Sentencia AC-11001 de marzo 15 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Sent. AC-11001, mar. 15/2001. Exp. AC -11001-03-15-000-2001-0067-01.

M.P. Germán Rodríguez Villamizar

Acción de tutela

Actor: Hernán Fernando Sánchez Castellanos

Demandada: Sección Tercera - Subsección "B" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Conoce la Sala de la acción de tutela presentada por Hernán Fernando Sánchez Castellanos contra la Sección Tercera - Subsección "B" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la expedición de la sentencia del 3 de octubre de 2000.

I. Antecedentes

1. La solicitud de tutela.

Mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2001 ante la Oficina Judicial de Bogotá, D.C., (fls. 2 a 6), el señor Hernán Fernando Sánchez Castellanos instauró acción de tutela con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, los cuales considera violados por la Sección Tercera - Subsección "B" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por incurrir en una vía de hecho al proferir la sentencia del 3 de octubre de 2000 (fls. 16 a 19, cdno. 2), en la que se da por terminada una relación contractual de arrendamiento de un local comercial ubicado en la carrera 29 Nº 18-45 de Bogotá, D.C.

2. Los hechos.

En síntesis, se exponen los siguientes:

2.1. El 25 de noviembre de 1999, la Nación - rama judicial - dirección ejecutiva de administración judicial, formuló en contra de Hernán Fernando Sánchez Castellanos demanda de restitución de inmueble arrendado, respecto del local ubicado dentro del predio Nº 18-45 de la carrera 29.

2.2. Mediante auto del 24 de enero de 2000, la demanda fue admitida y se ordenó la notificación conforme al artículo 424 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, la cual se cumplió el 3 de agosto del mismo año mediante aviso que el auxiliar del tribunal fijó en el local objeto de la restitución (fl. 13, cdno. 2).

2.3. El 3 de octubre de 2000, el tribunal profirió sentencia en la que declaró la terminación del contrato de arrendamiento Nº 17 celebrado entre Hernán Fernando Sánchez Castellanos y la Nación - rama judicial - dirección ejecutiva de administración judicial, y ordenó la restitución del inmueble, diligencia esta última a cumplirse mediante comisión por el Juzgado Civil Municipal de Bogotá (reparto) (fls. 16 a 19, cdno. 2).

2.4. Inconforme con esa decisión, el apoderado del actor interpuso recurso de apelación, el cual fue "denegado" mediante providencia del 12 de diciembre de 2000, porque, según la cuantía, el asunto no tenía vocación de segunda instancia.

2.5. De otra parte, el 10 de octubre de 2000 el demandante propuso un incidente de nulidad de lo actuado, por considerar configurada la causal descrita en el numeral 8º del artículo 140 de Código de Procedimiento Civil por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, lo cual le impidió ejercer oportunamente el derecho de defensa, toda vez que la notificación no se hizo en forma personal sino por aviso.

Por auto del 29 de febrero del año en curso el tribunal de instancia resolvió el citado incidente, en el sentido de abstenerse de decretar la referida nulidad.

Il. Consideraciones de la Sala

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ambas disposiciones reguladoras de la acción de tutela, ésta se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción al existir otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso sub examine, el actor utiliza la acción de tutela como medio de protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales considera vulnerados con la expedición de la sentencia censurada, por cuanto en el proceso en que fue proferida se aplicó el parágrafo 1º numeral 4º del artículo 424 del Código Contencioso Administrativo, norma esta que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-925 de noviembre 18 de 1999, con fundamento en el siguiente razonamiento:

"Observa la Corte que en forma equivocada y sin razón que lo justifique, a través del dispositivo acusado el legislador desconoció el objetivo constitucional de la notificación personal, ordenando comunicar por aviso el auto admisorio la demanda de restitución del inmueble arrendado. Es evidente que este acto procesal de naturaleza subsidiaria y supletoria, a juicio de la Corte no garantiza el ejercicio pleno y efectivo del derecho de contradicción, pues no da certeza de que, inicialmente, por esa vía los demandados se enteren sobre la existencia de un proceso en su contra.

"La circunstancia de que el proceso de restitución de inmueble arrendado se circunscriba, como su nombre lo indica, a obtener la restitución del bien arrendado, no justifica la mengua del derecho sustancial al debido proceso de los demandados, entre otras razones, porque la norma acusada autoriza la práctica de medidas cautelares contra los bienes que éstos ofrecieron en garantía, hecho que si bien no exige un conocimiento previo de las mismas, sí impone una participación activa, directa y oportuna de los afectados en el juicio, en procura de asumir la defensa de sus propios intereses y evitar su posterior ejecución (CPC, art. 424). En realidad, el proceso de restitución de inmueble arrendado supone una relación jurídico-material indivisible, con más de un titular en la parte demandada, lo cual exige, necesariamente, la correcta y debida integración del contradictorio mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda".

