Sentencia 9968 de noviembre 23 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALTA DE DEFENSA TÉCNICA

NULIDAD DEL PROCESO

EXTRACTOS: «Ante la evidencia procesal, es inobjetable que le asiste razón al demandante cuando plantea que el acusado Luis Carlos Galeano careció “en absoluto de una defensa técnica adecuada, eficaz”, tesis acogida por el Ministerio Público para coadyuvar la petición de que se case la sentencia y se decrete la nulidad del proceso.

Está demostrado en autos que a Luis Carlos Galeano desde el día de su indagatoria le fue designado un defensor de oficio, de quien se debe resaltar lo siguiente: no asistió a ninguna diligencia, a excepción de la audiencia pública; no solicitó pruebas en el sumario ni en el juicio; no presentó alegatos de conclusión; no se notificó personalmente de algunas de las providencias ni interpuso recurso alguno contra ellas.

La Sala, con ponencia de quien ahora cumple este mismo cometido, se ha pronunciado en el sentido de que es comprensible que en un proceso el defensor opte por no solicitar pruebas, o resuelva no participar en la práctica de diligencias que no exigen su presencia, pero para que esa actitud pueda ser calificada como una estrategia defensiva, deben existir elementos de juicio que permitan esa inferencia (mayo 18 de 1993).

En el caso que nos ocupa y dentro de una interpretación lógica, es imposible calificar de “estrategia” la absoluta inactividad del abogado, quien además abandonó sus deberes profesionales al no asistir a su representado en la ampliación de indagatoria, diligencia que exigía su presencia, razón por la que fue necesario nombrarle otro defensor de oficio para tal efecto.

Si bien puede decirse que hubo defensa desde el punto de vista formal puesto que se nombró defensor de oficio, la defensa como garantía constitucional no existió por cuanto la única intervención que se aprecia a lo largo del proceso fue la de la audiencia pública, que no puede considerarse como acto defensivo, en la medida en que el abogado le atribuye al procesado haber confesado “infinidad de veces” la autoría del hecho investigado, cuando es una verdad incuestionable que el imputado en todas y cada una de sus intervenciones negó sistemáticamente cualquier participación en los acontecimientos que dieron origen a este proceso, mostrándose ajeno a ellos, hasta el punto de aducir que la noche de los hechos se encontraba en otro lugar.

De la revisión del escrito presentado en la audiencia pública, fácil se observa que al contrario de lo enunciado por el defensor, en su contenido no aparece análisis jurídico ni fáctico de ninguna naturaleza. Tanto es así que su autor se limita a decir que del caudal probatorio recaudado se desprende que efectivamente se cometió el delito de homicidio en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de que dan cuenta las diligencias, el cual se encuentra tipificado y sancionado, agregando que solidarizándose con el procesado, deben aplicarse las normas procesales correspondientes a la libertad provisional —arts. 415 y 417— o la condena de ejecución condicional —art. 68 del C.P.—, lo que en verdad comprueba su falta de diligencia y pone de presente su inidoneidad jurídica para desempeñar la profesión en este campo.

Acertadas resultan las acotaciones que plasma la delegada en su concepto, en el sentido de que “lo que se hizo fue una solicitud estéril”, pues de acuerdo con el delito por el que se procede, así como por la pena a imponer, objetivamente no resultaba posible el reconocimiento del subrogado en favor del acusado, ni la concesión de libertad alguna.

No puede decirse que la claridad que arrojan los hechos limitaba la actividad de la defensa, pues el acusado desde su indagatoria negó haber sido el autor del homicidio, circunstancia de la que ni siquiera se percató el encargado de su defensa, y además no es motivo para justificar que no alegara de conclusión ni participara en ninguna diligencia.

Es más, el hecho mismo de que el incriminado se empeñara en negar sin tener en cuenta que las pruebas de cargo eran contundentes, es un elemento de juicio que contribuye a confirmar la carencia absoluta de asesoría profesional, pues esa actitud era evidentemente perjudicial para su interés, ya que al no aceptar su intervención en los hechos se estaba privando de alternativas de defensa con mayor posibilidad de éxito.

Es cierto que hay abogados mucho más diligentes y de mayor iniciativa que otros, también es verdad que existen diversas maneras de orientar la estrategia defensiva, así como que en algunos casos los profesionales incurren en errores tácticos que afectan los intereses de sus representados, eventualidades estas que como lo ha sostenido la Sala no tienen por qué conducir a la nulidad del proceso.

Sin embargo, lo que se aprecia en el asunto que nos ocupa es un caso distinto, pues el balance que se obtiene del estudio del expediente nos muestra a una persona de muy escasa cultura, sin recursos económicos, a quien se le nombra un defensor de oficio que no hace absolutamente nada para cumplir con el deber que le correspondía, cuya figuración fue puramente nominal, además de adversa a los intereses del procesado.

El principio consistente en que no puede invocar la nulidad quien haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular no tiene efecto cuando se trata de la falta de defensa técnica, así lo ha entendido la doctrina y lo ha aplicado esta Sala en decisiones anteriores en que ha declarado la nulidad por negligencia en el cumplimiento de la misión.

Actualmente el numeral 3º del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal convirtió en norma legal este principio, incorporando el siguiente texto: “No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución salvo que se trate de la falta de defensa técnica”.

Pero si la falta de defensa técnica da lugar a la nulidad, es obvio que en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, en donde en todo el proceso figuró como “defensor” de oficio el abogado Hernando Heredia López, salvo en lo relacionado con este extraordinario recurso, se hace necesario compulsar copias dirigidas a la autoridad competente para la investigación disciplinaria, como lo solicita el Ministerio Público, ya que el incumplimiento de sus deberes profesionales no tiene en el expediente ninguna justificación.

Es de lamentar que estos casos ocurran en el juzgamiento de hechos tan graves como el investigado, pero la violación de una garantía constitucional tan importante como el derecho a la defensa, cuyo respeto y preservación debe ser una preocupación permanente de los jueces en bien del Estado de derecho, no puede ser admitida so pretexto de lograr mantener incólume un determinado proceso.

El cargo prosperará, en consecuencia se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto que cerró la investigación, que es desde donde se afectó la garantía y no desde donde lo sugiere el Ministerio Público. Como el incriminado lleva privado de la libertad más de ciento veinte días y la actuación queda en la etapa sumarial, procede concederle la libertad provisional en aplicación del numeral 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 81 de 1993, previa diligencia de compromiso sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 419 ibídem, y constitución de una caución a órdenes de la seccional de Fiscalías de Cartago y Valle por valor de cien mil pesos ($ 100.000), suma que se fija teniendo en cuenta la gravedad del delito y la capacidad económica del acusado».

(Sentencia de casación, noviembre 23 de 1995. Radicación 9968. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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