SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref.: Exp. 9751

Actor: José Vicente Guido Ramos

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.

Demandada: Nación-Ministerio de Justicia

EXTRACTOS: «1. Para la Sala no hay duda de que el actuar del juez 19 Civil Municipal de Bogotá contribuyó de manera eficaz a la sustracción de los bienes que debían ser entregados al demandante, pues el aplazamiento de la diligencia que se llevaba a cabo el 21 de noviembre de 1988 resulta absolutamente injustificado si se repara en el hecho de que sólo bastaba hacerle entrega de las máquinas al actor. Por el contrario, el juez no sólo no actuó en ese sentido, sino que permitió la prolongación indebida de la diligencia atendiendo improcedentes oposiciones que no se formularon oportunamente.

Cuando en fecha imprecisa, que se ubica entre el 17 de diciembre de 1988 (fl. 52 C-1) y el 16 de enero de 1989 (fl. 57 vto. ib.) la Inspección 14 municipal de policía, comisionada por el Juzgado 19 civil municipal, pretendió hacer la entrega de la maquinaria rematada, se constató que ya no se encontraba en el lugar donde se había dejado en depósito (fl. 57) y no fue posible recuperarla pues quien se afirmaba su propietario la vendió (fl. 61).

Reiteradamente ha dicho la jurisprudencia que la falla se presenta por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. En este caso, la administración de justicia actuó de manera irregular en la diligencia adelantada por el juez 19 civil municipal de Bogotá, pues permitió dilatar la actuación y omitió hacer la entrega de los bienes que el actor había adquirido en el remate celebrado en ese despacho.

La realización inconclusa de la diligencia sirvió además para alertar a quien, pese al embargo practicado el 25 de mayo de 1988 por el mismo juzgado (fl. 11 C-1), continuaba reputándose dueño de los bienes y le permitió en coautoría con otra persona el apoderamiento que luego les acarrearía una sentencia de seis meses de arresto por el delito de fraude a resolución judicial y la iniciación de otro proceso por abuso de confianza, así como la condena “a pagar en concreto y de manera solidaria, en favor de José Vicente Guido Ramos, la suma de novecientos veintiún mil ciento cincuenta pesos por concepto de los perjuicios causados con el punible” (fls. 156 y ss. C.2).

2. Ahora bien: ¿qué incidencia tiene en este proceso la condena al pago de perjuicios efectuada en el proceso penal?

En sentencia de mayo 15 de 1997, dictada dentro del proceso Nº 10.150, actores Fortunato Pérez y otros, dijo la Sala con ponencia de quien proyecta este fallo:

“En el campo de la indemnización de perjuicios causados por el delito no cabe hablar de cosa juzgada frente a la acción indemnizatoria de perjuicios instaurada contra la administración, ni tampoco el asunto podrá gobernarse por las reglas de la prejudicialidad cuando simultáneamente se haya pedido la indemnización de perjuicios tanto en el proceso penal como en el de responsabilidad civil o patrimonial.

Para corroborar este aserto, se anota:

En la responsabilidad estatal por la falla del servicio se observan dos manifestaciones o hipótesis diferentes correspondientes al mismo fenómeno, así: a) de un lado, se observa falla del servicio anónima, en la cual se da el fenómeno perjudicial, pero no se identifica el funcionario que con su conducta irregular comprometió la responsabilidad del ente público al cual presta su servicio. b) y de otro, se presenta la falta del servicio del funcionario, en la cual se identifica plenamente al sujeto responsable. En ambos eventos, se pone de presente que el servicio funcionó mal, no funcionó o funcionó tardíamente. Se entiende la falta del servicio del funcionario conexa con el servicio por oposición a la falta personal de éste, deslindada en un todo del servicio y que no compromete la responsabilidad del Estado.

En la primera hipótesis la administración es, en principio, la única responsable y la acción será sólo la de reparación directa para el restablecimiento de los perjuicios causados con el hecho u omisión de la entidad pública.

En la segunda hipótesis, en cambio, con la identificación del sujeto responsable, la persona damnificada tendrá dos acciones a su disposición para el restablecimiento de su derecho y aun dos sujetos responsables. De un lado, podrá demandar a la administración en acción de reparación directa; y de otro, podrá demandar al funcionario que con su proceder doloso o gravemente culposo le causó el daño (arts. 77 y 78 del CCA y 90 C.N.).

En esta segunda hipótesis falta personal del funcionario si el acto o la omisión de éste constituye un delito, su conducta personal deberá subsumirse, en primer término, en la normatividad penal; y podrá, en el caso de que esa conducta implique una falla del servicio, subsumirse en el régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque esa conducta así individualizada, como lo ha reiterado la jurisprudencia, podrá poner en evidencia que el servicio público no funcionó, funcionó mal o funcionó tardíamente.

En este orden de ideas, cuando el accionar del funcionario constituya delito y evidencie la existencia de la falla del servicio, la persona damnificada podrá buscar el resarcimiento por dos vías legales diferentes, frente a dos sujetos responsables también diferentes: a través de la acción civil dentro del proceso penal contra el delincuente; o a través de la acción de reparación directa o patrimonial contra la entidad pública que tenía a su servicio al funcionario responsable.

Esas vías son alternativas, y este es el único sentido que les ha dado la ley, porque no puede aceptarse que puedan ejercerse conjuntamente para obtener, por cada una de ellas, la indemnización correspondiente, ya que en tal evento la persona damnificada se enriquecería en forma indebida o injusta».

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