Sentencia AC-10966 de agosto 8 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA

POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS E INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «Se pretende la pérdida de investidura de congresista del doctor Darío Saravia Gómez, con fundamento en las causales de tráfico de influencias debidamente comprobado regulada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Nacional y artículo 296-5 de la Ley 5ª de 1992 e indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4º del artículo 183 citado y artículo 296-4 de la Ley 5ª de 1992.

La Sala procederá al examen de las mismas en el orden mencionado a fin de establecer si la conducta imputada al demandado se halla plenamente acreditada en el proceso y si la misma configura alguna de las causales referidas.

1.La causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.

El numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Nacional establece:

"Los congresistas perderán su investidura: (...).

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

Y el artículo 296-5 de la Ley 5ª de 1992 prescribe:

"La pérdida de la investidura se produce: (...).

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobadas".

Es claro, en uno y otro caso, que la causal así enunciada no tiene definición legal, circunstancia que ha determinado su operatividad a partir de la interpretación y aplicación por parte del juez.

La jurisprudencia de la corporación ha definido esta causal utilizando como criterio auxiliar la remisión a la definición legal del punible tipificado en el artículo 147 del Código Penal modificado por el artículo 25 de la Ley 190 de 1995. “Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público", a fin de deducir los elementos que la estructuraran, así:

“Con el fin de estructurar los elementos que podrían configurar el tráfico de influencias para efecto de la pérdida de investidura de los congresistas, tomando como referencia las disposiciones antes enunciadas y lo que la doctrina ha dejado sentado en materia disciplinaria sobre el particular, tenemos que ellos serían: Que se trate de persona que ostente la calidad de congresista; que se invoque esa calidad o condición; que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones; con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer” (2) .

(2) Sentencia de Sala Plena de 96-07-30. Exp. AC-3640. M.P. Dr. Silvio Escudero Castro. En el mismo sentido ver sentencia de Sala Plena de 2000-10-03. Exp. AC-10.529, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.

Existen sin embargo algunos criterios que discrepan de la remisión a la ley penal, atendiendo principalmente a que la Corte Constitucional determinó qué responsabilidad disciplinaria era diferente y separable de la penal (3) y proponen interpretar el precepto teniendo en cuenta que las palabras que no tienen definición en la ley deben ser tomadas en su sentido natural y obvio, conforme al uso general de las mismas palabras, tal como lo ordena el artículo 28 del Código Civil. Algunas aclaraciones de voto a varias sentencias de la corporación ilustran esta tendencia (4) .

(3) Sentencia de Corte Constitucional C-319 de 14 de julio de 1994.

(4) Aclaración de voto a la sentencia de 30 de julio de 1996. Exp. AC-3640, Dr. Libardo Rodríguez R.

Recientemente la Sala acogió un criterio que propugna un alejamiento del marco conceptual de origen penal, al tiempo que anuncia la revisión del reiterado en sentencia reciente (5) en los siguientes términos:

(5) Sentencia octubre 3 de 2000. Expedientes AC-10.529 y AC-10.968. M.P. Dr. Darío Quiñones P.

"La causal "tráfico de influencias" presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado" (6) .

(6) Sentencia Sala Plena de 2000-11-28. Exp. AC-11.349. M.P. Olga Inés Navarrete.

No obstante, concluye afirmando como elementos estructurales de la causal los mismos determinados en la sentencia de julio 30 de 1996, expediente AC-3640, M.P. Dr. Silvio Escudero Castro.

En el artículo 147 del Código Penal modificado por el artículo 25 de la Ley 190 de 1995 se estableció el tipo llamado "tráfico de influencias para obtener favor de servidor público" denominación cuyo tenor literal coincide en lo esencial con la de la causal de pérdida de investidura y a cuya descripción típica se debe acudir para interpretar el alcance de aquella por hacer parte del ordenamiento jurídico y porque las palabras de la ley constituyen la referencia obligada para su interpretación y marco infranqueable de la misma sin que constituyan, por tanto, el fundamento único de ella. Esto no significa, en manera alguna, que la causal sea el delito o lo contrario; resulta claro que el alcance de la causal es mayor en la medida en que además de tutelar la administración pública salvaguarda valores como la dignidad de la investidura del congresista.

