Sentencia AC-12388 de noviembre 30 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Tercera

Rad.: AC-12388, nov. 30/2000

C.P. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla- Dadima.

Ref.: Demandado: Subsección “B” - sección segunda del Consejo de Estado.

Acción de tutela

I. Corresponde a la Sala pronunciarse para decidir la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, contra la subsección “B” sección segunda del Consejo de Estado

II. Antecedentes

A. Hechos.

Los narrados en la demanda son los siguientes:

1. El 14 de junio de 1994, el Inderena (entidad oficial encargada de la protección del medio ambiente, en esa época) mediante Resolución 335 impuso a la Cervecería Aguila S.A. la obligación de construir una planta de tratamiento para aguas residuales.

2. El 24 de octubre de 1995, el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, Dadima (entidad que asumió las funciones de protección al medio ambiente) expidió la Resolución 56 de octubre de 1995 por medio de la cual se aprueba un plan de cumplimiento y se otorga un permiso provisional de vertimientos líquidos a la Sociedad Cervecería Aguila S.A.

3. Esa resolución se notificó a la sociedad Cervecería Aguila S.A., quien no interpuso los recursos de ley, en consecuencia, tal resolución quedó debidamente ejecutoriada.

4. El 10 de septiembre de 1999, el Procurador Judicial Agrario de Cartagena, mediante oficio 00054 ordenó al Dadima aclarar la Resolución 56 de octubre de 1995 a favor de la Cervecería Aguila S.A.

5. Posteriormente, Cervecería Aguila S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, contra el Dadima, con el objeto de que se diera cumplimiento al oficio 00054 del 10 de septiembre de 1999 emanado del Procurador Judicial Agrario de Cartagena.

6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del día 14 de agosto de 2000, consideró que el Dadima había incumplido el mandato contenido en el numeral 7º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y el numeral 1º de la parte resolutiva del oficio 00054 del 10 de septiembre de 1999 del Procurador Judicial Agrario de Cartagena y, en consecuencia, ordenó a esa entidad que en el término perentorio de cinco días y con base en el plan de cumplimiento entregado por la Cervecería Aguila, entregara a esa sociedad los términos de referencia correspondientes al diseño, construcción y puesta en marcha de la segunda planta de tratamiento de residuos líquidos y embotellado de cerveza.

7. La anterior providencia fue objeto del recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

8. La subsección “B” de la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el día 5 de octubre del presente año, confirmó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

9. El Dadima, demandó en tutela a la subsección “B” - sección segunda del Consejo de Estado, por considerar que esa corporación al confirmar la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en una vía de hecho judicial (fls. 7 a 12).

B. Pretensiones.

Están dirigidas a que se tutele el derecho constitucional al debido proceso y, en consecuencia, se ordene en primer término a la subsección “B” de la sección segunda del Consejo de Estado, declarar la nulidad de la sentencia proferida el día 5 de octubre de 2000, dentro del proceso ACU-1661 (mediante la cual se confirmó la Sentencia del 14 de agosto de 2000 del Tribunal Administrativo del Atlántico) y en segundo término, dictar el fallo de reemplazo revocando la providencia del día 14 de agosto proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 6 a 7).

Solicitó se dé aplicación al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, para que en abstracto se señale la indemnización del daño emergente que se ha causado con el actuar del demandado (fl. 28).

C. Derecho constitucional que se invocó como infringido.

Es el del debido proceso (art. 29).

Se afirmó quebranto de dicha norma toda vez que en la providencia del Consejo de Estado, erróneamente se dio fuerza administrativa y legal al oficio 547 del 10 de septiembre de 1999, emanado del Procurador Judicial Agrario de Cartagena, convirtiéndolo de un simple escrito a un acto administrativo.

Agregó que en la providencia cuestionada se le dio al Procurador Judicial Agrario, el carácter de superior jerárquico del Dadima, lo cual de conformidad con la Constitución no es cierto, porque no puede decirse que el Ministerio Público como órgano de control, tiene sobre los servidores públicos sujetos a su supervisión, grado jerárquico alguno, toda vez que la Procuraduría General de la República no es un organismo coadministrador de la gestión pública.

Indicó que resulta contrario a derecho el oficio emanado del procurador, porque en el asumió funciones administrativas que no se le han otorgado; a la procuraduría se le han atribuido funciones jurisdiccionales para unos casos específicos, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia C-244 de 1996.

