Sentencia 9976 de enero 28 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Aprobado acta 13

Bogotá, D.C., veintiocho de enero del año dos mil tres.

EXTRACTOS: «Se considera

Como quiera que las peticiones presentadas por el sentenciado Alfonso Uribe Badillo hacen referencia a dos temas distintos, la Corte se ocupará de ellos en el mismo orden observado para efectos de su resumen.

1. Extinción de la condena.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, compete a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocer, entre otros aspectos, de las actuaciones relacionadas con la sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, aclarando que cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional, como aquí acontece, dicha competencia “permanecerá en la autoridad judicial de conocimiento”, en este caso la Corte, toda vez que los hechos por los que el doctor Uribe Badillo fue condenado, tuvieron realización cuando se desempeñó como congresista y guardan relación con sus funciones oficialmente discernidas (C.P., arts. 235 y 186), manteniendo por tanto, inalterable su competencia para conocer del asunto, no sólo por razón de los preceptos constitucionales y legales que la establecen, sino como consecuencia de la sentencia penal.

Al ex representante a la Cámara doctor Alfonso Uribe Badillo se le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional, en cuanto a la pena privativa de la libertad, por un período de prueba de dos (2) años, y para tal efecto suscribió diligencia de compromiso el 16 de julio del año 2000 (fl. 117-2), en la cual se le impusieron las obligaciones de que trataba el artículo 69 del Código Penal de 1980.

Dicho período de prueba ya venció y no aparece constancia de la que se pueda inferir que el condenado incumplió las obligaciones contraídas en el acta compromisoria, o que haya cometido nuevo delito, por lo que resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 599 de 2000, y declarar, en consecuencia, extinguida la condena, ordenar la devolución de la caución (CPP, art. 370), y comunicar esta decisión a las mismas autoridades a quienes debió remitirse copia de la sentencia (CPP, art. 485).

2. Rehabilitación de derechos y funciones públicas.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 98 de la Carta Política, quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.

Los desarrollos legales en torno a los instrumentos para la efectividad del derecho, permiten concluir la existencia de dos clases de rehabilitación: La que opera de pleno derecho, porque la pena impuesta ha tenido cumplimiento o se ha extinguido, siendo suficiente para su reconocimiento lo dispuesto por el artículo 71 del Código Electoral; y la rehabilitación propiamente dicha, que supone la vigencia de la pena, y, en consecuencia, la correspondiente decisión judicial en la que se le reconozca, previo trámite y cumplimiento de los requisitos establecidos al afecto.

El artículo 92 del Decreto 100 de 1980 por el que se rigió el caso y se dictó la sentencia, establecía:

“Rehabilitación. Excepto la expulsión del territorio nacional para el extranjero, las demás penas señaladas en el artículo 42 podrán cesar por rehabilitación (se destaca).

Si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos 2 años a partir del día en que haya cumplido la pena.

Si no concurrieran con pena privativa de la libertad, la rehabilitación no podrá pedirse sino dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que ellas fueron impuestas”.

Interpretando dicha disposición, indicó la Corte:

“Es claro, entonces, que la rehabilitación que consagra el artículo 92 del estatuto penal sólo se aplica cuando no ha transcurrido el término de la pena impuesta, de manera que por esa razón está consagrada dentro de las causales de extinción de la pena, y sometida a los condicionamientos fijados por la norma en cita. Cuando el tiempo fijado como sanción se ha cumplido, opera la rehabilitación “ipso jure” que prevé el artículo 71 del Código Electoral, sin que para ello sea necesario la intervención de la autoridad judicial, pues basta que el interesado formule la solicitud pertinente acompañada de los respectivos documentos ante el registrador municipal de su domicilio” (Cfr. auto única instancia, jun. 3/97. Rad. 4083, M.P. Calvete Rangel).

Este entendimiento no resulta modificado con la puesta en vigencia de la Ley 599 de 2000.

En efecto, el artículo 92 del nuevo Código Penal, establece:

“La rehabilitación. La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:

“1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente (se destaca).

