Sentencia 9860 de septiembre 12 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN DE INVALIDEZ

INVALIDEZ ADQUIRIDA DESPUÉS DE LA EDAD DE PENSIÓN DE VEJEZ

EXTRACTOS: «En cuanto a la discusión que plantea la réplica respecto a la invalidez de Alejandrina Espinosa de Díaz, para desechar este reparo basta decir que el Tribunal dio por probado el carácter de inválida permanente total de ella, e igualmente tuvo por establecido que cotizó más de 300 semanas antes de la fecha en que se calificó su grado de invalidez, y si desestimó la pretensión subsidiaria relacionada con el reconocimiento de la pensión de invalidez fue por haber considerado que por no haber cotizado el mínimo de 400 semanas exigidas por el Acuerdo 224 de 1966 no se configuraba el derecho a la pensión de vejez, puesto que la invalidez de la hoy recurrente se produjo después de cumplir los 55 años de edad exigidos por dicho reglamento del seguro social como edad mínima para obtener el derecho a la pensión de vejez.

Orientado el ataque por la vía directa, estos hechos que se dieron por probados no son discutibles en casación y la Corte debe partir de ellos como de una cuestión fáctica inalterable en el recurso.

Dado que el Tribunal expresamente asentó que la normatividad aplicable a los hechos en litigio era el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a pesar de ser innegable que en el fallo expresamente no se refirió al artículo 10 de dicho acuerdo y que de manera explícita únicamente menciono los artículos 4º, 5º y 6º del mismo, no es menos cierto que las razones que adujo para absolver de la pensión de invalidez obligan a considerar que su conclusión es consecuencia de una equivocada inteligencia de dicho reglamento del seguro social.

En efecto, la específica motivación de la sentencia acusada para negar el derecho pretendido por la demandante fue la siguiente:

“La pensión de invalidez, la otorga el ISS precisamente cuando hay disminución de la capacidad laboral que impide al asegurado seguir procurándose el medio de subsistencia y de contera alcanzar la edad y semanas de cotización requeridas para alcanzar la pensión de vejez, por tal razón estructurada la invalidez y si además cuanta (sic) con el mínimo de semanas de cotización obtiene la pensión de invalidez, que si persiste, al alcanzar la edad se convierte en pensión de vejez. En tal orden de ideas, en el caso cuestionado donde el punto de estudio abarcó tanto la pensión de vejez como la de invalidez en virtud de la apelación formulada por la parte apelante, no es viable ni procedente pretender que en subsidio de la pensión de vejez que no obtuvo [Alejandrina Espinosa de Díaz] por no reunir los requisitos exigidos por el reglamento vigente se le otorgue la de. invalidez cuando ya ha superado los requisitos mínimos para el otorgamiento de la pensión por vejez” (fol. 245 —subraya la Sala—).

Este planteamiento muestra claramente que el Tribunal entiende que no se puede adquirir el derecho a la pensión de invalidez aunque se reúnan los requisitos para ello si ya se ha superado la edad mínima para obtener el derecho a la pensión de vejez, inteligencia de lo preceptuado por el Acuerdo 49 de 1990 que es contraria a su genuino sentido, por lo que debe concluirse que ciertamente el fallador de alzada incurrió en un yerro hermenéutico que involucra el artículo 10, puesto que todas las disposiciones correspondientes al capítulo sobre prestaciones del riesgo de invalidez de origen común, o sea, las enumeradas del artículo 4º al 11, regulan un solo instituto jurídico.

