Sentencia 9885 de diciembre 7 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

MUERTE DE RECLUSOS

EXTRACTOS: «En la materia que se estudia, la Sala reitera la pauta jurisprudencial que se dejó sentada en el expediente Nº 8335, actor Luz del Socorro López García, con ponencia del Dr. Julio César Uribe Acosta:

“Dentro del anterior marco se tiene que la falla del servicio se presentó por la falta de protección al detenido, estando privado de su libertad. En la materia que se estudia la corporación ha predicado que, respecto de los reclusos, los establecimientos penitenciarios asumen una obligación de seguridad, que es de resultado, y no de medios. Este enfoque jurídico lleva a concluir que la administración tiene la obligación de devolver al detenido, en el momento en que recupera su libertad, en el mismo estado de salud que tenía cuando lo recluyó, salvo los deterioros normales y explicables de ella, a la luz de la ciencia médica. Si así no ocurre, se produce el daño antijurídico, fuente de la obligación de indemnizar el daño causado, máxime cuando el demandado no logra demostrar una causal eximente de responsabilidad, como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima”.

b) Para la Sala resulta realmente preocupante el universo que tiene el informe que el señor Ministro de Justicia rindió al Tribunal Administrativo de Antioquia (C.1, fl. 92), de cuya lectura se desprende que el número de muertos, en forma violenta, en el citado centro penitenciario, fue el siguiente:

198819
198956
199023
Total98

Se agrega en la citada comunicación, y a manera de explicación de la conducta de la administración, que en el programa de atención a los reclusos dementes se han invertido $ 51.606.000, en asistencia social al recluso $ 113.388.000, en dotación de la industria carcelaria y de capacitación $ 305.360.000, en prestación de servicio asistencial al menor $ 47.310.000, en dotación de elementos de sanidad $ 324.633.000. Ocurre, sin embargo, que no obstante tales esfuerzos, ellos vienen resultando realmente insuficientes, pues como lo destacó el Director de Prisiones, en publicación que hizo el periódico el Colombiano, el día 12 de enero de 1985, “Bellavista es una bomba de tiempo”, pues en ella aparecen detenidos 3.014 presos donde sólo caben 700. Y que la afirmación no carece de fundamentos fácticos, se vivencia de la circunstancia de que con posterioridad a la tragedia, que da lugar a la presente condena, esto es, en enero 11 de 1990, hizo explosión una granada en el patio Nº 4, con el resultado de 35 reclusos heridos y la muerte de otro (C. 1, fl. 21).

La realidad que se deja analizada permite concluir que si el Estado no hace frente a la situación que se le viene presentando en los centros carcelarios, tendrá que pagar, por concepto de condenas en favor de los damnificados, sumas superiores a las que demanda una adecuada solución de todos los problemas que hoy existen.

Frente a los sectores de opinión pública que se inquietan por la lluvia de condenas en contra del Estado, parece conveniente reiterar que el criterio que la Sala viene aplicando, para establecer la responsabilidad de la administración, sí se aviene con la realidad del país. Se afirma lo anterior, porque Colombia se define en la Constitución como un Estado social de derecho, esto es, de bienestar, predicamento que exige que tenga al día sus servicios públicos y que se ocupe del cuidado de los presos, de los ancianos, de los inválidos y de los enfermos. Él demanda, igualmente, que se respete la dignidad de la persona humana, en todo su universo. El recluido en una institución penitenciaria debe someterse a un status especial que limita drásticamente su libertad pero que en ningún caso puede llevar a concluir que ha perdido su condición de persona. Por ello Jesús González Pérez, recuerda:

“La condición de persona y la dignidad a ella inherente acompañará al hombre en todos y cada uno de los momentos de su vida, cualquiera que fuere la situación en que se encontrare, aunque hubiere traspasado las puertas de una institución penitenciaria.

Ha costado siglos entenderlo así, a través de una lenta y progresiva humanización del régimen penitenciario de los distintos países (...). La Ley General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 (1/79) subraya el respeto debido al recluso, en razón a su condición de persona. “El penado —dice el preámbulo— no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico”. En congruencia con este principio, el artículo 3º de la ley dirá que “la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos””.

