Sentencia de abril 30 de 1976

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Error en la interpretación de la demanda. Solidaridad en la indemnización por hecho ilícito. Abuso del derecho

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Murcia Ballén

Bogotá, D.E., treinta de abril de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por las sociedades demandadas contra la sentencia de 17 de febrero de 1975, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario instaurado por “Hilanderías Medellín S.A.”, frente a “Compañía de Productos Químicos Nacionales-"Sulfácidos S.A.” y a “Sulfácidos S.A.”.

I. El litigio

1. Mediante escrito de 20 de agosto de 1970, la citada entidad “Hilanderías Medellín S.A.” demandó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de allí a las sobredichas dos compañías “Productos Químicos Nacionales–Sulfácidos S.A.” y "Sulfácidos S.A.”, a efecto de que la justicia hiciese las siguientes declaraciones y condenas:

a) Que las sociedades demandadas “son civilmente responsables por todos los daños recibidos y sufridos por “Hilanderías Medellín S.A.”, en su fábrica de esta ciudad, situada en el paraje de Guayabal, por haber sido causados por los gases sulfurosos que aquélla arroja al aire y que se depositan en las instalaciones, maquinarias, muebles, enseres, equipos y herramientas de la compañía que apodero;

b) Que, consecuencialmente, dichas dos sociedades están obligadas a pagar a la demandante, solidariamente, el valor de esos daños “más los perjuicios de toda índole por ella recibidos y sufridos”, los que estimó en la suma de $ 10.000.000, y

c) Que igualmente se las condene al pago de las costas procesales.

En subsidio de las anteriores, la demandante impetra las siguientes declaraciones:

a) Que por proceder imprudente y negligentemente, “Compañía de Productos Químicos Nacionales-Sulfácidos S.A. y Sulfácidos S.A., al arrojar al aire, por sus chimeneas en forma permanente, gases sulfurosos, se las tenga como las entidades responsables por todos los daños y perjuicios ocasionados, recibidos y sufridos por la fábrica completa e instalaciones totales de Hilanderías Medellín S.A., en esta ciudad, por efecto de ellos”;

b) Que, como consecuencia, se condene a las dos sociedades demandadas a pagar a la demandante “todos los daños y perjuicios ocasionados por ellas”, los que estimó en suma superior a $ 10.000.000, y “que por incremento día a día de los mismos, se fijará en la sentencia que decida este litigio o en la actuación separada establecida por el Código de Procedimiento Civil”, y

c) Que “de todos modos” sean condenadas las demandadas al pago de las costas procesales.

2. Los hechos que la demandante invocó como causa petendi de sus pretensiones, quedan sustancialmente sintetizados en los siguientes:

a) La sociedad demandante “posee sus instalaciones industriales” en un globo de terreno ubicado en el sector meridional de Medellín, paraje de Guayabal, comprendido dentro de los especiales linderos que la demanda consigna;

b) La fábrica produce hilazas de lana y materias plásticas; y se ocupa además en labores de texturización, que consisten en convertir los filamentos de poliéster en hilazas retorcidas para fines industriales;

c) Para el desarrollo de su actividad, la empresa dispone de equipos complejos y valiosos que comprenden maquinaria en su mayor parte importada, y genera gran cantidad de empleo;

d) No obstante el inmejorable sostenimiento que mantiene en su fábrica, “Hilanderías Medellín S.A.” viene soportando permanentemente, desde hace varios años, la destrucción o avería de sus maquinarias e instalaciones, tales como las de aire acondicionado, red eléctrica, canalizaciones y mobiliario, de modo que todo aquello de naturaleza metálica, que representa el 80% del equipo de la fábrica, ha sufrido progresivo proceso de corrosión y oxidación que obliga reponerlo constantemente, a costo elevado;

e) Para determinar las causas de esta grave situación la sociedad demandante acudió a los servicios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, entidad ésta que, con el concurso de profesores expertos en la materia, efectuó un cuidadoso estudio, consignado luego en el folleto intitulado “Contaminaciones sulfurosas en las vecindades de Sulfácidos S.A.”, editado en Medellín en febrero de 1968, en el cual pone de presente que la “Compañía de Productos Químicos Nacionales-Sulfácidos S.A.” tiene una planta de producción de ácido sulfúrico ubicada aproximadamente a 250 metros de la fábrica “Hilanderías Medellín S.A.”, planta cuyas chimeneas liberan gases residuales en cantidad de 700 kilogramos diarios de dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso (SO2), o sea un poco más de una tonelada diaria, causando en ese sector urbano una contaminación ambiental alarmante, representada en 100 miligramos cúbicos de esa nociva sustancia por cada metro cúbico de aire, cuando la proporción internacionalmente aceptada no excede de 12 a 13 miligramos;

f) Este gas, notablemente agresivo, como que ataca y destruye las superficies metálicas, aunque estén convenientemente protegidas con sustancias cromadas u otras, sale de la planta de ácido sulfúrico por chimeneas “de escasa altura”, se propaga de norte a sur siguiendo la dirección de los vientos y alcanzando directamente las dependencias e instalaciones de la entidad demandante;

g) El SO2 no solamente corroe los metales y las plantas, sino que además afecta y causa lesiones a las personas obligadas a respirar en una atmósfera contaminada por él;

h) Siendo deber de todo productor de ácido sulfúrico utilizar “torres o plantas o sistemas de lavado de gases”, para evitar la contaminación del medio ambiente, incurre en hecho ilícito el empresario que deja libre el peligroso SO2, dando lugar a que cause daño de naturaleza previsible;

i) La “Compañía de Productos Químicos Nacionales-Sulfácidos S.A.”, tenía que saber, desde cuando proyectó sus instalaciones, que los gases provenientes de la fabricación que iba a emprender son altamente nocivos, o sea que se trataba de ejercer una actividad peligrosa, que exigía tomar medidas técnicas conducentes a evitar daños a los demás; como así no lo hizo, la citada compañía se ha colocado en “un estado de presunción de culpa civil”, que no podrá justificar invocando “culpa de la víctima”, ni “hechos de terceros”, ni “caso fortuito”, desde luego que ninguno de estos fenómenos exoneratorios ha tenido ocurrencia;

j) La misma compañía nada ha hecho para prevenir los daños que ha ocasionado a sabiendas de que los causaría, lo que “hubiere calculado el más negligente administrador”; y, además, engañó a sus vecinos, pues a intento de evitar los daños hizo instalar una planta de lavado de gases que debía funcionar con carbonato de sodio, pero como este producto es costoso, lo puso en operación simplemente con agua, suprimiéndole así toda posible eficacia;

k) En el hecho 13 de su demanda, afirma la demandante que por la causa indicada sufrió, en el año de 1968, los perjuicios que discrimina así:

“Reparaciones locales por efectuar: $ colombianos 2.477.080

Reemplazo de maquinaria inservible: US$... 100.728

Reemplazo de partes defectuosas: US$... 255.696”; lo que para entonces por efectos del cambio internacional, arrojaba un total superior a $ 8.000.000;

l) Habida cuenta de varios factores, cuales son el aumento de la corrosión determinada por los gases nocivos y el alza tanto del cambio internacional de las divisas como de la mano de obra, equipos, impuestos, transportes, etc., se puede calcular moderadamente que el valor de los daños sufridos hasta la fecha de la demanda alcanza la cifra de $ 10.000.000, cuyo incremento ulterior “se determinará en el momento mismo en que se fije la responsabilidad”;

m) Desde 1967, la sociedad demandante y otras empresas perjudicadas por la misma causa solicitaron la intervención de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, a fin de obtener que se suspendiera la emisión de los gases provenientes de la fábrica de ácido sulfúrico, pero las gestiones adelantadas por esa entidad resultaron infructuosas; como resultó incumplido el compromiso de caballeros que celebraron los representantes de las partes ahora en litigio y que no llegó a consignarse en documento, acuerdo conforme al cual “Sulfácidos S.A.” haría “todos los tratamientos químicos que fueren necesarios para evitar, a partir de 1968 la expulsión al aire del SO2 derivado de la producción de ácido sulfúrico;

n) Más tarde, en atención a que el problema persistía y aun se agravaba, los vecinos de la fábrica de ácido sulfúrico instauraron ante la Alcaldía de Medellín una “acción de protección de sus empresas”, con apoyo en el Código Sanitario Nacional y en el de Policía, que culminó, después de casi tres años con la Resolución 95 de 6 de agosto de 1970, que ordenó la clausura de “la planta de producción de ácido sulfúrico en la fábrica de "Sulfácidos S.A.”, so pena de pagar multas sucesivas de $ 10.000 por cada día de retardo; pero no obstante la notificación de esta decisión administrativa, “Sulfácidos S.A". no ha suspendido la producción de ácido sulfúrico” y ha preferido pagar diariamente la multa;

ñ) En inspección extrajudicial practicada en 1968 por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, con audiencia y citación de “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, el juez, con el concurso de tres ingenieros químicos en el carácter de peritos, comprobó la mayoría de los hechos de esta demanda, así como el monto de los perjuicios hasta entonces causados a la sociedad demandante, y

o) Todo lo que se deja narrado —dice la demandante en el hecho 19 de su demanda—, obviamente se refiere a “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, que fue fundada por Escritura 1659 de 5 de julio de 1940, que construyó la fábrica en Guayabal y que ha sido la fuente de los daños y perjuicios cuya reparación pretende esta acción judicial; sin embargo una sociedad nueva ha sido creada con el nombre de “Sulfácidos S.A.”, con las mismas oficinas, papelerías, télex y apartado aéreo de aquélla, que usa la misma dirección telegráfica y cuyo personal directivo, forma parte también de la junta que desempeña la misma labor en “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”. Este visible fraude a la ley, pues Sulfácidos era una propiedad de la compañía fundada en 1940, trata de crear un problema a terceros, para que estos ignoren cuál de esas dos compañías es la propietaria de la fábrica de ácido sulfúrico en Guayabal. Para proteger esta acción, la presente demanda se dirigirá contra “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, representada por su presidente el doctor Hernán Botero Moreno y también, contra “Sulfácidos S.A., representada por su presidente don Raúl Jaramillo Mejía, pues se verá en el curso del litigio, cómo ambos han intervenido en el problema, cómo se cruzan sus intereses y cómo se integran en el daño y perjuicio ocasionados y en la obligación que tienen de repararlos; por lo tanto esta demanda debe entenderse como referente a ambas compañías, como sujetos pasivos de la acción”.

