Sentencia 9997 de septiembre 30 de 1997 

C ORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Germán G. Valdés Sánchez

Radicación Nº 9997.

Acta Nº 39.

Santafé de Bogotá, D.C., treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «De los anteriores documentales se concluye de manera clara y categórica que la demandante fue calificada como inválida por los médicos del Instituto de Seguros Sociales mediante dos dictámenes, el primero practicado el 23 de mayo de 1994, y el segundo practicado el 27 de julio de 1995, en el que se determinó como fecha real de la configuración del estado de invalidez el 23 de marzo de 1994.

El sistema de calificación de invalidez por parte del instituto, supone necesariamente que el afiliado se someta a los exámenes médicos pertinentes de conformidad con los reglamentos del seguro, pues es con fundamento en dichos dictámenes que la entidad de previsión social profiere su decisión de reconocer o no la pensión de invalidez.

Por ello, si es el propio instituto el que en principio y como consecuencia de un trámite interno que está obligado a seguir, califica como inválido a un afiliado suyo o que tuvo tal calidad, esa calificación no puede desconocerse judicialmente bajo el pretexto de que los dictámenes médicos que sirvieron de base para la expedición de las resoluciones no fueron aportados al expediente. Y mucho menos puede exigirse que esos dictámenes deban ser controvertidos en un juicio por la parte que precisamente los practicó, pues si así fuere, el trámite administrativo interno que debe adelantar el instituto no tendría razón de ser, lo que de consiguiente implicaría el desconocimiento de la legislación que regula todo lo atinente a la manera como deben tramitarse las solicitudes de los derechos propios de la seguridad social.

Los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, en términos generales, no consideran inválida por riesgo común a la persona que solamente pierde su capacidad laboral en un porcentaje inferior al 50%, lo que de manera natural y obvia indica a contrario sensu que la persona que tenga perdida su capacidad laboral en un 50% o superior se califica como inválida. Por tanto, la exigencia del tribunal en cuanto sostiene que las resoluciones no mencionan el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, lo que debe estar acreditado en juicio, resulta, además de erróneo, irrelevante en la medida en que las pensiones mensuales de invalidez no puedan ser inferiores al salario mínimo legal mensual.

Basta lo dicho para poner en evidencia la apreciación equivocada que hizo el tribunal de las citadas resoluciones, lo que lo llevó de manera desatinada a desconocer el estado de invalidez de la demandante que emergía con suficiencia de dichos actos.

Respecto a los dictámenes de medicina laboral del Ministerio de Trabajo del 16 de mayo de 1996 (fls. 100 y 101) y del médico Ulpiano Echeverry del 26 de agosto de 1996 (fls 114 y 115), debe anotarse que no dan referencia acerca de la época en que la demandante adquirió la incapacidad permanente parcial en los porcentajes que cada uno de ellos indican, por lo que tampoco podían servirle de fundamento al tribunal para desestimar la pretensión de la actora.

Están demostrados los desatinos fácticos que la censura le atribuye al fallo impugnado. Se casará la sentencia y como consideraciones de instancia, sirven las siguientes: (...).»

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