Sobre este punto de derecho esta Sala de la Corte, interpretando dicho acuerdo del Instituto de Seguros Sociales, dijo exactamente lo contrario a lo expresado en el fallo recurrido y a la tesis que sostiene esta entidad al replicar el cargo. Dicha interpretación la hizo en la sentencia de 25 de noviembre de 1996 (Rad. 8929) a propósito del tema de la indemnización sustitutiva de la invalidez por riesgo común, en cuyos apartes pertinentes explicó lo siguiente:

“Conviene dejar sentado que para la Corte resulta equivocado el entendimiento que tiene el recurrente del inciso segundo del artículo 9º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues contradiría los postulados de la seguridad social la interpretación que permitiera concluir que una persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez previstos en el artículo 6º del citado reglamento, pierda tal derecho por la circunstancia de tener 60 años de edad cuando se le declaró inválido, sin haber cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez, pero que tampoco tenga derecho a la pensión de invalidez porque no adquirió el derecho a la de vejez.

La interpretación más razonable fue la que hicieron los falladores de instancia, porque a la par que consulta los fines de la seguridad social, permite entender que la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez fue creada, para proteger a los asegurados que sufren la contingencia que los invalida para trabajar mas no cumplen los requisitos legalmente previstos para (sic) se cause el derecho, y no para negarle esa pensión a quienes reuniendo cabalmente los requisitos, no llenan los exigidos para adquirir el derecho a una prestación que cubre un riesgo diferente, como es la pensión de vejez” (Rad. 8929).

Por tal razón, igualmente incorrectos resultan los criterios expuestos por el opositor en su escrito de réplica, pues va en contra de toda lógica y sentido de la equidad considerar que por haber salido de la “edad laborativa” las personas que hayan superado las edades mínimas para pensionarse por vejez no puedan adquirir una invalidez, como tampoco obtener una pensión que permita atender esa eventualidad, ya que ello sería tanto como admitir que el sistema de seguridad social no cubre el riesgo para ese grupo de personas, lo que claramente atentaría contra los principios de la universalidad en la cobertura y de la integridad en las prestaciones, universalmente reconocidos y actualmente elevados a norma constitucional al ser expresamente consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991.

La edad provecta de los afiliados no puede ser causa de discriminación sino por el contrario, precisamente debe ser motivo de especial reconocimiento y atención por la seguridad social, y mucho más cuando con sus cotizaciones ellos han contribuido a su financiación.

Ante la derogatoria del inciso segundo del artículo 9º del Acuerdo 49 de 1990 —que concedía indemnización sustitutiva al asegurado que sin tener derecho a la pensión de vejez se invalidara después de alcanzar las edades para obtener el derecho a esta pensión— la equivocada interpretación de las normas relacionadas con la pensión de invalidez por riesgo común para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, planteada por esta entidad en su réplica, implica dejar sin ninguna clase de protección frente al riesgo de invalidez a los afiliados o asegurados que cumplan más de 55 ó de 60 años de edad, según sean mujeres u hombres, pues para obtener la pensión respectiva tendrían que cumplir los requisitos exigidos para la cobertura de un riesgo diferente, como es el de vejez; razonamiento que es equivocado porque el hecho de que sea cierto que la pensión de invalidez se convierte en pensión de vejez cuando se cumple la edad mínima para adquirir esta prestación, según el artículo 10 del Acuerdo 49 de 1990, no significa que después de cumplida esa edad inmediatamente se modifiquen las exigencias para adquirir la pensión de invalidez de origen común, haciendo más gravosa la situación de esa persona al requerir de una mayor densidad de cotizaciones. En tal hipótesis lo que varía es la naturaleza de la pensión que ya ha sido reconocida, mas no las condiciones que deben reunirse para obtenerla, las que siguen siendo exactamente las mismas.

Demuestra por consiguiente la recurrente que el Tribunal incurrió en una violación directa del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del ese año, en cuanto él regula las prestaciones correspondientes al riesgo de invalidez de origen común, y más específicamente las que se refieren a los requisitos para obtener la pensión de invalidez y el disfrute de la misma, por lo que habrá la Corte de casar la sentencia, para en instancia, actuando como tribunal ad quem, revocar por igual motivo la también equivocada sentencia del juzgado, para, en su lugar, conceder la pensión de invalidez demandada desde el 28 de enero de 1994, fecha en la que presento “una pérdida de su capacidad laboral equivalente a un 55%” (fol. 149), según el dictamen médico.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y actuando en sede de instancia, revoca la proferida por el Juzgado Segundo laboral del Circuito de esta ciudad el 14 de febrero del mismo año, para, en su lugar, condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Alejandrina Espinosa de Díaz la pensión de invalidez, desde el 28 de enero de 1994, teniendo en cuenta el salario base de cotización correspondiente a la última semana efectivamente cotizada para este riesgo, pero sin que el valor de la pensión pueda resultar inferior al mínimo legal vigente en el momento de pagarse la respectivo mesada».

