•Sentencia 9833 de febrero 5 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

REPARACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

NO SE TIENE EN CUENTA LO PAGADO POR UN SEGURO TOMADO POR LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «Para la obtención del beneficio es menester que se restituya el objeto materia del delito o su valor y, además, que se indemnicen los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. En el caso sub judice, la restitución era una situación de imposible satisfacción, puesto que el carro fue recuperado pocos momentos después de haber sido hurtado, por lo que bastaba que el procesado indemnizara a la víctima, para ser acreedor a la rebaja.

Tal indemnización debe ser total, plena o suficiente, comprendiendo el perjuicio material, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, y el daño moral, lo que no fue cumplido por el procesado.

Así, un valor equivalente al 70% del daño material fue cubierto por la compañía de seguros y un 30% por aquél, según se infiere del contenido del documento suscrito por el ofendido, en el que se lee

“... que el señor Pedro Enrique Vargas Rivera nos ha hecho la reparación del daño en forma PARCIAL en consideración a que la compañía aseguradora El Libertador S.A. cubre el 70% del valor asegurado” (el subrayado es nuestro).

Como se ve, la indemnización no fue plena, pues no comprendió el quantum total de la lesión material, ni el lucro cesante, es decir, las sumas que se dejaron de percibir durante el lapso en que el vehículo de servicio público estuvo sometido a reparación y, por ende, inmovilizado, ni tampoco el daño moral, siendo preciso aclarar que lo cubierto por la compañía de seguros no puede tenerse como indemnización a favor del procesado, pues fue la víctima quien pagó la prima del seguro, resultando ilógico que el pago hecho por ésta sea una fuente de beneficio a favor del victimario.

Para tener derecho a la diminuente, el responsable del punible contra el patrimonio debe pagar el valor total del perjuicio, y si éste es cubierto en todo o en parte por un tercero, que no cancela a nombre del procesado, tal reembolso no se puede considerar como indemnización a favor de éste, que estará obligado a devolverle a ese tercero lo pagado, para que se pueda considerar que ha indemnizado.

En el mismo sentido, si el objeto material no es recuperado y un tercero, como la compañía de seguros, paga su valor, ese pago no se puede imputar a favor del procesado, para efectos del artículo 374, a menos que devuelva lo pagado a ese tercero.

La compañía de seguros, como lo ha sostenido la Sala, adquiere la obligación de pagar el daño a quien con ella ha celebrado el contrato de seguro, pero no tiene ninguna obligación con el procesado, cuya fuente de la obligación de indemnizar es precisamente el delito. Por tanto, cuando el asegurador paga no está cumpliendo con la obligación extracontractual emanada del delito, a cargo del responsable, sino con la obligación contractual emanada del contrato de seguro. Ha dicho la Sala:

“.... pues las obligaciones que surgen del seguro provienen del negocio jurídico en virtud del cual la aseguradora ha asumido la reparación prestando el equivalente pecuniario en las condiciones, límites y modalidades señaladas en las distintas cláusulas del contrato.

El contrato de seguro, por consiguiente, cumple en un sentido jurídico y económico con una función reparadora consistente en que la compañía asume los riesgos cuando se presenta el evento por el valor convenido en la póliza correspondiente, previo el pago de una prima, obligación que es ajena a la que compete al responsable y eventualmente al tercero civil dentro del proceso penal como efecto del hecho delictivo; mientras que la responsabilidad del procesado es directa y la del tercero civil colateral o indirecta frente a las consecuencias patrimoniales del delito por la producción del daño, el asegurador no es de ningún modo responsable de ese daño....” (Casación Nº 10.589, diciembre 16/98. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote).

Por otra parte, y en cuanto a que la indemnización del perjuicio debe ser total, ha sostenido la Sala:

“Pero a más de esta restitución natural o por equivalencia, que era suficiente, como ya se anotó dentro de las previsiones del Código Penal de 1936, para obtener la rebaja de pena, el actual estatuto exige que también se indemnicen todos los perjuicios causados a la víctima. No basta, pues, la restitución (natural o por equivalencia): hay que pagar, además, todos los perjuicios causados con el delito a pesar de ésta” (Sent., nov. 21/88).

En otra ocasión manifestó:

“... la indemnización que exige también la norma (C.P., art. 374) debe ser plena o suficiente, en el sentido de tal concepto, para que produzca el efecto indicado. Y en este caso, señalados únicamente los perjuicios materiales del perito, con prescindencia de los morales, el juez sin precisar éstos conforme a sus facultades o anotar tal vacío, dio como suficiente la indemnización, para disponer la reducción referida cuando faltaba este requisito, sin el cual no podría entenderse atendido debidamente el precepto”. (Sent., jun. 22/88).

En las condiciones anteriores se ha de concluir que la indemnización se hizo en tiempo oportuno, es decir, antes de la sentencia de primera instancia, pero como no fue total, sino apenas parcial, no procede la rebaja pedida».

•(...)

PROCESO TRAMITADO CON AUDIENCIA ESPECIAL

OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR REBAJA DE PENA POR REPARACIÓN

EXTRACTOS: «Evidentemente, en las instancias se dio una equivocada inteligencia al artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, que llevó a que se estimara extemporáneo considerar la aplicación del artículo 374 citado.

En efecto, la oportunidad para impetrar la reducción, por expresa disposición de este precepto, no está limitada a la audiencia especial, sino que se extiende hasta antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

Así mismo, la suspensión de la actuación penal, como consecuencia del trámite de la audiencia especial, no impide que se haga la solicitud de rebaja, pues como lo expresa el Procurador Delegado,

“Esta suspensión de la actuación procesal que dispone la ley es entendible, habida cuenta del carácter especial que comportan este tipo de procedimientos. Y propende fundamentalmente porque no se siga tramitando el proceso de acuerdo con los parámetros ordinarios, a fin de no alterar las condiciones jurídicas y probatorias que sirven de fundamento a la audiencia especial. Es decir, que aquellos actos que no modifican las referidas condiciones y que por ende no pueden alterar el núcleo esencial de la acusación, no están comprendidos dentro de dicha limitación”.

Por otra parte, aunque la aceptación de la aminorante de punibilidad, por parte del juez, afecte la dosificación punitiva acordada entre procesado y fiscal, tal variación está ajustada al debido proceso y a los principios de lealtad e igualdad, pues si el propio legislador previó la oportunidad para impetrarla, esto es, hasta antes de dictarse sentencia de primera instancia, siendo, por ende, viable en el período que transcurre entre el acuerdo y el fallo, no puede haber sorprendimiento de ninguna clase. Además, si el juez, cumplidos los requisitos que la norma exige, debe conceder el descuento, gozando de discrecionalidad sólo para fijar el quantum del mismo, no se puede afirmar que esa variación de la pena convenida sea ilegal o desconocedora del acuerdo».

(Sentencia de casación, febrero 5 de 1999. Radicación 9833. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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