Sentencia 990 de septiembre 12 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Exp.: 11001220300020000990, Sep. 12/2000

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Decídese la impugnación formulada por la Fiscalía General de la Nación, unidad nacional para la extinción de dominio y contra el lavado de activos, contra el fallo de 2 de agosto de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en la tutela promovida por Raúl y Martha Cecilia Gaitán Cendales frente a la impugnante.

I. Antecedentes.

Aduciendo vulneración del debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la cosa juzgada y el principio de non bis in idem, los accionantes solicitan que se declare, que la accionada, con una vía de hecho, desconoció la providencia de 4 de diciembre de 1997, proferida por la Fiscalía Delegada ante el tribunal nacional por medio de la cual a ellos y a otros se les precluyó una investigación penal, pues ordenó continuar la extinción de dominio de unos bienes suyos; en consecuencia, piden que se ordene a dicha accionada cesar de inmediato todas las medidas en estos procesos.

2. Exponen en su prolijo escrito introductorio, en resumen, que con base en unos anónimos la Fiscalía General de la Nación les inició a ellos a Félix y José David Gaitán Cendales y Guillermo Ortiz Gaitán, una investigación penal por narcotráfico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, con el número 23759, en la que además de la medida de aseguramiento de detención, se les afectaron con diversas medidas cautelares derechos, bienes e intereses; actuación en la que por decisión de 3 de marzo de 1997, la accionada dispuso iniciar proceso de extinción de dominio de los bienes cautelados (proceso 25), decretando su ocupación y, porque según el artículo 7º, de la Ley 333 de 1996, no puede iniciarse este trámite en forma independiente cuando hay actuaciones penales en curso.

Dicen que luego, en virtud de la apelación contra la resolución acusatoria, la Fiscalía delegada ante el tribunal nacional les precluyó la investigación mediante providencia de 4 de diciembre de 1997, en cuyos considerandos se destacó su inocencia en los punibles investigados y el origen lícito de los bienes. Sin embargo, un fiscal regional delegado, sin competencia y desconociendo la providencia de su superior, decidió en auto de 16 de enero de 1998 seguir adelante con la extinción de dominio, con una interpretación torpe, que raya en vía de hecho, para concluir que en la providencia de segunda instancia no se había tomado ninguna medida con relación a los bienes, siendo que en ésta se hacía referencia clara a la licitud de los mismos. Además, no se permitió ningún recurso contra la decisión.

Agregan que la accionada con providencia de 6 de marzo de 1998, radicación 53, y con nueva referencia al proceso precluido, inició otra acción de extinción de dominio sobre sus bienes. Así, no sólo se procedió con falla de competencia sino que además se vulneró la cosa juzgada, el non bis idem y el principio de la buena fe, lo que, incluso, constituye un error judicial fuente de responsabilidad del Estado, sin otro medio idóneo de defensa que les garantice el ejercicio de los derechos fundamentales violados, ya que no es tal una acción indemnizatoria. Tampoco son efectivos los recursos contra decisiones de la fiscalía ya que ésta tiene un “modelo castrense de organización interna”, que quita efectividad a los mismos.

3. La accionada replicó la tutela argumentando que al revocar la resolución de acusación, la fiscalía de segunda instancia no declaró la licitud ni la ilicitud del origen de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, pues sólo puso fin al proceso por responsabilidad penal, por lo cual era viable continuar aquella, y dado que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 333 de 1996, dicha acción es autónoma e independiente de la responsabilidad penal. De ese modo, no se hizo nugatoria la preclusión, ni se han violado los derechos invocados, ya que la competencia surge de la propia normatividad y los interesados han podido ejercitar los mecanismos judiciales de defensa, sin sufrir un perjuicio irremediable.

II. El fallo del tribunal.

El tribunal para otorgar el amparo, luego de aludir al debido proceso, anota que según lo probado a los accionantes se les absolvió de todo cargo por los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico y concierto para delinquir, mediante providencia en la que se estudió y estableció que los bienes en cabeza de ellos son de lícita procedencia, de modo que no procede “... iniciar nueva investigación para establecer si hay lugar a declarar la extinción del dominio por hechos relacionados con esos delitos, porque se llegaría al absurdo, en el evento de que se decretarse la extinción de dominio por estos ilícitos, que sin el supuesto de hecho que consagra la norma, se impusiese una sanción...”, por fuera del artículo 34 de la Constitución. Por eso, si por resolución que hizo tránsito a cosa juzgada se declaró que los actores no cometieron los delitos imputados, no puede aplicarse la Ley 333 de 1996, ya que se estaría juzgando dos veces por una misma conducta, en contra del debido proceso.

Sostiene que el artículo 7º ibídem “... condiciona el trámite de la acción de extinción del dominio a las actuaciones penales en curso...”, de manera que terminadas éstas, terminan las acciones de extinción, lo que en este caso emanaba claramente de la parte motiva de la providencia que ordenó la preclusión de la investigación.

Añade que frente a los recursos y defensas propias del proceso, lo que se busca es proteger el debido proceso en cuanto a que una persona no sea juzgada dos veces por el mismo hecho, ya que el tener que acudir a defenderse de nuevo implica cargas y detrimento de los intereses del investigado.

