Sentencia 9984 de octubre 15 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

MINISTERIO PÚBLICO Y FISCALÍA

ACTUACIÓN INDEPENDIENTE EN EL PROCESO PENAL

EXTRACTOS: «Sobre el segundo cargo, afincado en la presunta ilegitimidad del Ministerio Público para recurrir el fallo absolutorio, es importante destacar lo siguiente:

El artículo 277 de la Constitución Política señala como función de este órgano de control, la de “intervenir en los procesos” , bien ante las autoridades judiciales ora ante las administrativas, “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (num. 7º). De modo que, si en un apartado diferente de la norma constitucional aparece la facultad de ejercer la vigilancia superior de quienes detentan las funciones públicas (num. 6º), la intervención a que elude el numeral 7º sólo puede entenderse a título de sujeto procesal, pues no habría otra manera, dentro de un proceso penal, por ejemplo, de hacer valer el orden jurídico o de implementar la defensa del patrimonio público o de procurar el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Este modo de entender el precepto constitucional, se ha explicitado por el artículo 85 de la Ley 201 de 1995 (orgánica de la Procuraduría General de la Nación), de acuerdo con el cual “En materia penal el Ministerio Público intervendrá, como sujeto procesal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (se ha subrayado).

De manera que es enteramente caprichosa, por ser contraria a la Constitución Política, la interpretación que el recurrente hace de los artículos 131 y 135, numeral 4º del Código de Procedimiento Penal, para decir que, mientras la primera se refiere a una intervención externa del Ministerio Público en la frase del juzgamiento para proteger el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales; la segunda norma consagra específicamente su participación como sujeto procesal, sólo en los procesos de fuero constitucional, o en los relacionados con asuntos de interés público o en aquéllos en que hubiese actuado como querellante o ejercido la petición especial, actuación que se circunscribe a coadyuvar la acusación formulada por la Fiscalía o a solicitar la absolución. No, como estos preceptos son desarrollo de la Constitución, simplemente el primero relaciona las funciones generales del Ministerio Público dentro del proceso penal, mientras el segundo previene sobre ciertas funciones especiales del mismo órgano de control también dentro del proceso penal.

Así entonces, como en los fines del proceso penal está comprometido el valor justicia, era tarea fundamental del Ministerio Público intervenir para evitar una sentencia que estimaba injusta, pues la injusticia deriva tanto de la condena a un inocente como de la absolución a quien por obra de los medios adecuados y razonablemente aparece como responsable del hecho delictivo investigado. Esta bifronte posibilidad de actuación del Ministerio Público es la que surge de su condición de defensor de los “intereses de la sociedad” y del “orden jurídico” (cuyo quebrantamiento se incrementaría con una sentencia injusta) y de protector de los derechos y garantías fundamentales de los sujetos procesales sin discriminación. Esto es lo que permite calificar al Ministerio Público como sujeto procesal imparcial, aunque tal calificación debe hacerse no por los resultados de su gestión sino por los métodos y medios que constitucionalmente le han sido confiados.

Ahora bien, además del yerro de apreciación sistemática de los artículos 131 y 135, numeral 4º, también es equivocado hacerle decir a este ultimo precepto que prevé una subordinación del ejercicio de control del Ministerio Público a la acusación de la Fiscalía. En efecto, cuando la norma le dispone como función especial la de “coadyuvar la acusación formulada o solicitar la sentencia absolutoria”, no se refiere, en su primera parte, tanto a una colaboración con la actitud acusatoria que eventualmente asuma la Fiscalía en curso de la audiencia pública, como al apoyo y la resonancia de la resolución de acusación que en nuestro sistema es la pieza fundamental de introducción al juicio, que como tal se lee antes de cualquier intervención de los sujetos procesales y, además, es el punto de partida y marco de los debates. Y esta importancia de la resolución acusatoria no es un mero destacamiento legal, obedece a un desarrollo del espíritu constitucional, pues, de acuerdo con el artículo 250 del estatuto fundamental, para concretar las tareas de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, si a ello hubiere lugar, la Fiscalía previamente deberá “calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas”.

