Sentencia 9794 de marzo 14 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado Acta Nº 32

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Razón asiste al Procurador Delegado cuando advierte que el libelo fue estructurado de manera diversa a la que exige la técnica casacional, y que al desarrollar los cargos incurre en insalvables desaciertos de fondo, que les restan toda posibilidad de prosperar, según pasa a demostrarse.

I. Sobre el primer cargo (nulidad)

Cuatro son los aspectos basilares en los cuales el censor sustenta el cargo por nulidad. El primero, tiene que ver con la captura ilegal de la procesada; el segundo, con la incidencia de las versiones de los implicados tomadas por el alcalde de Gama (Cundinamarca), el tercero, con la designación de un ciudadano, no abogado, que la asistiera en indagatoria; y el cuarto, relativo a la supuesta vulneración al derecho a la defensa como resultado de las anteriores falencias.

La Sala abordará el estudio de cada uno de esos tópicos separadamente, y sólo se harán reflexiones conjuntas en la medida que sea estrictamente necesario.

1. La captura ilegal de la señora Alba Mariela Beltrán Acosta.

1.1. Preciso es recordar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Gama (Cundinamarca) dispuso la práctica de diligencias preliminares por auto del 12 de diciembre de 1990 (fl. 4 cdno. 1) y en forma expresa ordenó oír en declaración a la esposa del occiso, lo que efectivamente se cumplió dos días después.

1.2. Adelantadas otras diligencias, como el allanamiento de algunas viviendas, incluida la de la víctima, el Comando de Policía de Gama (Cundinamarca) rindió a dicho juzgado informe dando cuenta del hallazgo de una escopeta de fisto en la casa registrada y de los comentarios en el sentido que días antes Eudes Marceliano Garzón Pérez había estado en casa de Trinidad Peñuela solicitando en préstamo una escopeta, además, que a Edilfonso León le había comentado que no descansaría hasta ver muerto a Carlos Pérez; pesquisas que corrobora el personero municipal mediante oficio del 20 de diciembre de 1990 (fl. 25 a 28 cdno. 1).

1.3. El 23 de diciembre de 1990, el mismo comando de policía dirigió al alcalde municipal de Gama un oficio solicitándole una "orden de conducción" contra Eudes Marceliano Garzón y Alba Mariela Beltrán, "por pesar graves indicios contra estas personas de ser las autoras del homicidio"; orden que en forma inmediata impartió el alcalde, y como el mismo día esas personas le fueron puestas a disposición, procedió a oírlas en "declaración injurada libre y espontánea" (fls. 36 y 42 cdno. 1).

El alcalde de Gama dio cuenta de lo actuado al juzgado promiscuo de esa localidad mediante oficio del 24 de diciembre del mismo año y, junto con los originales de las diligencias, puso a su disposición "en las celdas carcelarias" a los indagados.

1.4. Con base en "la anterior indagación preliminar y diligencias recibidas de la alcaldía municipal", Juzgado Promiscuo Municipal de Gama ordenó la apertura de investigación el 26 de diciembre de 1990, y ese mismo día procedió a indagar a Garzón Pérez y a Alba Mariela Beltrán Acosta, quienes continuaron privados de la libertad.

1.5. Es evidente que la captura a instancias del alcalde de Gama (Cundinamarca) fue ilegal, lo mismo que la prolongación de la privación ilícita de la libertad hasta que se definió la situación jurídica, puesto que sin tratarse de flagrancia o cuasiflagrancia —pues los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 1990 y la aprehensión se materializó el día 23 del mismo mes—, únicamente el juez de conocimiento era la autoridad competente para solicitarla, emitiendo orden escrita.

1.6. No obstante, aquella irregularidad de suyo reprochable, podría acarrear alguna consecuencia negativa para quienes incurrieron en tales desaciertos, pero no tiene incidencia en la estructura del proceso, pues, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, las irregularidades que dan lugar a la nulidad deben ser sustanciales y afectar el debido proceso; condiciones que no cumple la actividad judicial relacionada con la aprehensión del sindicado o la inobservancia de las formalidades y términos propios de la captura, porque, pese a estar regulados, no son requisito esencial de procedibilidad, tanto que, por ejemplo, puede no existir orden de captura o no haberse librado boleta de encarcelación, o recibirse la indagatoria fuera de término, sin embargo, una vez superado el hecho y formalizada la situación del sindicado, la irregularidad se agota, sin otras repercusiones que las que pudieren resultar contra quien así obró.