Manifestó, igualmente, que el referido oficio revivió de manera arbitraria los términos de impugnación de un acto administrativo que estaba ejecutoriado y en firme, como lo era la Resolución 56 de 1995, puesto que contra la misma ya no procedía recurso alguno, y si la sociedad Cervecería Aguila no estuvo de acuerdo con el contenido de la resolución, tuvo la oportunidad de ejercer los recursos ante la vía gubernativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Señaló que de conformidad con lo anterior, la demanda promovida en ejercicio de la acción de cumplimiento, que fue resuelta en forma favorable a la Sociedad Cervecería Aguila, era improcedente, toda vez que tal empresa contó con otro mecanismo de defensa judicial que no utilizó en tiempo y por esto el Consejo de Estado debió rechazar la acción.

Anotó de acuerdo con la Directiva Administrativa 1 de la Procuraduría General de la Nación, el compromiso del Ministerio Público respecto a la protección y defensa del medio ambiente, no debe entenderse de ninguna manera como el ejercicio de una función administrativa por su carácter controlador y al no tener en cuenta el contenido de esta directiva al momento de proferir el fallo se incurrió igualmente en una vía de hecho judicial (fls. 1 a 28).

D. Actuación procesal.

1. Mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2000 se admitió la demanda. Se ordenó notificar a los demandados (integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico y a quienes intervinieron por la subsección B del Consejo de Estado en la providencia de segunda instancia y a de Cervecería Aguila) (fls. 155 a 156).

2. La Sociedad Cervecería Aguila S.A., expresó que en la actuación que se adelantó tanto en el Tribunal Administrativo del Atlántico como en el Consejo de Estado no se incurrió en vía de hecho judicial, pues las providencias proferidas por ambas corporaciones realizaron un estudio jurídico serio de las normas y actos sometidos a su consideración.

Indicó que no comparte las apreciaciones del demandante respecto a que el oficio emanado del Procurador Judicial Agrario no es un acto administrativo y que extralimitó las funciones que posee el Ministerio Público, toda vez que la sentencia señalada por el actor en la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela, es decir, la C-244 de 1996, se refiere es a la constitucionalidad de los artículos 2º, 6º, 34, 61, 66 y 135 de la Ley 200 de 1995, los cuales desarrollaban la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, pero que tal sentencia nunca excluye las otras funciones que también corresponden a este organismo, establecidas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.

En relación con el argumento invocado en la demanda de tutela en el sentido de que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho por desconocer la Directiva 1 del Procurador General de la Nación sobre competencias ambientales, expresó en primer lugar que la justicia administrativa puede interpretar, ajustar o apartarse de una directiva, si lo que está de por medio es la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales.

En segundo lugar que en el caso objeto de controversia no se desconoció el contenido de dicha directiva, porque examinando lo establecido en ella, se concluye que la función del Ministerio Público en materia ambiental no se circunscribe únicamente a dar consejos, sino requerimientos respecto de los cuales ninguna autoridad se puede apartar.

Reseñó todas las actuaciones previas que dieron lugar a la demanda que presentó contra el Dadima en ejercicio de la acción de cumplimiento.

Solicitó de una parte, se examine con detenimiento las irregularidades en las que incurrió el demandante al utilizar expresiones desobligantes e irrespetuosas contra los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y de la Cervecería Águila y, de otra parte, se condene en costas al actor, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 (fls. 195 a 213).

Los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico, expresaron que en el proceso en cual se resolvió la acción de cumplimiento interpuesta por Cervecería Aguila S.A., las partes contaron con todas las oportunidades y medios de defensa procesales para exponer sus puntos de vista, por lo cual es improcedente entrar a debatir nuevamente el fondo del asunto.

Señalaron que de conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la presente acción de tutela resulta improcedente, toda vez que contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado procede otro mecanismo de defensa judicial, porque el demandante en tutela puede solicitar la nulidad de la referida providencia, tal y como lo establece el último inciso del artículo 142 del Código Procedimiento Civil (fls. 215 a 216).

Vencido el término legal, la subsección “B” de la sección segunda de esta corporación guardó silencio.

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla.