3. En sus oportunas contestaciones a la demanda las dos entidades demandadas se opusieron a las súplicas deducidas en ella; en cuanto a los hechos negaron la mayoría.

Concretando “su posición, el representante de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” expresó que, aunque desconoce los linderos, la entidad demandante “aparece como poseedora de un extenso globo de terreno, situado en el sector sur, paraje Guayabal” de la ciudad de Medellín; que esta sociedad “produce hilazas de lana y otros artículos textiles, pero no puede detallar los procesos industriales en que se ocupa”; que en el sector indicado “hay varias empresas que arrojan por sus chimeneas vapores que contienen anhídrido sulfuroso”; que ”la fábrica de ácido sulfúrico que funciona en el sector de Guayabal tiene acondicionamientos que impiden la contaminación de la atmósfera con anhídrido sulfuroso”; que la fábrica de ácido dicho que la mentada sociedad “tenía” se estableció hace 25 años, empleando todos los requisitos que entonces le exigieron las autoridades; y que la resolución de la alcaldía que le impuso la multa de $ 10.000 “fue modificada”.

Idéntica respuesta dio al libelo incoativo del proceso el representante de “Sulfácidos S.A.”, con sólo dos diferencias fundamentales: niega que dicha sociedad mantenga en las cercanías de la empresa demandante “contaminaciones de anhídrido sulfuroso (SO2) por encima de las concentraciones permisibles”; y en cuanto al hecho noveno, no niega que su representada está explotando actualmente la fábrica de ácido sulfúrico.

4. Replicada en tales términos la demanda con aducción de pruebas de ambas partes se surtió la primera instancia del proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 5 de marzo de 1974, mediante la cual resolvió el litigio así:

a) Declaró civilmente responsables a las sociedades demandadas de los perjuicios sufridos por la entidad demandante, causados “por los gases sulfurosos que aquéllas arrojan al aire y que se depositan en las instalaciones” de ésta; b) las condenó, en consecuencia, a pagarle solidariamente la suma de $ 4.174.000 por concepto de daño emergente, y dispuso que el monto del lucro cesante debería liquidarse en incidente posterior; c) mediante los ordinales 3º y 4º de la parte resolutiva de su fallo, decidió dar por no probadas las tachas formuladas por la parte demandada frente a unos testigos y a los peritos; y d) finalmente impuso a los litigantes vencidos las costas procesales.

5. Por virtud de la apelación interpuesta por las dos partes contra dicha providencia, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el que, luego de haber agotado el trámite de la instancia, incluso la práctica oficiosa de pruebas, en el fallo pronunciado el 17 de febrero de 1975, tomó las siguientes decisiones:

a) Confirmó los ordinales 1º, 3º, 4º y 5º de la sentencia apelada, o sea los atinentes a la declaración de responsabilidad a cargo de las sociedades demandadas, rechazo de las tachas a testigos y peritos y la condena en costas; b) reformó el ordinal 2º de esa misma parte resolutiva en los siguientes dos sentidos: 1. Reducir la condena por daño emergente en un 11% o sea la suma de $ 459.140; y 2. Ordenar que al liquidar el monto del lucro cesante se tengan en cuenta “las bases indicadas en la parte motiva de esta sentencia y también una reducción del 11% sobre el monto que resultare establecido”; y c) por último, impuso a las sociedades demandadas el 50% de las costas causadas en la segunda instancia del proceso.

6. Contra la sentencia del Tribunal de Medellín interpusieron casación las demandadas, recurso que, por encontrarse debidamente rituado, procede ahora la Corte a decidir.

II. Los fundamentos de la sentencia de segunda instancia

A vuelta de hacer el planeamiento general de la cuestión litigiosa y de compendiar el desarrollo del proceso, en el proemio de su fallo advierte el tribunal que se impone dictar sentencia de mérito, porque, dice, en el caso sub júdice están establecidos todos los presupuestos procesales y no “se observan irregularidades que puedan afectar la actuación”.

Asentado por él el anterior postulado, inicia sus consideraciones el ad quem con el análisis del aspecto atinente a la legitimación en la causa de la parte demandante, cuya presencia en el proceso la echan de menos las demandadas.

Al punto, después de citar el artículo 2342 del Código Civil, dice que no hay irregularidad alguna, desde luego que según esa norma el derecho a la indemnización por hecho ilícito lo tiene no sólo el dueño de las cosas que han sido objeto del daño, sino también, su poseedor, el usufructuario, el habitador, el usuario, y que, “en el caso de autos, cuando menos, estaría acreditado que Hilanderías Medellín es poseedora del complejo industrial que integra la factoría de que habla la demanda y aun los mismos escritos de réplica”.

Añade el sentenciador que la disposición del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a identificación de los elementos perjudicados por la acción de los gases, aparece cumplida en la demanda inicial del proceso y, que además, esa no es norma exactamente aplicable al caso presente, puesto que los bienes de que en aquélla se trata no son “el objeto mismo de la litis”.

Concretando luego los términos en que, según la demanda y sus respuestas, quedó planteada la controversia, nota que la demandante sostiene que las demandadas son civilmente responsables, en tanto que éstas, apoyadas en el artículo 2357 del Código Civil, lo niegan invocando la culpa de la víctima del daño.

Y así, tomando tales súplicas y réplicas por punto de partida, el tribunal se dedica a la tarea de ubicar el caso controvertido dentro del ámbito del derecho civil, encontrando que se trata de un supuesto de responsabilidad directa por el ejercicio de una actividad peligrosa, contemplado por el artículo 2356 ejusdem.

Asevera, además, que “como se ha insinuado a lo largo del debate que la responsabilidad de las compañías demandadas” se funda también en las teorías del riesgo creado, de las relaciones de vecindad y del abuso del derecho es pertinente examinarlas y a ello procede en efecto.

En cuanto a la del riesgo creado, el ad quem, con citas doctrinarias y jurisprudenciales, expone los fundamentos jurídicos de dicha teoría; y de sus pertinentes consideraciones concluye: “Como se colige de la anterior posición doctrinaria, nuestra jurisprudencia, con argumentos irrebatibles, no sólo ha rechazado categóricamente la teoría de la responsabilidad objetiva sino que ha reiterado una vez más la tesis de la responsabilidad que no deja de lado la valoración eticojurídica de la conducta humana”.

Amparado en esta conclusión, vuelve el sentenciador de segundo grado a ubicar el caso debatido dentro del panorama de la responsabilidad por actividad peligrosa, que encuentra regulado por el artículo 2356 ibídem. En abono de su deducción invoca doctrina y jurisprudencia conforme a las cuales del daño causado en el ejercicio de actividades de ese linaje se presume la culpa del agente, por modo que a la víctima sólo le compete probar el daño y la relación de causalidad.

Llevadas sus consideraciones a este punto, acomete enseguida el tribunal la labor de análisis de las pruebas aducidas para demostrar los dichos dos presupuestos, que evidentemente encuentra, con base en ellas, establecidos en el proceso.

a) El daño

En relación con él, pone el juzgador de presente que, según la demanda, el perjuicio cuya indemnización pretende la demandante se hace consistir en “el permanente estado de oxidación y corrosión de la maquinaria, equipos e instalaciones” suyos, señaladamente los de naturaleza metálica, por obra de los gases sulfurosos que emanan de las chimeneas de la fábrica de ácido sulfúrico.

Para dar por establecido este presupuesto el tribunal, después de citar y comentar ampliamente las normas del Código Ecológico (D. 2811/74) y del Decreto 272 de 1969, de la Alcaldía de Medellín atinentes al concepto de la contaminación atmosférica, pasa a compendiar y analizar los siguientes medios de prueba: el estudio realizado por profesores de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, cuyas conclusiones comenta ampliamente; el estudio que preparó el jefe de salud ocupacional del servicio seccional de salud de Antioquia sobre contaminación del aire, en el que se precisa que “el principal y más peligroso de los agentes de contaminación lo constituye el dióxido de azufre”; la inspección judicial que durante la etapa probatoria del proceso se practicó en las instalaciones de las sociedades aquí querellantes; los dictámenes periciales de los ingenieros químicos Jaime Posada Valencia y Rodrigo Múnera Osorio; los que rindieron los también ingenieros químicos Gilma Gloria Arenas y Alfonso Franco Jaramillo, con motivo de la objeción formulada contra el concepto de los anteriores —tacha que el sentenciador declaró infundada—; y, finalmente los testimonios de los doctores Rodrigo Peñalosa Arias, Aycardo Orozco R., Mauricio Arango Santamaría, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, Bernardo Restrepo Ochoa, Octavio Mejía Mejía, presbítero Óscar Vélez B., Fabio Echeverry Correa, Tiberio Tirado Velásquez, Luis Hernando Alzate y Gustavo Correa Betancur.

Después de haber hecho el análisis singular de cada uno de dichos elementos de prueba, aparte en el cual el sentenciador separadamente les encuentra fundadas razones de credibilidad, apreciándolos en conjunto, dice: “Indudablemente, con arreglo a la prueba resultante de los elementos de convicción que se han reseñado, no cabe la menor duda que la compañía demandante ha sufrido considerables perjuicios en sus instalaciones y equipo debido a la oxidación de los mismos, todo lo cual ha hecho que haya tenido que reemplazarlos con otros, no obstante el mantenimiento que les da. Claro que —añade— fuera de los elementos de juicio a que se ha hecho referencia, la parte que impetró la actuación de la ley, a través de este proceso, hizo que se trajeran otros más que no es necesario mencionar ahora, pero que de todas maneras confirman lo dicho”.

b) La relación de causalidad

Se trata, por este segundo aspecto, dice el tribunal de “establecer si el deterioro o corrosión presentado por las instalaciones de la factoría de Hilanderías Medellín tiene como causa la contaminación del ambiente saturado de SO2 que proviene del procesamiento industrial del azufre en la planta de ácido sulfúrico de las demandadas”.