La Sala precisa que se puede realizar el tráfico frente a cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se encuentre, no necesariamente ejerciendo presión hacia un subalterno sino obteniendo el asentimiento de servidor público de cualquier rango. La esencialidad de la conducta proscrita consiste en que un congresista, merced a su condición de tal, obtenga de servidor público para sí o para un tercero, dinero o dádiva o la promesa de los mismos, sin causa lícita. Según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo tráfico significa acción de traficar, y traficar, en su tercera acepción, significa hacer negocios no lícitos.

(...).

Realizado el análisis de los hechos aducidos y probados en el proceso la Sala concluye que el demandado Darío Saravia Gómez obtuvo del doctor Armando Pomárico que ordenara a Saud Castro la adjudicación del contrato 1998 de 1999 a Guillermo Olaya Díaz, la cual efectivamente se cumplió por parte de Castro y por ello recibió de Olaya Díaz, como contraprestación, la cantidad de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000). En consecuencia, incurrió en la causal de pérdida de la investidura de "tráfico de influencias debidamente comprobado” prevista en el artículo 183-5 de la Constitución Nacional y artículo 296-5 de la Ley 5ª de 1992.

5. Segundo cargo: “indebida destinación de dineros públicos”.

La corporación se ha ocupado de definir la causal de indebida destinación de dineros públicos en varias oportunidades, haciendo énfasis en la existencia de tipos penales que la configuran sin que implique asumir que la comprenden exhaustivamente. Vale decir, que aparte de aquellos la causal se configura igualmente por la realización de otras conductas no necesariamente delictivas. Ha discurrido así la corporación:

“Si se miran con atención las hipótesis descritas por la ley penal, se deduce, entre otros, es elemento esencial en la tipificación punitiva la circunstancia de que los bines de los cuales el empleado oficial se apropie (art. 133) o, indebidamente, use o permita su uso (art. 134), o les dé aplicación oficial diferente (art. 136), o culposamente dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen (art. 137), debe haberle sido confiados “en administración o custodia”, por razón de sus funciones.

Administración; en su acepción económica, está definida por el diccionario de la lengua española “la que tiene a su cargo la recaudación de las rentas y el pago de las obligaciones públicas” y el verbo custodiar como "guardar con cuidado y vigilancia"; en ese sentido el congresista por regla general, no tiene, por razón de sus funciones, la administración o la custodia de bienes del Estado; los que de él recibe no le son entregados en tales condiciones sino a título de destinatario de los mismos para —como en este caso— sufragar sus necesidades de transporte y estadía en cumplimiento de una comisión oficial en el extranjero (7) .

(7) Sentencia del 19 de octubre de 1994. Expediente AC-2102. M.P. Dr. Juan de Dios Montes.

"No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que destinación, como acción y efecto de destinar, significa ordenar, señalar, aplicar o determinar una cosa para algún fin o efecto; por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, aquella se torna indebida, cuando quiera que recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario. Ha de precisarse, sin embargo que, en el caso de la causal cuarta del artículo 183 de la Constitución, la indebida destinación de dineros públicos no necesariamente se configura, ni mucho menos exclusivamente, porque la utilización, ordenación o aplicación de esos específicos dineros públicos por parte del congresista, se realice en forma ilícita, esto es, con transgresión de los linderos del derecho penal. En otros términos, no es de la esencia, ni tampoco el único comportamiento para la estructuración de dicha causal, que la conducta del congresista sea constitutiva o esté, tipificada en la ley penal como hecho punible".

"Entre la gama de conductas que pueden dar lugar a la causal en cuestión, si bien algunas de ellas al tiempo se encuentran definidas en la legislación penal como delitos, tales como: el peculado por apropiación por uso, o por aplicación oficial diferente (C.P., arts. 133, 134 y 136), el enriquecimiento ilícito (C.P., art 148), el interés ilícito en la celebración de contratos (C.P., art. 145), el trámite de contratos sin observancia de los requisitos legales (C.P., art. 146), ellas no son las únicas a las que se refiere el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución, por cuanto existen otras más que perfectamente pueden quedar comprendidas en esta especifica causal de pérdida de investidura, en tanto consistan en la aplicación de dineros públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o reglamentariamente preestablecido, sin que necesariamente las mismas estén tipificadas en delitos”.

Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros si autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.

En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, pero su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos.

