Sentencia 9849 de enero 31 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref.: Exp. 9849

Actores: Rosalba Vargas y otros

Demandada: Nación-Mindefensa-Ejército

Santafé de Bogotá, D.C., enero treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y siete (1997).

EXTRACTOS: «“3. El ponderado análisis de la prueba recaudada, tanto en la investigación penal como en este proceso, permite concluir, por el contrario, que la muerte de Carlos Alberto Santos Cadena se produjo como consecuencia del obrar prepotente, soberbio, desproporcionado de los miembros de la fuerza pública, cuyas órdenes no fueron atendidas por los particulares, quienes en verdad no representaban ningún peligro para los militares.

4. Se acreditó que los pescadores, en lugar de atender la orden, intentaron huir. Conducta de la que el apoderado de la entidad demandada deriva su tesis de “culpa exclusiva de la víctima” o, subsidiariamente, “culpa compartida” porque el comportamiento de Santos Cadena fue el determinante o contribuyó a la producción del resultado.

Admitir una u otra tesis, significaría legitimar el uso inadecuado de las armas que, en ejercicio de una conciencia que menosprecia la vida, valora más el principio de autoridad, las presunciones de peligrosidad sobre quienes evaden retenes, la ficción de seguridad ciudadana y, por esa razón, encuentran admisible disparar contra el que huye.

La Sala hace suyas las reflexiones que sobre este tema ofrece Iñaki Agirreazkuenaga:

“Problemas similares suscitan los casos de huida, desatendiendo las voces de “alto a la policía”, que no autorizan, como recuerda el Tribunal Supremo, sin más, a las FCS (fuerzas y cuerpos de seguridad) “a utilizar sus armas de fuego con resultado mortal para el que huye, olvidando que la vida humana es el supremo bien de nuestra cultura y ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 15 de nuestra constitución. A este respecto cabe distinguir diversas situaciones, siempre respetando las intimaciones y reglas restrictivas sobre el disparo a zonas no vitales del cuerpo humano:

1. En los supuestos en que nada prueba que la persona que huye haya efectuado acto alguno grave contrario a la ley, no cabe disparar sobre ella puesto que no basta esa mera actitud de huida para configurar una acción ilegítima de la víctima con entidad suficiente para justificar el uso de armas. Incluso en ocasiones puede no constar que su huida estuviere determinada por la orden de ¡alto a la policía!, “a quienes pudo no identificar confundiendo su actuación con la de otro tipo de personas”. En este contexto, convendría la inserción en la ley de una regla similar a la dispuesta en la instrucción sobre controles policiales que dispone como lema: “es preferible no detener a un delincuente que asesinar a un inocente”.

2. En los controles policiales instalados en carretera, o en el casco urbano de la ciudad, para la verificación de los ocupantes de vehículos..., deben adoptarse las previsiones necesarias para detener a los mismos al margen del uso de las armas de fuego, que en todo caso sólo cabría utilizar sobre las ruedas de los vehículos.

3. Finalmente, cabría utilizar las armas contra las personas cuando la extrema peligrosidad del que huye resulta acreditada, bien porque se halla en posesión de armas de fuego o explosivos, está bien porque resulta indubitada su implicación directa en delitos graves cuya determinación se correspondería con los anteriormente señalados como de grave riesgo para la seguridad ciudadana fijados por el legislador”. (La Coacción Administrativa Directa. Instituto Vasco de Administración Pública. Editorial Civitas, Madrid, 1990, pp. 250-251)».

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