Sentencia 9888 de mayo 30 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado Acta Nº 58

Bogotá D.C., treinta mayo de dos mil dos.

Vistos

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Álvaro Ospina Toro contra el fallo del 16 de junio de 1994, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual confirmó integralmente la sentencia de primer grado emitida por el juzgado veintiséis penal del circuito de la misma ciudad, condenando a dicho señor por el delito de homicidio, a la pena principal de veinticinco (25) años de prisión, a interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años, a indemnizar los perjuicios causados con la infracción, y le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.

Hechos

Aproximadamente a las 11:50 de la noche del domingo 23 de mayo de 1993 se encontraban en el establecimiento público denominado billares “El Paisa”, ubicado en la carrera 98 con calle 38 sur, Barrio Patiobonito de Bogotá, departiendo en el mismo grupo los señores Álvaro Ospina Toro, Saúl de Jesús Henao y José Alfonso Giraldo Aguirre. Entre tanto, los contertulios Luis Carlos Londoño Betancur, su padre Luis Evelio Londoño Buitrago y una tercera persona libaban licor por separado.

Repentinamente se produjo un altercado entre los dos grupos, que en principio no pasó a mayores. No obstante, poco después salieron a la calle, continuaron discutiendo, y Álvaro Ospina Toro agredió con arma cortopunzante a Luis Carlos Londoño Betancur, ocasionándole una herida en el cuello que obligó a su traslado al Centro de Atención Inmediata CAMI de Patiobonito, donde falleció esa misma noche.

La necropsia precisó que el deceso ocurrió “por taponamiento cardiaco por heridas en aorta ascendente por arma cortopunzante”.

El señor Álvaro Ospina Toro reingresó al establecimiento y continuó dialogando con sus amigos. En ese lugar fue retenido por agentes de policía y dejado a disposición de la autoridad competente.

Actuación procesal

1. La unidad primera de investigación previa y permanente de fiscalías Bogotá practicó la inspección del cadáver, ordenó la práctica de diligencias urgentes, de modo que el 24 de mayo de 1993, el Instituto Nacional de Medicina Legal practicó prueba de alcoholemia al procesado Álvaro Ospina Toro, determinando que para el momento del examen (16:50 horas), no presentaba embriaguez aguda, ni aliento alcohólico, ni incoordinación motora, ni nistagmus postural, ni aumento del polígono de sustentación, ni disartria. El examen de orina arrojó resultados negativos para benzodiazepinas, fenotiazinas, tricíclicos y barbitúricos (fls. 68 y 69, cdno. 1).

2. La fiscalía ochenta y siete seccional adscrita a la unidad primera de delitos contra la Vida, abrió investigación al día siguiente, y el 27 de mayo del mismo año, recibió la indagatoria al sindicado.

3. Recaudadas varias pruebas, especialmente testimoniales, la unidad primera especializada de vida, fiscalía ochenta y siete seccional, el 31 de mayo de 1993, resolvió la situación jurídica provisionalmente, afectando al señor Álvaro Ospina Toro con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin excarcelación, por el delito de homicidio simple (fl. 36, cdno. 1).

4. A solicitud de la defensa, la fiscalía instructora ordenó un reconocimiento psiquiátrico tendiente a esclarecer la imputabilidad del procesado.

La experticia concluyó que al momento del hecho, Ospina Toro “tuvo la capacidad de comprender la ilicitud y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión”, que el consumo de alcohol no determinó estado de inconsciencia y que no presentó trastorno preordenado (fl. 117, cdno.1).

5. Por auto del 23 de agosto de 1993, se admitió la demanda de constitución en parte civil presentada en nombre de Luis Evelio Londoño Buitrago, padre del occiso (fl. 109, cdno.1).

6. Recaudada la prueba necesaria, el 3 de agosto de 1993, se declaró cerrado el ciclo instructivo (fl. 11. cdno. 1).

7. Al calificar el mérito del sumario, el 8 de septiembre de 1993, la fiscalía ochenta y siete seccional profirió resolución acusatoria contra Álvaro Ospina Toro, por el delito de homicidio consagrado en el artículo 323 de Código Penal de 1980, como fue modificado por la Ley 40 de 1993 (fl. 127, cdno. 1)

8. Adelantó la causa el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá, despacho que en desarrollo de la actividad probatoria dispuso la ampliación del dictamen sobre la embriaguez del procesado Ospina Toro.

El Instituto de Medicina Legal indicó que considerando que el examen de alcoholemia se realizó aproximadamente dieciocho (18) horas después de que el sindicado suspendió la ingestión de alcohol, y la tasa de eliminación en promedio de 15mgr/hora, “el señor Ospina pudo estar en estado de embriaguez aguda. No obstante las apreciaciones de psiquiatra forense son exactas y veraces” al momento del insuceso (fl. 192, cdno. 1).