Por lo anterior, dada la posibilidad constitucional y legal de que respecto de una misma conducta de un congresista puedan concurrir, tanto la responsabilidad penal como la disciplinaria, lo mismo que por la independencia y autonomía existente para su investigación, juzgamiento y penalización, en sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo 2º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, que condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria, la Corte Constitucional manifestó:

"Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario exigible al congresista que incurriere en la comisión de una de las conductas que el constituyente erigió en causa de pérdida de investidura, es perfectamente diferenciable y separable de la penal que la misma pudiera también originar, por haber incurrido en un delito, independientemente de la acción penal. (...).

“Agrégase a lo anterior que la existencia de estos dos tipos de responsabilidad separables y autónomos es, por lo demás, lo congruente con las razones que inspiraron al constituyente para consagrar, con los propósitos que ya se mencionaron, un sistema más severo que estuviese a disposición de los ciudadanos, para sancionar los comportamientos que atenten contra la dignidad de la investidura de congresista, alejada de cualquier proceso previo de carácter penal”” (9) .

(9) Sentencia del 30 de mayo de 2000. Expediente AC-9877. M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar.

"De manera que la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a) Cuando destina dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

a) (sic) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

b) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

c) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

f) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

g) Cuando la aplicación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros." (10) .

(10) Sentencia de 3 de octubre de 2000. Expedientes AC-10.529 y AC-10.968. M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.

Los textos de jurisprudencia transcritos condensan en lo esencial el itinerario de la interpretación de la Sala desde el origen de la causal donde se advierte el interés de deslindarla del marco conceptual penal. No obstante, aparece como uno de sus elementos el que los dineros públicos indebidamente destinados deben haber sido entregados al congresista en administración o en custodia y que la acción prohibida debe enmarcarse dentro del ejercicio de su competencia funcional. Sin perjuicio de lo anterior, en sentencia de 23 de mayo de 2000 (11) la Sala Plena había sostenido:

(11) Sentencia de 23 de mayo de 2000. Expediente AC-9878. M.P. Alejandro Ordóñez M.

"Podría pensarse que las irregularidades durante cualquier etapa de la actividad contractual, y la autorización en este caso es una de ellas, constituirían celebración indebida de contratos pero por sí misma ésta no implicaría indebida destinación de dineros públicos. Si bien es cierto ambas son conductas disimiles no tienen la virtualidad de excluirse, por el contrario, ya fuere por desconocimiento de los requisitos formales o por ilicitud en el objeto, la indebida celebración puede ser el medio para que se destinen indebidamente fondos públicos como acontece en el sub-lite, donde por negligencia u omisión en la verificación de la conveniencia o necesidad del objeto a contratar se afectaron fondos públicos contratando con objetos inconvenientes, innecesarios o prohibidos por la ley.

Podemos concluir que la causal de pérdida de investidura comentada se configura como consecuencia de la conducta de quien administra directamente el erario y también se estructura como consecuencia de la indebida celebración de contratos como ocurre en el caso presente.

Lo anterior es así puesto que, en el proceso de pérdida de investidura la conducta que se examina es sustancialmente distinta de los tipos penales, mientras en aquellos para que se configure la “indebida destinación de dineros públicos”, se requiere que estos hayan sido confiados en administración o custodia por razón de sus funciones, en la pérdida de investidura por tratarse de un proceso de naturaleza político-disciplinaria, cuyas normas ostentan un sentido eminentemente ético, basta para que se configure la causal con la omisión de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de las funciones del congresista que ocasionen o permitan la incorrecta, ilícita e injusta destinación del patrimonio público.

Si se pretendiera circunscribirla a las irregularidades cometidas por el congresista en la administración y custodia de bienes del Estado, se haría nugatoria tal causal, prevista por el constituyente en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política en el mismo numeral del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, puesto que son excepcionales los momentos en que estos están ante dichas circunstancias” (resaltado fuera del texto).

5.1. La Sala prohíja esta hermenéutica jurídica, particularmente en cuanto a reiterar que el núcleo esencial de la conducta proscrita consiste en destinar indebidamente dineros públicos y ello, en tratándose de congresistas que por regla general, por razón de la naturaleza de las funciones públicas que les están atribuidas no tienen la administración o custodia de bienes públicos, limitaría injustificadamente la configuración de la causal a pesar de que el imputado haya dado lugar con su comportamiento, no necesariamente funcional, al agotamiento del hecho prohibido de destinar indebidamente dineros públicos.

