Sentencia 9770 de marzo 3 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

TÉRMINOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTARIO

NO SE CUENTA EL DÍA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «En los términos del recurso de apelación, el asunto objeto de la presente instancia se contrae en determinar la legalidad de los actos administrativos que impusieron a la actora sanción por libros de contabilidad, por cuanto considera la recurrente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que, contrario a lo afirmado por el tribunal, la actuación de la administración se adelantó con sujeción al debido proceso, pues se observó el procedimiento consagrado en el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, sobre la oportunidad para exigir la exhibición de los libros de contabilidad.

En efecto, consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, que ordena contar términos a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que los concede, el plazo establecido en el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, se cuenta a partir del día siguiente al de la introducción en el correo del auto comisorio, y como en el sub judice el Auto 007 del 15 de marzo de 1996, se notificó por correo ese mismo día, el plazo vencía el 28 del mismo mes y año, por lo que el acta debió iniciarse el día 29.

Pues bien, prescribe el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, lo siguiente:

“ART. 2º—Cuando la administración tributaria ordene la exhibición de los libros de contabilidad a quienes estén obligados a llevarlos, éstos podrán disponer de cinco (5) días hábiles para exhibirlos, contados a partir de la fecha en la cual se solicite por escrito la presentación de los mismos.

Cuando la solicitud se realice por correo, el plazo de que trata este artículo será de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud”.

El auto de inspección tributaria Nº 7 del 15 de marzo de 1996, fue notificado por correo certificado, de conformidad con los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, el día 15 de marzo de 1996.

Si bien la norma transcrita prevé que el administrado dispone de 8 días hábiles para la exhibición de los libros, “contados a partir de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud”, dicha previsión debe ser entendida con toda lógica en el sentido de que el plazo empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación por correo, o introducción al correo de la solicitud, pues el día en que se entiende notificado un acto administrativo no puede a su vez hacer parte del término del que goza el administrado para impugnarlo, o en este caso, para cumplir las exigencias que se derivan del mismo, por la sencilla razón de que sólo con la notificación se conoce el contenido del acto.

Así las cosas, si un acto administrativo se entiende notificado un día en particular, sólo a partir del día hábil siguiente empiezan a correr los términos, se repite, para su impugnación o su cumplimiento, pues de lo contrario se le estaría recortando al administrado el término para actuar, con la consiguiente violación del debido proceso.

En consecuencia, si el auto de inspección tributaria Nº 07 del 15 de marzo de 1996, fue notificado por correo ese mismo día, sólo a partir del día hábil siguiente podían empezarse a contar los 8 días hábiles que tenía la actora para exhibir sus libros de contabilidad, lo que quiere decir que tenía plazo hasta el 28 de marzo de 1996 para la aludida exhibición, y por cuanto el acta de inspección se levantó ese mismo día, se le cercenó a la actora el término legal, pues la aludida acta sólo podía levantarse el día 29 de marzo de 1996, cuando ya había vencido el término para hacer la exhibición requerida.

En consecuencia, el día en que se levantó el acta, se reitera, no le había vencido a la actora el plazo previsto en el referido decreto para realizar la exhibición de libros, lo que significa que la infracción por la cual se le sancionó, esto es, la no exhibición, no se configuró en realidad.

Advierte la Sala que no resulta de recibo el argumento de que si al momento de la inspección o de la respuesta al pliego de cargos no se aduce el desconocimiento del término, se entiende saneado el vicio, pues no puede pensarse que no implica violación del derecho de defensa el hecho de que se cercene o recorte por parte de la administración el plazo dado por la ley a un contribuyente para exhibir sus libros, y el levantamiento del acta de inspección contable antes de que venza el aludido término.

De otra parte, y si bien el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil en que se fundamentó el tribunal, referente a la forma de contabilizar los términos judiciales dentro de un proceso, no tendría aplicación al procedimiento administrativo tributario, pues la remisión al Código de Procedimiento Civil a que se refiere el artículo 742 del estatuto tributario, es respecto de los medios de prueba, es evidente que el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987 debe ser entendido en los términos aquí precisados en aras de respetar el derecho de defensa de los contribuyentes, pues, reitera la Sala, incluir el día de la notificación dentro del término con que se cuenta para cumplir con una obligación impuesta por el Estado implica reducir el plazo legal, en desmedro del contribuyente, quien por otra parte, no puede sentir al Estado al que pertenece como un verdugo que desconoce la realidad de los hechos, sino como el ente que con respeto de sus asociados y con miras al cumplimiento de sus fines esenciales, le exige el cumplimiento de ciertos deberes, obligaciones y cargas.