Por tales motivos, el fallador concede la tutela y ordena a la accionada que en el término de 48 horas, tome las medidas necesarias para que cesen los procesos de extinción de dominio contra los accionantes, “... relacionados con los bienes de su propiedad que fueron vinculados al proceso 23769, con la consiguiente liberación de los gravámenes y las cautelas que los afectan...”.

III. La impugnación.

Sin aducir las razones de su inconformidad la accionada impugnó el fallo antes reseñado.

En escrito ulterior expresa que la tutela no procede porque los accionantes tienen otros medios de defensa en la actuación, y no hay un inminente perjuicio irremediable, siendo que la extinción de dominio es acción autónoma, distinta e independiente de la penal, por lo que la terminación de ésta no conlleva la de aquélla, que es especial y puede iniciarse con posterioridad. Reitera que cuando se dictó la preclusión, lo único que dijo sobre los bienes fue que no había prueba en cuanto a que estuvieran dedicados a actividades delictivas, pero dentro de esa actuación no se investigó el origen de aquéllos, ni mucho menos se declaró probado su origen lícito. Señala que se adelanta una investigación penal contra la funcionaria que declaró la preclusión, y que Guillermo Ortiz Gaitán e Ignacio Gaitán Cendales aparecen procesados por tráfico de estupefacientes.

IV. Consideraciones.

Por encima de todo, estima la Corte que el hecho de que la impugnación del fallo se haya presentado antes del pronunciamiento que sobre aclaración del mismo se había recabado, no es bastante para objetar lo tempestivo del recurso, pues sin caer en suntuosos formalismos nadie podría desconocer que la parte se mostró inconforme —y en su momento— con lo decidido, que es en esencia el rasgo característico del derecho de impugnación en general. Y frente a ello, como es apenas obvio, la aclaración entonces suplicada es asunto que, ni con mucho, puede acabar convirtiéndose en lo subordinante. Todo lo más, podrá hablarse de mucha prisa en el protestar, pero en todo caso sin virtualidad para anonadar el derecho de defensa, y tanto menos en el ámbito de la tutela donde las formalidades son contadas.

Superada tal discusión, ya en lo de fondo, dígase que la sola circunstancia de que aún esté en vigor el trámite que adelanta la fiscalía respecto del asunto que ponen de presente los accionantes, apareja la remembranza de lo improcedente que es trasladar a la tutela el planteo de cuestiones que allá tienen su escenario natural para ser controvertidas, habida cuenta del averiguado carácter subsidiario de la tutela y del conocido principio según el cual ella no encuentra sitio en tratándose de providencias judiciales, si ya no es que merecen el calificativo de manifiestamente arbitrarias.

Pero, en fin, no es ese un asunto que esté disputándose aquí, pues que los accionantes, antes bien, reconocen tan acusadas aristas de la tutela, y admiten subsecuentemente que todo lo que ahora piden examinar debiera ser controvertido allá. La piedra de toque está en que pretenden justificar semejante desplazamiento del litigio sobre la base de considerar que los medios de defensa existentes en aquel trámite no constituyen una verdadera y real garantía para sus intereses, apoyados en razones varias. Aducen que ello se desprende, por una parte, de la propia organización jerárquica a que está sometida la Fiscalía General de la Nación, y por la otra, fundándose en algunos elementos de prueba que invocan, por ejemplo, declaraciones rendidas por ex funcionarios de la entidad en otros procesos, así como también la renuncia de uno de ellos en particular.

Pues bien. Naturalmente que la Corte no podría desvencijar tan caros postulados de la acción de tutela, dando por sentado que los medios de defensa en la fiscalía son ineficaces no más que por las acusaciones vertidas en algunas probanzas que obran dentro de una investigación en curso. Acusaciones, por cierto, graves, empero, es demasiado ambicioso pretender que dentro de un trámite sumario como es el de tutela, pasen por cabalmente establecidas, sin más. Nótese que algunos hechos que se imputan alcanzan visos delictuales, y ya se sabe cómo es de exigente la prueba en tan delicada materia. El corolario de esto es que, en tales condiciones, no está configurada la justificación conforme a la cual pretendieron los accionantes pasar de largo ante aquellos postulados de la tutela; y que, por consiguiente, es allá donde deben ensayar todas sus defensas. Ente tanto, el juez constitucional está inhabilitado para arrebatarle, con grave usurpación de funciones, las facultades que muy propias son del funcionario que adelanta el trámite de extinción de dominio, y es ante él que deben plantearse, a través de los mecanismos procesales pertinentes, todos los cuestionamientos traidos a la tutela, y en su caso ejercitar el derecho de impugnación que consagre la ley.

Así las cosas, es inadmisible que los accionantes desdeñen las posibilidades que tienen al interior de aquel trámite y por ese sendero trastear la cuestión ante el juez constitucional, lo cual es, per sé, determinante para el fracaso de la tutela, mas como el tribunal pasó inadvertidamente el aspecto que así queda dicho, habrá de revocarse la sentencia y reemplazarla por la que deniegue la solicitud.

