubles, porque con el mismo pretexto del derecho a la igualdad posteriormente serán los trabajadores no sindicalizados quienes aspiren a iguales condiciones que las pactadas en la convención colectiva para los sindicalizados.

No sobra recordar lo dicho sobre el particular en sentencia de homologación del 21 de enero de 1996 en relación con el laudo arbitral proferido para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre Isagen ESP y trabajadores no sindicalizados al servicio de la misma (rad. 9597):

“De otra parte, observa la Sala que en tratándose de la contratación colectiva en materia laboral, la igualdad no comporta identidad aritmética individualmente considerada. Para determinar la posible infracción a este principio constitucional frente a dos normaciones colectivas, igualmente válidas y simultáneamente vigentes —pacto y convención colectiva—, no basta con el cotejo simplista de cada derecho específico, sino que es menester el examen de conjunto de las prerrogativas otorgadas. Ni la Constitución ni la ley prohiben que un derecho consagrado en una convención colectiva de trabajo sea más favorable o distinto del establecido en un pacto colectivo. Los dos institutos, si bien están sujetos a una regulación legal similar en cuanto a sus efectos, sendas normaciones tienen su identidad propia. Además, si los beneficios de ambos acuerdos colectivos tuvieran que ser iguales, sobraría una de las dos figuras en la legislación colombiana.

Tanto la negociación colectiva de los trabajadores sindicalizados como de los no sindicalizados tiene prohijamiento constitucional y legal. Y mientras subsistan las disposiciones que dan sustento a las convenciones y a los pactos colectivos no pueden los juzgadores mediante la simple invocación de la igualdad de un derecho individualizado desconocer la autonomía de la contratación colectiva. Cuestión diferente sería si por otras razones, al mantener una cláusula ineficaz los árbitros desconocieran derechos de las partes, desbordando sus facultades, evento en el cual podría obtenerse su anulación mediante el recurso de homologación. Mas tal hipótesis no se configura en el caso presente en el que no puede la Corte resolver un conflicto jurídico sobre un derecho preexistente a la igualdad entre una cláusula de una convención con la de un pacto colectivo, porque si así fuera, tal planteamiento del recurso sería impropio en un recurso de homologación de un conflicto de intereses”.

Por todo lo anterior procede la anulación de la cláusula impugnada»(*)

(Sentencia de homologación, febrero 26 de 1997. Radicación 9735. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

(*) La cláusula anulada tenía el siguiente contenido: “Para lograr la eficacia y respeto a los derechos de igualdad, asociación y sindicalización, la empresa reconocerá a sus trabajadores sindicalizados cualquier garantía social, económica y normativa que supere lo suscrito convencionalmente, y que reconozca a otros trabajadores no sindicalizados” (N. del D.).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Se afecta el derecho a la igualdad, cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, diferentes a las previstas para los trabajadores sindicalizados, y las circunstancias fácticas no justifican desde el punto de vista de su diferencia, racional, razonabilidad y finalidad de un tratamiento distinto. Así mismo se viola el derecho a la asociación sindical porque las aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato, con el resultado de que un sindicato antes mayoritario puede tomarse en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso conducirlo a su desaparición.

En este orden de ideas, es posible arribar a la conclusión de que si tanto pactos colectivos como convenciones colectivas deben regular objetivamente las relaciones de trabajo de la empresa, que obliguen tanto a trabajadores no sindicalizados como a sindicalizados, las condiciones o prescripciones de unos y otras deben ser iguales con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, porque éste se quebranta cuando frente a unas mismas situaciones de hecho objetivas en materia de relaciones de trabajo, se otorga un trato diferenciado que no tiene, como se dijo antes un fundamento objetivo y razonable. En efecto, cabe preguntar: ¿Cuál sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a éste? La respuesta es que tal fundamento no existe, a no ser que se quiera esgrimir como razón para ello la libertad y la liberalidad patronal. Sin embargo a nuestro juicio dicha razón no se acompasa con el respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad y a la asociación sindical, pues al patrono no le es permitido, escudado en la libertad para convenir o contratar o para disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos, principios y valores constitucionales.

En el sub examine he de expresar mi preocupación en cuanto a que desde la expedición de la Ley 50 de 1990, derechos obtenidos a través de la lucha de los trabajadores, han venido siendo objeto de estrategias dirigidas a desmontarlos.

Y no es distinto a lo que ocurre con la parte colectiva de la ley. Aparentemente protectora del derecho inalienable de asociación sindical, pero que en esencia permite el ejercicio de política de desmonte de los sindicatos a través de incentivos económicos concertados con trabajadores no asociados a las organizaciones obreras.

Bien podía sostenerse como se hace en la parte considerativa de la sentencia, de lo que en lo pertinente me aparto, que el artículo 61 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, es norma expresa de protección a los trabajadores sindicalizados al recoger el principio conforme al cual un trabajador desempeñando el puesto con jornada y condición de eficiencia iguales, debe corresponder salario igual. Concluyendo, que en el pacto colectivo no pueden concertarse condiciones salariales superiores para los trabajadores no sindicalizados que las acordadas en las convenciones colectivas quedando protegida por el legislador la igualdad entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Sin embargo de lo anterior, sería posible transformar las cosas e inclusive convertirlas en su contrario en el sentido de que a través de incentivos no prohibidos, bien puede mermarse el sindicato y dejar sin efecto el artículo 70 de la Ley 50 de 1990.

Así por ejemplo, el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 consagra la posibilidad de que empleador y trabajadores acuerden el pago de primas sin carácter salarial, circunstancia que a nuestro modo de ver constituye vía expedida para la desatención al artículo 61 antes señalado, como que este protege exclusivamente la igualdad salarial y no otras eventuales prerrogativas estimulantes para el esquirolaje.

Dado lo anterior, la igualdad reclamada por el sindicato constituye ciertamente la garantía de que la organización sindical no va a ser víctima de ese esquirolaje organizado y promocionando en base a incentivos otorgados por la empresa con ocasión de la celebración de pactos colectivos.

De otra parte, el tribunal de arbitramento al precisar el concepto de igualdad, sólo pretendió fijar el rasero para que la jurisdicción ordinaria juzgue, con base en esa precisión, si la igualdad ha sido o no quebrantada, y por ello mal puede decirse, a nuestro parecer, que el tribunal se inmiscuyó en asuntos que no pertenecían a la órbita de su competencia.

En los términos anteriores dejo concretado mi salvamento de voto».

Ramón Zúñiga Valverde. 

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