Como si lo anterior fuera poco, el artículo primero de la Constitución Nacional afirma que ese Estado social de derecho se funda en la dignidad de la persona humana y en la solidaridad de las personas que la integran. De ésta se ha enseñado que es el verdadero lazo social del mundo moderno:

“Bajo su éjida los hombres se agrupan juntos o se oponen a otros grupos... Y a veces la conciencia de la solidaridad abre el camino a un heroísmo auténtico... La noción de solidaridad implica, por lo tanto, la idea de una comunidad de intereses... Puede existir solidaridad auténtica entre gente que no se conoce, que ni siquiera se interesa por los otros pero tiene con ellos intereses en común... El mismo Estado moderno ha dejado de ser una comunidad, una patria, para convertirse en un tejido de solidaridades. En la historia de la humanidad, se conocerá probablemente el siglo XX como el siglo de la solidaridad...” (la comunicación de las existencias, pág. 54 y ss, Ignace Lepp).

Dentro de la anterior filosofía, ¿cómo dejar sin indemnización a las víctimas que padecen las consecuencias de los atentados contra la dignidad de la persona humana, provenientes de las personas vinculadas a la administración? ¿Cómo no indemnizar a las personas que padecen las consecuencias del daño antijurídico, cuando no estén obligados a soportarlo? El universo que tiene el artículo 90 de la Constitución Nacional debe tener aplicación por los jueces, en todos los casos en que se vivencia que se ha dado la situación contemplada en la hipótesis normativa. No proceder así sería darle nuevos argumentos a los que piensan que tenemos una Colombia en el papel, y otra Colombia en la realidad. A esta tarea de frustración no puede contribuir la magistratura.

A los jueces de la administración no les está faltando imaginación para dejar atrás las concepciones francesas sobre la responsabilidad extracontractual. Quizás está ocurriendo el fenómeno contrario. Han podido dejar atrás ese mundo de conceptos, decantados en un país desarrollado, para realizar la justicia en un país en vía de desarrollo, con pretensiones de Estado social de derecho. El derecho es justicia o no es.

En este momento del discurso judicial debe quedar en claro que tampoco es cierto, como algunos lo predican, que el Estado tiene mal defendidos sus intereses. La situación puede darse, pero tampoco es la regla. Lo que está mal, lo que está enfermo, es el Estado mismo. Si resulta cierto que el país está en guerra, y que padece el terrorismo, las consecuencias que tal situación genere deben ser repartidas entre todos los integrantes de la comunidad. No se aprecia una buena razón para que sólo un grupo reducido de personas tengan que soportar el daño. Por lo demás, la historia reciente demuestra que ese mismo Estado sí pudo redimir el sector financiero, cuando entró en crisis. La guerra también tiene sus exigencias que se traducen en más y mejores armas, para hacerla. En más y mejores hombres, para atenderla. Sin embargo, el país parece resignarse a satisfacer el gasto que todo ello demanda. Hoy más que nunca parecen tener recibo las enseñanzas de Hauriou cuando predicaba: “Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al poder público puede formularse en estos dos brocados: que actúe, pero que obedezca a la ley; que actúe, pero que pague el perjuicio”.

En la materia que se estudia es necesario ATERRIZAR, pero ese mensaje no puede ser para la justicia contenciosa administrativa, que ha mucho tiempo tocó pista sin perder el manejo de los valores y de los principios que informan la bella ciencia del derecho, y que permiten también decolar cuando sea necesario. La invitación a hacer un derecho a la medida del país no podrá entenderse nunca como “medida de lo arbitrario”, de lo “injusto”, de lo “violento”, porque cuando se trata de tomar tales medidas no aparecen mensajes muy alentadores. El juez colombiano, si quiere ser justo, tiene que volar más alto, porque el medio social en que se mueve no es paradigma de las mejores virtudes sociales».

(Sentencia de diciembre 7 de 1994. Expediente 9885. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta).

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