Para resolver, la Sala estudiará el asunto en el siguiente orden:

• Problema jurídico

• Vía de hecho judicial

• Caso concreto

A. Problema jurídico.

En este caso la acción de tutela se utiliza para atacar una sentencia proferida por la subsección “B” de la sección segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó otra, del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual se accedió a las súplicas que, en ejercicio de la acción de cumplimiento, instauró la compañía Cervecería Aguila S.A. contra el Dadima, con el fin de que se diera cumplimiento al numeral 7º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y al numeral 1º del oficio 547 del 10 de septiembre de 1999, emanado del Procurador Judicial Agrario de Cartagena.

B. Vía de hecho judicial.

La Constitución enseña que la acción de tutela tiene cabida frente a cualquier acción u omisión de una autoridad pública, que quebrante derechos constitucionales fundamentales siempre y cuando no exista otro mecanismo judicial de defensa (art. 86).

Tal postulado implica, por su contenido abierto, que cualquier autoridad, sin distingos, puede ser sujeto pasivo de dicha acción.

Por lo tanto las autoridades judiciales pueden ser demandadas, en ejercicio de la acción de tutela, por sus conductas activas u omisivas siempre y cuando se den los demás requisitos de procedibilidad de dicha acción.

La procedencia de la tutela respecto de providencias judiciales, se recaba, requiere que tal mecanismo resulte residual, pues no puede utilizarse como mecanismo alternativo de defensa.

Por ello si una providencia judicial, auto o sentencia, es posible de ser atacada por otro medio judicial ordinario o extraordinario, no tiene cabida la tutela, por regla general.

La Constitución exige que la tutela debe ser residual; no alude a que las personas pueden acoger cualquier sistema de defensa judicial.

El Decreto-Ley 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Carta Política, resaltó que la tutela aunque no sea mecanismo residual puede utilizarse sólo para evitar un perjuicio irremediable y con carácter meramente transitorio (1) .

(1) Se reitera posición de la Sala. Ver Sentencia de AC-11844, proferida el 30 de noviembre de 2000.

La Corte Constitucional ha indicado cuatro defectos que pueden dar lugar, separadamente, a la ocurrencia de la vía de hecho judicial.

• Defecto sustantivo. Se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable.

• Defecto fáctico. Ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• Defecto orgánico. Acaece cuando el funcionario judicial, que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia.

• Defecto procedimental. Sucede en aquellos casos en los cuales el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

Dijo:

“(...) En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”.

Ahora bien según la jurisprudencia constitucional el juez de tutela no puede reemplazar al juez de la causa ni puede convertirse en una última instancia de decisión.

Para asegurar que ello no ocurra la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que “sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de la polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela de la sentencia impugnada”” (1) .

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 1999. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

La anterior posición jurisprudencial obedece, según se explica, en la protección de condiciones indispensables y esenciales en la prestación del servicio judicial, como son la independencia y competencia funcional del juez del conocimiento; se asevera que el juzgador es quien dispone de todos los elementos para tomar las decisiones pertinentes dentro del proceso.

C. Caso concreto.

Los antecedentes que dieron lugar a la sentencia que resolvió la acción de cumplimiento (ésta objeto de acción de tutela) son lo siguientes:

•. El Inderena, mediante Resolución 335 del 14 de junio de 1994, impuso a Cervecería Aguila la obligación de construir una planta de tratamiento para las aguas residuales de esta empresa.

• El Dadima (entidad que asumió las funciones del Inderena) mediante Resolución 56 del 24 de octubre de 1995, aprobó la etapa del plan de cumplimiento presentado por la Cervecería Aguila y le concedió permiso para el vertimiento provisional de líquidos, condicionando a aquél, a que los residuos líquidos provenientes de la planta de cerveza fueran tratados en la planta diseñada por la firma Degremon de Colombia.

• La misma entidad a través de la Resolución 181 de 1998, revocó el anterior permiso y ordenó abrir contra la Cervecería Aguila investigación administrativa.

• El Dadima, expidió la Resolución 706 de 1998 en la cual revocó el numeral 1º de la Resolución 181 del mismo año y ordenó la práctica de unas pruebas solicitadas por Cervecería Aguila.

• Cervecería Aguila solicitó a la Procuraduría su intervención en la actuación administrativa que se le estaba adelantado por parte del Dadima, para que le fuera garantizado el derecho al debido proceso.