A propósito de la razón esgrimida por el tribunal para decidir como lo hizo, acaso no sobre anotar que la tutela no está para aniquilar la autonomía interpretativa de los falladores y que, por eso, contra providencias judiciales no se abre ella paso cual se hizo ver en el pórtico de este proveído sino en cuanto tales decisiones sean la expresión acabada de la arbitrariedad. En este caso la fiscalía, en efecto, adujo como motivos de su actuar, entre otras razones, que en el proveído que precluyó la investigación penal (4 de diciembre de 1997) “nada se dispuso en relación con los bienes que con medida cautelar habían sido afectados dentro del respectivo procesal penal”, pues que así no aparece en su parte resolutiva, que es la verdaderamente vinculante en la decisión según la más autorizada doctrina sobre la materia; que por lo tanto mal puede hablarse de cosa juzgada sobre el punto, fenómeno jurídico para cuya configuración hubiera sido preciso que por resolución se declarase “la improcedencia de la extinción del dominio” en decisión debidamente ejecutoriada, o cuando “se ha dictado sentencia absteniéndose de decretar o decretando la extinción del dominio”; que “de no ser así, no se explicaría el porqué la acción de extinción del dominio que regula la ley tantas veces citada, proceda aun cuando la acción penal haya terminado por cualquier causa y no se declaró la extinción del dominio o se declaró sólo sobre una parte de los bienes, admitiéndose su ejercicio, inclusive, “con independencia del proceso penal, sobre la base de que se acrediten los presupuestos del origen viciado de la propiedad, particularmente en el evento en que el proceso termine por muerte del procesado o cuando por esas mismas causas el proceso penal no se hubiere iniciado” (C. Const., sent. C-374/97, pág. 81)"; que la causa y el objeto de la acción penal y la de extinción del dominio no pueden refundirse, “pues sin perjuicio de que ambas acciones (penal y real) puedan hacer del delito, la única consecuencia jurídica del delito es la pena”, al paso que “la acción real o extintiva del dominio tiene génesis en el origen ilícito en la adquisición de los bienes, descansando únicamente sobre presupuestos meramente objetivos con independencia de la responsabilidad penal”.

De cara a todo ello no se descubre, al rompe como debe ser veleidad alguna, y mucho menos con los ribetes de “vía de hecho”, desde luego que en apoyo de su posición trae elementos normativos (L. 333/96, arts. 7º y 10), así como criterios jurisprudenciales y, en fin, razonamientos hermenéuticos que así no compartan los accionantes tampoco pueden descalificarlos por absurdos.

Por modo que no estuvo bien el Tribunal Superior de Bogotá cuando dio de mano a todos esos razonamientos, en una indebida suplantación del juez natural, para entonces fijar cuál es su particular posición hermenéutica y por sobre todo arrogarse la tarea de desentrañar el genuino alcance de la ley de extinción de dominio, sin percatar que con ello desnaturalizaba la acción de tutela, que, repítese, no es propicia para disputas interpretativas de las normas jurídicas, pues implicaría el desquiciamiento institucional. No estaba, pues, facultado para abordar decisiones tales como la de que fenecido el proceso penal por la preclusión desaparece toda posibilidad de la acción a que se refiere la Ley 333 de 1996, so pena de violarse el principio non bis in idem, con el argumento de que allí hay una fatal inescindibilidad, si es que, la fiscalía por su lado no comparte semejante parecer y finca su posición, no caprichosamente, sino en la norma que dice sobre el particular: “Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuarán el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta ley” (art. 7º). No sobra recordar que la Corte Constitucional, refiriéndose a la naturaleza jurídica de la acción contemplada en la Ley 333, ha dicho por ejemplo que “no se trata de una sanción penal, pues el ámbito de la extinción del dominio es mucho más amplio que el de la represión y castigo del delito. Su objeto no estriba simplemente en la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de los postulados básicos proclamados por la organización social, no solamente mediante el delito sino a través del aprovechamiento indebido del patrimonio público o a partir de conductas que la moral prescribe, aunque el respectivo comportamiento no haya sido contemplado como delictivo ni se le haya señalado una pena privativa de la libertad o de otra índole” (sentencia citada por la Fiscalía).

Insístese, ante los puntales legislativos y jurisprudenciales que invocó la fiscalía, mal puede llamar a escándalo —que es al fin y al cabo lo que denota la llamada vía de hecho en tutela—, las decisiones que de la fiscalía son objetadas a través de esta tutela, amén de que como se dijo al comienzo, es allá donde deben ventilarse ese tipo de discusiones, antes que acudir al juez de tutela para que interceda en el punto.

Entonces, lo antes discurrido es suficiente para desembocar en la revocatoria del fallo impugnado, con la consecuente denegación de la tutela solicitada.

V. Decisión.

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el fallo de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar deniega el amparo constitucional peticionado.

En consecuencia de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 306 de 1992, quedará sin efectos la actuación que se haya realizado en cumplimiento del fallo revocado.

Notifíquese telegráficamente lo resuelto a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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