Sentencia 9930 de julio 15 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

LA LEY 100 DEROGÓ LA “COTIZACIÓN SANCIÓN”

EXTRACTOS: «El problema sometido a la consideración de la Corte es el de las personas con más de diez años de servicios al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y que, despedidas injustamente con posterioridad a ésta, es procedente aplicarles ultractivamente el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 en lo atinente a la “cotización sanción” en ella consagrada.

La Ley 100 de 1993, consagró un sistema general de pensiones que hizo obligatoria la afiliación de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo sin excepción alguna salvo las establecidas en el artículo 279 de ese estatuto. De esta suerte el cumplimiento de sus normas se hicieron obligatorias a partir de su vigencia y por supuesto, las situaciones consolidadas con posterioridad al 1º de abril de 1994 se rigen por su normatividad.

Si es cierto que el artículo 11 de la ley 100 protegió los derechos adquiridos de las personas que hubiesen cumplido los requisitos para hacerse acreedoras a la pensión o se encontrasen disfrutando de ella, con base en normatividades superadas, es lo cierto, que el artículo 36 de la ley 100 al consagrar el sistema de transición limitó la aplicación exceptiva de los regímenes anteriores a sólo tres factores; la edad de acceso a la pensión, el monto de la pensión de vejez y el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas. Las demás situaciones quedaron por expresa disposición del mismo precepto regidos por la ley 100.

La llamada “cotización sanción” no es de los tres factores que por excepción se rigen por estatutos anteriores a la ley 100, y siendo esto así, no cabe entender que por analogía está incluido dentro de ellos, ya que consagrando el artículo 36 un régimen de excepción, éste debe interpretarse restrictivamente sin que quepa hacer extensiva la aplicación de regímenes anteriores a factores diferentes taxativamente consagradas en la norma. Entonces, al condenar el tribunal a la cotización que hacía parte de un régimen anterior a la ley 100 sin pertenecer a los factores consagrados como excepciones por el artículo 36, resultó éste erróneamente interpretado, pues le dio un entendimiento extensivo cuando por sabido se tiene que en tratándose de la exégesis de precepto consagratorio de un régimen de excepción, la interpretación ha de ser restrictiva.

Ha de anotarse, además, que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 en cuyo parágrafo se consagraba la que fue denominada “cotización sanción”, fue subrogado expresamente por el 133 de la Ley 100 de 1993, situación que hizo desaparecer a la “cotización sanción” del ámbito jurídico, ya que en éste último precepto el legislador la suprimió como norma positiva, sin que en ningún otro canon de la ley 100 quedase expresamente consagrada.

Dado lo anterior, con la aplicación ultractiva del artículo 37 de la Ley 50 de 1990, en el presente caso, se quebrantaron por interpretación errónea los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, dado lo cual el cargo está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, julio 15 de 1998. Radicación 9930. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

ACLARACIÓN DE VOTO

Con todo respeto me permito aclarar el voto que he emitido en favor de la sentencia aprobada por la Sala, dado que comparto la decisión pero estimo necesarias algunas precisiones en cuanto a su motivación, las cuales puntualizó así:

1. En el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 se hace referencia expresa a los derechos adquiridos con el fin de contemplar su respeto y vigencia aún después de expedida la nueva ley. No sucede lo mismo con el artículo 36 en el cual se está creando un régimen de excepción para respetar ciertas circunstancias que por sí mismas no pueden ser consideradas como derechos adquiridos. Tal diferenciación, que en mi opinión es importante, no se hace dentro del texto de la sentencia.

2. Como lo señala el cargo, una de las razones fundamentales del cambio de la normatividad estriba en la creación por la Ley 100 de 1993 de un sistema general de pensiones accesible a todos los habitantes del país que hace innecesaria la llamada “cotización sanción”. Por tanto, la razón última de la improcedencia de la ultractividad del artículo 37 de la Ley 50 de 1990 en que se apoyó el ad quem, es un aspecto filosófico y no simplemente de modificación de la norma, pues coherentemente con los principios que declara la Ley 100 de 1993 como marco de su aplicación, las mayores posibilidades de ingreso al sistema hacen innecesaria la protección especial a la que acudía la ley anterior para asegurar el acceso a la pensión de vejez de los trabajadores despedidos injustamente.

Germán G. Valdés Sánchez. 

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