Relación de causalidad ésta que el fallador ad quem da por demostrada en el presente caso, con apoyo en los siguientes medios de prueba, cuyo contenido compendia y analiza detenidamente en su sentencia: el estudio realizado por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia; el análisis llevado a cabo por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana; el concepto de la oficina de salud ocupacional del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, emitido en noviembre de 1966; las constancias dejadas por el juzgado en la inspección judicial practicada en el proceso; y, finalmente, los dictámenes periciales de los cuatro ingenieros químicos a que atrás se hizo alusión.

Frente a estos medios probativos, cuyo análisis hace primero singularmente y luego en conjunto, dice el tribunal que todos ellos conducen a demostrar inequívocamente que “este extremo de la responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas, o sea la relación de causalidad, también aparece comprobado en autos”.

6. Por lo que toca con la teoría del abuso del derecho en las relaciones de vecindad que a su juicio también da fundamento jurídico a las pretensiones de la demandante, el tribunal hace extensa y erudita exposición de la naturaleza del fenómeno, que comprende numerosas transcripciones nacionales y extranjeras; y de su estudio en el punto deduce, como razón corroborativa de la conclusión a que en su sentencia llega, que también por este aspecto incumbe responsabilidad a las sociedades demandadas, puesto que ellas han venido infringiendo los artículos 30 de la Constitución Nacional y 669 del Código Civil.

Asevera que el abuso del derecho de propiedad, como causa de daños o molestias a los vecinos, genera responsabilidad civil cuando quiera que se trate de un uso anormal o excesivo, principio que, agrega, ha sido adoptado en numerosas codificaciones positivas.

Y advierte que si se enfoca el caso del debate por este nuevo prisma, o sea el del abuso en las relaciones de vecindad, principio que resulta aplicable en Colombia con apoyo en la preceptiva de los dos artículos antecitados, se concluye que los presupuestos fácticos en que se estriba el abuso imputable a las sociedades demandadas también fueron plenamente acreditados.

Su deducción en el punto la hace descansar en los siguientes elementos de juicio: la Escritura 1659 de 5 de julio de 1940 otorgada en la Notaría Primera de Medellín, mediante la cual se constituyó la sociedad “Compañía de Productos Químicos Nacionales S.A., la cual adoptó como distintivo el nombre de Sulfácidos S.A.”, cuyo objeto social fue la producción de ácido sulfúrico, la 6187 de 12 de septiembre de 1961, mediante la cual se reformaron sus estatutos y se cambió el nombre por el de “Compañía de Productos Químicos Nacionales-Sulfácidos S.A.”; la 2416 de diciembre de 1968, por la cual se constituyó la sociedad en comandita por acciones “Sulfácidos Vitabono & Cía. o Sulfácidos Vitabono & Cía. ECPA”; la 6063 de diciembre de 1969, mediante la cual ésta se transformó en sociedad anónima “Sulfácidos S.A.”; “cuyo objeto social consiste principalmente en la explotación de la marca Sulfácidos, importación de materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico”, la certificación expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal conforme a la cual la producción de ácido sulfúrico “de propiedad de la Compañía de Productos Químicos Nacionales S.A. hoy Sulfácidos S.A.”, fue autorizada y se le concedió permiso de funcionamiento; las contestaciones de las demandadas a la demanda; el interrogatorio absuelto por Hernán Botero M.; “lo admitido por el mandatario judicial de las compañías en su primer alegato de segunda instancia, cuando admite ser cierto que la “Compañía de Productos Químicos Nacionales Sulfácidos S.A. producía ácido sulfúrico desde 1941, de 1961 en adelante, hasta 1969 lo vendía, y que Sulfácidos S.A. empezó a producir dicha sustancia desde 1969”; la inspección judicial “y la prueba testimonial y documental a que se ha hecho referencia en anteriores párrafos”.

Conclusión de esta parte de su análisis probatorio es, para el tribunal, la de que “se imponía para las demandadas un obrar con diligencia y cuidado en la producción de ácido sulfúrico, como que por razón misma del oficio, debían saber del potencial perjuicio que podían acarrear a los vecinos las emanaciones de los dióxidos y trióxidos de azufre lanzados a la atmósfera”.

7. En llegando a su estudio en este punto, acomete a renglón seguido el tribunal el examen de la conducta observada por las demandadas y alegada por éstas en busca de su pretensa inculpabilidad.

Al respecto hace referencia a la instalación del equipo para tratamiento de gases y a su fracaso por falta de uso de carbonato de sodio, en torno a lo cual transcribe los pasos trascendentes de la declaración que en el punto rindió el ingeniero químico que, por orden y cuenta de las demandadas, efectuó esos trabajos; y a las respuestas que al interrogatorio dio Hernán Botero quien, asevera el sentenciador, “de todos modos admite que el equipo no dio resultado cual era reducir al mínimo la emisión de gases sulfurosos a la atmósfera”.

Alude, igualmente, a los varios oficios dirigidos por la oficina de salud ocupacional del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en que se dio orden a Sulfácidos de controlar “todos los escapes de los equipos para producción de ácido sulfúrico y no descargar a la atmósfera aire contaminado”, orden que, según se ha visto, las demandadas no cumplieron.

Fundándose en estos medios de prueba, expresa el ad quem que las demandadas “no tomaron las medidas adecuadas para evitar las emisiones sulfurosas causantes del perjuicio”; y añade que en dichas circunstancias “para la sala aparece claro que las demandadas sobrepasaron con su acción los límites de tolerancia en los deberes con sus vecinos y, al no tomar las medidas que la técnica aconsejaba para evitar los perjuicios provenientes de un actuar así, incurrieron en culpa sancionable”. Y remata esta consideración afirmando que “por tratarse de una actividad que por sí misma, como se ha visto, crea condiciones especiales de peligro, su diligencia debía ser mayor”.

Observa, de otra parte, que el análisis de conjunto de todo el haz probatorio no permite afirmar que las demandadas hubieran suministrado “la prueba de la diligencia y cuidado que a ellas incumbía, con arreglo a lo que disponen los artículos 63 y 1604 del Código Civil”.

8. Pasa después el tribunal a dilucidar la cuestión referente a si la condena debe o no hacerse solidariamente.

Sobre este particular, luego de citar el artículo 2344 ibídem, afirma que para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, “no ha de perderse de vista que la ley no tiende tanto a la unidad en el daño como sí a la de sus causas y que aquí en la norma en cuestión, ha de entenderse comprendido el caso en que el hecho generador del perjuicio sea único o instantáneo y se agote de una sola vez y también los eventos de que sea sucesivo, persistente y lento por la naturaleza misma de la actividad de la cual resulta”.

Para dar énfasis a su concepto, agrega el tribunal que “un razonamiento que condujera a la conclusión propuesta por la parte demandada sería contrario al espíritu de la ley consignado en la norma que se comenta y en otras disposiciones como las de los artículos 67 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, 25 del Código de Comercio, 60 del Código de Procedimiento Civil, etc. De no ser así, la fusión, el cambio o transformación de las compañías sería un fácil expediente para eludir responsabilidades legales”.

9. Considerado por él suficiente su estudio en torno a las pretensiones deducidas en la demanda el ad quem concreta entonces su atención al análisis de las excepciones propuestas lo que hace separadamente.

a) Culpa de la víctima

Con respecto a ésta, primeramente observa que la mera circunstancia de haberse establecido la fábrica de ácido sulfúrico con licencia oficial, no significa en manera alguna que se le haya autorizado para causar daños a terceros; y nota, en segundo término, que si bien es cierto que la dicha fábrica se instaló tiempo antes que la demandante estableciera en esos lugares su empresa de hilanderías, los dueños o poseedores de ésta mal pudieron incurrir en imprudencia o descuido por la circunstancia de no prever que los de la otra incurrían en hecho ilícito causante de graves daños.

“No hay evidencias de ninguna clase —dice— de que Hilanderías Medellín tuviera conocimiento del peligro y menos que se hubiera expuesto imprudentemente a él aceptando así el riesgo. Por consiguiente, no procede, con fundamento en la argumentación en que se basan las demandadas, tal exoneración o reducción del perjuicio”.

b) Prescripción de la acción indemnizatoria

Por lo que atañe a este medio defensivo que con fundamento en el artículo 2358 del Código Civil invocaron las demandadas en su alegato de segunda instancia, el tribunal, para desecharlo, esgrime las siguientes dos razones:

Que la excepción fue propuesta extemporáneamente porque, expresa, en el momento de proponerla ya estaba vigente el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, el cual limita la oportunidad de proponer esta especie de defensas al término de la contestación a la demanda; y que dicha prescripción de corto tiempo no es aplicable en los casos de responsabilidad directa. Añade que menos aplicable es esa prescripción especialísima en el “caso que ahora se juzga”, porque con arreglo al inciso final del artículo 994 del Código Civil “ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso”.

10. Deducida pues, por el ad quem la responsabilidad civil que en la demanda se depreca frente a las demandadas, el juzgador emprende a continuación la determinación del monto de los perjuicios indemnizables, lo que hace dando por sentado que la demandante los aprecia en suma superior a los $ 10.000.000, aunque sin indicar cuánto corresponde al daño emergente y cuánto al lucro cesante.