“2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles (se destaca).

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto (se destaca).

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, sólo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto” (se destaca).

“No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política” (se destaca).

Se tiene entonces, que ni en vigencia del Decreto 100 de 1980, ni bajo el imperio del actual estatuto punitivo, procede la rehabilitación cuando el término de interdicción de los derechos afectados impuesto en la sentencia se ha cumplido, por lo que tampoco resulta aplicable el principio de favorabilidad por efecto de la sucesión de leyes, pues resulta claro que en uno y otro estatuto la hipótesis invocada por el condenado se aplica a la rehabilitación sólo cuando no haya transcurrido el término de la sanción, lo que no sucede en este evento como pasa a precisarse.

En el caso particular del doctor Alfonso Uribe Badillo, ya transcurrió el término de la sanción impuesta, toda vez que dada la condena de ejecución condicional otorgada sólo para la privación de la libertad, la pena de interdicción de derechos y funciones públicas de catorce (14) meses empezó a descontarse a partir del 13 de julio de 2000, fecha en que cobró ejecutoria la sentencia condenatoria, y terminó el 13 de septiembre de 2001, operando la rehabilitación por ministerio de la ley a partir del catorce de septiembre siguiente.

Esto de conformidad con el artículo 71 del Decreto 2241 de 1986, Código Electoral actualmente vigente, según el cual “la rehabilitación en la interdicción de derechos y funciones públicas operará ipso jure al cumplimiento del término por el cual se impuso su pérdida como pena. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante el registrador municipal de su domicilio, el cual le dará inmediatamente tramitación”.

En consecuencia, no se accederá a la solicitud de rehabilitación judicial que eleva el doctor Uribe Badillo, pero se ordenará dar cumplimiento al inciso final del artículo 53 del Código Penal.

Resta aclarar, no obstante, que esta rehabilitación no cobija la inhabilidad permanente que con carácter absoluto establece el inciso 5º del artículo 122 de la Carta Política, pues si bien no fue impuesta como sanción en el fallo, su ámbito es mucho más amplio que el de represión y castigo o la falta por el incumplimiento de los deberes en el ejercicio del cargo, como así ha sido entendido por esta corporación en sentencia de única instancia dictada el 24 de septiembre de 2002 dentro del proceso de radicado 17392 con ponencia de quien aquí cumple igual cometido, al precisar que su finalidad es la de evitar el ingreso a cargos oficiales para quienes en cualquier época hubiesen sido condenados por ilícitos contra el erario, pues, “en tanto la moral social constituye filosofía dominante que inspiró la promulgación de la Carta Política, y en la medida que la corrupción administrativa ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes, entonces, el constituyente creyó necesario que la defraudación al erario constituya precedente en orden a impedir que el servidor público que sea o haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado asuma de nuevo el manejo de la cosa pública”.

Entonces, con esta advertencia se ordenará informar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación, sobre el cumplimiento de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta al doctor Uribe Badillo, remitiendo copia de este pronunciamiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

1. Declarar extinguida la condena impuesta al doctor Alfonso Uribe Badillo, y en consecuencia, cancelar la caución prestada por el condenado para gozar de la libertad, y ordenar la devolución de la póliza judicial 12902-07 otorgada por Latinoamericana de Seguros S.A. cuya copia al carbón corre a folios 240 del cuaderno original 1, al señor Alfonso Uribe Ruiz, expresamente autorizado por el sentenciado para el efecto.

2. COMUNICAR esta determinación a las mismas autoridades a quienes se les comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

3. NO ACCEDER a la solicitud de rehabilitación impetrada, por el sentenciado doctor Alfonso Uribe Badillo, por lo anotado en la motivación de este proveído.

4. Informar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta al doctor Uribe Badillo, aclarando que ello opera sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, para lo cual se remitirá copia de este pronunciamiento.

5. EN FIRME, archivar definitivamente el expediente.

La secretaría de la Sala proveerá al respecto».

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