9. Finalizada la audiencia pública, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá condenó al señor Álvaro Ospina Toro a la pena principal de veinticinco (25) años de prisión, por el delito de homicidio simple y adoptó las otras determinaciones reseñadas en precedencia (fl. 249, cdno. 1).

10. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el procesado, el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 16 de junio 1994, confirmó la decisión de primera instancia (fl. 3, cdno. tribunal).

11. El defensor del procesado interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación cuyo fondo resuelve la Sala en este proveído.

12. Estando en trámite la impugnación extraordinaria, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá, mediante auto del 14 de septiembre de 2001, en aplicación del principio de favorabilidad ante la sucesión de leyes penales, readecuó la pena principal impuesta al señor Álvaro Ospina Toro, reduciéndola a trece (13) años de prisión, y le concedió libertad provisional.

(...).

Consideraciones de la Corte

Sobre el primer cargo (nulidad).

1. Si bien la causal tercera de casación, vale decir cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad permite alguna libertad en su proposición y desarrollo, la demanda, igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos parámetros lógicos de modo que se comprendan con claridad y precisión los motivos de la nulidad, las irregularidades sustanciales alegadas, la manera en que se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garantías de los sujetos procesales, y la trascendencia de tales defectos.

En punto de esta causal debe señalar el demandante a qué momento procesal deben retrotraerse las actuaciones, luego de invalidar las alcanzadas por los vicios; y cuando lo que se persigue es la nulidad del fallo de segunda instancia, como sucede en el presente caso, corresponde también al recurrente identificar cuál es el defecto jurídico de que adolece.

Tales lineamientos no se observan en la demanda, y por ello el reproche por nulidad no tiene aptitud para prosperar.

2. Dentro de este cargo y en un solo capítulo el casacionista hace referencia indistintamente a varios aspectos que, desde su punto de vista, configuran la vulneración al derecho de defensa, y por ende generan la nulidad, pero sin sustentar ni definir técnicamente ninguno de ellos.

2.1. Protesta inicialmente porque la prueba de alcoholemia al señor Álvaro Ospina Toro se practicó 18 horas después del acontecimiento delictivo, y de ahí infiere que la demora obedeció a negligencia de la fiscalía y socavó su derecho de defensa. Sin embargo, ninguna trascendencia se observa en el hecho mismo del retardo en su realización, cuando nunca se ha puesto en duda su embriaguez, sino que, la discusión ha versado sobre las consecuencias de la misma, tema que en realidad inquieta al defensor.

Conforme a los parámetros enunciados, no basta señalar la existencia de una supuesta irregularidad, pues, ente (sic) la diversidad y entidad de las posibles anomalías procesales y la pluralidad de soluciones frente a ellas, corresponde al actor hacer manifiesta la magnitud y trascendencia del defecto que concretamente acusa, y con tal claridad que la Corte pueda deducir que la única alternativa es subsanarlo a través de la declaratoria de nulidad.

2.2. Protesta también porque los jueces de instancia no analizaron debidamente los alcances de la embriaguez del señor Ospina Toro, ignorando que su conducta fue desplegada en un estado de laguna mental, o de obnubilación mental.

Tal manera de sustentar muestra sin dificultad que el demandante desplazó la censura hacia las lindes de la causal primera de casación, cuerpo segundo, ya que al referirse a la defectuosa valoración de la prueba en cuanto a sus alcances y consecuencias, necesariamente se ubica en el campo de los errores de hecho.

Tampoco profundizó en punto de la “laguna mental”, ni de la “obnubilación mental” supuesta consecuencia del consumo de alcohol que no explica, ni define, ni diferencia, pero que enlaza con el tema de la inimputabilidad, discurriendo libremente en un cúmulo de ideas sueltas, que en modo alguno alcanzan la estructura lógica de un cargo de casación.

2.3. Como corolario de aquel modo de reflexionar, igualmente en el marco de la causal de nulidad, el defensor arriba a la conclusión de que no existe prueba para condenar, incurriendo en una nueva contradicción, como quiera que en lugar de deprecar la absolución por ausencia de certeza sobre la responsabilidad del procesado, solicita invalidar la sentencia del Tribunal Superior.

2.4. Entiende la Sala que lo ideal es que esta especie de pruebas se practiquen con la inmediatez que su naturaleza amerita, pues, de lo contrario, los hallazgos podrían variar con el paso del tiempo. Sin embargo, en casos como el presente, donde científicamente se concluyó que el procesado pudo actuar en estado de embriaguez, pese a que el examen se hizo 18 horas después, el hecho objetivo del retardo, por sí solo, no comporta vulneración al derecho de defensa.

