Sentencia 9886 de marzo 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIÓN A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS ASESINADOS

LA LEY 126/85 HABILITA LA EDAD Y EL TIEMPO DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «La esencia del asunto consiste en dilucidar si los actos acusados, por medio de los cuales se le negó a Cecilia Vélez de Gónima el reconocimiento y pago de la pensión contemplada en la Ley 126 de 1985, están acordes con el ordenamiento jurídico.

Consta dentro del proceso lo siguiente:

1. Carlos Gónima López y Cecilia del Socorro Vélez Márquez, contrajeron matrimonio católico, en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 13 de junio de 1969 (fl. 2).

2. Carlos Gónima López se desempeñó como personero auxiliar en la Personería Municipal de Medellín del 11 de enero de 1987 al 21 de febrero de 1988 (fl. 8).

3. El 22 de febrero, en las horas de la mañana, cuando iba rumbo a su oficina, luego de haber sido recogido por el conductor del municipio, fue interceptado por unos delincuentes el vehículo oficial en el que se movilizaba, quienes le propinaron varios disparos que le ocasionaron la muerte (fls. 10, 11, 12, 13 y 14).

4. En atención a lo anterior su esposa legitima formuló petición ante el jefe del departamento de personal del municipio de Medellín, en orden a que le fuera reconocida la pensión de jubilación especial contemplada en la Ley 126 de 1985 (fls. 15 a 17).

5. Mediante Resolución 284 del 15 de agosto de 1990, proferida por el jefe del departamento de personal, se resolvió desfavorablemente la solicitud precitada, para lo cual se argumentó:

“...aunque reúne los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 126 de 1985, o sea, murió como consecuencia del homicidio voluntario durante el desempeño de su cargo como personero auxiliar de la Personería de Medellín y sin haber cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el derecho a la jubilación; en el momento del fallecimiento no contaba con la edad exigida por la ley para obtener el derecho a la pensión de jubilación, no podemos por lo tanto, habilitarle la edad, ya que él contaba 44 años de edad al momento de su muerte.

Aunque el artículo 7º de la Ley 126 de 1985 estipula que “en lo no previsto y para todos los efectos legales, se aplicarán las normas propias de la pensión ordinaria de jubilación”. Tampoco podría este despacho aplicar lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, el que a renglón seguido dice: (...) pues el señor (Gónima López; al momento de su fallecimiento tampoco contaba con el tiempo de 20 años de servicio consagrado en la ley para la pensión de jubilación” (fl. 19).

6. La anterior resolución fue recurrida por el personero de Medellín y por la propia interesada quienes interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación (fls. 22 a 30).

7. El primero de los recursos instaurados fue resuelto por medio de la Resolución 342 del 9 de octubre de 1990 y en ella se dispuso no reponer la resolución 284 con similares argumentos (fls. 31 y 32).

8. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido a través de la Resolución 003 del 7 de febrero de 1991, proferida por el secretario de servicios administrativos, en la cual se señaló:

“Si bien es cierto la Ley 126 de 1985 creó una pensión vitalicia en condiciones especiales en la rama jurisdiccional y Ministerio Público, en su artículo 7º remite expresamente a la norma general al consagrar que en lo no previsto y para todos los efectos legales se aplicarán las normas propias de la pensión ordinaria de jubilación o sea que no suprimió el requisito de la edad cronológica establecido en la norma general.

Es claro entonces que la Ley 126 de 1985 habilitó uno de los requisitos exigidos por la norma general como es el tiempo de servicio, pero en ningún momento suprimió la edad cronológica establecida en la norma general, pues la misma ley expresamente nos remite a las leyes propias de pensiones en los casos no previstos” (fl. 40).

9. Obra así mismo dentro del expediente el oficio PN -1007 del 22 de junio de 1993, dirigido por la jefe nacional de pensiones de la Caja Nacional de Previsión Social, a la doctora Marta Franco del fondo de solidaridad y congruencia social de la Presidencia de la República, en el que le manifiesta:

“Acuso recibo su oficio del 5 de abril del año en curso, dirigido a la dirección general de la entidad y relacionado con documentación remitida por usted y la señora Cecilia Vélez de Gónima ocasionado por el fallecimiento del señor Carlos Gónima López, al respecto le informo lo siguiente:

1. Revisada la documentación correspondiente se observa que el causante falleció estando al servicio del municipio de Medellín desempeñando el cargo de personero auxiliar.

