Sentencia 9747 de marzo 24 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

LIQUIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE SANCIONES TRIBUTARIAS

PROCEDIMIENTO QUE DEBE APLICAR LA ADMINISTRACIÓN

EXTRACTOS: «Para la Sala el asunto que debe resolverse consiste en determinar, si tal como lo sostiene la parte demandada, la actora incurrió en “error aritmético” al omitir en la declaración de retención en la fuente por el mes de agosto de 1994, la liquidación de la sanción por extemporaneidad, o si por el contrario, ante la inexistencia del supuesto yerro matemático, erró la demandada en la práctica de la liquidación de corrección aritmética, pues la inclusión o no en la declaración de la sanción por extemporaneidad es un problema de fondo no susceptible ser discutido a través de la liquidación en mención.

En primer lugar, se advierte que no es acertada la conclusión de la administración de impuestos, sostenida en la etapa de alegatos de conclusión en esta instancia, en el sentido de que la corrección de sanciones es otra clase de liquidación oficial de corrección, pues tal y como lo precisó la Sala en sentencia del 5 de julio de 1996, expediente 7770(*), consejera ponente Consuelo Sarria Olcos, el estatuto tributario sólo regula tres tipos de liquidaciones oficiales, a saber: la de corrección aritmética, la de revisión y la de aforo, y si bien es cierto que el artículo 701 del estatuto tributario contempla la corrección de sanciones, tal figura no es una nueva liquidación sino la facultad que tiene la administración de liquidar correctamente aquellas sanciones que no se liquidaron debiéndose determinar, o se liquidaron indebidamente, “porque tal aspecto no estaba contemplado en las normas que regulan las liquidaciones de revisión y corrección aritmética”.

(*) Publicada en J. y D., Nº 297, pág. 1072 (N. del D.).

En la misma sentencia se precisó que la facultad de liquidación y corrección de sanciones debe efectuarse según el procedimiento que corresponda, mediante liquidación de corrección aritmética, a través de liquidación de revisión, o por medio de resolución independiente.

El primero de los casos, esto es, la corrección de sanciones a través de la liquidación de corrección aritmética, se presenta cuando el contribuyente estando obligado por ley a liquidar una determinada sanción, incurre al calcularla en error aritmético.

La liquidación de corrección aritmética no es viable, continúa la jurisprudencia citada, si la sanción no se liquida, pues en este evento no hay error aritmético, y puede suceder que por cualquier motivo legal el declarante considere que no debe la sanción, hipótesis en la cual la administración debe proponer su aplicación mediante requerimiento especial como requisito previo a la liquidación de revisión, o en el supuesto de no existir fundamento para la modificación de la liquidación privada, a través de resolución independiente, toda vez que la determinación de si debe o no liquidarse sanción, en este caso, por extemporaneidad, es una cuestión de fondo, que por tanto, no puede resolverse mediante procedimiento de liquidación de corrección aritmética.

De acuerdo con las anteriores precisiones que la Sala reitera, es evidente que la no determinación de la sanción por extemporaneidad en la declaración de retención en la fuente por el mes de agosto de 1994, es un problema de fondo y no un error aritmético, motivo por el cual la administración de impuestos no podía practicar la liquidación de corrección aritmética con el fin de calcular el monto de la misma, lo que a su vez conduce a la nulidad de los actos acusados.

Es de anotar que desde la vía gubernativa la parte actora ha insistido en que entendía que el plazo para presentar su declaración de retención en la fuente por el mes de agosto de 1994 se prorrogaba por un mes desde el vencimiento del inicial, y como éste se cumplía el 25 de septiembre, dicho lapso se prorrogaba hasta el 25 de octubre, día en que presentó su declaración inicial, y por ello no liquidó sanción por extemporaneidad.

Lo anterior pone en evidencia que lo que realmente existía era un problema de fondo traducido éste en que a juicio del actor, su declaración fue oportunamente presentada, y por lo mismo no había lugar a sanción por extemporaneidad, mientras que en opinión de la administración sí existía extemporaneidad en la presentación de la declaración inicial.

Tal situación, se reitera, en manera alguna podía ser resuelta a través de una liquidación de corrección aritmética, en la cual no se analizan aspectos de fondo de la declaración, sino operaciones aritméticas partiendo de la base de la declaración correcta de los valores.

De otra parte, y contrario a lo sostenido por la administración, la sentencia de la Sala del 8 de marzo de 1996, expediente 7183, con ponencia de este despacho, no corrobora la autonomía de la corrección de sanciones como una clase más de liquidación oficial, sino la falta de identidad de la liquidación de corrección aritmética y la corrección de sanciones, pues, “aunque la corrección de sanciones también puede efectuarse a través de liquidaciones de corrección aritmética, ello no significa, que la misma, tenga los presupuestos fácticos previstos para aquélla”, según se lee en el aludido fallo.

Adicionalmente, y según arriba quedó precisado, la corrección de sanciones puede imponerse a través de liquidación de revisión y por medio de resolución independiente, medio éste que por cierto fue el empleado en la actuación administrativa analizada en el fallo del 8 de marzo de 1996 ya citado, lo que pone de presente la falta de entidad como liquidación oficial de la corrección de sanciones.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la providencia apelada, pues es indiscutible que la liquidación por corrección aritmética no podía serle practicada a la actora, motivo por el cual se anularán los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho, se declarará la firmeza de la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de agosto de 1994, corregida el 28 de noviembre de 1994 y el 10 de febrero de 1995».

(Sentencia de marzo 24 de 2000. Radicación 9747. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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