Sentencia 9785 de junio 13 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ORDEN DEL SUPERIOR

COMO CAUSAL DE JUSTIFICACIÓN

EXTRACTOS: «El Tribunal Superior de Valledupar, dentro de las varias consideraciones que utilizó como soporte para absolver al secretario del extinto Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de esa localidad, anotó:

“Ahora bien, en la hipótesis de que el ex secretario Ruiz Romo hubiese conocido la ilicitud del segundo auto, es decir, de aquel por el cual se suprimió el numeral tercero, tampoco estaba exonerado del deber de suscribir tal proveído, ya que en este caso la responsabilidad total de dicha conducta ilícita le correspondería a su superior. La anterior apreciación se extrae de una interpretación lógica del artículo 91 de la Carta, que trasunta literalmente el artículo 21 de la Constitución anterior, el cual expresa: “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta”.

Como claramente se ve, la orden de un superior no exonera de responsabilidad al agente que realiza una conducta manifiestamente contraria a la Constitución; entonces contrario sensu, cuando esa orden superior se imparte con el objeto de infringir una norma de rango legal, y el agente la realiza, en este caso sí queda exonerado de toda responsabilidad...”.

El artículo 91 de la Carta Política hace referencia a lo que se ha denominado responsabilidad constitucional y se refiere a aquellos actos de cualquier autoridad que vulneren la Constitución en detrimento de alguna persona al cercenarle un derecho fundamental, lo que la hace responsable tanto penal, civil, administrativa y disciplinariamente, sin que pueda alegar en su favor que recibió mandato superior e incluso legal.

La anterior preceptiva constitucional tiene su razón de ser dentro del esquema jurídico del Estado social de derecho, que pretende dirigir su cumplimiento dentro de los límites coherentes y racionales que lo orientan.

La estructura burocrática del Estado gira en torno al principio de jerarquización de sus órganos en los que unos, por su propia naturaleza, expiden mandatos y otros se encargan de ejecutarlos , quedando por ello el personal sometido a un orden jerárquico determinado por la facultad de mandar y el deber de obediencia.

Esta estructura jerárquica reclama, entonces, el establecimiento de formalidades y rigorismos que deben tener las órdenes expedidas para que adquieran un carácter vinculante, del cual se desprenda la posibilidad de determinar responsabilidades penales y disciplinarias, ante su desobedecimiento o incorrecta ejecución.

Pero cuando el contenido de una orden sea manifiestamente contrario a derecho, el funcionario público debe abstenerse de cumplirla, so pena de que al realizar la actuación contenida en el mandato se deriven consecuencias punibles, caso en el cual responderá al igual que su superior.

Por su parte, la orden como justificante, cuya previsión legal se encuentra en el artículo 29 numeral 2º del Código Penal, contiene en sí misma unos requisitos que obligan examinar si el mandato es legítimo.

De lo anterior se desprende que, en uno y otro caso, la orden debe ser legítima; que aún cuando se emita con las formalidades legales, si tiene un contenido antijurídico jamás podrá justificar un hecho, pese a que se invoque el principio constitucional de que trata el artículo 91, pues de él no se desprende un obedecimiento ciego, sino su cumplimiento dentro de los límites racionales y coherentes que demandan un Estado de derecho y apreciando las concretas circunstancias que rodeen el hecho al momento de su ejecución.

En estas condiciones, no le asiste razón al Tribunal Superior de Valledupar respecto a la afirmación de que el ex secretario Ruiz Romo no estaba exonerado del deber de suscribir tal proveído, bajo la premisa de que con ello no contrariaba la Constitución sino una norma de rango legal, hecho que de por sí lo excluía de responsabilidad, pues como quedó visto, ni el mandato constitucional, artículo 91, ni el artículo 29 del Código Penal citado, permiten inferir una interpretación como la expuesta por el a quo ya que admitir que se pueda actuar contrario a derecho cuando lo que se infringe es una norma de carácter legal y no constitucional, atenta no sólo contra el ordenamiento jurídico, sino contra el respeto a las garantías fundamentales de los asociados quienes, ante tal supuesto, se verían abocados a soportar las consecuencias de actos ilícitos pero “justificados” cuando ellos no conculquen disposiciones de rango constitucional.

Respecto a la situación del procesado absuelto, Jairo José Ruiz Romo, ha de retirarse que de acuerdo a lo expuesto al inicio de esta decisión, la Corte encontró conforme al acervo probatorio obrante en autos que si bien no participó en la confección de la providencia en la que se suprimió el numeral tercero de la parte resolutiva que ordenaba la vinculación de los peritos Aroca Morales y Cotes Brugés, ni en el acuerdo de elaboración de los documentos que contienen la citada decisión visibles todos ellos a folios 8, 34 y 111 del cuaderno principal, sí la suscribió y además, según afirmaciones del mismo Ruiz Romo, fue él quien elaboró en ella la doble notificación conforme quedó plasmado en las precedentes consideraciones, conducta que, estima la Sala, se constituye en indicio de querer consumar la acción constitutiva del delito de falsedad material de empleado oficial en documento público.

Por tal motivo se revocará la sentencia absolutoria con la cual fue favorecido el señor Jairo José Ruiz Romo y en su lugar será condenado a la pena principal de tres (3) años de prisión, mínimo previsto para el delito de falsedad material de empleado oficial en documento público, teniendo en cuenta que su conducta anterior ha sido buena y en el expediente no obran constancias de antecedentes penales ni disciplinarios, ni se dan agravantes genéricas que conduzcan a incrementar la pena por encima del mínimo; así mismo, se le impondrá la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la pena principal, sanción que se ejecutará de inmediato».

(Sentencia de segunda instancia, junio 13 de 1995. Radicación 9785. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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