Y para evitar suspicacias de aproximaciones al funcionamiento del sistema acusatorio en otras latitudes, debe decirse directamente que la sentencia absolutoria de primer grado dictada en este asunto no podía obedecer meramente a la petición que en tal sentido hiciera el delegado de la Fiscalía General de la Nación, sino a la evaluación racional que corresponde al juez, no sólo de las posturas asumidas por los sujetos procesales en la audiencia pública, sino también, y de manera fundamental, de la prueba que sustentaba la resolución de acusación y la que se haya practicado en la fase de juzgamiento (inclusive por iniciativa propia).

Por ello, en nuestro singular sistema de tendencia acusatoria, el proferimiento de la resolución de acusación por el fiscal no implica que ineluctablemente deberá sostener una “actitud acusatoria” en el curso del juzgamiento, pues la Constitución Política le señala como función a la Fiscalía General de la Nación la de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, pero siempre con la recurrente aclaración de que la acusación se asuma “si hubiere lugar” a ella (arts. 250-2 y 251-1). Consecuentemente, el artículo 129 del Código de Procedimiento Penal señala que el fiscal podrá invocar cesación de procedimiento o absolución, manifestación legal que también destaca y a la vez es el resultado de la caracterización constitucional de la Fiscalía como autoridad objetiva, en el sentido de que está obligada a investigar tanto lo inculpatorio como lo exculpatorio al imputado (art. 250, inc. final). Además, dentro de la configuración constitucional de la acción penal, la pretensión punitiva es apenas una de las posibilidades de su ejercicio, pues, si aquella se entiende como requerimiento de jurisdicción, también cuenta la potencialidad de solicitar y obtener la cesación de procedimiento y el fallo absolutorio.

La Sala ha dejado claro en pronunciamientos anteriores que el ejercicio de la acción penal no sólo es pretensión punitiva (sentencia de condena), ni que ésta se encuentre condicionada por la “actitud acusatoria” de la Fiscalía en el desarrollo del juicio, y así, en sentencia de única instancia fechada el 8 de septiembre de 1993, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Ricardo Calvete Rangel, se dijo lo siguiente:

“Esto significa que el fiscal tiene el control total de la situación hasta la calificación del mérito del sumario, lo cual puede hacer precluyendo la instrucción o profiriendo resolución de acusación. Si la decisión que toma es esta última, el proceso pasa a manos del juez y las facultades del fiscal se reducen a las de cualquier sujeto procesal, estando entre ellas la de solicitar cesación de procedimiento o en la audiencia la condena o absolución del acusado, tal como lo señala el artículo 129 del estatuto procesal y se desprende de la Constitución Nacional al ordenar que se acuse pero a los presuntos responsables, ya que el hecho de haber formulado pliego de cargos no le impide que atendiendo a las pruebas recaudadas en el juicio o al nuevo estudio del caso, llegue a la conclusión de que hay razones de peso para absolver.

Para que la petición de absolución presentada por el fiscal tuviera efecto vinculante se tendría que reemplazar el artículo 129 por otra norma que así lo ordenara.

En la actualidad, su petición no obliga al juez, y si es absolutoria ello no significa que los cargos hayan desaparecido, pues éstos están formulados en la resolución de acusación y se resuelven en la sentencia, de ahí que el artículo 456 ibídem diga que, “finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en la audiencia, el juez decidirá dentro de los diez días siguientes”.

Dentro de las diversas modalidades que son posibles en un sistema procesal de tendencia acusatoria, la escogida por nuestro legislador otorga al fiscal la potestad de formular cargos o precluir la instrucción, pero una vez el proceso pasa a la etapa del juicio, la decisión corresponde exclusivamente al juez, quien consultará la evidencia recaudada y las alegaciones de las partes, sin que ninguna restrinja su autonomía para decir”».

(Sentencia de casación, octubre 15 de 1997. Radicación 9984. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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