Al efecto, estudia el dictamen de los peritos y su ampliación; y tomando por punto de partida la suma de $ 4.174.000 en que estos apreciaron el monto del daño emergente, resuelve que dicha cantidad debe reducirse en un 11%, que, con apoyo en la pericia de los expertos rendida en el incidente de objeciones a la anterior y en el concepto de la facultad de ingeniería química, es el que corresponde a los daños causados por otras instalaciones industriales vecinas. Dice que “en tales condiciones, la Sala encuentra enteramente aceptable que por razón de la contribución de agentes contaminantes del medio ambiente, provenientes de otras fuentes distintas del procesamiento del ácido sulfúrico y que, naturalmente, coadyuvan el proceso de deterioro y oxidación, por ello, se repite, se impone una reducción del monto del valor del daño determinado por los expertos”.

Y luego expresa: “Naturalmente dada la solidaridad que vincula a las demandadas en la responsabilidad deducida, no será necesario hacer consideraciones en cuanto al tiempo que deba liquidarse a cada una de ellas. Según se infiere por la escritura de constitución y otros elementos de juicio, como la declaración del doctor Mauricio Arango Santamaría, la empresa demandante viene funcionando en el local que ocupa por lo menos desde 1950. Por lo demás, para nada podrá tenerse en cuenta el certificado expedido por el contador y revisor fiscal de las demandadas que obra a folio 67 del cuaderno número 2, no obstante el convenio de los dos apoderados y la aceptación del juzgado, pues, de un lado, nuestras normas procedimentales son de orden público, lo cual trae consecuencias jurídicas especiales y, de otro, según el mismo código no tienen ninguna eficacia las estipulaciones que contradigan sus normas. De allí que entre nosotros estén prohibidos los pactos sobre pruebas”.

11. Finalmente, en punto de perjuicios provenientes del lucro cesante, estima el sentenciador de segundo grado que la condena en abstracto que impuso el fallo de primera instancia debe mantenerse, pero dando las bases que permitan concretarla, lo que evidentemente hace en la correspondiente resolución de su sentencia.

III. Las demandas de casación y consideraciones de la Corte

Como ya está dicho, contra la sentencia extractada oportunamente interpusieron casación las dos sociedades demandadas, quienes han formulado las demandas que la Corte procede a examinar en el orden en que fueron presentadas.

A) La primera demanda

En ésta, con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil la sociedad “Sulfácidos S.A.” le formula al citado fallo dos cargos, que la sala pasa a considerar en el orden en que ellos vienen propuestos.

Cargo primero

1. Mediante éste se acusa la sentencia de segundo grado de quebrantar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 30 de la Constitución Nacional, 669, 2344 y 2356 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que habría incurrido el tribunal en la interpretación de la demanda, en la apreciación errónea de algunas pruebas y en la falta de apreciación de otras.

2. Como pruebas que a juicio del censor el ad quem apreció erróneamente, aquél indica, a más de la demanda incoativa, del proceso, las siguientes: a) Escritura pública 1659 de 5 de junio de 1940, otorgada en la Notaría Primera de Medellín, por la cual se constituyó la sociedad “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”; b) El certificado de la cámara de comercio de esta ciudad, con el cual se acreditó la constitución, existencia y representación de la sociedad “Sulfácidos S.A.”; c) La contestación a la demanda de cada una de las dos compañías demandadas; d) El interrogatorio absuelto por Hernán Botero, como representante legal de la primera de las dos sociedades dichas, y e) El alegato del apoderado de las demandadas presentado ante el tribunal.

Y como pruebas no apreciadas por el sentenciador, el casacionista señala el certificado expedido por el revisor fiscal y el contador de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” y el memorial adjunto de los apoderados de las dos partes litigantes, “visibles a folios 66 y 67, del cuaderno 2”.

3. En la sustentación del cargo por el primero de los tres aspectos dichos, asevera el impugnante que los hechos de la demanda del 1º al 18, se refiere exclusivamente a la sociedad “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” y que en nada tocan con la entidad “Sulfácidos S.A.”; que de ellos, puesto en concomitancia con el 19, se infiere que no se atribuye a esta sociedad la culpa consistente en permitir el escape de SO2 por las chimeneas de la fábrica de ácido sulfúrico, fundamento de la responsabilidad que la parte demandante pretende deducir sino un fraude a la ley conducente a crear confusiones a terceros acerca de cuál de las dos sociedades explotaba la planta, fraude que, agrega, no aparece demostrado en el proceso.

Continuando en el desenvolvimiento de la censura por segunda faz, asevera el recurrente que tanto la escritura de constitución de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” y el certificado de la cámara de comercio correspondiente, como el expedido por ésta sobre la formación de la sociedad “Sulfácidos S.A.”, demuestran que se trata de dos personas jurídicas distintas y que la segunda sólo nació en 1968, por lo que, añade, no puede atribuirse a ésta responsabilidad por hechos que ocurrieron antes de dicho año.

Refiriéndose al certificado del revisor fiscal y del contador de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” y al memorial conjunto de los apoderados de las partes, documentos que el censor afirma “no fueron apreciados por el fallador”, dice que ellos demuestran que la producción de ácido sulfúrico por cuenta de las demandadas no ha sido simultánea, sino sucesiva, puesto que la planta fue manejada por la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” desde 1941 y hasta 1961, y que “Sulfácidos S.A.” sólo vino a explotarla en 1969. Añade que sobre estos documentos “en la sentencia hay un absoluto silencio”.

En relación con las contestaciones que a la demanda dieron las dos demandadas por intermedio de sus representantes legales, y el interrogatorio absuelto por el gerente de la primera lo mismo que a la presunta confesión que el tribunal encuentra en el alegato del apoderado de aquéllas presentado en la segunda instancia, dice que todos estos elementos, ni en conjunto ni separadamente, constituyen prueba de esa estirpe eficaz para justificar, como lo dice el tribunal, que “Sulfácidos S.A.” tuviera intervención en la culpa de la cual pretende la demandante derivar la responsabilidad por los daños que alega haber sufrido.

Se considera

1. Ciertamente, según lo tiene averiguado la doctrina del derecho procesal, cuando al tiempo de fallar el juez se encuentra frente a una demanda que adolece de imprecisión bien sea en la forma como se hallen concebidas las súplicas, ora en la exposición de los hechos, ora en los fundamentos de derecho o ya en las unas y en los otros, está en el deber de interpretarla para desentrañar la verdadera intención del demandante, tarea en la cual debe tomar en cuenta todo el conjunto de ese libelo, y, además, en los casos que ello fuere menester para precisar su verdadero sentido y alcance, las actuaciones desarrolladas por el actor en el curso del proceso. Sólo así puede llegar, frente a la demanda, a su procedente interpretación racional y lógica.

Es posible, desde luego, que al interpretarla el juzgador se equivoque, sea por contraevidencia respecto a su causa petendi o a su petitum. Entonces el sentenciador incurre en yerro de hecho que lo puede conducir a la violación de normas de derecho sustancial por aplicación indebida ya que dirime el conflicto con base en preceptos que no regulan el caso controvertido, o por falta de aplicación de las disposiciones pertinentes.

Cuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se lo considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros, ofrece dos o más interpretaciones lógicas, ninguna de las cuales rebasa los límites del objeto de dicho escrito, puede el sentenciador elegir una u otra sin que su conducta implique error de hecho manifiesto, porque tal proceder no entraña arbitrariedad, ni contradice la evidencia que esa pieza procesal ostenta. “El error en la interpretación y apreciación de la demanda —ha dicho la Corte—, cuando es claro que será de hecho, y éste, en su caso, ha de ser manifiesto... Y es claro que las dudas o vacilaciones sobre la inteligencia de una demanda están indicando de suyo que la prevalencia de una cualquiera de sus aceptables interpretaciones no puede lógicamente estimarse como algo manifiestamente erróneo” (LXVII, 434).

2. Consideradas sus súplicas y todas sus afirmaciones de hecho en conjunto, no es posible interpretar la demanda inicial de este proceso como en el cargo se pretende, es decir, que a “Sulfácidos S.A.” se le ha demandado por causa diferente a su participación en la producción del ácido sulfúrico, cuyas emanaciones sulfurosas fueron la causa determinante del daño cuya reparación persigue la demandante. Aun haciendo abstracción de otros elementos de juicio que brotan de la actuación procesal, analizado desprevenidamente el contenido de la demanda se llega a la conclusión lógica y racional, por ser éste su claro sentido, que a las dos compañías se les demanda por la misma culpa.

Si fuera cierto que la entidad “Sulfácidos S.A.” se le hubiera llamado al proceso por un hecho culposo distinto del que se imputa a “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, como lo afirma la censura habría que llegar entonces a la inaceptable conclusión de que en la demanda no se formuló ninguna súplica contra aquélla, ni se pidió condenación solidaria por unos mismos daños causados a la sociedad demandante. Y palmar resulta que si la intención de “Hilanderías Medellín S.A.” hubiera sido la de imputar culpas diferentes a las dos demandadas, habría solicitado en su libelo dos condenaciones independientes la una de la otra: responsabilidad por los daños que ha causado la producción de ácido sulfúrico, y responsabilidad por engaño y fraude a la ley, con indemnizaciones separadas.

Aun en el supuesto de considerar aisladamente y sin relacionarlo con los demás el hecho 19 de la demanda no aparece con nítida evidencia que la causa de la pretensión deducida en contra de “Sulfácidos S.A.” sea el fraude de la ley; esta afirmación se incorpora allí para relievar que el sujeto pasivo de la demanda es doble, porque fueron las dos demandadas las que participaron en la actividad causante del daño, como lo entendió el Tribunal de Medellín. Y esta conclusión es tanto más aceptable si se tiene en cuenta que el certificado de la cámara de comercio sobre la constitución de dicha sociedad le asigna, como objeto social, la “explotación de la marca Sulfácidos y otras” y, además, “la importación de materias primas propias para la producción de ácido sulfúrico o de elementos auxiliares para esta industria”.

3. El tribunal vio y apreció en su sentencia, sin alterar la fidelidad objetiva de tales documentos, tanto la escritura de constitución de la sociedad “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” como el certificado de creación de la entidad “Sulfácidos S.A.”. Con base en ellos afirmó que se trata de dos sociedades diferentes que se dedicaron ambas, en épocas distintas a la explotación del ácido sulfúrico.

