Sentencia 9945 de junio 9 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE REGISTRO

LA LEY NO PUEDE CREAR EXENCIONES A UN IMPUESTO DEPARTAMENTAL

EXTRACTOS: «Previamente a resolver el recurso de apelación contra el fallo apelado, advierte la Sala que debe pronunciarse en esta instancia acerca de la prosperidad o no de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 180 de la Ley 142 de 1994, base de los actos acusados.

(...).

Pues bien, prevé el artículo 180 de la Ley 142 de 1994, lo siguiente:

“ART. 180.—Transformación de empresas existentes. Las entidades descentralizadas que estuvieren prestando los servicios a los que esta ley se refiere, se transformarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de esta ley, en un plazo de dos años a partir de su vigencia.

Cuando se transforme una entidad descentralizada existente en una empresa de servicios públicos, en el acto que así lo disponga se preverán todas las operaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio así como para regular la asunción por la nueva empresa en los derechos y obligaciones de la entidad transformada. No se requerirá para ello pago de impuesto alguno por los actos y contratos necesarios para la transformación, o por su registro o protocolización.

PAR.—Se aplicará igualmente lo dispuesto en este artículo cuando la transformación y la creación de una empresa de servicios públicos se produzca por escisión de una entidad descentralizada existente”.

En armonía con la norma en mención, el legislador, a través del artículo 17 ibídem, permitió a las entidades descentralizadas que estuvieren prestando los servicios públicos calificados de domiciliarios en artículo 1º de la Ley 142 de 1994, “transformarse” en empresas de servicios públicos esto es, en sociedades por acciones, y si tales entidades no deseaban que su capital se dividiera en acciones, debían adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado.

De acuerdo con el artículo 180 de la ley en comento, la “transformación” de la entidad descentralizada en empresa de servicios públicos, podía hacerse también a través de la figura jurídica de la escisión, y en todos los casos de “transformación”, es decir, aun por escisión, no habría lugar al pago de impuestos “por los actos y contratos necesarios para la transformación, o por su registro y protocolización”, pues si bien la norma hace la previsión en comento al referirse a la transformación, a renglón seguido prevé en el parágrafo que “Se aplicará igualmente lo dispuesto en este artículo cuando la transformación y la creación de una empresa de servicios públicos se produzca por escisión de una entidad descentralizada existente”, y es evidente que una de las cosas que dispone esa norma es el tratamiento impositivo a que se ha hecho mención.

Por su parte, el artículo 294 de la Carta prescribe que “la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales”.

El departamento estima que al ser el impuesto de registro un tributo departamental no le era permitido al legislador conceder exenciones en relación con el mismo, motivo por el cual no resulta procedente acceder a la devolución de lo pagado por dicho concepto.

Al respecto la Sala hace las siguientes precisiones:

Por cuanto en la presente oportunidad el hecho generador del impuesto de registro, esto es, la inscripción de la escritura pública Nº 142 del 31 de enero de 1997, se produjo obviamente en vigencia de la Ley 223 de 1995, pues la inscripción no puede ser anterior en el tiempo al acto que la provoca, es evidente que la excepción de inconstitucionalidad en relación con dicho impuesto debe mirarse bajo la vigencia de la ley en mención, norma que previó el referido gravamen en sus artículos 226 al 236.

Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-219 del 24 de abril de 1997, con ponencia del magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, al estudiar la constitucionalidad del artículo 236 de la Ley 223 de 1995, precisó que el impuesto de registro a que dicha ley se refiere es un impuesto de carácter departamental.

(...).

Pues bien, habiendo definido la Corte Constitucional el carácter departamental del impuesto de registro previsto en la Ley 223 de 1995, encuentra la Sala que resulta incompatible con la Carta la exención otorgada por el artículo 180 de Ley 142 de 1994, en lo que a ese impuesto se puede entender, es decir, el pago de impuesto por el registro de los actos y contratos necesarios para la “transformación”, aun por vía de escisión, de las entidades descentralizadas existentes en empresas de servicios públicos.

En efecto, la norma constitucional es clara al prohibir al legislador conceder exenciones y tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, lo que implica un reconocimiento implícito de la competencia normativa de las asambleas departamentales y de los concejos municipales para, en los tributos de su propiedad, conceder exenciones y estímulos tributarios, lo cual indiscutiblemente va de la mano con la autonomía de tales entidades para la gestión de sus intereses, “y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, como lo prescribe el artículo 287 de la Carta, autonomía que según el numeral 3º ibídem, da el derecho a la entidad para “establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Ahora bien, si el impuesto de registro de que da cuenta la Ley 223 de 1995, es un impuesto departamental, y por lo mismo, de propiedad de los departamentos, mal podía el legislador otorgar una exención respecto del impuesto por el registro de los actos y contratos necesarios para la “transformación”, aun vía escisión, de las entidades descentralizadas en empresas de servicios públicos domiciliarios, pues sencillamente está concediendo exenciones en relación con un tributo que es de propiedad de las entidades territoriales.

Lo anterior significa que efectivamente, para el caso sub judice, el artículo 180 de la Ley 142 de 1994 es violatorio del artículo 294 de la Carta, y por ende, está llamada a prosperar la excepción de inconstitucionalidad respecto de dicha norma.

De consiguiente, el citado artículo de la Ley 142 de 1994 deberá ser inaplicado en el sub judice, inaplicación que necesariamente conduce a que el departamento debía cobrar el impuesto de registro respecto de la escritura pública Nº 142 de 1997, otorgada por la actora y las Empresas Públicas de Manizales, y por lo mismo, a la improcedencia de la devolución de lo pagado por aquélla al departamento por concepto de la inscripción de dicho documento en la oficina de registro de instrumentos públicos de Manizales.

Al ser improcedente la devolución resultan ajustados a derecho los actos acusados que precisamente dan cuenta de dicha improcedencia, motivo por el cual se impone, además, la confirmación de la sentencia recurrida».

(Sentencia de junio 9 de 2000. Expediente 9945. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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