Sentencia 997 de febrero 14 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EMPLEADOS ESCALAFONADOS

ACEPTACIÓN DE CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Consejera Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Ref: Exp. 997

Bogotá, D. E., catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno.

El señor Luis Benicio Jiménez Arango mediante apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 15 de mayo de 1981, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Antecedentes

Ante el Tribunal el señor Luis Benicio Jiménez solicitó en ejercicio de la acción de plena jurisdicción, la nulidad del Decreto 1497 de 16 de julio de 1976, expedido por el Gobierno Nacional, en cuanto por medio del mismo se incorporó a un nuevo funcionario en el cargo de director general de la Dirección General del Trabajo, cargo que él venía desempeñando. Como consecuencia de tal nulidad pidió el reintegro a ese cargo o a otro de igual o superior categoría y el pago de sueldos y prestaciones dejados de devengar.

Posteriormente adicionó su demanda en el sentido de pedir que se condene a la Nación a pagar el valor de los perjuicios morales que según él se le causaron, y también para invocar su condición de escalafonado en la carrera administrativa, citando como violados los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968; 108, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1973 y el artículo 16 de la C. N.

El Tribunal en la sentencia apelada, consideró que por ser el actor empleado inscrito en la carrera administrativa, no podía ser removido libremente de su cargo. En consecuencia declaró la nulidad del nombramiento del señor Marino Cardona y ordenó reintegrar al señor Jiménez Arango al cargo en el cual había sido inscrito en el escalafón, y el pago de sueldos y prestaciones por el período comprendido entre el 4 de agosto de 1976 y el 30 de enero de 1979. Negó las demás súplicas de la demanda.

Inconforme con tal decisión el señor Jiménez Arango apeló, concretamente en lo que se refiere a la reincorporación al cargo de Jefe de División V-29 o su equivalente en el Ministerio de Trabajo, pues estima que debe ser reintegrado al cargo de Director General del Trabajo.

Reconstruido el expediente mediante auto de 26 de febrero de 1987, quedó en estado de dictar sentencia, a lo cual procede la Sala mediante las siguientes

Consideraciones

Advierte la Sala en primer término, que la competencia en este asunto es plena, por cuanto a pesar de haber llegado el expediente a esta corporación en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo desfavorable para ella, también procede el grado de jurisdicción por consulta, dado que en la sentencia se condena a la Nación al pago de una suma de dinero y no se presentó apelación de su parte.

La prosperidad parcial de las súplicas de la demanda tiene sustento, a juicio del Tribunal en la garantía de estabilidad que protegía al actor por ser escalafonado en carrera administrativa.

Por tanto habrá de examinar la Sala si en verdad el señor Luis Benicio Jiménez Arango gozaba de estabilidad relativa en el empleo que ocupaba, como consecuencia de su escalafonamiento, el cual se produjo por Resolución Nº 105 del 1º de marzo de 1974, en el cargo de Jefe de División V-29, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Tribunal estimó que los derechos conferidos por la inscripción en carrera impedían el retiro del servicio del actor en la forma como se produjo, pero estaban referidos al cargo de Jefe de División V-29 y no al que ocupaba cuando fue desvinculado.

Esa es, en términos generales, la orientación jurisprudencial que se ha dado por la Sala Plena de la Corporación a la situación de los empleados escalafonados que han sido promovidos a otros cargos por fuera de la carrera, es decir, sin observar el requisito de concurso para ascenso (sentencia de 8 de julio de 1988.(1) Expediente Nº S-031. Actor: Hernando Medina Avila). Sin embargo, la situación del señor Luis Benicio Jiménez presenta una variación que impone análisis y consecuencias diferentes.

En efecto, el cargo que él ocupaba es decir, el de Director General de Administración e Inspección del Trabajo Clase II Grado 34, estaba clasificado como de libre nombramiento y remoción por el Decreto 984 de 1974. Su incorporación a ese empleo se produjo por Decreto 2548 de 26 de noviembre de 1974 y tomó posesión el 29 de ese mismo mes y año.

Fue retirado del servicio al expedirse un nuevo decreto, el 1326 de 21 de junio de 1976, que estableció una nueva planta de personal, en la cual aparece el cargo de Director General del Trabajo Clase III-Grado 36, también de libre nombramiento y remoción, al cual fue incorporado el doctor Mariano Cardona D, habiéndosele comunicado al señor Luis Benicio Jiménez, el 26 de julio de 1976 (fl. 325 cdno. antecedentes administrativos) que el doctor Cardona lo reemplazaría en el empleo que ocupaba.

El artículo 22 del Decreto 2400 de 1968 contempla los casos en los cuales se puede otorgar comisión a los empleados al servicio de la administración pública, y uno de tales casos es el del funcionario inscrito en carrera administrativa, para que ejerza funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción.

A su vez, los artículos 92, 93, 94 y 95 del Decreto 1950 de 1973 reglamentan lo relativo a comisiones que se conceden a funcionarios escalafonados para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, a fin de que no pierdan los derechos inherentes al escalafonamiento. Según el artículo 92, en el acto que le confiera debe señalarse el término de la comisión.

El artículo 93 prescribe que al finalizar dicho término o cuando el funcionario comisionado haya renunciado a la comisión debe reintegrarse al empleo de carrera de que es titular; y si no lo hiciere, incurrirá en abandono.

Del artículo 94 se deduce que si se observa la exigencia de la comisión, no hay pérdida ni mengua de los derechos como funcionario de carrera, por desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción.

Pero a contrario sensu, si se acepta un cargo de libre nombramiento y remoción, sin el requisito previo de la licencia por término definido como lo ordena la ley, quiere decir que el escalafonado renuncia a los derechos derivados de la carrera y queda fuera del escalafón.

No tendrían razón de ser los artículos 22 del Decreto 2400 de 1968 y 92 a 95 del Decreto 1950 de 1973, si fuera optativo para el funcionario escalafonado solicitar y obtener la comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción y si el no hacerlo careciera de consecuencias.

Al haber aceptado el señor Jiménez Arango la incorporación a un cargo como el de Director General de Administración e Inspección del Trabajo, sin obtener antes la comisión prevista en el artículo 22 del Decreto 2400 de 1968, y además por término indefinido, renunció a su condición de escalafonado en la carrera administrativa. Por tanto, cuando se produjo su retiro del servicio al no ser incorporado en la nueva planta de personal, incorporación que se llevó a efecto mediante Decreto 1497 de 16 de julio de 1976 acusado, no estaba amparado por ninguna garantía de relativa estabilidad.

En este orden de ideas es preciso concluir, que no existiendo derecho de permanencia en el cargo, las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar y debe entonces revocarse la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de 15 de mayo de 1981 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso iniciado por el señor Luis Benicio Jiménez Arango.

En su lugar, deniéganse las súplicas de la de manda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribuna de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de 30 de enero de 1991.

Dolly Pedraza de Arenas --Reynaldo Arciniegas Baedecker --Joaquín Barreto Ruiz --Clara Forero de Castro --Álvaro Lecompte Luna --Diego Younes Moreno.  

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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