Sentencia 9983 de octubre 28 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBAS DE OFICIO

DECRETADAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

EXTRACTOS: «No se trata aquí de examinar si al tribunal le asiste o no la facultad de decretar o practicar pruebas en la segunda instancia. El punto cuestionado por la censura hace relación es a la oportunidad de que dispone el a quem para el efecto.

Sostiene la impugnación que en la medida en que el tribunal ordenó la práctica de la inspección judicial “cuando había precluido el término que tenía para ello, que era la primera audiencia”, aplicó indebidamente las normas instrumentales citadas en su proposición jurídica.

Sin embargo, si bien es cierto que conforme a la primera parte del inciso segundo del artículo 83 del C.P. del T., en los juicios ordinarios de trabajo, “cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte interesada y en la primera audiencia, ordenar su práctica ...”, no es menos verdadero que seguidamente ese mismo precepto confiere una facultad ex officio a los tribunales para decretar “... también las demás que considere necesarias para resolver la apelación y consulta”.

Respecto de la excepcional posibilidad de ordenar y practicar pruebas en la segunda instancia, el precepto mencionado distingue claramente dos hipótesis: que la orden provenga como consecuencia de solicitud de una de las partes, caso en el cual ésta debe formular la petición en la audiencia de trámite respectiva y sujetarse a los demás presupuestos de la norma; o que se origine en la facultad oficiosa del juzgador, eventualidad ésta en la que dicha potestad no está circunscrita a ese momento, toda vez que perfectamente puede ocurrir, que no obstante haberse señalado fecha para audiencia de juzgamiento, del examen detallado del plenario surja imperioso pronunciarse sobre uno de los extremos fundamentales del proceso o esclarecer un determinado punto oscuro de la litis.

Es que no puede divorciarse el citado artículo 83 del CPL, del 64 ibídem, pues la lógica hermenéutica y los designios de los juicios del trabajo, imponen un entendimiento armónico de ambos en aras del “indispensable esclarecimiento de los hechos controvertidos”, que es el sendero correcto para llegar a la verdad real y a la prevalencia del derecho sustancial, postulado esencial pregonado en el texto 228 supralegal y desarrollado en diversos preceptos procesales, entre otros, el artículo 4º del CPC, ya que ciertamente el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, lo cual no comporta en manera alguna la abolición de las formalidades procesales conformantes del debido proceso —Igualmente tutelado constitucional y legalmente—, sino la proscripción del rigorismo excesivo, con mayor razón cuando —como ocurre en el sub lite—, la incuestionable facultad del sentenciador de segundo grado para decretar pruebas de oficio no se halla limitada al instante pretendido por el impugnante, pues se extiende a cualquier momento anterior a la sentencia.

Y ello no es exclusivo del proceso laboral, como que también así está prescrito por el artículo 180 del CPC, según el cual “podrán decretarse pruebas de oficio en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.

Empero, debe reiterarse que la dicha posibilidad de pruebas en segunda instancia, aun ex officio, no la regla general sino la excepción, y de ella no se puede hacer uso con el propósito de enderezarle el camino a una de las partes, sino para cumplir con los objetivos atrás indicados, de modo que será válido su ejercicio si a juicio del sentenciador fuere indispensable emplear ese mecanismo para resolver el fondo del asunto debatido y siempre y cuando se acaten los principios de publicidad y contradicción de la prueba, pues de lo contrario sí se estaría frente a una violación del debido proceso laboral.

Entonces, no estando dentro de la hipótesis de pruebas pedidas en segunda instancia por la parte interesada por haber sido dejadas de practicar sin su culpa, sino frente a la necesidad evidente nacida espontáneamente en el ad quem, en desarrollo de sus poderes inquisitivos y ex officio, de esclarecer un hecho del proceso no acreditado con un medio idóneo (porque el existente en autos no lo es), no es dable establecer la limitación temporal indicada por la sola circunstancia de no haberse decretado la prueba susodicha en la primera audiencia efectuada por el juez colegiado, pues si así fuera, además de contrariar los principios reseñados, con igual criterio se enervaría la posibilidad de la Corte Suprema, en sede de instancia, previa la infirmación de un fallo, para decretar pruebas de oficio cuando militen los mencionados presupuestos, restricción que obviamente no está instituida en ningún texto legal.

Así lo entendió correctamente el tribunal en el sub examine al considerar menester ordenar la práctica de una inspección judicial para demostrar la cuantía de las comisiones debatidas y de esa manera verificar con exactitud el salario devengado por la actora. Para tal efecto, notificó debidamente de dicha providencia a las partes, quienes no interpusieron contra ella recurso alguno; sendos apoderados, junto con el representante legal de la demandada, intervinieron en su práctica en audiencia pública presidida por el magistrado sustanciador.

De suerte que no aparece lesión del debido proceso, ni de ningún precepto legal instrumental que sirviera de medio para la infracción de alguno de estirpe sustancial».

(Sentencia de casación, octubre 28 de 1997. Radicación 9983. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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