2. Por ostentar la calidad de empleado municipal el reconocimiento de las prestaciones sociales corresponde a la última entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado el causante, que en el presente caso será el municipio de Medellín.

3. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el causante no estuvo afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social, me permito devolver los documentos remitidos, para que estos sean enviados a la respectiva caja de previsión social.

4. Aduce en su oficio y en el memorial del apoderado la aplicación de la Ley 126 de 1985, norma que no tiene aplicabilidad en el presente caso, toda vez que esta sólo se refiere única y exclusivamente a los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público que fallecen como consecuencia de homicidio voluntario” (fl. 133).

10. De igual forma, se puede establecer que la actora, mediante apoderado, formuló petición ante la Caja Nacional de Previsión, en orden a obtener la prestación señalada (fls. 118 a 123).

Veamos:

El legislador mediante la Ley 126 de 1985 creó una pensión vitalicia de condiciones especiales en la rama judicial y Ministerio Público, en estos términos:

“Artículo 1º. El cónyuge superstite, el compañero o compañera permanente y los hijos menores o los mayores incapacitados física o mentalmente y de manera permanente, de un funcionario o empleado de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público que muriere como consecuencia de homicidio voluntario, durante el desempeño de su cargo y sin haber cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, tendrá derecho a una pensión vitalicia del 75% del sueldo o salario que devengaba al momento de su muerte (...).

Artículo 4º. La Caja Nacional de Previsión asumirá la cancelación de la pensión creada en esta ley; y deberá hacer su reconocimiento en el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de entrega de los documentos de rigor e iniciar su pago a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha fecha. En este mismo término deberá cancelarse el seguro por muerte a cargo de dicha entidad. En el mismo lapso deberá pagarse el auxilio de cesantía por la entidad competente.

El incumplimiento de lo ordenado en la presente ley será causal de mala conducta para el funcionario responsable del incumplimiento salvo que éste se deba a falta de disponibilidad presupuestal o déficit de tesorería (...).

Artículo 7º. En lo no previsto y para todos los efectos legales, se aplicarán las normas propias de la pensión ordinaria de jubilación”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el gobierno se señaló:

“Como es de conocimiento público, en los últimos cinco (5) años han rendido sus vidas en servicio a la justicia, 4 magistrados, 12 jueces, 1 fiscal y 4 empleados, que afrontaron con valor y decisión la difícil tarea de erradicar el delito.

En la mayoría de los casos, estos servidores públicos tenían como única fuente de ingreso para el sostenimiento de su familia, la remuneración que percibían como funcionarios de la rama jurisdiccional. Al fallecer, en circunstancias por demás lamentables, han dejado a sus hogares en el mayor desamparo y generalmente sin vivienda y sin medios para asegurar la educación de sus hijos. Por consiguiente es de justicia y equidad que el Estado les dé, al cónyuge superstite y a los hijos menores del juez inmolado, una contribución económica que les permita subsistir en condiciones decorosas, compatible con la dignidad del cargo que aquél desempeñaba. No dudamos de que este auxilio dará una mayor tranquilidad a muchos jueces que, por lo menos, no se verán invadidos por la zozobra que actualmente los perturba en relación con el futuro de su familia, en caso de que, por razón del ejercicio de sus delicadas funciones, resulten víctimas de atentados que les cueste la vida.

Naturalmente, el Estado tiene, además, el deber de darles la debida protección y seguridad a los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, para que sus vidas no corran ningún peligro y en ese sentido se está trabajando con los organismos oficiales correspondientes, pero ello no se opone a que se prevean mecanismos como el que se propone en este proyecto para el caso en que, por circunstancias fuera del control del Estado, la justicia se vea enlutada como consecuencia de la infame acción de la delincuencia organizada... (Fdo.) Enrique Parejo González “Ministro de Justicia // (Fdo.) Roberto Mejía Caicedo, Ministro de Hacienda y Crédito Público (e)”.

