Sentencia 9992 de mayo 20 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

• SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Aprobada Acta Nº 53.

Rad.: 9992

Santafé de Bogotá, D.C., mayo veinte de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Causal tercera. En forma por demás reiterada ha sostenido esta corporación que no toda omisión en la práctica de pruebas puede generar nulidad, por desconocimiento del derecho a la defensa o quebrantamiento del debido proceso, pues para ello es necesario que la prueba omitida por el juzgador sea de tal fuerza demostrativa, que de haberse acopiado habría podido cambiar la definición del proceso.

La simple omisión en la práctica de una prueba, imperfección muy frecuente por varios motivos, no es suficiente por si sola para configurar la invalidez del proceso, sino que es preciso examinar en cada caso concreto los elementos de juicio valorados por el juez para fundamentar la sentencia, con el propósito de determinar cuál hubiese sido la incidencia en ella de la prueba omitida y si ésta podía tener la virtualidad de variar su sentido.

En el caso examinado, el libelista se limitó a mencionar la prueba omitida por los juzgadores, calificándola de importante para definir favorablemente la suerte de su representado, pero sin adentrarse en ninguna demostración al respecto, lo que deja el cargo en el terreno de la mera expectativa.

A más de ello, en el evento de practicarse la prueba grafológica notada de menos por el censor, su recaudo resultaría francamente irrelevante para su pretensión infirmatoria porque, como también anota la delegada alrededor de lo anteriormente transcrito, “los sentenciadores de instancia, con sustento en los elementos de convicción recaudados durante el proceso concluyeron que Hermenegildo Henríquez Castro, pagador del Senado, actuó en los delitos que motivaron su enjuiciamiento como un copartícipe con división de trabajo, en tanto que dentro de todo el proceso criminal orientado a la ilícita aprobación, a él correspondía levantar los sellos restrictivos de pago que habitualmente se imponían a los títulos valores, a fin de que un tercero los cobrara ante el banco girado lo que suponía por tanto, no la directa participación de Henríquez Castro en la imposición de la firma del endoso, sino su compromiso con todo el proceso defraudatorio y su decidida acción en uno de los pasos del mismo... de manera tal que el dictamen del perito en el que se afirmara que Henríquez Castro no firmó el endoso de los cheques, no restaría fuerza a las argumentaciones y deducciones de los sentenciadores, quienes jamás aseveraron que el inculpado hubiera suscrito los aludidos documentos”.

De modo que si la sentencia impugnada conserva su carácter condenatorio, también por falsedad documental, pudiendo subsistir sin la prueba omitida cualquiera fuese el resultado de ésta, la inocuidad del cargo de nulidad se muestra patente, por la manifiesta inconducencia del medio persuasivo notado de menos. Correlativamente, no debe olvidarse que en el reparto de actividades ilícitas, aparece Rafael Gómez como la persona que firmaba los cheques, luego de que con la participación de Henríquez Castro se les levantaba el sello restrictivo, para poder hacerlos efectivos.

Así, en nada se afectó el derecho a la defensa ni resultaron vulneradas las bases fundamentales del debido proceso.

No prospera el cargo de nulidad.

Causal primera. Con sobrada razón replica la procuraduría delegada, y lo vaticina el mismo accionante, que el cargo por falso juicio de convicción predicado sobre la prueba indiciaria, tenida como soporte de la responsabilidad penal del proceso Hermenegildo Henríquez Castro en el concurso de delitos de falsedad en documentos, está llamado al fracaso porque la ley instrumental no le asigna ningún valor específico a la prueba por indicios, sino que defiere su evaluación al racional arbitrio del juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y porque el reproche se sustenta en el equívoco de pretender equiparar la situación jurídica del procesado recurrente con la de otro de los vinculados a la instrucción, el revisor de documentos de la Contraloría General de la República Roberto Angarita Chinchilla, respecto a quien se calificó con reapertura de investigación.

Efectivamente, habiéndose consagrado en nuestro ordenamiento procesal penal los principios de libertad de prueba y racional apreciación de la misma, resulta por lo general inaceptable la objeción por falso juicio de convicción.

Además, la jurisprudencia ha resaltado la dificultad de atacar con éxito una decisión sustentada en prueba indiciaria, entre otras razones porque en el planteamiento y fundamentación de la censura es inmanente el riesgo de contraponer a la apreciación del Tribunal, provista de la presunción de legalidad y acierto, la personal y subjetiva estimación del impugnante».

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