Auto 9745 de octubre 10 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PROCEDENCIA DE LA CASACIÓN

EN EL CASO DE DELITOS CONEXOS

EXTRACTOS: «1. El recurso extraordinario de casación se instituyó para reparar el agravio inferido por un fallo de segunda instancia proferido por los diferentes tribunales del país contra cualquiera de los sujetos procesales. Sin embargo, su medida la dan los delitos que fueron materia del proceso, cuya importancia se mide por las penas máximas que les asigna la normatividad penal.

El Código de Procedimiento Penal de 1991 señalaba en un comienzo que los delitos por los que se había procedido debían tener como máxima una pena privativa de libertad de cinco o más años. Luego la Ley 81 de 1993 elevó el monto a seis (6) años. La reforma conservó la extensión del recurso a los delitos conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la dicha anteriormente.

2. Respecto a los delitos conexos es menester una aclaración adicional. Cuando el fallo versa sobre varios delitos, basta que uno solo de ellos cumpla con las exigencias del recurso extraordinario para que éste se extienda a todos los demás que, en condiciones normales no serían susceptibles de estudio en la Corte.

Puede suceder, sin embargo, que por alguno de ellos se absuelva y por los demás se condene a los imputados. En este caso, el recurso de casación, si es interpuesto por la defensa, procedería únicamente por los delitos objeto de la condena. Si la conducta que fue materia del reproche penal continúa cumpliendo con las exigencias casacionales, no existe dificultad alguna. Pero —el presente asunto es un ejemplo— si el punible que otorga la competencia a esta sede es objeto de absolución, es claro que los restantes, que son los que exigen la reparación por medio de la impugnación, al tener una menor entidad de la exigida por el artículo 218 en comento, quedan de por sí excluidos, pues la ofensa presuntamente inferida y el resarcimiento consiguiente al través de la casación del fallo, es menor a la que exige el instituto para actuar.

Diferente es el caso cuando cualquier otro de los sujetos procesales impugna el fallo respecto del delito que otorga la competencia a esta Sala. En este supuesto, los demás delitos conexos serían objeto del recurso, pues la presunta afrenta causada con el fallo corresponde a las exigencias de la normatividad.

3. En varias oportunidades la Sala ha hecho claridad sobre el asunto. Por ejemplo, en marzo diez (10) del año en curso con ponencia del Dr. Dídimo Páez Velandia precisó:

“Es cierto que el inciso segundo de dicho precepto permitía (se refiere al art. 218 del C. de P.P.) y lo sigue permitiendo hoy la reforma (L. 81/93), extender el recurso a “los delitos conexos aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior”, pero ha de entenderse tal precepto siempre que se haya impugnado el fallo por el delito cuyo máximo punitivo lo admite, o por lo menos, cuando se haya condenado por él al recurrente así su cuestionamiento sólo se relacione con los conexos (por ser este aspecto solamente conocido en el escrito de demanda).

Además de lo expresado en precedencia, existen otras razones que permiten arribar a idéntica conclusión, a saber: a) En materia penal la responsabilidad es siempre individual y por consiguiente la conexidad delictiva para efectos de viabilidad del recurso extraordinario cuenta independientemente para cada procesado, y b) Porque de no ser así, se estaría desconociendo el interés legítimo para recurrir, en la medida en que no podría impugnar un procesado condenado por el delito conexo cuyo máximo punitivo no admite la casación a nombre del coprocesado condenado por el delito cuya pena sí la admite”.

4. Por consiguiente, dado que el fallo por el que se procede fue dictado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 81 de 1993 que elevó la procedencia del recurso de casación a delitos con pena privativa de la libertad de seis años o más y que en este proceso únicamente se recurre por el delito de falso testimonio cuya pena máxima es de cinco (5) años de prisión, habiéndose proferido fallo absolutorio por el de falsedad particular en documento público, la Sala ha de declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que concedió el recurso extraordinario de casación (febrero 18 de 1994), toda vez que aquel se encuentra penalizado con una sanción inferior a la señalada por la ley para dar vía libre a la impugnación. El proceso se devolverá al Tribunal de origen para lo de su cargo.

5. Así las cosas, la actuación surtida respecto al trámite y concesión del recurso de casación se encuentra viciada de nulidad, la cual habrá de declararse, quedando el fallo cuestionado en firme, haciendo tránsito a cosa juzgada».

(Auto de octubre 10 de 1994. Radicación 9745. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

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