Sentencia 9965 de junio 22 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIONES CONTRACTUALES

CADUCIDAD

EXTRACTOS: «Establecidos estos hechos en especial la circunstancia de que la liquidación del contrato tuvo lugar el 13 de diciembre de 1984, y teniendo en cuenta que esta demanda fue presentada el 13 de diciembre de 1986, la Sala encuentra que no se presentó el fenómeno de la caducidad de la acción conforme lo declaró el Tribunal a quo. En la sentencia apelada se hace tal declaración en relación con todas aquellas pretensiones que tuvieron como causa un hecho ocurrido antes del 13 de diciembre de 1984. Corrieron esta suerte la solicitud de reconocimiento de los perjuicios causados con la entrada en vigencia del Decreto 3541 de 29 de diciembre de 1983; con la demora en el pago del anticipo y de las actas números 2 a 5; y con el incremento mensual de los materiales de construcción, presentada en la ejecución del contrato.

La Sala se aparta de la tesis que llevó al Tribunal a declarar la caducidad parcial de la acción, por cuanto la relación negocial entre las partes fue una sola, iniciada con la suscripción del contrato y definitivamente terminada, con la liquidación final lograda de mutuo acuerdo. Es apenas en el momento de realizarse este último acto, ya sea de mutuo acuerdo o unilate-ralmente en caso de no lograrse el concurso, cuando las partes saben en qué estado financiero quedaron, si están o no conformes con las cuentas liquidadas. Para el contratista este momento es particularmente importante, dado que es la oportunidad en la cual conoce con certeza cuánto se le va a pagar y qué reconocimientos económicos le hará la administración.

Pretender que el término de caducidad corra en forma independiente para cada pago que se haga en la ejecución del contrato, afectaría la relación entre los contratantes, dado que atenta la confianza que debe existir entre ellos para que pueda lograrse la satisfactoria ejecución del contrato. Esta finalidad no se lograría si el contratista, inclusive durante la ejecución misma del contrato, se ve obligado a estar demandando a la administración contratante por cada pa-go que reciba y con el cual no está de acuerdo.

En la ejecución de los contratos estatales debe darse especial importancia a la confiabilidad que los contratantes se ofrecen y que les permite conciliar, en el momento de la liquidación final, los conflictos que entre ellos se presenten. Es apenas razonable que el contratista, a quien le interesa mantener una buena relación con la contratante, espere a terminar la relación contractual para decidir si demanda o no a la administración.

Vienen a propósito para este asunto las precisiones que sobre el tema de la caducidad de la acción en materia contractual, hizo la Sala en auto de 8 de junio de 1995, dictado en el proceso radicado al Nº 10.684, actor: Juan de Dios Jurado Gómez, donde con ponencia de quien ahora proyecta ésta, se dijo:

“La interpretación hecha por el Tribunal desconoce por completo la noción del ejercicio de las acciones contractuales, dado que el negocio jurídico es un todo inescindible respecto del cual habrán de tenerse de presente fenómenos tales como su terminación y liquidación para aplicarles la drástica figura de la caducidad de las acciones respectivas.

En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración.

La Sala reitera su punto de vista sentado en oportunidades anteriores en el sentido de que los pagos periódicos que deba efectuar la administración como consecuencia de un contrato, no pueden ser mirados como hechos aislados para aplicarles exegéticamente el concepto de caducidad de la acción, sino que deberá aplicarse la solución consignada en el párrafo inmediatamente anterior de esta providencia. Dicho de otra manera, no puede imponérsele al contratista la dura e ilógica tarea de estar presentando demandas sucesivas por los incumplimientos periódicos imputables a la administración, pues ello no se compadece con la lógica, con la cordialidad y armonía que debe reinar entre las partes ni con la seriedad y consideración debida a la administración de justicia. Semejante tesis sólo fomenta la proliferación de controversias judiciales colocando en serios peligros los derechos sustanciales de los justiciables, amén de lo ya consignado”.

Consecuente con la tesis anterior y habida cuenta de que la demanda fue presentada el 13 de diciembre de 1986, es decir, exactamente 2 años después de haberse realizado la liquidación final del contrato, no se consolidó el fenómeno de la caducidad de la acción, razón por la cual habrá de estudiarse el litigio en relación con todas las pretensiones».

(Sentencia de junio 22 de 1995. Expediente 9965. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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