Sentencia 9941 de julio 5 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD POR DAÑO ANTIJURÍDICO

CONDENA PENAL DEL AGENTE

EXTRACTOS: «1. Tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, de las pruebas que obran en el expediente se deduce que la muerte de Leonardo Lindarte Carvajal fue causada por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, en servicio, con armas de dotación oficial y en forma absolutamente injustificada.

Leonardo Lindarte Carvajal, que era profesor de la Universidad de Antioquia, viajaba con un compañero en un automóvil Nissan y chocaron con otro vehículo conducido por agentes del DAS; esta circunstancia dio lugar a que los agentes emprendieran inmediatamente su persecución disparando sus armas de dotación oficial y causando la muerte a los dos ocupantes del vehículo.

2. Tales hechos aparecen demostrados en el expediente con la declaración del agente de la policía, Francisco Luis Sánchez Toro (f. 283 C. 1) quien fue testigo presencial de los hechos; con el acta de levantamiento de cadáver de la víctima (f. 10 C. 1); con la necropsia practicada sobre su cadáver (f. 49); con la certificación expedida por la entidad demandada acerca de que las armas que portaban los agentes eran de dotación oficial (fl. 99); y, con la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Superior de Medellín el 26 de enero de 1990, en la cual fueron condenados por los mismos hechos los agentes del DAS, Narciso Mayorga Rozo, José Roberto Cabrera Mesa y Samuel Ruiz Alarcón.

La citada sentencia, en cuanto declara a los agentes del DAS autores de la muerte de la víctima, hace tránsito a cosa juzgada en el presente proceso; sobre este punto la Sala en sentencia del 2 de junio de 1994 (proc. 9047, Marco Aurelio Camargo y otros, consejero ponente Dr. Daniel Suárez Hernández) dijo:

“Esa decisión penal que le atribuyó a Alfonso Sánchez la responsabilidad en el accidente en el cual perdió la vida Pedro Antonio Camargo, no es susceptible de ser revisada en la jurisdicción administrativa por cuarto esa decisión tiene fuerza de cosa juzgada. No se trata de hacer valer en contra del ente municipal demandado unas pruebas que no ha tenido la oportunidad de controvertir por cuanto fueron practicadas en el proceso penal, donde no fue parte. Lo que se le está oponiendo es una decisión judicial de carácter penal donde se juzgó y decidió quién había sido el responsable de esas muertes, sin que sea dable a esta jurisdicción volver sobre el punto.

Esa tesis jurisprudencial ha sido reiterada por la corporación en varias oportunidades, entre otras la que cita al señor agente del Ministerio Público ante el a quo, con ponencia del señor consejero doctor Carlos Betancur Jaramillo en el proceso 6249, actor: Ricardo Antonio Serna Ruiz”.

3. Las pruebas anteriores son suficientes para demostrar que en el sub judice los agentes del DAS procedieron a aplicar sin fórmula de juicio la pena de muerte, proscrita por la Constitución Política, a dos ciudadanos inermes, por el simple hecho de haber chocado su vehículo, violando su deber elemental de respetar sus vidas, consagrado para las autoridades en el artículo 2º de la misma carta; esas mismas pruebas acreditan claramente que la muerte de la víctima es imputable a la entidad demandada, la cual debe responder por el daño antijurídico causado por sus agentes, en los términos del artículo 90 de la C.P.

4. La demostración de que la muerte de la víctima fue causada por agentes del DAS, en forma injustificada y arbitraria, con armas de dotación oficial, determina la imputación del daño a la entidad demandada, la cual para desvirtuar su responsabilidad debía demostrar la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclu-sivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor.

Sólo mediante la prueba de cualquiera de dichas causales la demandada podía acreditar que el daño sufrido por la víctima no le era imputable y que, por ende, no estaba obligada a indemnizarla; pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.N. todo daño antijurídico que sufra un particular por la acción u omisión de la administración, hace nacer la obligación de reparación del Estado, razón por la cual su sola existencia —la del daño antijurídico— hace derivar para la administración la obligación de reparar el perjuicio que el mismo ha causado.

Si existe alguna causa que justifique dicho daño, y que le quite el linaje de antijurídico, o una causal que destruya la imputabilidad del mismo daño a la administración, esa causal deber ser acreditada por la propia administración para exonerarse de responsabilidad. El hecho constitutivo de ésta es el daño, que, como se ha dicho, por su sola naturaleza, es normalmente antijurídico. La demostración de una causal que impida el nacimiento del deber de reparación, debe ser acreditada por la administración.

