Sentencia 9858 de mayo 8 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado Acta Nº 47

Rad.: 9858

Santafé de Bogotá, D.C., mayo ocho de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Igualmente desatinado resulta el reparo de la demanda en el sentido de que “el calificativo de grave (dado a esta prueba indirecta por el sentenciador) es una valoración aneja que estuvo sometida a la tarifa legal en el Código de Procedimiento Penal derogado” (fl. 43, cdno. 5); pues la connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador.

Se trata de una simple ponderación lógica que permite al funcionario judicial asignar el calificativo de grave o vehemente al indicio contingente cuando el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho indicado; de leve, cuando se revela sólo como una entre varias causas probables, y podrá darle la menguada categoría de levísimo cuando deviene apenas como una causa posible del hecho indicado.

(...)

II. Indicio del móvil para delinquir. El ad quem, lo dedujo de los siguientes hechos indicantes:

A. El acusado se opuso a toda costa a la entrega del inmueble.

B. Chacón Macías siempre exteriorizó su disgusto por no haber sido admitido como parte en el proceso civil; porque no se le reconocieron las mejoras que dice le introdujo al edificio; porque a pesar de abonar la suma de $ 2.970.000 a la deuda y haber recibido la promesa de que no rematarían el bien, este acto se cumplió sin darle razón del dinero abonado; y también, porque la apoderada de Davivienda no le aceptó otra alternativa de arreglo, cuando para la época le habían ofrecido $ 190.000.000 como precio de compra por el inmueble.

Todas estas circunstancias, según el fallador, influyeron en el ánimo del procesado para apoderarse de los objetos como única alternativa para tratar de recuperar algo de lo que él consideraba era arbitrariamente despojado.

Con relación a esta prueba indirecta la libelista sólo hace criticas genéricas, concluyendo con la muy personal opinión de que “si el Tribunal no le hubiera dado el alcance que le dio al indicio del móvil en la sentencia censurada, el resultado que hubiera producido sería el de la absolución por el mecanismo de la duda...” (fl. 46, cdno. 5), pero, como ocurre con el anterior indicio, no concreta si su desacuerdo se basa en la deficiente demostración del hecho indicante o en presuntos errores en el raciocinio lógico que llevaran a una equivocada inferencia lógica o a una apreciación distorsionada del hecho indicado o a un examen del indicio de espaldas al resto de la prueba y sin sujeción a las reglas de la sana critica, todo lo cual impide a la Corte identificar los hipotéticos yerros del sentenciador y verificar su necesaria demostración, así como la incidencia trascendente en el fallo condenatorio.

Idénticas falencias se advierten en la crítica anodina que se hace al indicio de mala justificación o de manifestaciones posteriores, que el ad quem construyó a partir de la mendacidad de las afirmaciones del acusado y de sus dependientes Olga Chacón y Luis Smith Rangel, quienes quisieron hacer ver que el inmueble había quedado sin vigilancia y expuesto a la acción de los ladrones a partir del 8 de junio, cuando lo cierto fue que David Monsalve estuvo allí ejerciendo labores de celaduría por cuenta del inculpado hasta el momento previo a la última diligencia de entrega. Es que en franca emulación con un simple alegato de instancia, obviamente llamado al fracaso en esta sede, la casacionista se limita a considerar que es equivocada la inferencia lógica y por consiguiente la conclusión de la responsabilidad del sentenciado.

No sobra advertir que el elocuente indicio de huellas materiales, que en forma contundente también fue objeto de análisis en la fundamentación del fallo impugnado, no le mereció reparo alguno a la actora.

4. En fin, si desconociendo la técnica del recurso se llegara a tolerar un ataque tan irregular y desenfocado a una prueba indiciaria seria y responsable, construida por las instancias mediante procedimientos deductivos de fácil entendimiento y asentados en prueba directamente vehicular que da cuenta de la existencia de los hechos indicantes, tampoco podría olvidarse que la apreciación de los indicios, por imperativo legal, debe hacerse en conjunto, de cara a su gravedad, a la concordancia de los hechos indicadores y a la convergencia de las deducciones (CPP, art. 303), y no por el desasido método de cuarteamiento de la prueba y de valoración aislada de cada hecho indicante, como en forma infructuosa lo hizo la censora en la demanda.

Empero, en materia de casación fundada en la violación indirecta de la ley sustancial, en virtud de errónea apreciación de la prueba indiciaria, también rige el principio lógico de la razón suficiente, según el cual la verdad posible del demandante sólo se perfila si enuncia correctamente la realidad objetiva de sus juicios; es decir, si identifica cuál es el tramo lógico del indicio al cual dirige sus criticas y la clase de error que le imputa, porque, se repite, resulta asaz diferente la censura en tratándose de vicios objetivos en la estimación de la prueba directa soportadora del hecho indicador, o de vacíos protuberantes en la consideración de la experiencia, la lógica o las ciencias al momento de abordar la “inferencia lógica”, o de las falencias en el examen del mérito individual y después en conjunto de los indicios; claridad argumentativa, que soslayó la impugnante en su demanda de casación.

El cargo no prospera».

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