Si bien es cierto, la notificación al demandado dentro del proceso en estudio no se hizo en debida forma, ya que ésta se realizó por aviso y no personalmente como ordena la sentencia de la Corte Constitucional, el propio actor reconoce en el escrito de petición del amparo solicitado, que tuvo conocimiento del proceso que se adelantaba en su contra cuando el expediente se encontraba al despacho para proferir sentencia de primera instancia.

En efecto, sobre el particular el apoderado del peticionario consignó lo siguiente:

7. Mi defendido tiene conocimiento de los hechos relativos a la demanda instaurada contra él porque la entidad demandante (sic) igualmente está adelantando otros procesos de restitución contra otras personas que ocupan locales en el Edificio de Paloquemao donde funcionan algunos juzgado penales del circuito y fiscalías. Ese conocimiento tuvo ocurrencia en septiembre 28 de 2000 cuando el proceso se encontraba al despacho de donde salió en octubre tres de 2000 la decisión arriba comentada procediendo a conferir poder al suscrito para que asumiera la defensa de sus intereses (fl. 3, cdno. ppal.)

En tales condiciones, considera la Sala que el actor debió promover oportunamente el incidente de nulidad por indebida notificación, y no esperar a que se profiriera sentencia contraria a sus intereses para presentar dicho incidente, pues en ese punto del proceso ya la sentencia en comento se encontraba ejecutoriada.

De igual forma, si bien el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 185 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, de suyo exige un espacio de tiempo considerable para la resolución, si es un mecanismo idóneo para impugnar sentencias ejecutoriadas, como bien lo afirmó el tribunal en el auto del 6 de febrero de 2001 que resolvió el incidente de nulidad, situación esta concordante con lo dispuesto en el artículo 142 el Código de Procedimiento Civil en su artículo 142, cuyo texto dice:

"(...) La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades".

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe reiterar que la preclusión de términos o la imposibilidad del actor para ejercer una determinada acción procesal, no puede dar lugar a la procedencia de la acción de tutela, cuando tales hechos tengan por causa la incuria, negligencia o pasividad del propio peticionario. Es decir, la falta de idoneidad o eficacia de los otros posibles medios de defensa judicial para determinar la procedencia de la acción de tutela, no puede tener como causa la propia culpa del actor, como efectivamente se da en el caso en estudio, pues no solamente el incedente de nulidad fue promovido cuando la sentencia se encontraba ejecutoriada, sino que se recurre a la acción de tutela y no al recurso extraordinario de revisión, utilizando el citado amparo como un medio para sustituir el mecanismo idóneo consagrado en la ley para impugnar sentencias ejecutoriadas.

Sobre el particular, esta corporación ha reiterado en varias oportunidades el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, según el cual:

"(...), la acción de tutela es un instrumento de amparo de los derechos fundamentales que debe ser tramitado a través de un procedimiento preferente y sumario, pero, que no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas, mucho menos cuando tales circunstancias tienen por origen la incuria o negligencia de la misma afectada" (1) .

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia AC-9571 del 9 de marzo de 2000.

Por último, es pertinente reiterar que la acción de tutela no puede ser utilizada con el fin de crear una nueva instancia para un debate legalmente concluido, pues, ello implicaría una violación a la institución de la cosa juzgada y quebrantamiento de la seguridad jurídica.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Deniégase por improcedente la solicitud de tutela instaurada por el señor Hernán Fernando Sánchez Castellanos.

2. Notifíquese esta providencia a las partes por telegrama u otro medio expedito que asegure su cumplimiento, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

3. En el evento de no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández Henríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—María Elena Giraldo López—Jesús María Carrillo Ballesteros.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

SALVAMENTO DE VOTO

El artículo 152 literal a) de la Carta Política, señala que el Congreso de la República debe regular mediante leyes estatutarias los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.

El artículo 86 de la misma obra establece que la protección en la acción de tutela consiste en una orden para que aquél respecto de quien se solicita, actúe o se abstenga de hacerlo y el fallo que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente.