A su turno, en la ponencia presentada para primer debate se anotó:

“Las diferentes situaciones de inseguridad que viene atravesando el país ha golpeado lo más sagrado de nuestras instituciones democráticas, entre ellas, el poder judicial, habiendo sido víctimas de atroces homicidios algunos servidores judiciales, precisamente por aplicar en estricto derecho las normas que regulan la administración de justicia de esta querida y sufrida patria, y que constituye el pilar para el mantenimiento del orden social y la defensa del sistema democrático que nos rige.

En razón de que el único patrimonio que poseen los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, lo constituye su salario, cuando ocurren tragedias lamentables como las narradas anteriormente y la que recientemente acabamos de vivir con la cruenta toma del Palacio de Justicia, las familias de estas víctimas quedan en la más absoluta desprotección económica sin recursos para continuar prodigándose las más elementales condiciones de subsistencia, circunstancia que debe llevarnos a tomar medidas no solamente que prevengan el alto grado de inseguridad que nos rodea sino también las que reparen en parte del daño causado cuando manos criminales, producto de la crisis de valores que estamos sufriendo, atenta contra la vida de los administradores de justicia”.

Y en la ponencia para segundo debate se dijo:

“La iniciativa de origen gubernamental que hoy nos ocupa y propuesta por los señores ministros de Justicia, doctor Enrique Parejo González, y Hacienda, doctor Roberto Mejía Caicedo, está inspirada en subsanar en parte la pérdida para la familia del servidor judicial ocurrida como consecuencia de las graves situaciones de orden público de todas conocidas y que ponen en estado de peligro permanente la integridad física de los administradores de la justicia. Cuando ocurren estos homicidios como consecuencia inmediata la familia queda sin el recurso económico que le brindaba el trabajo honesto de su ser querido, viéndose desprotegida y sin medios económicos para continuar sufragando los gastos esenciales para el mantenimiento y estabilidad del hogar, por lo cual debe llenarse este vacío produciendo una legislación acorde a la situación planteada a sus familiares una pensión vitalicia representada en el setenta y cinco por ciento (75%) del sueldo que tenía el titular al momento de fallecer”.

De otra parte, conviene anotar que el parágrafo 3º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, dispuso claramente que “Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988 (en el sentido de indicar que a falta de los beneficiario consagrados en el artículo 1º de la primera, tendrán derecho a tal prestación los padres o los hermanos inválidos del empleado fallecido que dependieron económicamente de él), continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados”.

Ahora bien, el artículo 135 del Decreto 1333 de 1986, preceptuaba:

“En cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, llamado personero municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda”.

La norma pretranscrita fue modificada por el artículo 1º de la Ley 3ª de 1990, que dispuso:

“En cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los derechos humanos, llamado personero municipal, que tendrá un suplente designado por el mismo que elija al principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda.

Las calidades previstas en el artículo 137 del Código de Régimen Municipal, deberán observarse así mismo para el personero suplente”.

De suerte que, de conformidad con la normatividad transcrita, resulta evidente, de manera palmaria, que formando parte del Ministerio Público los personeros municipales (y así lo señala expresamente la actual Carta Política en su artículo 118), Cecilia Vélez de Gónima en su condición de cónyuge superstite de Carlos Gónima López, quien fue víctima de homicidio voluntario cuando se desplazaba hacía su oficina en la personería auxiliar de Medellín, está cobijada por lo contemplado en el artículo 1º de la Ley 126 de 1985 que, como se vio, de manera justiciera y ecuánime, buscó proteger a la progenie de los aludidos servidores públicos con motivo del acaecimiento de la muerte violenta por el cumplimiento de sus funciones.

Es cierto que la Ley 12 de 1975, vigente para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos que dieron origen a la presente contención, en su artículo 1º estableció que “El cónyuge supérstite o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas”, con lo cual se habilitó el requisito de la edad.

Es igualmente cierto que la Ley 126 de 1985, en su artículo 1º, permite el acceso a la pensión especial de jubilación, cuando la muerte ocurre en las condiciones que ella prevé, esto es, homicidio voluntario, siendo enfática en señalar que si no se ha cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley, se hace acreedor a la prestación, es decir, se habilita este requisito.