La Sala retoma el criterio de interpretación, plasmado en la sentencia de 23 de mayo de 2000 citada, circunscrito a la “omisión de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de las funciones del congresista que ocasionen o permitan la incorrecta, ilícita e injusta destinación del patrimonio público” referidas al caso particular de la celebración de contratos en la cámara de representantes, porque considera que la causal comprende igualmente conductas como la desarrollada por el demandado en este proceso.

Los demandantes afirman que el representante Saravia Gómez incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos al haber recibido de manos del contratista Olaya Díaz la cantidad de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000) en dinero efectivo como retribución por haber obtenido la adjudicación del contrato a favor de aquel y que esos dineros hacían parte del anticipo pactado en el contrato 1998 de 1999 y pagado al contratista; que como tal estaba destinado a financiar la ejecución del contrato.

Los hechos probados

De conformidad con el análisis y valoración en conjunto de los medios de prueba aportados al proceso realizado en el examen del primer cargo, al cual se remite la Sala, se encuentra plenamente acreditado en el proceso que el demandado Darío Saravia Gómez recibió de parte del contratista Jorge Olaya Díaz la cantidad de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000) como contraprestación por la adjudicación a su favor del contrato 1998 de 21 de diciembre de 1999, celebrado con la Cámara de Representantes.

El demandado, además de obtener del presidente de la corporación doctor Pomárico Ramos que impartiera la orden para que le fuera adjudicado el contrato 1998 de 1999 al señor Olaya Díaz, y de Saud Castro Chadid que así lo hiciera, en cumplimiento del acuerdo que su cuñado Caballero Zambrano había pactado con Olaya Díaz recibió de manos de éste la suma referida que hacía parte del anticipo del contrato 1998 de 1999 entregado por la Cámara de Representantes para la debida ejecución del mismo y determinó con su actuación la indebida destinación de esos dineros.

La jurisprudencia de la sección tercera ha definido el anticipo en los siguientes términos:

“El anticipo es pacto en el contrato regulado por la ley, que proviene de la autonomía de la voluntad, que genera obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, en momentos diferentes. En una primera instancia es obligación del contratante y derecho del contratista, de entregar y recibir —previa constitución de la garantía—, respectivamente, una suma determinada de dinero, con cargo a los recursos del contrato, con el objeto financiar al contratista en las prestaciones a su cargo (adquisición de bienes, servicios, obras etc). En segunda instancia el anticipo, en su resultado, constituye una obligación del contratista y un derecho del contratante, en los siguientes aspectos: — De inversión en los objetos determinados en el contrato y de pago por amortización, por parte del contratista. — De recibir, por amortización y/o hacer efectiva la garantía de anticipo o de cumplimiento, según el estatuto de contratación vigente, por parte del contratante, por hechos del contratista que impliquen mal manejo o incorrecta inversión de los dineros de propiedad pública. Las partes contratantes, acuerdan además en el contrato, las condiciones de efectividad, la proporción con el valor del contrato, la oportunidad en que debe entregarse, la vigilancia estatal sobre las sumas y las amortizaciones” (12) . (negrilla fuera del original).

(12) Sentencia de sección tercera de 13 de julio de 2000. M.P. Ma. Helena Giraldo.

No cabe entonces la menor duda de que los dineros entregados al contratista a título de anticipo en las condiciones descritas por la jurisprudencia son dineros públicos porque no se entregan como pago anticipado, lo cual haría propietario al contratista, y están destinados por la ley y el contrato a la financiación de su ejecución y, el hecho de que se hayan destinado al pago de comisiones por la adjudicación del contrato a favor del congresista demandado, tal como se acreditó en el proceso, configura la causal de pérdida de investidura de congresista prevista en el artículo 183-4 de la Constitución Nacional y artículo 296-4 de la Ley 5ª de 1992.

El cargo en consecuencia prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Niégase la solicitud de nulidad procesal incoada por el apoderado del demandado.

2. Decrétase la pérdida de investidura de congresista del representante a la cámara Dr. Darío Saravia Gómez.

3. Comuníquese esta sentencia a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la presidencia del Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 8 de 2001. Expedientes acumulados AC-10.966 y AC-11.274. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

ACLARACIÓN DE VOTO

No obstante que comparto la decisión adoptada por la Sala, quiero aclarar que el concepto que maneja la sentencia al expresar en la página 50: "no cabe entonces la menor duda de que los dineros entregados al contratista al título de anticipo en las condiciones descritas por la jurisprudencia son dineros públicos porque no se entregan como pago anticipado, lo cual haría propietario al contratista, y están destinados por la ley y el contrato a la financiación de su ejecución ...".