Adicionalmente, y siendo uno de los fines esenciales del Estado, la vigencia de un orden justo (art. 2º de la Carta), no puede la administración tributaria como parte del mismo desconocer que es injusto que so pretexto de respetar un frío texto legal, que por demás debe ser interpretado teniendo en cuenta la realidad, se vulnere a su destinatario el derecho de defensa, y en últimas, se le impida que cumpla con sus deberes y obligaciones.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la inspección tributaria ordenada por Auto 007 del 15 de marzo de 1996, que implicaba la exhibición de libros por parte de la sociedad, se notificó por correo el mismo día de su expedición, por lo tanto a partir del día hábil siguiente a dicha fecha la contribuyente gozaba del plazo de ocho días hábiles para la exhibición de los libros, plazo que venció el 28 de marzo, por lo que la exigencia mediante acta de la exhibición el 28 de marzo de 1996, vulneró el plazo consagrado en la mencionada disposición, con la consiguiente violación del debido proceso para la parte actora.

En consecuencia, y por cuanto el cargo propuesto por la recurrente no tuvo vocación de prosperidad, se impone confirmar el fallo apelado, que, por su parte, dio la razón a la actora».

(Sentencia de marzo 3 de 2000. Radicación 9770. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito magistrado se aparta muy respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala, por las siguientes razones:

Dispone el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987 lo siguiente:

“ART. 2º—Cuando la administración tributaria ordene la exhibición de los libros de contabilidad a quienes estén obligados a llevarlos, éstos podrán disponer de cinco (5) días hábiles para exhibirlos, contados a partir de la fecha en la cual se solicite por escrito la presentación de los mismos.

Cuando la solicitud se realice por correo, el plazo de que trata este artículo será de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud”.

La norma transcrita es de carácter especial en materia tributaria, señala que el plazo para exhibir los libros de contabilidad cuando la administración tributaria lo ordene, no es otro que cinco días hábiles si la solicitud se hace por escrito, u ocho días hábiles si la solicitud se hace por correo, plazo que claramente se cuenta a partir, en el primer caso, de la fecha en la cual se solicite por escrito la presentación de los mismos y en el segundo caso, de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud.

En este evento, no puede darse aplicación al artículo 120 del Código de Procedimiento Civil en que se fundamenta el tribunal y se fundamenta la Sala, pues esta norma es de carácter general y versa sobre términos dentro de un proceso judicial, en consecuencia no cabe en este caso.

En efecto, la Sala anteriormente había expuesto en sentencia dictada dentro del expediente 5455, actor Mycom de Colombia Ltda. de fecha 14 de junio de 1994, que con ponencia del doctor Guillermo Chahín Lizcano, lo siguiente:

“En este aspecto también la Sala confirma la decisión del a quo en cuanto no dio prosperidad al cargo de violación, por parte del acto administrativo, de los artículos 29 de la Constitución Nacional, 61 del Código de Régimen Político y Municipal y 2º del Decreto 1354 de 1987, atendiendo la claridad con la que esta última norma en su inciso 2º se refiere a él al señalar que “el plazo de que trata este artículo será de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud”, y no desde el “día siguiente” como lo entiende la actora, pues son distintas las expresiones y sus efectos en uno u otro caso para efectos del cómputo.

No es posible en esta oportunidad acceder a la pretensión de aplicación preferente del artículo 120 del Código de Procedimiento Civil (D. 2282/89, art. 1º, num. 64), en razón de que su aplicación está dada primordialmente para la notificación de providencias que conceden términos dentro de los procedimientos judiciales, la que se hace extensiva en otros casos, por la expresa remisión que a él efectúan otras normas, o ante la ausencia de norma aplicable. Pero no puede esgrimirse su contenido para enervar lo dispuesto sobre el mismo tema por una disposición especial como lo es el artículo 2º inciso 2º del Decreto 1354 de 1987”.

De acuerdo a lo anterior, entonces, se tiene que la inspección tributaria ordenada por Auto Nº 007 del 15 de marzo de 1996, que conllevaba la exhibición de libros por parte de la sociedad, se notificó por correo el mismo día de su expedición, por lo tanto a partir de dicha fecha la contribuyente gozaba con el plazo de los ocho días hábiles para la exhibición de los libros, plazo que venció el 27 de marzo, por lo tanto la exigencia de la exhibición el 28 de marzo de 1996, no vulneró el plazo consagrado en la mencionada disposición.

Siendo así las cosas, en mi opinión el acta de libros se levantó transcurrido el plazo consagrado en el Decreto 1354 de 1987, no se transgredió el debido proceso y en consecuencia se debió revocar la sentencia impugnada, y haberse dado prosperidad al recurso de apelación de la parte demandada.

En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento de voto.

Julio E. Correa Restrepo 

______________________________