La conclusión del sentenciador en el punto en nada contradice la evidencia que estos documentos muestran, máxime si se tiene en cuenta que el referido certificado expresamente alude al objeto social de la segunda de dichas compañías, y lo concreta precisamente en éste. Además, el apoderado de esta entidad, al contestar la demanda, reconoce el ejercicio de dicha actividad por parte de su representada.

4. No es cierto que el sentenciador ad quem hubiera dejado de ver, y por ende de apreciar en su fallo, el certificado de 10 de marzo de 1972 expedido por el revisor fiscal y el contador de la primera de las sociedades demandadas, ni menos el memorial conjunto que los apoderados de las partes presentaron en febrero de dicho año, documentos visibles a folios 66 y 67 del cuaderno segundo. En relación con ellos la sentencia del tribunal dice: “Por lo demás, para nada podrá tenerse en cuenta el certificado expedido por el contador y revisor fiscal de las demandadas que obra a folio 67 del cuaderno 2, no obstante el convenio de los dos apoderados y la aceptación del juzgado, pues, de un lado, nuestras normas procedimentales son de orden público, lo cual trae consecuencias jurídicas especiales y, de otro, según el mismo código, no tienen ninguna eficacia las estipulaciones que contradigan sus normas”.

Luego, si el sentenciador vio y ameritó los citados documentos, incurrió en el yerro de facto que la censura le enrostra al respecto; lo que ocurre es que los estimó ineficaces para demostrar determinado hecho, y este presunto yerro del ad quem, por referirse a las normas legales regulativas de la valoración probatoria, sería de derecho el que la Corte sólo podría considerar a través de su pertinente planteamiento en casación.

5. En contestación a la demanda, el apoderado de la primera compañía demandada dice, es verdad que, “no tiene planta de producción de ácido sulfúrico” (contestación 5ª); reconoce empero que sí la tuvo (contestación 9ª); y en la 8ª asevera que la fábrica de ácido sulfúrico que funciona en el sector de Guayabal, “tiene acondicionamiento que impiden la contaminación de la atmósfera con anhídrido sulfuroso”. Por su parte, en la contestación de “Sulfácidos S.A.” se afirmó que ésta no mantiene “en las cercanías de su empresa contaminaciones de anhídrido sulfuroso (SO2) por encima de las concentraciones permisibles” (respuesta 5ª); y que la fábrica de ácido sulfúrico de Guayabal “tiene acondicionamientos que impiden la contaminación de la atmósfera con anhídrido sulfuroso” (respuesta 9ª).

Siendo ello así como en verdad lo es, no resulta contrario a la realidad que dichos escritos contienen, afirmar que las dos compañías demandadas participaron, aunque en épocas diferentes, en la producción del ácido sulfúrico cuyas emanaciones determinaron el perjuicio cuya indemnización se demanda, que es precisa y justamente la conclusión del tribunal en el punto.

6. Todo lo atrás expuesto da pie para afirmar que la Corte no encuentra, y muchísimo menos con los caracteres de contraevidentes y trascendentes, ninguno de los varios errores de hecho que el recurrente le endilga al tribunal en la interpretación de la demanda y en la apreciación de las pruebas.

Por lo consiguiente, procede rechazar este cargo.

Cargo segundo

1. Por él se acusa la sentencia de quebrantar directamente, por interpretación errónea, el artículo 2344 del Código Civil; y por aplicación indebida los artículos 67 del Código Sustantivo del Trabajo y 25 del Código de Comercio.

2. En desenvolvimiento de esta censura, el recurrente, después de transcribir los pasos pertinentes de la sentencia impugnada y el texto de la primera de las normas legales que cita como quebrantadas, asevera que en el caso presente no se está frente a un supuesto de responsabilidad que “se derive de un hecho instantáneo como sería el caso de un accidente en un vehículo, sino de una sucesión de actos y hechos cuyos efectos y consecuencias se van produciendo lentamente, con el correr del tiempo”; que, además, como lo dice la demanda y lo reitera el acervo probatorio, aquí se da la circunstancia de que “la producción de ácido sulfúrico, o mejor la explotación de la planta de ácido sulfúrico, en Guayabal, nunca se hizo conjuntamente por las dos compañías demandadas”; y que si la corrosión es proceso paulatino, “de acumulación de sustancias químicas que no actúan instantáneamente, resulta indudable que no puede entenderse, ni darse por sentado en el proceso, que Sulfácidos S.A. hubiera intervenido conjuntamente, con la otra compañía, en los actos o hechos que pudieron dar origen a los daños causados”.

Continuando en el desarrollo de este cargo, afirma el casacionista que el precitado artículo 2344 no puede aplicarse “para eventos sucesivos como los que aquí se debaten, sino para delitos o culpas en donde hay simultaneidad en la ejecución”, menos cuando se trata, como aquí ocurre, de “daños causados independientemente por varios”, lo que imponía utilizar “medios o sistemas para llegar a delimitar mediante porcentajes por ejemplo”, hasta dónde son imputables las causas a una persona y hasta dónde a otra que continuó con la actividad que traía la primera.

3. Concretando sus consideraciones a la segunda faz que en su planteamiento le da al cargo, dice el censor que el ad quem en su sentencia, para “reforzar la tesis de la solidaridad de las compañías demandadas”, aplicó analógicamente los artículos 57 del Código Sustantivo del Trabajo y 25 del Código de Comercio, normas que la censura estima “exóticas” en el problema aquí debatido y por tanto inaplicables en él.

Se considera

1. Por sabido se tiene, dentro de la teoría de la técnica de la casación, que los errores in judicando, para cuya reparación se ha establecido la causal primera, se traducen en no hacer actuar en el caso litigado la verdadera y real voluntad del legislador expresada en la ley sustancial, ora sea por inaplicación, ya por aplicación indebida, o ya por interpretación errónea de ella. Viólase la ley sustancial por falta de aplicación cuando no se hace obrar el precepto pertinente en el caso controvertido, debiendo haberse aplicado en el fallo; por aplicación indebida, cuando entendida rectamente la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es materia de la decisión; y por interpretación errónea, cuando, siendo la correspondiente, se la entendió sin embargo equivocadamente y así se la aplicó.

Si, pues, es de la esencia de la interpretación errónea que se aplique una norma pertinente al caso controvertido pero dándole un sentido y alcance que no tiene, resulta equivocado, en el caso presente, denunciar quebranto del artículo 2344 del Código Civil por dicho concepto, cuando el fundamento del cargo se hace consistir en que tal precepto no regula o no corresponde a la situación fáctica debatida. Porque si esto fuera así, es decir, si en verdad tal disposición legal no corresponde a la situación de hecho controvertida, su posible infracción debió acusarse por aplicación indebida y nunca por errónea interpretación.

Como el planteamiento del cargo no corresponde a la fundamentación en que él se apoya su formulación resulta antitécnica, y ese defecto sería, por sí solo, suficiente para despacharlo negativamente.

2. No obstante lo anterior, entra la sala a examinar la cuestión de la solidaridad que sirve de fundamento al cargo.

Según el precitado artículo 2344, cuando dos o más personas incurren en un mismo hecho ilícito responden solidariamente, así se trate de hechos instantáneos o de extensa duración. Lo que interesa para los efectos de la solidaridad no es el proceso mismo causante del daño, sino su resultado. Por ejemplo, en el caso de homicidio cometido por varias personas en forma lenta y prolongada, como ocurre, verbi gracia, cuando diaria y sistemáticamente se intoxica a alguien con veneno colocado clandestinamente en los alimentos que ingiere, es cierto, que se trata de intervenciones distintas y separadas, dentro del proceso de agotamiento de la salud de la víctima, pero que constituyen apenas etapas en la producción de un resultado único: la muerte. 

Con sobra de razón debió prever el legislador colombiano que, en eventos como el del ejemplo dado, no pueden nacer obligaciones de indemnizar simplemente conjuntas, esto es, de objeto divisible, sino de obligaciones solidarias. El vínculo entre los agentes del hecho ilícito prolongado, y su víctima, tiene que ser uno solo, por el todo, sin perjuicio del commodum entre los deudores, o sea la repartición de la indemnización, una vez pagada por cualquiera de ellos, en justas proporciones entre los mismos, problema que en manera alguno atañe a la víctima acreedora, en cuyos derechos se subroga el deudor que paga la indemnización in integrum (C.C., art. 1579). 

No es pues de recibo la tesis de que el citado artículo 2344 sólo es aplicable a quienes simultáneamente cometen hecho ilícito determinado, de modo que si su intervención en éste es sucesiva e independiente, sea preciso dividir la indemnización proporcionalmente, a efectos de que la víctima la cobre por partes. Esto es, precisamente, lo que la disposición en comento se propone evitar, aliviando a la parte acreedora de la carga de probar hasta dónde llegó la intervención de cada uno de los agentes del ilícito, extremo que le resultaría, si no imposible, por lo menos muy difícil de demostrar, por ser ajeno al campo de sus actividades. 

3. Finalmente, para desechar la acusada violación que por aplicación indebida de los artículos 67 del Código Sustantivo del Trabajo y 25 del Código de Comercio trae el cargo, es suficiente recordar que, como lo reconoce el propio recurrente, la condena solidaria se fundó cardinalmente en el artículo 2344 del Código Civil y no en estos dos últimos textos. La invocación de ellos la hace la sentencia solamente para indicar una analogía y con ella una razón corroborativa de la conclusión a que en el punto llega.

El cargo es por tanto infundado.

B) La segunda demanda

En ésta, la sociedad “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” formula contra la sentencia de segundo grado cuatro cargos, tres de ellos dentro de la órbita de la causal primera de casación y el tercero con apoyo en la segunda, que la Corte entra a examinar en el orden que la lógica exige.

