Sentencia 9850 de junio 17 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ABUSO DE CIRCUNSTANCIAS DE INFERIORIDAD

EXISTENCIA DE TRASTORNO MENTAL EN LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «Ha sido tesonera y aguda la discusión en este proceso en torno a la existencia del trastorno mental en la víctima, al aprovechamiento abusivo de esa débil condición psíquica, como causa relevante del traslado de los bienes de propiedad de la señora Rosa Otero de Carrera al patrimonio de su hija María Eugenia del Rosario Buendía Otero. Sin embargo, como dicho trastorno mental es un elemento normativo del tipo penal de “abuso de circunstancias de inferioridad”, previsto en el artículo 360 del Código Penal, resulta imperativo definir la naturaleza jurídica del mismo, el sentido de la expresión en el contexto de regulación de la figura delictiva, antes de juzgar sobre los presuntos errores de hecho y de derecho en la apreciación probatoria, pues el principio lógico antecedente-consecuente enseña que el acierto o el yerro de la prueba dependen inexorablemente de lo que se pretenda probar. En efecto, son distintas las necesidades de prueba si el “trastorno mental” exigido en el referido tipo penal se entiende en el sentido extremo de la “enajenación mental”, como pérdida completa de la conciencia y la voluntad, caso en el cual sería necesario establecer la presencia de una sicosis, una neurosis o una psicopatía grave; o si se entiende en sentido amplio como una alteración en mayor o menor grado de la normalidad del estado psíquico de una persona, caso en el cual bastaría determinar una debilidad mental.

Algo más: cuando el derecho penal adopta la expresión lingüística “trastorno mental”, no lo hace de manera uniforme en cuanto a su entidad, pues, para el caso de inimputabilidad requiérese una perturbación tal que afecte profundamente la capacidad de comprensión o de autodeterminación del individuo (C.P., art. 31); mientras que el “trastorno mental” propio del delito de abuso de circunstancias de inferioridad tiene la connotación de una subordinación psíquica de la víctima en relación con el sujeto activo (art. 360 ídem).

Esta distinción es evidente en el texto y la sistemática propia de la última disposición citada, cuyo tenor es el siguiente:

Abuso de circunstancias de inferioridad. El que con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito y abusando de la necesidad, de la pasión o del trastorno mental de una persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos que la perjudiquen, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de quinientos a cincuenta mil pesos.

Si se ocasionare el perjuicio, la pena será de uno (1) a siete (7) años de prisión y multa de un mil a cien mil pesos”.

La frase rectora “Inducir a realizar” significa que el sujeto activo no hace las cosas por la víctima, no la suplanta, sino que simplemente la anima o la azuza para que ella misma realice cierta acción que él quiere. De ahí que el inducido no necesariamente tiene que ser un “enajenado mental” o quien padece un grave y extendido trastorno de las esferas intelectiva y/o volitiva de su personalidad, porque basta establecer una interferencia en la inteligencia, memoria o atención para evaluar el sentido y prueba de la realidad, precaria condición mental de la cual se aprovecha el victimario para llevar a la víctima a un acto perjudicial para ella y en el cual se imponen notoriamente la voluntad y el interés de aquél. Dentro de este contexto, el trastorno mental debe ser entendido como sinónimo de debilidad mental, ya que el ámbito situacional del tipo examinado requiere como sujeto pasivo a una persona que, por su inferioridad psíquica permanente o transitoria, fácilmente sea impresionable o sugestionable por las insinuaciones interesadas del sujeto activo.

En el tipo penal en examen caben las hipótesis casuísticas del que vende su bien por un precio irrisorio pero por el apuro de querer salvar la vida de su madre que pende de una cirugía, situación de la que se vale el agente (necesidad); o el que lo entrega gratuitamente por su inclinación incontenible hacia una persona que abusa de su situación de privilegio para obtenerlo (pasión); o el que se desprende de la cosa porque su cocontratante se aprovecha de su falta ostensible de conocimientos y habilidades sobre la materia (inexperiencia). En todos estos supuestos la víctima sabe literalmente lo que hace en el momento de la realización, pero no percibe las consecuencias del acto en su vida de relación. De ahí que, en el caso del “trastorno mental”, la cuestión no puede ser sustancialmente diferente, pues, dentro de una interpretación por homologación, basta a los fines punibles que el actor se aproveche de un defecto de personalidad del sujeto pasivo que, a pesar de que no le obstaculice el conocimiento del hecho, sí impida la proyección de la persona.

En este orden de ideas, basta saber que la inferioridad mental de la señora Rosa Otero de Carrara comienza desde que en el posoperatorio, una vez intervenida del corazón el día 30 de marzo de 1989, padeció un accidente vascular cerebral que le afectó su estado de conciencia y, a pesar de que recuperó la lucidez bajo el cuidado de los médicos Fernando Guzmán Mora y Mario Bernal Ramírez, de su hijo Fernando Carrera Otero y de las enfermeras que éste contrató, de todas maneras era susceptible a las depresiones, lo cual evidencia su estado de inferioridad psíquica.

De esa debilidad mental de la señora Otero de Carrera, por obra del accidente cerebro-vascular, tenían conocimiento suficiente ambos procesados cuando empezaron a influir sobre ella.

(...).