1.7. Por la misma razón, la legalidad de la indagatoria no está supeditada a la legitimidad de la captura, pues, como se anotó, son dos actividades judiciales totalmente independientes, donde una no es presupuesto de la otra, de modo que la ilegalidad de la captura no vicia la versión de injurada que durante el lapso de la privación ilegal de la libertad haya suministrado el indebidamente capturado.

1.8. En la oportunidad legal, esto es antes de que la situación jurídica provisional de la señora Alba Mariela Beltrán Acosta hubiese sido resuelta (28 de diciembre de 1990), era indispensable acudir a los mecanismos que el Código de Procedimiento Penal vigente para la época, Decreto 050 de 1987, contemplaba para la salvaguarda de la libertad; es decir, solicitar al juez de conocimiento la "libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad", en los términos del artículo 409 de esa normatividad; o invocar el habeas corpus ante cualquier juez de la República, según las previsiones del artículo 454 ibídem.

Precluida la anterior oportunidad, se insiste, la captura ilegal y su prolongación no tienen la virtud de anular el procedimiento penal, puesto que la presencia física del implicado no es elemento estructural del proceso penal, el cual puede adelantarse aún vinculándolo mediante declaratoria de persona ausente, y por ello ese defecto no contamina o no alcanza a afectar las pruebas y diligencias legalmente recaudadas y practicadas.

1.9. En el anterior sentido, se pueden confrontar, entre otras, las siguientes sentencias: 26 de octubre de 1994, radicación 9067, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz; 15 de agosto de 2000, radicación 14368, M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar; 6 de febrero de 2001, radicación 14850, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego; y 31 de enero de 2002, radicación 13307, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote.

2. Las versiones que los implicados rindieron ante el alcalde municipal de Gama (Cundinamarca).

Si bien es cierto, el mencionado funcionario de la administración municipal recaudó declaración sin el apremio del juramento a los implicados, pese a que el Juez Promiscuo Municipal de Gama (Cundinamarca) ya había abierto investigación preliminar, tales versiones no tuvieron el carácter relevante que les atribuye el censor, ni cobraron importancia probatoria a lo largo del proceso, porque debido a la notoria incompetencia del funcionario que las practicó, no se tuvieron en cuenta como fundamento de la condena.

Lo que sí analizaron a cabalidad los jueces de instancia fueron las indagatorias de los procesados, las cuales, como, se verá, no adolecen de irregularidad alguna, con el resto del acopio probatorio en su conjunto, y de ese modo llegaron a la convicción sobre la responsabilidad de aquellos.

Lo esencial, lo que sí tuvo peso en la formación del convencimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca, fue el hecho incontrovertible consistente en que Eudes Marceliano Garzón Pérez y Alba Mariela Beltrán Acosta, en indagatoria, admitieron su relación sentimental y describieron cómo se fue gestando entre los dos la idea de deshacerse del esposo de ella, llegando inclusive hasta el homicidio, si fuere necesario, como en efecto ocurrió.

3.La procesada fue asistida en su indagatoria por un ciudadano.

3.1. Según consta en el acta respectiva, a la señora Alba Mariela Beltrán Acosta "se le hicieron las advertencias previas a la indagada de conformidad con el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal y manifestó que nombra al señor Moisés Hormaza quien hallándose presente aceptó el cargo", se identificó y tomó posesión. Al día siguiente la indagada otorgó poder al abogado que desde entonces la representa, cuyo reconocimiento y posesión tramitó el juzgado en forma inmediata (fl. 62 Cdno. 1).

3.2. Como en este caso la inasistencia profesional tuvo lugar en diciembre de 1990 —antes de la vigencia de la actual Carta Política—, el análisis de la presunta violación del derecho de defensa se debe hacer de cara a la normatividad constitucional vigente en esa época, para no socavar el orden jurídico fundamental y legal que por entonces regía la actividad judicial en materia penal.

A la sazón, cada vez que la Corte Constitucional se ha ocupado del tema de las facultades legales ejercidas antes de julio de 1991, advierte:

"... el análisis de constitucionalidad, tal como lo ha venido sosteniendo esta corporación, debe hacerse a la luz de las normas constitucionales vigentes al momento de expedirse el precepto acusado, esto es, la Carta Política de 1886..." (Sent. C-026 del 4 de febrero de 1993, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

De no ser así, se estaría quebrantando el principio fundamental de validez del ordenamiento preexistente, por lo que la Sala de Casación Penal de tiempo atrás ha venido sosteniendo:

"... Empero, aquellos procesos adelantos bajo la Constitución de 1886 y leyes procesales que la desarrollaron, tienen pleno valor, pues era el debido proceso imperante y dentro del cual debía desarrollarse la actuación sin que existan motivos, como afectación de derechos humanos o de garantías esenciales, que impongan su corrección. El actual artículo 29 de la Carta Política lo reafirma al sostener como derecho fundamental el juzgamiento conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante el juez o tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio". (Sent. del 18 de noviembre de 1992, M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia).