Cargo tercero

1. Mediante éste, la recurrente dicha, censura la sentencia “de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda”.

2. A intento de demostrar este cargo la recurrente hace un cotejo o parangón entre la petición primera de la demanda, y el ordinal 1º de la parte resolutiva de la sentencia del a quo, confirmado por el tribunal. Y basado en dicha labor de parangón, recuerda que a “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” se le acusó de haber arrojado al aire los gases sulfurosos causantes del daño en las instalaciones de la demandante; que la sentencia falló extra petita, porque condenó a las dos sociedades demandadas a pagar los daños “por haber sido causados por los gases que aquéllas arrojan al aire. O sea que —agrega— se le atribuye a Sulfácidos S.A. una causa de perjuicios que la demanda no mencionó: la de arrojar gases sulfurosos contra” las instalaciones de la demandante.

Concretando su objeción y el fin que con ésta persigue, asevera el recurrente que si una sola de las dos demandadas “fue la señalada como autora de arrojar gases según la demanda, la sentencia no puede ir más allá de lo pedido condenando a la otra por un acto del cual no se le acusa, ni en los hechos, ni en la parte petitoria de la demanda”. Y añade: “Al confirmarse el numeral primero de la sentencia del juzgado, por parte del tribunal de segunda instancia, se reafirmó en la providencia recurrida este error o motivo de incongruencia, que da lugar a que se case la sentencia, y en su lugar se absuelva a Sulfácidos S.A. de los cargos de la demanda”.

Se considera

1. Presupuesto indispensable para la procedencia del derecho de impugnación de las resoluciones judiciales, y por ende para el recurso extraordinario de casación, es la existencia de interés legítimo en el impugnador, el que se concreta en el agravio que la providencia cause al recurrente.

Haciéndose consistir sustancialmente este cargo de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales-Sulfácidos S.A.”, en que el tribunal condenó además a la sociedad “Sulfácidos S.A.”, cuando ha debido absolver a ésta, porque a ella “no se le acusa, ni en los hechos ni en la parte petitoria de la demanda”, de ello resulta que la aquí recurrente carece de interés para acusar incongruencia del fallo por dicho aspecto, desde luego que en el supuesto de que el error in procedendo existiera, antes de perjudicar a la recurrente la beneficiaría.

2. Pero si dejando de lado la observación precedente debiera la Corte entrar a estudiar en el fondo esta censura, tendría que decir, por las razones que se consignaron al despachar el cargo primero de la demanda de casación de la entidad “Sulfácidos S.A.”, que lejos de existir inconsonancia de la sentencia con la demanda hay entre ellas absoluta conformidad.

Como allá se vio, a las dos demandadas se les emplazó al proceso como participantes en la producción del ácido sulfúrico cuyas emanaciones causaron el daño; si la sentencia las condena precisamente por este hecho, no resulta lógico ni racional hablar de fallo disonante, mucho menos cuando en la petición subsidiaria paladinamente se las enjuicia por “arrojar al aire por sus chimeneas en forma permanente gases sulfurosos”.

3. Ha dicho la jurisprudencia de la Corte que como son las peticiones de los litigantes las que configuran la materia del debate judicial, la incongruencia como causal de casación tiene que buscarse confrontando la parte resolutiva de la sentencia, que es la que contiene la decisión del conflicto sometido a la jurisdicción, con las pretensiones deducidas en la demanda, o las excepciones propuestas por el demandado.

Cotejados pues estos extremos de la relación procesal, ni por asomo resulta la disonancia del fallo que por caminos diferentes pero con idénticos fundamentos, ambas demandadas le enrostran a la sentencia que combaten.

También se rechaza pues, esta censura.

Cargo primero

1. Con él se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 659, 2342, 2344 y 2356 del Código Civil, 30 de la Constitución Nacional; y el 76 del Código de Procedimiento Civil, por inaplicación, a causa de los errores de hecho en que habría incurrido el tribunal en la interpretación de la demanda y por apreciar erróneamente tanto las contestaciones a la demanda como la inspección judicial.

2. Desarrollando el cargo, dice el censor que los yerros fácticos que denuncia consisten en haber dado por probado en la sentencia, sin estarlo, la propiedad, y aun la posesión, del terreno e instalaciones de la fábrica de hilanderías objeto de los daños cuya indemnización busca la demandante; lo mismo que la identificación y determinación de los objetos “que en forma por demás genérica y vaga se mencionaron en la demanda”.

“En la demanda —dice el casacionista— no se especificaron en forma alguna las maquinarias por su marca, utilización o cantidad; ni se determinó la clase, destino y número de los muebles y enseres; ni se dijo de qué clase de equipo se trata, ni la denominación de las herramientas”; por consiguiente, agrega, esa identificación y determinación no pudieron hacerse cabalmente en la inspección judicial en la que “se refleja la misma imprecisión y vaguedad de la demanda sobre tal punto”.

3. Estima pues la censura, y así lo asevera en su demanda, que para el acogimiento de sus pretensiones era deber de la demandante traer al proceso la escritura por la cual adquirió el terreno, y demostrar luego la incorporación a éste de todas las instalaciones de la fábrica, que la ley reputa inmuebles por destinación, carga procesal que no cumplió.

Y rematando la formulación del cargo, dice que el artículo 2342 del Código Civil determina en forma taxativa a qué títulos específicos puede demandarse indemnización por daños en las cosas (propietario, poseedor, usufructuario, habitador, usuario o tenedor precario con obligación de responder por ellas); que ninguna de dichas calidades se demostró en el proceso.

Añade que la demostración y distinción “de la calidad en que actúa el sujeto que pretende la indemnización es de suma importancia, tanto como motivo legítimamente de la acción o pretensión, y también como factor para determinar el daño y estimarlo en dinero”.

Se considera

1. En la primera afirmación de hecho que trae la demanda, se dice paladinamente que “Hilanderías Medellín S.A. posee sus instalaciones industriales, en un vasto globo de terreno, situado en esta ciudad, en el sector sur, paraje de Guayabal”, cuyas alindaciones allí se consignan. La sociedad “Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, al contestar la demanda, expresó que la demandante “aparece como poseedora de un extenso globo de terreno situado en el sector sur, paraje Guayabal, de este distrito. No conozco los linderos del inmueble” (contestación al hecho 1º); que “... lo que sí es cierto es que en la fábrica de dicha sociedad hay instalaciones de aire acondicionado que producen humedad” (contestación al hecho 4º); y que “no hay relación directa de causa a efecto entre la operación de la planta de ácido sulfúrico y los daños que puedan haber ocurrido en las maquinarias y enseres de Hilanderías Medellín S.A.” (respuesta al hecho 11). Y la sociedad “Sulfácidos S.A.” dio respuesta al hecho primero de la demanda, exactamente con las mismas palabras que lo hizo su codemandada.

Si, pues, la demandante afirmó ser poseedora de las instalaciones industriales que resultaron averiadas por causa de la emanación del dióxido de azufre; y si, de otra parte, las dos demandadas reconocen en sus contestaciones a la demanda la posesión afirmada por aquélla, fuerza es aceptar que no erró de hecho el tribunal, y menos en forma de contraevidencia ostensible cuando al estudiar la legitimación en la causa de la actora dijo en su sentencia: “... en el caso de autos, cuando menos, estaría acreditado que Hilanderías Medellín es poseedora del complejo industrial que integra la factoría de que habla la demanda y aún los mismos escritos de réplica”.

Mucho menos resulta arbitraria la conclusión que en el punto sacó el ad quem, si se tiene en cuenta que numerosas pruebas que él analizó posteriormente, varias declaraciones de técnicos y otros testigos y muy diversos escritos que obran en los autos, las que la censura no ataca en este cargo, acreditan que los bienes afectados por las emanaciones de gases sulfurosos son integrantes de la empresa “Hilanderías Medellín S.A.”.

2. En cuanto a la inspección judicial practicada en la primera instancia, como en ella se lee, preciso es notar que se practicó en la empresa de la sociedad demandante; y que en dicha diligencia aparecen enumeradas todas las secciones de la fábrica de hilazas y toda la maquinaria que ha sufrido daño, por lo que resulta impertinente aseverar que el tribunal hubiera apreciado mal esa prueba en cuanto a la posesión de los bienes dañados o averiados.

Para desechar el error de hecho que en la apreciación de esta prueba el censor le endilga al ad quem, cabría agregar que el juez a quo, sin objeción alguna por parte de las demandadas, practicó la inspección judicial en el establecimiento que se dijo era de la demandante. Inadmisible resultaría, por lo inverosímil, aceptar que tal diligencia se llevó a cabo en instalaciones industriales de terceros, con la sorprendente ausencia de estos, en la falsa creencia de que se trataba de una fábrica de la compañía demandante.

3. Y si el cargo se dirige a sostener que ni la confesión de las demandadas contenida en los escritos de contestación a la demanda, ni tampoco la inspección judicial, constituyen pruebas eficaces para demostrar la posesión que sobre el establecimiento industrial invocó la demandante y que el sentenciador acepta, tal aspecto de la censura, por fundarse en yerro de valoración probatoria debió formularse en casación por la vía del error de derecho.

Por lo demás, si bien es verdad que la prueba del dominio de inmuebles es la escritura pública debidamente registrada, ello es absolutamente cierto en los litigios en que éste se discute, pero no en aquéllos en que dicha calidad es tangencial. No es lo mismo ciertamente, la pretensión reivindicatoria tendiente a recuperar un bien raíz de propiedad del demandante (acción real), que la pretensión de ser indemnizado por daños a bienes del dominio del actor (acción personal): en el primer caso, el objeto mismo del proceso es discutirle al demandado la propiedad de la cosa; en el segundo, no lo es, y por lo mismo su demostración no puede someterse al rigorismo que debe imperar en el primero.

Por lo dicho, esta impugnación no prospera.

Cargo segundo

1. Con él se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 30 de la Constitución Nacional, 66, 669, 2343, 2344 y 2356 del Código Civil, a causa de los errores de hecho en que habría incurrido el tribunal por la apreciación equivocada de algunas pruebas, y falta de apreciación de otras.