El artículo 5º transitorio de la Constitución revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para reglamentar el derecho (sic) de tutela. Con fundamento en esta atribución se expidió el Decreto 2591 de 1991, el cual en el artículo 40 asignó una competencia especial al superior jerárquico correspondiente, para conocer de las acciones de tutela contra sentencias y las demás providencias que pusieran fin a un proceso.

Esta disposición, sin embargo, fue declarada inexequible por la Corte mediante sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992.

El Decreto Reglamentario 1382 del presente año, so pretexto de establecer las reglas para efectuar el reparto en las acciones de tutela, modifica la norma reglamentada, esto es, el Decreto 2591 de 1991 al establecer competencias privativas y especiales para su conocimiento, además de desconocer el efecto de cosa juzgada constitucional que se desprende de la sentencia de inexequibilidad a que se hizo mención antes (C.P., art. 243), al reproducir una norma con rango de ley que fue retirada del ordenamiento jurídico sin que se hubieran modificado las normas constitucionales que sirvieron de fundamento para hacer la confrontación.

Cabe señalar que la Corte Constitucional mediante auto del 27 de febrero de 2000 ordenó inaplicar el citado decreto reglamentario, cuya vigencia fue suspendida en acatamiento de esa decisión por el Presidente de la República mediante Decreto 404 del 14 de marzo del presente año.

En tales condiciones y con fundamento en el artículo 4º de la Carta, la Sala ha debido el mencionado decreto y abstenerse de la acción interpuesta.

Ricardo Hoyos Duque 

Fecha ut supra 

SALVAMENTO DE VOTO

Muy comedidamente me permito manifestar la razón de mi salvamento de voto respecto de la sentencia del 15 de marzo de 2001, proferida para fallar la acción de tutela de la referencia.

En las providencias de fecha 27 de febrero y marzo 5 de 2001 Procesos AC-12550 y AC-12.325 me abstuve de dar trámite a la demanda de tutela, pues considero que el artículo 1º, en su numeral 2º, del Decreto 1382 de julio 12 del 2000, es inconstitucional en cuanto vulnera la Constitución Nacional y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, sobre este particular, en dichas providencias se anota:

"El artículo 4º de la Constitución Política establece en lo concerniente que "la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales".

"En torno a la excepción de inconstitucionalidad, el Consejo de Estado ha sostenido:

"(...) Puede verse con facilidad que el sistema de control constitucional por vía de excepción se amplió con el nuevo precepto y, por lo tanto, un acto administrativo, que desde luego es norma jurídica, puede ser inaplicado si viola el estatuto constitucional aunque haya creado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría.

"(...).

"De modo que, cuando una norma inferior riñe con la Constitución, ésta tendrá preferencia, y, por consiguiente, la primera es inaplicable para el caso.

"Éste fue el axioma que orientó, ab initio, la revisión de las leyes por parte de los jueces".

La doble instancia es un principio que atañe a la oportunidad que tiene todo interesado para que el superior de quien profiere una decisión pueda revisarla, principio procesal que se hace casi ineludible tratándose de sentencias.

Este principio ha sido consagrado en las siguientes normas a saber: artículos 31, 86 de la Constitución Política y artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

La normatividad constitucional y aun la legal atrás reseñada se encuentran íntimamente relacionadas con el principio de la doble instancia frente al trámite de tutela, pues en todas ellas se consagra la impugnación del fallo de primera instancia proferido dentro de un proceso de tutela.

Este despacho ha sostenido la inaplicabilidad del Decreto 1382 de 2000 en las acciones de tutela, posición que es acorde con lo expresado por la Sala Plena de la Corte Constitucional (1) , el Consejo de Estado de la Judicatura (2) y la Sección Cuarta de esta corporación (3) aunque no por la mayoría de esta Sala.

(1) Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho...". Corte Constitucional, Auto de Sala Plena, ICC-118, septiembre 26 de 2000, Magistrado Sustanciador: Alfredo Beltrán Sierra, entre otras providencias.

(2) "Como se observa, si se tramitara la presente acción de tutela, la segunda instancia quedaría radicada en la propia corporación encargada de realizar la primera, lo cual es un contrasentido...". Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, agosto 31 de 2000, Magistrado Ponente: Jorge Alonso Flechas.

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto AC-12388, febrero 15 de 2001, Consejero Ponente: Daniel Manrique Guzmán, entre otras providencias.

En el caso concreto, el fallo de tutela pronunciado mediando la aplicación del artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, implica la imposibilidad de intentar la impugnación para dicho fallo.

Jesús María Carrillo Ballesteros 

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