(Sentencia de casación, septiembre 12 de 1997. Radicación 9860. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el mayor respeto me permito disentir del fallo proferido por la Sala en el proceso ordinario promovido por Alejandrina Espinosa de Díaz contra el Instituto de Seguros Sociales por las siguientes razones:

1. No es materia de discusión en el caso bajo examen que después de la denegatoria por parte del ISS de la pensión de vejez reclamada por la demandante ésta solicitó a dicho instituto, el 30 de mayo de 1991, una pensión vitalicia de invalidez de origen no profesional, vale decir, cuando tenía 71 años de edad, y al momento de practicarse el examen por parte de un médico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —que reveló hipertensión arterial severa—, la actora había cumplido la edad de 73 años.

2. El Tribunal para absolver al ente demandado consideró que no obstante el dictamen médico que calificó la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un 55%, no procedida la pensión de invalidez, y tal decisión fue ajustada a la normatividad a la sazón aplicable. En efecto, el artículo 9º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es del siguiente tenor:

“Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por riesgo común. El asegurado que al momento de invalidarse no tuviere el número de semanas exigidas en el literal b del artículo 6º del presente acuerdo, tendrá derecho en sustitución de la pensión de invalidez, a una indemnización equivalente a una mensualidad de la pensión que le habría correspondido, por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas.

Igual indemnización se otorgará al asegurado que sin tener derecho a la pensión de vejez, se invalide después de alcanzar las edades que se señalan en este reglamento para adquirir el derecho a esta pensión.

En uno y otro caso será requisito, que el interesado tenga acreditadas no menos de 100 semanas de cotización, 25 de las cuales deben corresponder al año anterior a la estructuración de la invalidez”.

En rigor, esta norma es la aplicable al caso si se tiene en cuenta que la reclamación de la pensión de invalidez se hizo por la demandante el 30 de mayo de 1991. Aun aceptando las aserciones fácticas del filiador ad quem, emerge del inciso 2º del artículo transcrito que al menos durante su vigencia, las invalideces de origen no profesional surgidas después de las edades de pensionamiento por vejez, no originaban pensiones de invalidez, porque las que tenían tal virtualidad eran las estructuradas antes de dichas edades, porque si la invalidez se producía posteriormente, la protección brindada por el precepto aplicable a los hechos debatidos en este proceso, no era otra que la indemnización sustitutiva contemplada en el referido inciso, como emerge de su lectura.

Y ello es así, porque además de instituirlo el Inciso 2º, de lo contrario no tendría ningún sentido lógico que en el inciso primero se estableciera la susodicha indemnización sustitutiva por vía general y en el segundo —que se refiere a la hipótesis de este proceso— se repitiera idéntico contenido normativo. De suerte qué él evento previsto explícitamente en el inciso segundo (invalidez estructurada después de las edades de pensión de vejez) aclara su sentido y alcance, por lo que si bien durante la vigencia del mencionado inciso sí podía darse el caso de invalidez común en hombres y mujeres después de los 60 ó 55 años, la única consecuencia inexorable y expresa no era otra que la indemnización sustitutiva en los precisos términos del reglamento mencionado.