2. Como prueba que el sentenciador habría preterido en su fallo, el censor indica el certificado del revisor y contador de las compañías demandadas (fl. 67 C. 2); y como pruebas erróneamente apreciadas singulariza las siguientes: “Confesión de las demandadas al contestar la demanda (fls. 31 a 35 del C. 1); presunta confesión del apoderado de las demandadas en alegato de segunda instancia (fls. 4 y ss. C. 9); certificado de la Cámara de Comercio de Medellín sobre constitución, existencia y representación de las sociedades demandadas (fls. 5 a 8 y 9 a 12 del C. 2); certificado del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (fl. 34 C. 2); y declaración del doctor Hernán Botero M. en interrogatorio de parte (fls. 143 y ss. C. 3)”.

Concretando los yerros de facto que le enrostra a la sentencia, el impugnador afirma que consistieron en los siguientes: “a) En haber dado por establecido, sin estarlo, que la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” era propietaria de la planta de ácido sulfúrico a que se refiere la demanda; b) en haber dado por establecido, sin estarlo, que la compañía “Sulfácidos S.A.” era propietaria de la misma planta de ácido sulfúrico de que trata la demanda o tenía intereses en ella; c) en haber dado por establecido, sin estarlo, que desde el año de 1947 hasta la fecha de admisión de la demanda (agosto 25/70) las dos compañías demandadas explotaron u operaron, ya en forma conjunta o sucesiva, sin solución de continuidad la planta de ácido sulfúrico a que se refiere la demanda; d) en no haber dado por establecido, estándolo, que la Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A. produjo ácido sulfúrico, en la planta de Guayabal desde 1941 hasta fines de 1961; que desde fines de 1961 hasta fines de 1968 el ácido sulfúrico en la misma planta fue producido por “Promotora de Industrias Químicas S.A. – Proquímica”; y que de 1969 en adelante hasta marzo de 1972, la productora de ácido sulfúrico en la citada planta de Guayabal fue la sociedad Sulfácidos S.A.”.

De todo el extenso desarrollo que del cargo hace, el impugnador concluye que no está probado en el proceso quién fue el autor del daño cuya indemnización persigue la demandante; y que, en esta circunstancia, es improcedente acoger favorablemente las súplicas de la demanda mediante la aplicación de las disposiciones legales que cita en el encabezamiento de la censura.

Se considera

1. Al despachar el cargo primero de la demanda de casación de “Sulfácidos S.A.” se vio, con razones que la sala da por reproducidas aquí, que lejos de haber preterido el análisis del certificado de 10 de marzo de 1972 expedido por el revisor fiscal y el contador de la “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, el tribunal estimó que era ineficaz como prueba. Y este juicio de valoración probatoria que hace el sentenciador en relación con ese medio de demostración no se ataca, allá ni aquí, por la pertinente vía del error de derecho, que le dé base a la Corte para considerarlo.

Aquilatando aquella censura la Corte, después de transcribir las correspondientes respuestas que las demandadas dieron a la demanda, y su argumentación la da por reproducida aquí para desechar el error de hecho que al respecto denuncia este impugnante, que en ellas sí hay confesión de que las dos compañías demandadas, participaron, aunque en épocas diferentes, en la producción del ácido sulfúrico cuyas emanaciones causaron los daños en las instalaciones de la empresa demandante.

2. En su sentencia el Tribunal de Medellín afirmó que “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, fue empresaria de la planta de ácido sulfúrico, y que “Sulfácidos S.A.” lo es, porque de lo uno y de lo otro, a más de la confesión contenida en las contestaciones a la demanda, hay prueba suficiente en el proceso que así lo indica; no afirmó el ad quem, como lo asevera la censura, que las dos compañías explotaron esa planta, conjunta y simultáneamente o sin solución de continuidad, sino que ambas la explotaron, cada cual a su tiempo.

Dice, en efecto, que la explotación del ácido sulfúrico fue autorizada y se le concedió permiso de funcionamiento, que “la Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A. producía ácido sulfúrico desde 1941, de 1961 en adelante, hasta 1969 lo vendía, y que Sulfácidos S.A. empezó a producir dicha sustancia desde 1969”.

2. En la respuesta al hecho 5º de la demanda, el representante del Productos Químicos afirmó que esta compañía “no tiene planta de producción de ácido sulfúrico” (se resalta); reconoce, empero, al contestar el hecho 9º que sí la tuvo. Y en la contestación que el apoderado de Sulfácidos S.A. dio al mismo hecho 5º, negó que esta sociedad “mantenga en las cercanías de su empresa contaminaciones de ácido sulfúrico” (se resalta), lo cual significa que tiene esa producción actualmente.

¿Qué incidencia podría acusar el hecho de que no se demandara a otra persona que a más de las dos sociedades que sí lo fueron hubiera explotado la planta de producción de ácido sulfúrico? Nada dicen las recurrentes en casación, ni lo dijeron en las instancias del proceso, sobre indebida integración del contradictorio, lo que impide a la Corte revisar dicho aspecto procesal.

4. En fin, no apreció erradamente el tribunal la escritura de constitución, existencia y representación de “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, ni los certificados de la cámara de comercio referentes a ésta y a la compañía “Sulfácidos S.A.”, pues en dichos documentos, como lo expresa la sentencia, se les asigna como objeto social precisamente la explotación de ácido sulfúrico.

Cabe agregar, finalmente, que la sentencia no dedujo de tales certificados, ni tampoco del expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, que la explotación de la sustancia dicha la efectuaran ambas sociedades conjunta y simultáneamente. Lo que al respecto expresó, fundándose para ello cardinalmente en las respuestas a la demanda fue que las dos compañías participaron en la producción y explotación de ácido sulfúrico pero en épocas diferentes. Y como el ataque contra la apreciación del ad quem fundada en esa prueba ha salido ileso, los demás yerros de apreciación en el punto, en caso de existir, carecerían de trascendencia.

Por lo dicho, se rechaza el cargo.

Cargo cuarto

1. Con éste se acusa el fallo de segundo grado de infringir indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 2344 y 2356 del Código Civil, 67 del Código Sustantivo del Trabajo y 25 del Código de Comercio, como consecuencia del error de hecho evidente en que habría incurrido el tribunal al interpretar la demanda.

2. En su desenvolvimiento, dice el impugnante que el yerro de interpretación que denuncia consiste en que el sentenciador “consideró que la pretensión de la actora se dirigió contra la Sociedad Sulfácidos S.A., considerándola como causante conjunta con “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, de los daños ocasionados a la demandante”; y en no haber entendido el libelo inicial “en la forma como fue propuesto, o sea con fundamento en la responsabilidad extracontractual de “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.” por razón de explotación de una planta de ácido sulfúrico; y la responsabilidad de Sulfácidos S.A., en un pretendido fraude a la ley por haber usado en su razón social la expresión “Sulfácidos...”.

Añade que la sentencia no interpretó la demanda “como aparece en su texto y de su intención, sino que resolvió colocar a las dos demandadas como responsables solidarias de los hechos culposos que se le atribuían a “Compañía de Productos Químicos Nacionales – Sulfácidos S.A.”, y dispuso condenarlas, también solidariamente, al pago de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. De allí surgió el evidente error de hecho”.

Se considera

De la postulación y fundamentación que el recurrente hace de este cargo, resulta palmar que esta última censura contra la sentencia de segundo grado constituye un compuesto de los dos cargos formulados en la primera demanda, o sea de la presentada por la compañía “Sulfácidos S.A.”, sin agregar argumento nuevo alguno, por lo cual resultaría ocioso que, para desecharlo, la sala repitiera todo lo expuesto al examinar aquéllos.

Por lo tanto, también se rechaza este cargo.

IV. Consideración final

1. Sin embargo de que, como brota del contexto de las dos demandas de casación que se han analizado, ninguno de los recurrentes impugna la sentencia del Tribunal de Medellín en lo que atañe a la cuestión de fondo que constituye el objeto del proceso, esto es, la responsabilidad civil por la contaminación del medio ambiente, con el propósito de cumplir la función unificadora de la jurisprudencia nacional, que es objetivo primordial de la casación, la Corte estima necesario exponer aquí, así sea brevemente, su criterio en torno a la questio juris planteada, que constituyó el soporte cardinal de las resoluciones condenatorias a que llegaron los juzgadores de instancia y sobre cuyos naturaleza y caracteres aún no se ha pronunciado la jurisprudencia colombiana.

Y al pronunciamiento enunciado se procede porque, como con acierto lo expone la doctrina universal, a través de la casación la misión de la Corte Suprema no es sólo la restauración del derecho objetivo perturbado, cuando lo ha sido por la sentencia combatida, sino también y fundamentalmente la afirmación de una doctrina que, con relación a las normas legales aplicadas en el fallo impugnado y con la subsunción de los hechos a las mismas, ofrezca a la comunidad garantías de certeza y estabilidad en el presente y para el futuro.

2. Sostiene la demandante que las dos compañías demandadas, como empresarias de una planta de producción de ácido sulfúrico que funciona a 250 metros de distancia de la fábrica de hilazas que aquélla explota, le ha causado graves perjuicios desde hace varios años a sus instalaciones, maquinaria y equipos, como consecuencia de las emanaciones permanentes de “gases residuales en cantidad tal que equivale a 700 kilogramos por día de dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso (SO2), o sea un poco más de una tonelada diaria de ácido sulfúrico”, representada en 100 miligramos de esa nociva sustancia por cada metro cúbico de aire, cuando la proporción internacionalmente aceptada no excede de 12 a 13 miligramos.

Se trata, entonces, de aquilatar, para dilucidarla, la cuestión de si una empresa industrial tiene o no el derecho de contaminar así la atmósfera en perjuicio de terceros.