3.3. En ese orden de ideas, el artículo 139 del Decreto 050 de 1987, vigente para la época en que Alba Mariela Beltrán Acosta rindió indagatoria en el Juzgado Promiscuo Municipal de Gama (Cundinamarca), en forma expresa habilitaba a personas distintas del abogado para la defensa del procesado durante la indagatoria:

"El cargo de defensor para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable siempre que no sea empleado público".

Consta en el acta de indagatoria que previamente se le hicieron a la sindicada las advertencias del artículo 380 ibídem, de modo que se enteró del derecho que tenía a nombrar un defensor para que la asistiera personalmente en esa diligencia y por esa razón procedió a designar al señor Moisés Hormaza, quien posesionado actuó como tal, pero únicamente durante el transcurso de esa diligencia, ya que un día después asumió la defensa el profesional del derecho que desde entonces la ha venido apoderando, inclusive en el recurso extraordinario.

3.4. Como se ve, la indagatoria se cumplió con apego a la ley, en este caso la que excepcionaba para ese solo acto la presencia de un abogado, y salvo esa diligencia, durante todo el proceso el defensor designado por la sindicada al día siguiente, ejerció con vehemencia la defensa técnica que su condición requería; así lo demuestran los diversos alegatos y recursos presentados en su favor, tanto en la fase investigativa como en la etapa de juzgamiento. Si ello es así, en ningún momento, a partir de la vinculación mediante indagatoria de Alba Miariela Beltrán Acosta, le fue desconocido o vulnerado el derecho de defensa.

3.5. No sobra recordar que a la luz de la Constitución Política de 1991, y especialmente a partir de la Sentencia C-049 del 8 de febrero de 1996 proferida por la Corte Constitucional (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), cuyos efectos se producen hacia el futuro, es claro que los ciudadanos honorables, pero que no sean abogados, ni egresados, o no formen parte de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, no podrán asistir en indagatoria a una persona vinculada a un proceso penal.

Así lo determinó dicha corporación al declarar inexequible el inciso primero del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), que era del siguiente tenor:

"De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 196 de 1971, el cargo de defensor para la indagatoria del imputado, cuando no hubiese abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable siempre que no sea servidor público".

En los siguientes términos lo planteó la Corte Constitucional:

"Bajo estos supuestos es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado en materia penal sea un profesional del derecho; empero tampoco puede desconocerse la realidad en la que en ciertas condiciones no es posible contar con abogados titulados para que cumplan la labor de defensor de oficio en asuntos penales, lo que le ha llevado a aceptar dentro del marco de la jurisprudencia de esta corporación que en casos excepcionalísimos, la ley pueda habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, desde luego, garantizando un mínimo de formación e idoneidad técnica y profesional para que pueda atender a las necesidades profesionales del defendido".

De ahí que, siguiendo la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional, el Código de Procedimiento Penal que hoy rige (L. 600/2000), en su artículo 128 haya dispuesto que:

"Salvo las excepciones legales, para intervenir como defensor o apoderado de cualesquiera de los sujetos procesales se requiere ser abogado titulado".

4.El derecho de defensa.

Menos aún puede, a expensas de la supuesta dependencia entre la captura ilegal y las subsiguientes actuaciones procesales, alegarse la violación del derecho de defensa con el argumento de que la privación ilegal de la libertad es una forma de constreñimiento que no le permite a quien está en esas circunstancias hacer uso de tan fundamental garantía.

Pensar así es confundir la autonomía de defenderse con el derecho a la libertad, o anteponer a la defensa una condición que la ley no tiene prevista, pues por parte alguna se ha dicho que es la legalidad de la captura lo que legitima el derecho del sindicado a estar asistido por un defensor.

Desde el día siguiente a la indagatoria, según viene de explicarse, la procesada fue adecuadamente asistida por su abogado, y el casacionista, salvo el comentario general al respecto, no ilustra a la Sala acerca de la manera cómo el derecho a la postulación del defensor técnico fue sesgado, ni cómo se impidió que ella ejerciera su defensa material, de suerte que este reparo se agota en la simple enunciación.

En las condiciones anteriores, el cargo no sale avante.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo materia del recurso extraordinario.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno».

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