Sentencia 9772 de marzo 24 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS

EN EL CASO DE CONSIGNACIONES EN CUENTAS DE TERCEROS

EXTRACTOS: «Aplicación errónea del artículo 755-3. Argumenta la apelante que en el caso, el valor a adicionar se estableció teniendo en cuenta el inciso primero de la norma indicada, debiendo darse aplicación al segundo inciso por tratarse del impuesto sobre las ventas.

Advierte la Sala que inicialmente, con ocasión de la demanda la entidad propuso contra la citada norma “violación por falta de aplicación”, mientras que con ocasión del recurso de apelación interpuesto, alega que el citado artículo “no fue aplicado correctamente”, conceptos de infracción que son materialmente diferentes. Sin embargo, no es necesario ahondar en el punto, como quiera que en el sub lite se cumplieron a cabalidad los presupuestos de aplicación de la norma, la cual prevé:

“ART. 755-3.—Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario.

Para el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a las ventas declaradas en cada uno de los bimestres correspondientes (...)”.

De la norma transcrita surge que la presunción en ella establecida está referida tanto al impuesto de renta como al de ventas, teniendo en cuenta que respecto del primero se origina una renta líquida gravable, y en relación con el segundo la presunción en cuestión se concreta en un ingreso gravado, que se distribuirá en proporción a las ventas declaradas.

En cuanto a la aducida utilización inadecuada del procedimiento previsto en el artículo 755-3 del estatuto tributario (renta presuntiva por consignaciones bancarias), la Sala advierte lo siguiente:

En el caso, dentro de la investigación administrativa se constató que la contabilidad no reflejaba en forma fehaciente la realidad de las operaciones mercantiles de la sociedad Ferretería Ica Ltda., toda vez que existían facturas de ventas que no se incluían en la contabilidad, es decir, ventas realizadas por la sociedad y que se manejaban extracontablemente, hecho que obligó a la administración a apartarse de la contabilidad y continuar la investigación utilizando otros medios probatorios a través de los cuales se determinaron ingresos no contabilizados, ni declarados, como se señaló en los puntos anteriores.

La Sala aclara que en materia tributaria el testimonio como medio de prueba sí está consagrado en la legislación especial que regula dicha materia, concretamente en el artículo 750 del estatuto tributario y para su validez de manera especial es preciso tener en cuenta los principios de publicidad y contradicción de la prueba, principios que en el sub judice, como ya se dijo, no fueron vulnerados, pues la sociedad actora tuvo oportunidad de conocerlos y en consecuencia rebatirlos en las diferentes etapas de determinación y discusión del impuesto.

Adicionalmente, no debe olvidarse que la adición de ingresos se encuentra sustentada no sólo en la prueba testimonial, sino otras pruebas que obran en los antecedentes administrativos, las cuales no fueron desvirtuadas por la actora; al respecto, llama la atención de la Sala, que fundamentalmente la demanda se ha limitado a cuestionar los testimonios sin aportar prueba alguna encaminada a desvirtuar la actuación acusada.

De acuerdo con lo anterior, es claro que de la actuación administrativa y de manera particular del requerimiento especial y liquidación de revisión, se evidencia que en la investigación que concluyó con la adición de ventas omitidas, la administración, realizó una exhaustiva investigación que concluyó con la adición discutida.

En efecto, para determinar la omisión de ventas, según lo indica expresamente el requerimiento especial, la administración tuvo en cuenta diferentes pruebas entre las que se destacan los cruces de información, cruce con la red bancaria, investigación de cuentas corrientes con base en los listados de proveedores y clientes entregados por la misma investigada, testimonios, documentos y principalmente los registros contables, con los cuales se constató que las facturas de las cuales se hace mención en los cheques consignados en las cuentas personales de José Isidro Castro, Ricardo A. Castro y María I. Castro (fls. 48 a 335 cdno, a.), corresponden verdaderamente a ingresos de la Ferretería Ica Ltda., provenientes de la venta de productos gravados, en cuantía de $ 285.984.000, los cuales no fueron declarados en el período en discusión.

Para corroborar lo anterior se analizaron las consignaciones y los cheques depositados en las citadas cuentas pertenecientes a las personas mencionadas, constatándose que al respaldo de los cheques aparece el número de las facturas que cancelaban los clientes de Ferretería Ica Ltda., circunstancia ratificada por los giradores de los mismos al rendir testimonio ante los funcionarios comisionados.

De este modo, se estableció que los cheques girados por algunos clientes de Ferretería Ica Ltda. y consignados en las cuentas personales citadas, de las cuales obran fotocopias simples en los antecedentes administrativos (fls. 48 a 335 cdno. a.), tuvieron como finalidad cancelar la compra de materiales, tales como: lámina coll roll, ángulos, soldadura, hierros y demás materiales para la construcción que efectúa Ferretería Ica Ltda.

Así las cosas, no se presentó la alegada vulneración del artículo 755-3 del estatuto tributario, por cuanto en el caso, se dio aplicación íntegra a dicha norma ya que al no haber sido desvirtuada la glosa de la administración, se presumió que el total consignado en cuentas de terceros, durante el período discutido, originó una adición de ingresos gravados del 15% del total de las consignaciones realizadas en dichas cuentas, en la forma prevista en los incisos 1º y 2º de la norma citada».

(Sentencia de marzo 24 de 2000. Expediente 9772. Consejero Ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán).

_______________________________