La jurisprudencia española sobre este tema, ha dicho:

“Al ser la responsabilidad de la administración objetiva, para que la obligación de indemnizar nazca basta con que el daño material e individualizado no sea consecuencia de fuerza mayor y proceda del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación de causa a efecto; correspondiendo la prueba del daño sufrido y su origen al particular que solicita la indemnización, y la del hecho impeditivo de la pretensión, fuerza mayor, a la administración demandada, en adecuada y correcta aplicación de la carga de la prueba establecida en el artículo 1214 del Código Civil”. (Sentencia del 7 de diciembre de 1981).

5. Ahora bien, la actuación arbitraria de los agentes, por sí sola, que podría calificarse como falta personal en su obrar, en forma alguna exonera de responsabilidad a la entidad a cuyo servicio se encontraban en el momento de los hechos; porque ella detentaba el poder de dirección y control de las armas con las cuales se ocasionó el daño, como propietaria de las mismas.

La sola circunstancia de que la conducta del agente tenga nexo con el servicio, el cual puede ser, como lo ha señalado la doctrina, objetivo, temporal, espacial, instrumental o simplemente inteligible, hace que el daño causado sea imputable al Estado; y el hecho de que el daño haya sido causado por la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, si bien compromete su responsabilidad patrimonial, la cual se establece mediante la acción de repetición que la entidad debe instaurar en su contra en los términos del artículo 90 de la C.N., de ninguna manera la exonera de responsabilidad a la entidad frente a la víctima; por el contrario, el establecimiento de la acción de repetición contra el agente en dichos eventos, implica que aún en ellos se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado frente a la víctima.

La clásica definición de Laferriere, denominada “la doctrina de las pasiones personales”, según la cual hay falta del servicio “si el acto dañoso es impersonal y revela una administración más o menos sujeta a error” y hay falta personal si revela “al hombre con sus debilidades, sus pasiones y sus imprudencias”, no es aplicable en su integridad en Colombia y menos a la luz del citado artículo 90 de la C.P.

Frente a esta disposición, se acomoda más el pensamiento de Rivero, quien en este punto señala:

“Todo sucede como si la persona pública estuviese obligada a indemnizar a las particulares en razón del riesgo de la culpa personal a la que los expone, al darles a sus agentes los medios o la ocasión de la falta” (Jean Rivero, Derecho Administrativo, Traducción de la novena edición, Universidad Central de Venezuela, página 319).

Y lo expresado en la sentencia Lemmonier del 26 de julio de 1918, en la cual la jurisprudencia francesa dijo:

“Si la falta ha sido cometida en el servicio o a la ocasión del servicio, si los medios y los instrumentos de la falta han sido puestos a la disposición del culpable por el servicio, si, en una palabra, el servicio ha condicionado el cumplimiento de la falta, el juez administrativo, entonces, podrá y deberá decir: la falta se desprende probablemente del servicio; es asunto de la jurisdicción ordinaria decidir, pero el servicio no se desprende de la falta”.

6. Por último, estima la Sala que las razones por las cuales el a quo consideró que dicha sentencia no constituye cosa juzgada en materia de perjuicios, se ajustan a la normatividad legal y a la posición jurisprudencial de la Sala en este punto.

De una parte, la acción de reparación fue instaurada por los demandantes el 21 de julio de 1989 y la sentencia penal fue proferida el 26 de enero de 1990 (f. 248 C. 1); ello implicaba que el juez penal, en virtud de dicha demanda, perdía competencia para pronunciarse sobre perjuicios, y la aludida sentencia, en lo relativo a este punto, debe considerarse ineficaz.

Tal determinación corresponde a lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, que establece en lo pertinente que:

“...cuando en el proceso obrare prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos legales, será ineficaz la condena impuesta en el proceso penal al pago de perjuicios cuando se ha ejercido independientemente la acción civil”.

Y de otra parte, no es cierto, como lo afirma la entidad demandada, que los demandantes se hubiesen constituido en parte civil en el proceso penal adelantado contra los agentes por los mismos hechos. La decisión relativa a perjuicios en dicha sentencia fue adoptada de manera oficiosa y en el propio dictamen pericial rendido en el proceso penal se hace alusión expresa a que la cuantificación de los perjuicios se hizo de tal manera (fl. 267); lo anterior implicaba, como lo indicó a quo, que dicha sentencia no fuera oponible a los demandantes.

La Sala en sentencia del 29 de agosto de 1994 (exp. 7978, actor Héctor Fabio Ballesteros, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), señaló:

“Si el actor buscó el resarcimiento de perjuicios a través de una demanda de parte civil, no puede pretender por otra vía un nuevo resarcimiento de perjuicios, porque estos fueron unos mismos, así pueda imputarse su comisión tanto a la Nación como a los comprometidos dentro del proceso penal.

Cosa distinta hubiera sido que el juez penal, de oficio, hubiera hecho esta condena, porque en tal evento le sería inoponible la sentencia, en dicho extremo, a la persona afectada”»

(Sentencia de julio 5 de 1996. Expediente 9941. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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