Al margen de lo anterior, al estudiar el expediente se descarta la mengua al derecho de defensa que el cargo pregona, como quiera que el estado de embriaguez del procesado no se pone en duda en los fallos de instancia, pues, lo que hicieron los jueces fue optar por la conclusión de imputabilidad que obtuvo el perito forense, aún admitiendo la posibilidad que el señor Ospina Toro hubiere cometido el hecho en estado de embriaguez aguda, deducida de la tasa de eliminación de alcohol calculada en 15mm/hora, tópico del cual discrepa el casacionista y que trata de desvirtuar a través del cargo de nulidad, cuando en el fondo se trata de un problema de apreciación probatoria, que en nada conspira contra la estructura del proceso, ni contra las garantías inherentes al procesado, y por ello tenía que ser propuesto en casación a través de la causal primera.

(...).

La Sala de Casación Penal en su jurisprudencia ha reiterado los siguientes lineamientos:

— Cuando el tribunal a pesar de reconocer en su discurso la ausencia de certeza deja de aplicar el in dubio pro reo, se debe demandar la violación directa, por falta de aplicación, del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), equivalente hoy al artículo 7º (presunción de inocencia), norma rectora del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000).

— Por el contrario, si lo que hace el tribunal es suponer certeza cuando en verdad no se puede llegar a este grado de convencimiento, la violación a la ley sustancial se presenta por vía indirecta y los cargos en casación deben presentarse por error de hecho en cualquiera de sus modalidades.

Es claro que para los jueces de instancia el acopio probatorio no dejó resquicio de duda acerca del compromiso doloso del procesado, incluida la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, y así lo declaran en el texto las sentencias, de suerte que optaron por condenar ante su convicción de certeza, quedando únicamente por explorar la violación indirecta de la ley, a través de errores de hecho o de derecho en la valoración probatoria.

En la casación que se resuelve, como viene de explicarse, el cargo no fue desarrollado ni siquiera en mínima parte, pues, el censor limitó su alegato a indicar lo que él pensaba acerca de algunas pruebas, apartándose así de la concepción del Tribunal Superior, pero sin llegar a demostrar que el juzgador incurrió en errores estructurales con aptitud para que la Corte Suprema de Justicia case la sentencia.

10. No se puede pasar por alto otra antinomia que aflora en el cargo, consistente en que después de defender a ultranza la tesis de la inimputabilidad del procesado, termina solicitando su absolución sin apoyo en nuevos argumentos, como si constatada aquella se impusiera de pleno derecho ésta.

Verificado el compromiso del procesado con el injusto (tipicidad y antijuridicidad), su inimputabilidad, presupuesto de la culpabilidad, no desemboca en la absolución, sino en una sentencia de orden distinto, en la que se declara responsable y se somete a un tratamiento denominado “medidas de protección” en el Código de Procedimiento Penal vigente, y que puede consistir en internación o libertad vigilada, como lo disponen los artículos 374 y siguientes.

No significa que un inimputable no pueda ser absuelto, pues si convergen las condiciones que permitan descartan la tipicidad o la antijuridicidad de su comportamiento, por ejemplo si se comprueba que actuó en legítima defensa, es factible que resulte absuelto en condiciones de igualdad que los imputables. Se ha dicho, por ello en la doctrina, que la inimputabilidad es residual y subsidiaria.

11. En suma, sin la verificación de ninguna especie de error de derecho ni de hecho, el cargo se redujo a la discordancia con el criterio evaluador de los jueces de instancia, y por ello no prospera.

Cuestiones finales

1. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, surgió la posibilidad de aplicar las disposiciones que este régimen contempla, por favorabilidad respecto de las anteriores.

En este caso particular, mientras se tramitaba la impugnación extraordinaria, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá, mediante auto del 14 de septiembre de 2001, en aplicación del principio de favorabilidad, readecuó la pena principal impuesta al señor Álvaro Ospina Toro, reduciéndola a trece (13) años de prisión, y le concedió libertad provisional.

Como el fallo no será casado, se entiende, por supuesto, que la pena impuesta por el Tribunal Superior estaba ajustada a derecho, y por lo mismo, que la pena que ha de purgar el procesado es la que el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá readecuó mediante auto del 14 de septiembre de 2001, tomando como base aquélla.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, como al quedar ejecutoriada la sentencia adquiere competencia el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, dicho funcionario podrá revisar, si a ello hubiere lugar, cualquier aspecto inherente a la favorabilidad, como lo dispone el numeral 7º del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)

2. Por disposición del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), la presente providencia, en tanto no sustituye a la sentencia materia del recurso extraordinario de casación, queda ejecutoriada el día en que se suscribe, y contra ella no procede ningún recurso.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NO CASAR el fallo motivo del recurso extraordinario.

Cópiese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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