•SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

INCOMPETENCIA DEL JUEZ PARA VARIAR LA ACUSACIÓN

EXTRACTOS: «La primera irregularidad aducida, al amparo de la causal tercera, la basa el libelista en que el Juzgado del Circuito decretó la nulidad de la audiencia de sentencia anticipada, en la que se había aceptado la existencia de un homicidio simple en estado de ira, alegando la violación de garantías fundamentales, sin que ningún derecho del acusado se hubiera desconocido, con lo que se vulneró la garantía del debido proceso.

En desacuerdo con el criterio del Procurador Delegado, debe la Sala manifestar, no obstante el deficiente desarrollo de la censura, que le asiste razón al impugnante.

En efecto, salvo los casos de excepción en que rige el sistema inquisitivo de procesamiento, en Colombia se adoptó uno mixto con tendencia acusatoria, en el que ejecutoriada la resolución de acusación e iniciada la etapa de juzgamiento, el fiscal pierde la dirección del proceso y adquiere la calidad de sujeto procesal y aunque conserva la función acusadora, no puede variar o adicionar la acusación, que debió formular en su totalidad en tal proveído, de manera que el enjuiciado tenga certeza de que se debe defender de ella, exclusivamente. El debate que en la fase sumarial fue amplio se circunscribirá a los precisos aspectos contenidas en tal decisión.

Lo anterior no significa que el fiscal no pueda cambiar su posición jurídica con relación a la acusación, pero si es desfavorable al procesado, no podría hacer ninguna petición en tal sentido, pues si la hace no podrá ser atendida por el juez. Si es favorable deberá pedir la absolución o la atenuación de la responsabilidad, según el caso, como cualquier otro sujeto procesal, pero no podrá trocar la acusación, ni impetrar al juez que lo haga, pues éste también, en el actual esquema procesal, carece de esa atribución.

Como consecuencia, la sentencia se limitará a resolver los cargos contenidos en la resolución de acusación, debiendo, por ende, ser congruente con la misma, “sin que pueda introducir hechos no comprendidos en ella, ni cambiar la denominación jurídica, ni deducir agravantes, ni suprimir atenuantes, ni en general hacer más gravosa la situación del enjuiciado”, como lo ha sostenido la Sala(1).

(1) Véase, entre otras, casación 9196, mayo/96, M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia; auto abril/98, segunda instancia 13.508, M.P. Dr. Dr. Ricardo Calvete Rangel; casación 9485, mayo 20/97, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.

La intangibilidad de la resolución de acusación, entendida en el sentido de que en la etapa de juzgamiento ni el fiscal ni el juez tienen competencia para variar o adicionar la imputación, no obsta para que éste, al resolver a través de la sentencia los cargos formulados, no pueda atemperar la responsabilidad, pues si puede absolver con mayor razón podrá actuar en tal sentido. Pero para evitar que se rompa la congruencia, no podrá desconocer la denominación jurídica imputada, debiendo mantenerse la identidad del género delictivo, ni podrá, desde luego, hacer más gravosa la situación del enjuiciado.

Como lo ha sostenido la Sala, la adecuación típica de la conducta que hace el fiscal en la resolución de acusación se entiende como provisional, con señalamiento del capítulo, dentro del correspondiente título del Código Penal. “Este carácter provisorio permite al juzgador, como muchas veces se ha dicho, concretar definitivamente la adecuación típica del hecho punible, acomodar en la sentencia —si es del caso— la conducta a uno cualquiera de los tipos que integran el capítulo respectivo pero sin trascender los límites o parámetros imputados por el núcleo central de la acusación”(2).

(2) (Ver casación 9637, marzo 4/98 M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

Una variación de la calificación del hecho punible, así limitada, ni rompe la congruencia, ni afecta la estructura del proceso, ni desconoce el derecho de contradicción y defensa.

Por otra parte, la incompetencia del juez para modificar la resolución de acusación, no impide que como supremo garante de la legalidad pueda decretar la ineficacia de dicha pieza procesal, cuando se vulneran las garantías fundamentales (por ejemplo, por incompetencia del fiscal que la profirió en tratándose de funcionarios constitucionalmente aforados, por falta de motivación, motivación anfibológica, desconocimiento del derecho de defensa, etc.) o cuando en la misma se incurre en error en la denominación jurídica de la infracción, es decir, se la califica con el nombre correspondiente a otro género delictivo, pues si al dictar sentencia se modificara el nomen iuris, para corregir el desacierto, se violaría la congruencia y se sorprendería al acusado, generándose otro yerro.

