Sentencia de homologación 9735 de julio 4 de 1997

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONVENCIÓN COLECTIVA

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

EXTRACTOS: «Solicitó el sindicato en el artículo 21 del pliego que “el incumplimiento o violación de cualquiera de los derechos o garantías existentes y de los que acordaren las partes para solucionar el presente conflicto, se sancionará con un salario mensual mínimo legal vigente a favor del sindicato por cada día que dure la violación o incumplimiento”.

El laudo complementario accedió parcialmente a esta súplica, pero fijó con el carácter de sanción una franja equivalente a una “suma de dinero que oscile entre medio y un salario mínimo mensual legal a favor del sindicato, por cada día que dure la violación o incumplimiento, que tasará el funcionario competente, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento”.

La empresa recurrente pide a la Corte se abstenga de homologar el punto por cuanto no puede ser siempre el sindicato el titular o beneficiario de la sanción porque con ello se ignoran las acciones o derechos que corresponden exclusivamente a los trabajadores, con arreglo al artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo cuando dicho incumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Además estima que de conformidad con el artículo 1592 del código civil esa cláusula tan sólo podía ser convenida por las partes y resulta abusiva e inequitativa en el evento de establecer una doble sanción; y de no considerarse así, opina que ella desconoce el principio de proporcionalidad porque el limite mínimo puede resultar muy alto frente a un incumplimiento leve o viceversa.

Es objetivo de la denominada cláusula penal, para asegurar el cumplimiento de una obligación, el señalar anticipadamente los perjuicios a cargo de quien incumple un convenio, puesto que con ese avalúo se evita tener que acudir a un juicio para su establecimiento. Tales perjuicios se pueden imponer a quien no ejecuta o retarda una obligación principal.

En el derecho colectivo del trabajo ese tipo de sanciones hace parte de las cláusulas de naturaleza obligacional que pueden fijarse en un contrato colectivo o disponerse por los tribunales de arbitramento, en la medida en que los laudos arbitrales también son fuente de derecho laboral y lo que se busca con ese tipo de garantías es que los derechos consagrados a favor de las partes no se queden en el plano de su consagración, sino que sean realidad y tengan efectividad, pues de nada vale otorgar a los árbitros la facultad para imponerlos si se les niega la posibilidad de establecer los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para hacerlos efectivos, vale decir, las consecuencias o penas de su incumplimiento.

Como lo advirtió la Corte, los árbitros podían pronunciarse sobre la petición, pero no estaban obligados a acogerla en los mismos términos, pues simplemente podían fijar las bases de una indemnización de perjuicios por incumplimiento o violación de la convención. No obstante, lo normado por el tribunal ciertamente comporta una cláusula penal, y como tal debe seguir los postulados que gobiernan las penas.

En primer lugar, se aprecia la notoria vaguedad de la sanción, que quebranta el precepto 29 de la Constitución Política, dado que no se precisa si los salarios mínimos son los vigentes al momento del incumplimiento o de la decisión del “funcionario competente”.

En segundo término, como lo tiene adoctrinado la Corte Constitucional “del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (C.P. art. 13), juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos” (Sent. C-70/96). Por consiguiente, le asiste sobrada razón a la empresa recurrente en cuanto considera que lo dispuesto por el tribunal resulta violatoria del “principio de la proporcionalidad” —art. 13 C.P.— entre el incumplimiento y la sanción, en la medida en que el inexorable límite mínimo de ésta equivalente a “medio salario mínimo mensual por cada día de retardo” sería exageradamente elevado frente a eventuales incumplimientos leves o en asuntos de poca importancia, así se interpretara que solamente es imponible cuando se ejercita la acción directamente por el sindicato, precisión que tampoco hace la cláusula censurada.

En tercer lugar, al quedar redactada la cláusula en esos términos, desconoce el derecho de los trabajadores individualmente considerados para exigir el cumplimiento o pago de daños y perjuicios, cuando dicho incumplimiento les “ocasione un perjuicio individual” (C.S. del T., art. 476), en los eventos en que no hayan delegado en el sindicato el ejercicio de la acción.

Finalmente, frente a la vaguedad de la medida y al no precisar la cláusula expresamente la incompatibilidad de la sanción por ella prevista con sanciones imponibles por el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las funciones de policía administrativa laboral, cabría pensar que infringe tanto el artículo 29 constitucional, que prohíbe que una persona pueda ser condenada dos veces por el mismo hecho, como el artículo 1600 del Código Civil, que impide que el accionante solicite simultáneamente la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente, lo que no ocurre en este caso.

Por las razones expuestas, es inexequible lo dispuesto por los árbitros sobre este punto, por lo que no se homologará su decisión.

Independientemente de la resolución de inexequibilidad adoptada en este fallo, conviene recordar que de conformidad con los artículos 475 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto los sindicatos, como los trabajadores (en casos de perjuicios individuales), tienen acción ante los jueces laborales para exigir el cumplimiento de una convención colectiva o el pago de daños y perjuicios. Además unos y otros pueden acudir ante las autoridades administrativas del trabajo, las que están facultadas para imponer multas a las empresas que violen la normatividad colectiva. De manera que existen adecuadas garantías en la legislación laboral que permiten lograr el objetivo que pretendía la cláusula exorbitante y manifiestamente inequitativa contemplada en el laudo arbitral».

(...)

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

POTESTADES PROBATORIAS DE LOS ÁRBITROS

EXTRACTOS: «Las potestades probatorias de los árbitros en tribunales de arbitramento que dirimen conflictos de intereses, en rigor, no son iguales a las de los jueces de derecho que resuelven los conflictos jurídicos en materia laboral dada la diversa naturaleza de uno y otro instituto. Pero es importante precisar que en este procedimiento arbitral destinado a la resolución de los conflictos colectivos, no obstante que en estricto sentido no se está en presencia de “pruebas” en la acepción técnica del vocablo, el artículo 457 del Código del Trabajo dota a los árbitros del poder de recibir y recaudar “las informaciones y datos que estimen necesarios para ilustrar su juicio”, lo que entendido con sentido lógico permite deducir que cuando tales elementos ilustrativos sean absolutamente indispensables para la cabal resolución de los asuntos de competencia del tribunal, éste no puede pretextar que se trata de una simple facultad, ni escudarse en ella para eludir el esclarecimiento de puntos vitales de expedito acceso probatorio».

(Sentencia de homologación, julio 4 de 1997. Radicación 9735. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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