3. Ahora bien, si durante la vigencia del citado precepto no se originaba pensión de invalidez en la hipótesis establecida en el inciso segundo, de su sola derogatoria dispuesta por el Acuerdo 012 de 1993, no puede extraerse automáticamente la conclusión de que haya nacido el derecho a la pensión de invalidez con carácter generalizado, es decir, en todos los casos en que los afiliados hayan cotizado para este seguro durante más de 300 semanas y sean calificados como inválidos por surgir ese estado después de las referidas edades (60 y 55 años).

Y ese razonamiento es apenas lógico, puesto que consultados los fundamentos histórico, científico y jurídico de la pensión de invalidez, que por ser suficientemente conocidos resulta superfluo memorarlos, no es dable colegir esa extensión del beneficio pensional, pues si bien puede haber casos excepcionales qué al menos en el plano teórico ameritan una solución especial, admitir esa amplia viabilidad jurídica, sobre la base incondicional y única de esos dos presupuestos sin señalar precisas restricciones, origina peligrosas generalizaciones y pugna contra elementales postulados de seguridad social que indican que las patologías degenerativas originadas en el deterioro normal de la salud cuando son producidas por la edad, no puedan ser fuente de tales pensiones. Y este último principio precisamente fue el acogido por el precitado Acuerdo 012 cuando dispuso en su artículo 1º:

“Adicionar el artículo 4º del Acuerdo 049 de 1990, con el siguiente inciso:

En ningún caso el deterioro normal de la salud producido por la edad, podrá

considerarse como causa de invalidez”” (lo subrayado no es del texto).

Entonces, si se asumiera en gracia de discusión que en el presente caso no es aplicable el inciso 2º del artículo 9º del Acuerdo 049, ante tan terminante y categórica advertencia normativa contenida en el Acuerdo 012, no puede resolverse un caso como el aquí debatido con la sola verificación de los supuestos fácticos deducidos por el tribunal —aun si se admitiera que su interpretación fue equivocada— porque al menos desde la vigencia del Acuerdo 012, además de los requisitos tradicionales contenidos en los artículos 4º y 6º del Acuerdo 049, ellos deben adicionarse con la restricción que —aunque obvia—, fue expresamente erigida como norma jurídica de obligatoria aplicación en los términos del precepto transcrito. Por tanto, si los artículos 1º y 2º del Acuerdo 012 de 1993 son las disposiciones aplicables en armonía con los artículos 4º y 6º del Acuerdo 049 de 1990 y tratándose de un cargo por interpretación errónea, considero que la Corte ha debido hacer un análisis sobre el sentido de tales disposiciones, que es el que fluye directamente de su texto y que precisamente hace improcedente en casos como el presente la pensión de invalidez deprecada. No bastaba, entonces, aun si se consideraba equivocada la hermenéutica del tribunal, hacer los razonamientos que contiene el fallo, sino que era menester, en sede de instancia, verificar si se cumplían todos los presupuestos reglamentarios de la pensión de invalidez.

4. Y no se necesitan mayores conocimientos científicos para deducir que en el sub examine la pérdida de la capacidad de la demandante no encuadra dentro de los presupuestos normativos de la pluricitada pensión, porque además; de todo lo dicho anteriormente —que a mi juicio era suficiente para la improsperidad del cargo—, es perfectamente razonable entender que la hipertensión arterial es una patología frecuente en personas de la tercera edad, por lo que es explicable que la demandante padeciera de tal enfermedad cuando se le practicó el examen por el médico del ministerio, cuando ella tenía 73 años de edad, como consecuencia del “deterioro normal de la salud producido por la edad”.

Por otra parte, pese a la absolución de los juzgadores de instancia, en el sub lite finalmente se concede una pensión de invalidez cuando la única prueba pertinente que obra en el expediente es una certificación (fol. 143) de un médico de medicina del trabajo que conceptuó:

“... que la examinada Alejandrina Espinosa de Díaz, con 73 años de edad e identificada con cédula de ciudadanía número 20.132.204 de Bogotá, presenta un (sic) hipertensión arterial severa controlada con captopril de 50 mg., una disminución de la agudeza visual bilateral corregida con lentes y sin alteraciones neurológicas, digestivas, osteoarticulares, ni genito-urinarias.