Es cierto que existe diferencia, por la naturaleza del pago, entre el anticipo y el pago anticipado. Pero en el anticipo si bien no es un pago, se trata de unos dineros entregados al contratista para que los invierta en los gastos iniciales de ejecución del contrato con la obligación de restituir esos valores en forma paulatina, o en su totalidad, si es el caso, al momento de finalizarse la relación contractual sin que se hubiera amortizado el mismo.

Lo anterior significa que los dineros entran a las arcas del contratista con una naturaleza que puede corresponder a un mutuo, lo que lo hace propietario pero con la obligación de restituir el mismo valor. De ahí que no se puede concluir con toda certeza, como lo hace la sentencia, que los dineros del anticipo sean dineros públicos.

Juan Ángel Palacio Hincapié 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «II. A propósito del contrato 1998 de 21 de diciembre de 1999 celebrado entre la Nación, Cámara de Representantes, contratante, y el señor Guillermo Olaya Díaz, contratista, en la sentencia se hizo esta afirmación:

"No cabe entonces la menor duda de que los dineros entregados al contratista a título de anticipo en las condiciones descritas por la jurisprudencia son dineros públicos que no se entregan como pago anticipado [...]".

Es un error y, desde luego, son erróneas las conclusiones que se deduzcan de esa premisa errónea.

Las obligaciones, según la noción más generalmente aceptada, es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona debe realizar a favor de otra una determinada prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

La prestación de dar tiene por objeto la transferencia de la propiedad; la de hacer, la realización de un hecho, y la de no hacer, una abstención.

El contrato, conforme al artículo 1494 del Código Civil, es fuente de obligaciones, entre otras. Y contrato, dice el artículo 1495, "es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas".

Las obligaciones se extinguen de diversos modos, pero principalmente por la solución o pago efectivo, conforme al artículo 1625, numeral 1º, del Código Civil.

Y el pago efectivo, dice el artículo 1626 del mismo código, "es la prestación de lo que se debe".

Así, por ejemplo, paga el vendedor que da al comprador la cosa vendida, y paga el comprador que da al vendedor el precio de la misma en dinero; paga el arrendador que concede al arrendatario el goce de la cosa arrendada, y paga el arrendatario que da al arrendador el precio convenido; y paga, igualmente, el deudor de una prestación de no hacer mientras no ejecute el hecho prohibido.

Entonces, toda prestación de lo que se deba, todo cumplimiento de obligaciones, constituye pago.

En cláusula segunda del contrato 1998 de 21 de diciembre de 1999, se estipuló:

"Cláusula Segunda. Valor. El valor neto del presente contrato se estima en la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000) moneda corriente; y cubre la totalidad de los costos, gastos, administración, impuestos, imprevistos y utilidades del contratista necesarios para la ejecución cabal del objeto.

PAR.—El contratista manifiesta expresamente que en la fijación del precio ha tenido en cuenta todos los factores que inciden en el mismo, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que afectan la ejecución del objeto contractual, razón por la cual renuncia expresamente a cualquier reclamación por los aspectos antes citados en materia de restablecimiento de la ecuación financiera del contrato".

Y en la cláusula tercera:

"Cláusula Tercera. Forma de pago. La contratante pagará al contratista el valor convenido en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. en pesos colombianos, así: a). Como anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor del presente y contrato, es decir, la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) moneda corriente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, y b) El cincuenta por ciento (50%) restante, es decir, la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) moneda corriente, en mensualidades vencidas previa presentación de la solicitud de pago, con el lleno de los requisitos administrativos exigidos por la contratante y la presentación de la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato".

Siendo así que la Nación, Cámara de Representantes, mediante el contrato 1998 de 21 de diciembre de 1999 se obligó a pagar al contratista, como anticipo, parte del precio del contrato, la suma de $ 40.000.000, ¿cómo decir que los dineros así entregados al contratista no constituyen pago?

Otra vez, pago es la prestación de lo que se debe.

III. Las anteriores, entre otras razones, nos separan de la sentencia».

Agosto 31 de 2001.

Mario Alario Mendez—Camilo Arciniegas Andrade. 

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