Sentencia 9812 diciembre 9 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 9812

Actor: Rubén Antonio Giraldo Henao y otros. Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

EXTRACTOS: «Del material probatorio aportado al proceso infiere la Sala con perfecta claridad que los miembros de la Policía Nacional anteriormente mencionados fueron los autores materiales de la muerte de Nubia Margoth Álvarez y de las lesiones personales en Juan Carlos Giraldo Moreno. Los aludidos policías se encontraban en servicio cuando ocurrieron los hechos y en su desarrollo aparte de incurrir en la ejecución de doble hecho punible (homicidio y lesiones), desconocieron y violaron expresas normas constitucionales y legales, a saber: los artículos 2º y 218 de la Constitución Política, 1º y 29 del Código Nacional de Policía, a más del reglamento de disciplina y honor contenido en la Resolución 00168 de 1961. Se incurrió entonces en la violación de un contenido obligacional expreso suficiente para estructurar la falla del servicio.

Ahora bien, dada la utilización de las armas de fuego para ocasionar las lesiones a Giraldo Moreno, considera la Sala que bien puede aplicarse también en este caso el régimen de presunción de responsabilidad, frente al cual la entidad demandada no demostró causal alguna de exoneración, como serían la fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva y determinante de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Hay lugar, pues, a la aplicación de los artículos 13, 90 y 95 de la Constitución Política, por cuanto, los agentes oficiales le impusieron a la víctima una carga excepcional con la utilización de las armas de fuego, ocasionándole así mismo un daño antijurídico que el lesionado no estaba obligado a soportar, evento en el cual el Estado asume la responsabilidad patrimonial correspondiente.

En cuanto respecta con los llamados en garantía, estima la Sala que debe revocarse lo decidido por el tribunal, para en su lugar declarar que la demandada, una vez haya pagado la indemnización correspondiente, debe repetir contra aquéllos. A tal conclusión arriba la Sala luego de examinar el material probatorio recaudado, así como el desarrollo mismo de lo acontecido, de todo lo cual se infiere, que los miembros de la Policía causantes del daño actuaron dolosamente al ejecutar la conducta ilícita que se les reprocha, exigencia básica del artículo 90 de la Constitución Política para que la autoridad pública pueda repetir contra el agente infractor.

Ahora bien, con respecto al reconocimiento de perjuicios morales que se hace en el fallo recurrido lo estima la Sala acertado, dado que aparece debidamente comprobada la relación familiar entre la víctima y los otros demandantes. Con relación a los perjuicios materiales estima la Sala que el hecho de no encontrarse vinculado laboralmente a la Policía Nacional al momento de los hechos, por cuanto días antes se había retirado, no impide reconocerle a la víctima los perjuicios materiales reclamados, desde luego, con base en el salario mínimo legal, ante la falta de prueba de otros ingresos, y atendiendo la evaluación médico laboral practicada por Medina Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

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