El trámite especial de sentencia anticipada sigue, en general, estos mismos principios, y si se considera que el acta de formulación de cargos es equivalente a la resolución de acusación, podremos sacar las siguientes conclusiones.

1. Es intangible, pues ni el fiscal ni el juez tienen competencia para variar o adicionar la acusación, esto es, para introducir modificaciones a la imputación hecha y aceptada.

2. El juez, por lo tanto, deberá dictar sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, debiendo existir congruencia entre aquella providencia y el acta de formulación y aceptación de cargos.

3. La intangibilidad de la acusación no impide, según criterio mayoritario de la Sala, que el juez, al proferir el fallo, puede atenuar la responsabilidad, aunque no agravarla, pero sin desconocer la denominación jurídica imputada, esto es, manteniendo la identidad del género delictivo.

4. La incompetencia del juez para variar la acusación, no obsta para que como supremo garante de la legalidad pueda anular la citada acta cuando advierta que se violaron las garantías fundamentales o que en la misma se incurrió en error en la denominación jurídica de la infracción.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Juez del Circuito carecía de facultad para invalidar el acta de formulación y aceptación de cargos, pues tal nulidad no se dispuso porque se hubieran desconocido las garantías fundamentales o porque se hubiera incurrido en error en la denominación jurídica del hecho punible, sino porque se estimó que no se encontraba probada la atenuante de la ira, esto es, no por un error de procedimiento sino por un presunto yerro de juicio que, salvo los casos en que trasciende la validez de la actuación, no genera nulidad(3).

(3) Según lo ha sostenido la Sala, por excepción, hay errores in iudicando que trascienden la validez de la actuación, como ocurre con el citado error en el nomen iuris del hecho o como cuando se alega, en los punibles contra el patrimonio, que no se trata de un sólo hecho sino de varios, lo que podría implicar cambio de competencia, al disminuir la cuantía, que no sería del Juzgado del Circuito sino del Municipal (Véase, entre otras casación 12.440, mayo 27/97. M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda, casación 9845, mayo 29/97, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll; casación 10.036 dic./97, M.P. Dr. Carlos Augusto Galvez Argote).

Al disponer, indebidamente, la ineficacia de tal acta, el juez se arrogó, indebidamente, la facultad de modificar la acusación, en perjuicio del acusado, pues obligó a que se profiriera una segunda, sin la mentada atenuante, con lo que vulneró la estructura del proceso, no sólo por irrumpir en una función reservada a la Fiscalía, como lo es la acusatoria, sino, además, porque desconoció que, en ese momento procesal, la acusación había devenido intangible, por lo que ni el mismo fiscal podía variarla. Pero también pasó por alto la voluntad del procesado que aceptó un trámite abreviado y una sentencia inmediata con fundamento en esa atenuada imputación.

Y es que en el caso de la sentencia anticipada existe una razón adicional para respetar la intangibilidad de la acusación y es la de que en el procedimiento ordinario, el pliego de cargos es obra exclusiva del fiscal y consecuencia de la prueba practicada y controvertida en la fase sumarial y, en cambio, en el evento de este especial trámite es fruto de la concurrencia personal del fiscal y del procesado quien participa activamente no sólo cuando manifiesta la intención de someterse a él, sino cuando muestra su conformidad con los cargos formulados por aquél y con base en ellos, y no en otros más gravosos, accede a ser inmediatamente condenado.

Por las razones expuestas se invalidará lo actuado a partir del auto fechado el 31 de enero de 1994, proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, para que se subsane el defecto.

Finalmente, aunque se efectuó una segunda audiencia de formulación de cargos, sin la aminorante del artículo 60 del Código Penal, los que fueron aceptados por el procesado, ello no convalidó la irregularidad, pues no se está en presencia de una vulneración de garantías (error de garantía) sino de un vicio de estructura (error de estructura) el que es insubsanable.

Ante la prosperidad de este reproche resulta innecesario el análisis de los demás.

Son suficientes las consideraciones precedentes, para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVA:

CASAR el fallo impugnado, en el sentido de invalidar lo actuado a partir del auto fechado el 31 de enero de 1994, inclusive, proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, para que se subsane la irregularidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».

(Sentencia de casación, junio 10 de 1998. Radicación 9830. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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