3. Quienes idearon y aún sostienen, en el terreno de la responsabilidad civil, la llamada teoría del riesgo creado, tuvieron el indiscutible acierto de llamar la atención hacia un hecho que por su trascendencia se presenta como relevante en el panorama de la vida social moderna: el uso constante y progresivo de máquinas y fuerzas motrices, la mayoría de ellas descubiertas o inventadas, y puestas al servicio del hombre en el transcurso del siglo XX, ha traído como secuela el factor peligrosidad, que ciertamente se lo consideró de escasa importancia en épocas pretéritas.

Tal es, a la postre, el aspecto positivo de la teoría en comento. Porque su aspecto negativo, o sea el de propugnar por la abolición del criterio ético de la culpa como fundamento de la responsabilidad civil aquiliana, para sustituirlo con el simplemente objetivo del riesgo creado y cuya justificación preténdese encontrar en el aforismo ubi emolumentum íbi onus, ha sido desaprobado por la jurisprudencia de algunos países, entre ellos Colombia. En estos, la solución que generalmente se ha dado al problema no se aparta de la clásica: del daño causado en el ejercicio de una actividad peligrosa se presume la culpa del agente, presunción que subsistirá entre tanto no se la infirme con la prueba de la fuerza mayor, del caso fortuito, de la intervención de un elemento extraño, dentro del cual cabe el error de conducta de la víctima.

4. Las actividades peligrosas derivadas del uso de la máquina y de las fuerzas motrices presentan, empero, un nuevo aspecto, más actual y acaso de mayor transcendencia que el del simple riesgo: muchos de esos elementos de corriente empleo en el medio social, comportan no solamente la amenaza de llegar a lesionar a terceros (accidente aéreo, colisión de automóviles, estallido de una caldera, verbi gracia), sino que de hecho, por la mera circunstancia de hacerse uso de ellos, producen daños de diversa índole, aparentemente inevitables, cuales son los ruidos ensordecedores (aviones, ferrocarriles, autobuses, motocicletas, fábricas), los olores desagradables (plantas de abonos orgánicos), las contaminaciones letales (fumigación aérea), las trepidaciones o vibraciones capaces de destruir instalaciones de diverso género (decolaje o aterrizaje de aeronaves, estallidos de dinamita u otros explosivos), las corrosiones (gases residuales de ciertas fábricas), el humo que afecta la salud humana y deteriora equipos y enseres (chimeneas de instalaciones industriales), para no citar sino algunos ejemplos.

Independientemente de la reglamentación que el Estado dé a estas actividades, socialmente útiles y aun necesarias pero también peligrosas, el derecho civil no puede mostrarse indiferente ante las consecuencias nocivas que traen para los integrantes del conglomerado social. Es preciso, entonces, husmear las fuentes de la responsabilidad civil para encontrar una solución justa, y ésta se halla dentro del ámbito del principio romano naeminem laedere, fundamento clásico e insustituible de la responsabilidad aquiliana.

5. Dentro del inmenso y cada día más creciente campo que abarca esta especialísima rama del derecho, doctrinas y jurisprudencias foráneas han ubicado el asunto planteado precisamente en el terreno de la teoría del abuso del derecho, cuyos lineamientos generales, por lo que toca con el derecho civil colombiano, podrían definirse así: a) generalmente los derechos subjetivos pueden y deben ejercerse sin causar daño a los demás, y b) por excepción, los hay que no pueden ser ejercidos sin lesionar un derecho ajeno.

Los derechos que integran la primera de estas dos clases constituyen, como se deja dicho, la regla general. Nadie puede hacer uso de ellos, ciertamente, en perjuicio de terceros. La ley no los ha reconocido o conferido como facultad que permita atentar contra el derecho ajeno, sino como medio legítimo de satisfacción de necesidades individuales o colectivas sin perjuicio de los demás. El que daña a otro so pretexto de usar de un derecho cuyo ejercicio no implique ineludiblemente daño ajeno, no está ejerciéndolo, sino abusando de él. Por lo consiguiente, incurre en hecho ilícito el que cree o aparenta estar usando legítimamente un derecho de que en realidad no está sirviéndose dentro del límite que ordinariamente tienen los derechos: naeminem laedere, no dañar a otros. Si este hecho ilícito es cometido dolosa y culposamente, o sea, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito, el agente del daño es civilmente responsable por abuso del derecho.

Ejemplo de esta clase de derechos es el más común de ellos: el dominio o propiedad, que confiere a su titular facultad para usar, gozar y disponer de una cosa corporal “no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”, según la preceptiva contenida en el artículo 69 del Código Civil Colombiano. De ésta resulta que si el dueño de la cosa la usa, la disfruta o dispone materialmente de ella en detrimento del derecho de otra persona, con estrictez jurídica procede decir que no ejerce su derecho de dominio, sino que abusa de él y que por tanto se hace responsable en frente de su víctima.

Muy excepcionalmente, según también quedó expresado, hay determinados derechos que sólo pueden ejercerse causando daño, como son, verbi gracia, el de la legítima defensa (C.P., art. 25) y el de construir un pozo artesiano en suelo propio en perjuicio del vecino (C.C., art. 1002). No es lícito, empero, ejercer estos derechos, y por ende su ejercicio genera responsabilidad aquiliana, cuando el daño que se causa es desproporcionado, ora en relación con la agresión que se afronta, ya con la utilidad o provecho que el agente reporte, respectivamente, es decir, cuando el perjuicio causado resulta excesivo.

En tal hipótesis, haya dolo o simple culpa, esto es, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito, el titular del derecho lo ha ejercitado abusivamente y es responsable por hecho ilícito. Y, no sobra decirlo, la culpabilidad del agente del daño aquí también se presume, porque los hechos ilícitos deben suponerse libremente ejecutados mientras lo contrario no se demuestre.

6. Enlistados en la primera clase indicada, quedan los derechos de hacer uso de máquinas y fuerzas motrices. Y es palmar que muchos de estos elementos, por el solo hecho de ser utilizados, producen daños que afectan a terceros en menor o mayor escala, como se aprecia claramente en algunos de los casos atrás citados a guisa de ejemplos: hasta donde hoy ha llegado la técnica, los vehículos automotores, las fábricas, las sustancias explosivas, no podrían actuar sin producir humos ni ruidos. Los primeros han sido y continúan siendo la causa del alarmante problema de la contaminación del medio ambiente, que, por los excesivos inconvenientes que trae consigo, ha impulsado a los científicos del universo a estudiarlo en pos de la búsqueda de soluciones para evitarla o cuando menos para reducirla en sus efectos nocivos.

Esta especie de daño, empero, escapa al dominio del derecho civil mientras no se trate, lo que es poco frecuente, de agente y víctima determinados. La contaminación ambiental es por lo común fenómeno de etiología colectiva y, consiguientemente, anónima, incapaz de generar un vínculo jurídico entre sujetos concretos.

Mas, cuando quiera que la lesión causada por la contaminación ambiental sea imputable a persona determinada y la sufra una víctima también determinada, allí surge la cuestión de la responsabilidad civil, por la razón apodíctica de que si bien es verdad que numerosas máquinas y fuerzas motrices producen daños en sí mismos, se puede sin embargo procurar que no los causen a determinadas víctimas. Así, el decolaje y aterrizaje de aeronaves, por ejemplo, implican de suyo la producción de gases, trepidaciones y ruidos más o menos insoportables; pero si los aeropuertos se construyen en lugares prudentemente retirados de los perímetros urbanos, tales fenómenos no afectan a persona alguna. Igualmente, una fábrica de abonos orgánicos, o de ácidos tóxicos o nocivos difícilmente podría funcionar sin que de sus instalaciones escapen desagradables olores; mas a ningún particular afectarán estos, si la planta de elaboración o los depósitos de materia prima se sitúan en despoblado, o si se toman determinadas y precisas precauciones técnicas que neutralicen los olores dichos. Así, en fin, las chimeneas de las instalaciones industriales dejan escapar frecuentemente humos venenosos y en ciertos casos hasta letales; sin embargo, ubicándolas adecuadamente, o adoptando determinadas medidas, como el lavado científico de los gases o la construcción convenientemente elevada de las chimeneas dichas, el vecindario no sufre perjuicio.

7. La vida en sociedad no sería posible, ciertamente, si los asociados no debieran aceptar algunos inconvenientes resultantes de actividades que sean socialmente útiles y aun necesarias. Pero si ello es verdad, desde el punto de vista jurídico no lo es menos que esos inconvenientes sólo deben ser sufridos por las víctimas cuando ellos no sobrepasen lo que es considerado como ordinario o normal; los inconvenientes extraordinarios, precisamente por resultar excesivos, no están autorizados y por ello constituyen injusto ataque al derecho de otros, que por tanto, compromete la responsabilidad civil del agente.

Cuando los empresarios no realizan todo lo que humana y técnicamente debe ejecutarse para evitar perjuicios que a terceros pueda causar el funcionamiento de una fábrica, y los daños se producen, la incuria de aquéllos en el desarrollo de la actividad compromete su responsabilidad civil, por la muy obvia razón de que al ejercitar su propio derecho no se comportan como un hombre avisado, prudente y razonable.

En el campo del derecho civil, se repite, nadie puede, salvo muy contadas excepciones expresamente previstas en la ley, ejercitar una actividad cualquiera, por ilícita que sea, dañando a los demás, amparándose en el pretexto de que, a pesar de suponer normalmente un daño colectivo a corto o largo plazo, es útil o necesaria para el desarrollo industrial del país. Si alguien demuestra haber sufrido daño a causa de ella y señala al agente que la ejerce, tiene derecho a ser indemnizado del perjuicio sufrido, salvo prueba de fuerza mayor, o caso fortuito o de la culpa exclusiva de la propia víctima. 

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de diecisiete (17) de febrero de mil novecientos setenta y cinco (1975), proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Las costas del recurso extraordinario son de cargo de las recurrentes. Tásense.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

Aurelio Camacho Rueda—Ernesto Escallón Vargas—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Humberto Murcia Ballén—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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