La hipertensión arterial y la disminución de la agudeza visual son el resultado de enfermedades de tipo común y por ende no indemnizables”.

Y complementó dicho “dictamen” con el de folio 149 en el que expreso:

“A causa de las enfermedades de tipo común como la hipertensión arterial y la disminución de la agudeza visual por cataratas que padece la demandante Alejandrina Espinosa de Díaz de 73 años de edad, presenta un pérdida de su capacidad laboral equivalente a un 55%”.

Es decir, ni siquiera este galeno dictaminó la invalidez estructurante de la pensión solicitada, sino la pérdida parcial de la capacidad laboral, debido a la hipertensión y disminución de la agudeza visual explicables por el deterioro normal de la salud que puede sufrir una persona, más como consecuencia de esa edad que de las circunstancias que en verdad estructuran una pensión de invalidez de origen común.

5. Por lo demás, este “dictamen” no cumplió los requisitos procesales mínimos de firmeza, precisión y fundamentación que debía reunir, así como tampoco se corrió traslado del mismo en ningún estado del proceso al instituto demandado, como era necesario en obedecimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil para que se pudiera satisfacer el requisito de su contradicción, circunstancias todas que impiden que dicha prueba funde la pretendida pensión de invalidez.

6. Independientemente de los aspectos fácticos que militan en este evento, me valgo de esta ocasión para rectificar y apartarme también de un criterio que ha venido imperando unánimemente en esta Sala, pero después de una nueva reflexión lo considero equivocado. En efecto, la pericia de un médico del Ministerio de Trabajo, practicada con frecuencia mucho tiempo después de la eventual configuración de la invalidez, así cumpla todas las reglas procedimentales referentes a su producción y aducción al proceso, no puede prevalecer per se frente a un dictamen juicioso y científico que de manera colegiada hagan las autoridades al quienes la ley o los reglamentos pertinentes le atribuyan la función de calificar estados de invalidez para efectos de las pensiones de origen profesional o no profesional a cargo de los antes gestores de la seguridad social.

Y sostengo lo anterior entre otras razones por las que sintéticamente expreso: Primero, porque la misma ley y los reglamentos asignan específicamente esa competencia a tales juntas calificadoras; segundo, porque además consagran los adecuados recursos y mecanismos de contradicción en el evento de inconformidad con esos dictámenes para ejercitar oportuna y debidamente el derecho de defensa; tercero, porque son comités en los que tienen asiento representantes de diferentes sectores y especialidades, lo que permite confiabilidad en las experticias que emiten especialmente cuando se hacen con base en diagnósticos fundamentados y científicamente razonables, para el logro de un mayor acierto; cuarto, porque el inciso segundo del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 lo erige como requisito necesario para el otorgamiento de una pensión de invalidez por el ISS al establecer que ella debe otorgarse “previo examen médico laboral del ISS. al que el beneficiario deberá someterse en forma obligatoria”.

7. Me he permitido hacer estas reflexiones respecto de la respetable decisión que en su sabiduría tuvo a bien adoptar la mayoría de la Sala con el objetivo prioritario de alertar que la solución de este caso específico no permita servir de futuro soporte para generalizaciones que conduzcan a inferir que estados de invalidez producidos después de la cronología legal exigida para la pensión de vejez y derivados de enfermedades propias del inexorable deterioro que en la salud producen los años dorados, sean fuente de pensiones de invalides, pues mal entendida la sana intención de la doctrina mayoritaria, en casos similares al presente, podría llegarse al extremo de que ante la falencia de las cotizaciones exigidas para la pensión de vejez, con base en un dictamen médico del trabajo y ante la presencia real de la incapacidad laboral en el porcentaje legal se declare el estado de invalides, sin advertir que la incapacidad laborativa se origina en la edad, con el desfavorable y obvio impacto social y financiero en un régimen contributivo de seguridad social.

José Roberto Herrera Vergara. 

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