Sentencia 9876 de septiembre 22 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LEY LABORAL

APLICACIÓN INMEDIATA

EXTRACTOS: «Importa anotar que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo —que es justo reconocer se refiere a las “situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores” y no utiliza la expresión “derechos adquiridos” (locuciones que en verdad puedan tomarse como sinónimas para los efectos prácticos de concluir que unas y otras son inmodificables por la ley posterior)—, establece con toda claridad y de manera perentoria que por ser de orden público “las normas sobre trabajo” producen un efecto general inmediato, por lo cual deben aplicarse también a las relaciones laborales que estén vigentes o en curso en el momento en que ellas empiezan a regir; pero no tienen efecto retroactivo. Ello significa que dichas normas deben imponerse a todas las situaciones jurídicas que existan cuando comienza su vigencia y a los efectos jurídicos que se deriven de ellas en el futuro; mas no deben afectar aquellas relaciones o situaciones que han quedado definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.

Este precepto legal, que constituye un principio general del derecho del trabajo, no es más que una aplicación específica de la garantía constitucional de la propiedad privada y “de los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no puedan ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, para decirlo con las propias palabras de la fórmula que emplea el artículo 58 de la vigente Constitución Política y que, en verdad, no es otra cosa diferente a la reproducción casi literal de la añeja fórmula que traía la secular Constitución de 1886 en su artículo 30, en la que igualmente se garantizaban la propiedad privada y los otros derechos adquiridos con justo título.

El artículo 38 de la Ley 153 de 1887, que hace parte del Código Civil, establece que “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, aun cuando contempla excepciones relacionadas con las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaran del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. El Código Sustantivo del Trabajo, en cambio, dada la naturaleza de orden público que por lo general tienen los preceptos que lo integran, consagra en el artículo 16 como un principio general el del “efecto general inmediato” de sus disposiciones, de manera que ellas se aplican también a los contratos vigentes o que se encuentran en curso cuando la norma sobre trabajo empieza a regir; efecto inmediato de las normas que dentro de nuestra jurisprudencia y doctrina se conoce como “retrospectividad de la ley” para diferenciarlo claramente del fenómeno de la “retroactividad de la ley”, que está dicho proscribe expresamente el susodicho artículo 16.

La pertenencia de las normas del trabajo a las regulaciones de orden público determina que se apliquen en forma inmediata e independientemente de la voluntad de las partes, inclusive a los contratos celebrados con anterioridad a su expedición. Este principio que informa las leyes laborales, en armonía con lo establecido en el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo, las hace prevalecer sobre las normas de derecho privado que regulan los contratos civiles y comerciales, que son de aplicación supletoria en el ámbito del derecho del trabajo y, por lo tanto, sólo pueden aplicarse en ausencia de regulación especial y a condición de que no resulten contrarias a su naturaleza de leyes sociales, a los principios generales que inspiran la legislación laboral y al espíritu de equidad inherente a este derecho.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del recurrente con los que pretende que se declaren respecto de él inmodificables los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales que estaban vigentes cuando se afilió a la entidad, pues si bien no olvida la Corte que en el derecho civil, como antes ya se dijo, rige el principio de que en los contratos de tal naturaleza se entienden incorporadas únicamente las leyes vigentes al tiempo de su celebración, sin que las expedidas posteriormente puedan afectarlos, este postulado no es de recibo en el derecho del trabajo, cuyas regulaciones están precedidas por el interés social y en el cual el Estado fija las condiciones mínimas en favor de los trabajadores que deben acatar las partes celebrantes del contrato de trabajo, las que se van incorporando al contrato en la medida en que adquieren vigencia, en virtud del principio de aplicación inmediata propio de las leyes de orden público, que adopta la legislación del trabajo.

Así las cosas, no es admisible que la normatividad vigente al momento de la afiliación del trabajador a una entidad de previsión social, como es el Instituto de Seguros Sociales, se mantenga y resulte inmodificable en el futuro frente a las relaciones laborales, cuando en verdad en este caso no se trata de un “derecho adquirido”, ni tampoco la situación pensional del recurrente quedó consolidada conforme a las normas anteriores».

(Sentencia de casación, septiembre 22 de 1997. Radicación 9876. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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