Sentencia 9949 de agosto 11 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN A LA DIAN

GRADUALIDAD DEL MONTO DE LA SANCIÓN

EXTRACTOS: «Se resuelve en esta oportunidad el recurso de apelación, elevado por la parte demandada, con el objeto de que se revoque el fallo de primer grado, que modificó la tarifa de la sanción impuesta por no enviar dentro del término legal, la información en medios magnéticos, a que se encontraba obligada la sociedad actora, la cual sólo vino a ser aportada con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, motivo por el cual estimó que dicha tarifa no debía ser la del 5%, sino la del 1%, máxime cuando la Nación no demostró el daño causado por la sociedad, al incurrir en la falta y no allegar oportunamente la información referida.

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquéllas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), (valor año base 1992) la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0,5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. (Par. 1º y el literal a fueron modificados por la L. 6/92, art. 55),

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b. Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b, que sean probados plenamente”.

En relación con la graduación de la tarifa de la sanción por no enviar información en medios magnéticos, de que trata el artículo 651 del estatuto tributario, llama la atención de la Sala, el hecho de que la administración solicite en el presente recurso, que se apliquen los criterios que consagra la norma para la reducción de tal sanción al 10%, “si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma”, a la gradualidad de la tarifa de ésta, cuyo monto no puede ser superior al 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, evento en el cual la norma no fija los criterios para su graduación.

Pretender aplicar los criterios contenidos en la ley para obtener el beneficio de reducción de la sanción, también a la gradualidad del monto de la tarifa de tal sanción, carece absolutamente de respaldo legal, como quiera que, para el caso, en materia tributaria no pueden aplicarse las normas en forma analógica, de tal suerte que las exigencias y requisitos para obtener un determinado beneficio fiscal, no son extendibles para graduar el monto de la tarifa de la misma sanción que reprime una omisión a un deber legal, cuyo tope máximo se halla establecido en el 5%, sin que el legislador se haya ocupado de dar pautas concretas respecto de la forma como se debe aplicar tal tope.

No obstante la anterior aclaración, advierte la Sala que el estatuto tributario sí contiene normas que orientan la labor de los funcionarios públicos con atribuciones de liquidación y recaudo de impuestos, pues se les impone a través del artículo 683 de tal codificación el deber de aplicar las leyes con un relevante espíritu de justicia, como quiera que “el Estado no aspira a que el contribuyente se le exija más de aquéllo con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”, norma que frecuentemente es ignorada al entender que dicho “espíritu de justicia”, equivale a la aplicación de montos máximos de las sanciones sin tomar en consideración circunstancias tales como si la omisión fue finalmente subsanada, si al contribuyente generalmente cumple con sus deberes formales o cualquier otra circunstancia que indique si se trata de un sujeto pasivo que se esfuerza por dar cumplimiento a la ley, o si por el contrario se trata de una persona que evita acatar sus obligaciones para con el fisco, como lo ha precisado la Sala en oportunidades anteriores, tales como los fallos 9667 con ponencia del Dr. Daniel Manrique Guzmán y 9888 con ponencia del Dr. Julio Correa, el cual ahora se reitera así:

“En lo atinente a la aplicación de la gradualidad de la sanción, dispuesta por el tribunal, que fijó en el 1% el porcentaje previsto en el artículo 651 del estatuto tributario, de “hasta el 5%” de las sumas respecto de las cuales se suministró la información en forma errónea, a juicio de la Sala, no resulta válida la posición administrativa, que deduce que la norma sólo establece que la sanción a imponer, “es del 5%” sobre los valores que presenten la inconsistencia, sin mencionar en ningún momento el porcentaje determinado en la sentencia impugnada, ésto es el 1% “sobre las sumas no informadas”, ya que la norma en cuestión (E.T., art. 651), prevé que los contribuyentes incurrirán en una sanción “hasta” del 5% , por lo que la tarifa del 1% se halla contenida dentro del marco porcentual señalado.

Así mismo, la sanción del 5% es el porcentaje más alto que se puede imponer a un contribuyente, desde luego, previa justificación de las razones que ameritan tomar tal determinación, situación que no sucedió en el asunto que ocupa la atención de la Sala, como lo advirtió el Ministerio Público.

A juicio de la Sala resulta inobjetable la decisión del tribunal, puesto que apreció que efectivamente la sociedad incurrió en el hecho sancionable al suministrar información en forma errónea, e igualmente que la administración incurrió en equivocación al aplicar el máximo porcentaje, sin existir motivos o explicaciones razonables que la justifiquen, pues la información fue corregida y posteriormente validada por la administración, por lo que no resultó arbitraria y carente de respaldo probatorio, su decisión de fijar la sanción aplicable, conservando la base correspondiente, pero en porcentajes inferiores al 5%, y de acuerdo al espíritu de justicia establecido en el artículo 683 del estatuto tributario”.

Si bien los anteriores criterios no se hallan contenidos en el artículo 651 del estatuto tributario, sí se desprenden claramente de la interpretación correcta del artículo 683 del estatuto tributario, pues de ninguna manera puede resultar justa la aplicación máxima de una sanción, a una sociedad como la actora en el presente proceso, por una omisión en la que efectivamente incurrió, cuando la sociedad la subsanó dentro del término de respuesta al pliego de cargos, hecho que evidencia su deseo de cumplir con la norma infringida y enmendar su error en forma rápida, proceder que la hace acreedora al monto mínimo establecido, cuya imposición no significa que se esté dejando sin castigo la infracción incurrida por el contribuyente.

Destaca la administración que la actora debe ser sancionada con el tope máximo, prevalida únicamente en la omisión incurrida por ésta, como si el aplicar el tope mínimo implicara que la infractora no fue sancionada conforme a la ley. De aceptar tal posición, cabe preguntarse por qué el legislador estableció una tarifa máxima, de la cual se desprende que es dable aplicar una tarifa mínima, cuando a juicio de la administración sólo procede imponer el monto mínimo, si y sólo si, se reúnen los requisitos para hacerse acreedora al beneficio de reducción de la sanción, que no puede confundirse con su gradualidad.

En efecto, para la gradualidad del monto de la sanción, no son de alguna manera aplicables los criterios establecidos para acceder al beneficio de la sanción reducida, como quiera que son dos aspectos diferentes regulados independientemente por el artículo 651 del estatuto tributario. Para que opere la reducción de la sanción como beneficio una vez establecido su monto con base en la tarifa aplicable deben cumplirse las exigencias legales, pues es apenas lógico que sin sanción determinada en forma concreta, no puede hablarse de su reducción porque a ese momento no habría aún sanción a reducir, razón por la cual deben independizarse los dos conceptos.

De igual forma resulta oportuno advertir, que en el caso que ocupa la atención de la Sala, la sociedad procedió a dar cumplimiento a su deber legal, dentro del término de respuesta al pliego de cargos, circunstancia que debe tomarse en consideración, puesto que no puede someterse a una sociedad que no obstante lo extemporáneo, dio cumplimiento a su obligación, al tratamiento de quienes a pesar de iniciada la actuación gubernativa, la ignoran en absoluto y no aportan la información, caso en el cual resulta apenas justo aplicar el tope máximo.

Finalmente, en relación con el último cargo de la apelación se observa que la necesidad de demostrar el perjuicio causado a la administración, tiene respaldo en el fallo de constitucionalidad C-160 de 1998 proferido por la Corte Constitucional el cual debe ser acatado.

Conforme a lo expuesto, la Sala habrá de confirmar el fallo apelado».

(Sentencia de agosto 11 de 2000. Expediente 9949. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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