Debe observarse que, de no interpretarse armónica, lógica, sistemática, histórica, genética y teleológicamente las anteriores disposiciones, frente a los objetivos y finalidades de la ley 126, que previamente se han explicado, quedaría un gran sector que habiendo perdido la vida en esas circunstancias no están siendo protegidos, como lo sería el caso de quien no haya cumplido el requisito de la edad, y sea víctima del homicidio, lo cual, no sólo es contrario a los fines perseguidos por la ley y a la protección que se quiso dar de este tipo de servidores, sino a los principios generales consagrados por la ley 100, como son la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, etc. y por la misma Constitución Política en sus artículos 48 y 53.

La actividad judicial en el presente evento, debe desplegar un método que permita determinar la voluntad del legislador, en orden a que lo establecido por él cumpla su real objetivo y tome cuerpo material, que no es otra cosa que brindar a la familia desahuciada del funcionario de la rama judicial o del Ministerio Público (en el que, se reitera, Carlos Gónima López prestó sus servicios), fallecido en circunstancias angustiosas, irritantes y desoladoras una contribución económica que tolere subsistir en un estado púdico, concurrente con la dignidad del cargo que aquél desempeñaba.

De suerte que es preciso analizar la situación teniendo en cuenta las raíces, el origen y el significado del texto; la posición y conexión del instituto jurídico en comento en el complejo normativo; la ratio legis, el telos del precepto, con lo cual se concluye que cuando el respectivo servidor público fallece en las circunstancias que se han expuesto, tanto la edad, como el tiempo de servicio, son requisitos que quedan habilitados, para acceder a la prestación comentada.

Por ello se estima que el hecho de que Carlos Gónima López hubiera nacido el 16 de octubre de 1946 (fl. 1), esto es, que para la fecha de su magnicidio contara algo más de cuarenta y dos (42) años, no constituía óbice para que a su esposa se le reconociera el derecho reclamado.

En este mismo sentido se advierte que si bien es visible que el artículo 4º de la tantas veces citada Ley 126 de 1985 consagró que la cancelación de la pensión vitalicia de condiciones especiales en la rama judicial y el Ministerio Público será asumida por la Caja Nacional de Previsión, tal disposición hay que interpretarla no aisladamente, sino, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 7º ibídem, en armonía con lo señalado en el artículo 13 de la Ley 33 de 1985, que prescribe que por caja de previsión deben entenderse las entidades del orden nacional, departamental, municipal, etc., que, por ley, reglamento o estatutos, tengan, entre otras, la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos órdenes, todo ello en aras de evitar contradicciones; de impedir que lo pretendido por la ley se haga nugatorio, ilusorio o equivoco; de que lo contenido en ésta se adapte a las distintas circunstancias contextuales e históricas.

Por manera que el municipio de Medellín, partícipe de los aportes legales que tengan por objeto cubrir las contingencias por invalidez, vejez o muerte de Carlos Gónima López, es el llamado a hacer el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de condiciones especiales que ahora se reclama.

No se requiere, entonces, abundar en razonamientos adicionales, para llegar a establecer que la presunción de legalidad que cobijaba a las resoluciones impugnadas logró ser desvirtuada, debiéndose, por ello, revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia proferida el día 9 de diciembre de 1993, por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso promovido por Cecilia Vélez de Gónima contra el municipio de Medellín, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y, en su lugar, se dispone:

1. Declárase la nulidad de las resoluciones números 284 de agosto 15 de 1990 y 342 de octubre 9 de 1990, expedidas por los jefes del departamento de personal y de la acción administrativa del municipio de Medellín, mediante las cuales se negó a la actora el reconocimiento de la pensión vitalicia consagrada en la Ley 126 de 1985 y se resolvió negativamente el recurso de reposición, respectivamente, así como de la Resolución 003 de febrero 7 de 1991 expedida por el secretario de servicios administrativos y la directora de la división de relaciones laborales, por medio de la cual se confirmó la primera decisión.

2. Como consecuencia de la nulidad anterior el municipio de Medellín reconocerá y pagará la pensión vitalicia de condiciones especiales, contemplada en la Ley 126 de 1985, a la actora desde 22 de febrero de 1988.

3. Las condenas económicas serán ajustadas en los términos del artículo 178 del CCA, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante, desde el veintidós (22) de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.

Se dará cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(Sentencia de marzo 19 de 1998. Expediente 9886. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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