De modo que, en orden a la protección que dispensa el artículo 360 del Código Penal (fiel reflejo del inciso final del artículo 13 de la Constitución Política), no es necesario especular si para los días 5 y 6 de julio de 1989, fechas de traslado del vehículo y la casa, la señora Rosa Otero de Carrera “gozaba plenamente de todas sus facultades mentales” (fs. 42, cuaderno 1), como engañosamente lo certificó el médico Spath Estefan y se pretende con esmero demostrar en las demandas de casación, sino que es suficiente establecer que el accidente cerebro-vascular reciente, por las secuelas de depresión que le produjo, la mantenía en manifiesta condición de debilidad mental de la cual abusaron los sujetos activos, pues nada diferente indica que María Eugenia hubiese obtenido la nuda propiedad de un inmueble entonces estimado en la suma de sesenta millones ($ 60.000 000), por la irrisoria cantidad de tres millones novecientos mil pesos ($ 3.900.000), valor que jamás fue entregado a la vendedora, y que ésta a su vez se hubiere desprendido gratuitamente del único automotor que poseía, precisamente en los momentos más aciagos y de mayor necesidad en su vida por su avanzada edad y por la manifiesta perturbación de su salud física y mental.

Con todo, también es evidente que tal estado de inferioridad psíquica fue arreciado por la actuación maliciosa de ambos procesados. El fallo impugnado muestra y analiza los siguientes datos probatorios:

En efecto, la enfermera Raquel Flórez Montes conoció a la señora Rosa Otero de Carrera en el mes de junio de 1989, a raíz de la ayuda que le empezó a prestar en la convalecencia de una cirugía abierta de corazón, y le administraba aproximadamente diez (10) medicamentos que le recetaron el cardiólogo, el psiquiatra (Spath Estefan) y el gastroenterólogo. Pero además, todas las noches María Eugenia se preocupaba de suministrarle personalmente una misteriosa droga que supuestamente era para provocarle el sueño a la paciente, comprimido que ella celosamente mantenía en su alcoba y no en el lugar de los demás medicamentos, pero que paradójicamente no la hacía dormir sino que le producía desvaríos, pesadillas y descoordinación en el lenguaje. El psiquiatra sí sabía qué droga le estaba aplicando María Eugenia, porque a él “le comentaba y se le decía que deliraba y decía que en la sesión de siquiatría él iba a consultar...” (fs. 188). De igual manera, dice la testigo, la señorita María Eugenia suspendió las visitas y llamadas, que no debían “dejar entrar a nadie, absolutamente a nadie, ni al hijo, que si llegaba y tumbaba la casa o echaba la pared al suelo que nada de dejarlo entrar y no dio razón alguna...” (fs. 191). Agrega que el doctor Spath le formuló a la convaleciente theralite y tríttico, que son antidepresivos, y que a ella se le notaba tranquila pero por efecto de la droga antidepresiva.

(...).

Aunque se ha discutido duramente la credibilidad de la certificación de la clínica de Toxicología “Guillermo Uribe Cualla”, que advirtió barbitúricos en las muestras de sangre y orina tomadas a la paciente, sin necesidad de entrar en la polémica sobre la autenticidad del documento, la Sala quiere significar que de todas maneras los ameritados testimonios dan fe de un proceso de intoxicación de la víctima. La reacción disociativa de la paciente cuando recibía una droga cuya naturaleza siempre se mantuvo oculta por la procesada, guardada con celo en su propio armario para que las enfermeras no tuvieran contacto con el producto, en lugar de producirle el sueño esperado, son manifestaciones de un proceso de intoxicación, máxime que los médicos de la Clínica Nueva (Ricardo Beltrán Pineda y Martha Juliana Acevedo Danner), el 30 de agosto de 1989, advirtieron en la paciente un cuadro de “intoxicación medicamentosa”, connotado por adinamia, agresividad, desorientación, tendencia marcada a la somnolencia, pero que prácticamente el tratamiento consistió en la suspensión de la droga que le venían administrando a la dama (fs. 176 y 180).

(...).

Lamentable y cándida derrota sufriría la justicia si, por no haber podido conocer la etiqueta de una sustancia que maliciosamente le administraban a la víctima, gracias precisamente a las maniobras habilidosas de los procesados, no se pudiera declarar la presencia de un hipnótico y sedante en su organismo, a pesar de los inequívocos signos reveladores de la acción de tal tóxico.

Así entonces, como quiera que la mayoría de los esfuerzos intelectuales del primer demandante se orientaron a desvirtuar un grave estado de perturbación mental de la víctima para las fechas precisas de las negociaciones (5 y 6 de julio de 1989), con señalamientos testimoniales aislados de posibles momentos de claridad de consciencia y lucidez ejecutiva en ella, sin importar el señalado proceso de deterioro e inferioridad mental, huelga concluir que los cargos deben desestimarse por errónea apreciación de la naturaleza jurídica del elemento por probar (“trastorno mental”). En lo demás, la prueba racionalmente examinada por las instancias, conforme con la síntesis dialéctica que se deja expuesta, es suficientemente meritoria para mantener el fallo de condena, a pesar de la confusión que evidenció la sentencia del tribunal en ciertos pasajes de la motivación, como lo hizo ver el Ministerio Público, pues todo se debió al deseo loable de hacer saber en últimas que la prueba de la intoxicación farmocológica no era inequívoca para predicar el atentado contra la vida, pero sí era bastante para determinar el delito de abuso de circunstancias de inferioridad».

(Sentencia de casación, junio 17 de 1997. Radicación 9850. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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