• El Procurador Judicial Agrario de Cartagena, a través del oficio 547 del 10 de septiembre de 1999 le impuso al Dadima la obligación de aclarar la Resolución 56 de 1995 y de practicar la prueba decretada por ella misma y no practicada aún (fls. 36 a 45).

• Cervecería Aguila formuló demanda en ejercicio de la acción de cumplimento contra el Dadima, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, para que se ordenara a dicha entidad el cumplimiento del oficio 547 de 1999, proferido por el Procurador Judicial Agrario y el numeral 7º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 (fls. 63 a 69).

• El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia proferida el día 14 de agosto del presente año, decidió ordenarle al Dadima el cumplimiento del oficio referido y del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 (fls. 70 a 93).

• El Dadima interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia (fls. 44 a 123).

• La subsección “B” de la sección segunda del Consejo de Estado confirmó en todas sus partes la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 124 a 145).

Para determinar si la subsección “B” de la sección segunda del Consejo de Estado incurrió o no en una vía de hecho judicial, es necesario precisar si la acción de tutela en el presente caso es residual, y para determinar este carácter, deben analizarse los puntos de inconformidad que señaló el Dadima respecto de la sentencia. En lo fundamental, formuló dos cargos:

Tuvo como acto administrativo al oficio emanado del Procurador Judicial Agrario, mediante el cual impuso al Dadima la obligación de aclarar la Resolución 56 de 1995.

Al tener por acto administrativo dicho oficio, indirectamente le revivió los términos a la cervecería referida para atacar la Resolución 56 de 1995 proferida por el Dadima, la cual estaba debidamente ejecutoriada.

1. En cuanto a la primera imputación, por vía de hecho, la Sala advierte que el demandante en tutela pretende tildar de vía de hecho judicial una sentencia proferida en un juicio de acción de cumplimiento, en la cual se ordenó cumplir un acto administrativo en firme.

El demandante en tutela se sirve de sus propias opiniones, relativas a la ilegalidad del acto administrativo del indicado procurador, mediante el cual en función administrativa le impuso al Dadima aclarar una resolución suya.

De tales circunstancias la Sala también observa que el demandante en tutela realmente ataca la validez del acto administrativo proferido por el Procurador Judicial Agrario de Cartagena; no cuestiona la legalidad de la sentencia.

Si el Dadima consideraba que la orden administrativa emitida por dicha procuraduría era ilegal debió demandarla en juicio ordinario de “nulidad y restablecimiento del derecho”.

Cuando el Consejo de Estado en el otro juicio de cumplimiento, cuya sentencia es objeto hoy de acción de tutela, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico y concluyó el incumplimiento del Dadima, en cuanto a la orden librada por el procurador, lo hizo respecto de un acto administrativo, el cual se presume válido.

El Dadima no demostró que para esa época ese acto estaba suspendido o había sido anulado por esta jurisdicción; tampoco demostró que había interpuesto acción de nulidad y de restablecimiento del derecho. Por lo tanto ese acto que se presume legal tenía y tiene virtualidad jurídica para producir todos sus efectos.

En consecuencia, el Dadima no puede imputar a título de vía de hecho judicial el efecto que tiene un acto administrativo; debió a tiempo, interponer la acción correspondiente contra el mismo y demostrar dentro del juicio ordinario, si es que es así, la causal de invalidez que lo afectaba.

Al respecto, se recuerda que la acción de tutela no es el mecanismo apto para definir la legalidad de un acto administrativo, toda vez que la ley expresamente prevé la existencia de mecanismos de control para la actividad de la administración.

La acción de tutela no es una extensión de otras acciones; en consecuencia no es apta para desplazar o reemplazar los instrumentos judiciales de defensa, ni mucho menos, para revivir acciones que debieron interponerse a tiempo.

En este sentido la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) Ahora bien, según la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no puede reemplazar al juez de la causa ni puede convertirse en una última instancia de decisión. Para asegurar que ello no ocurra, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que “sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada” (2) .

(2) Sentencia T-008 de 1998. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2. En cuanto a la segunda imputación a la sentencia, relativa que el Consejo de Estado en la subsección segunda cuando definió la impugnación a la sentencia de acción de cumplimiento, al tener por acto administrativo el oficio del procurador, indirectamente le revivió los términos a la cervecería referida para atacar la Resolución en firme 56 de 1995 proferida por el Dadima, ello no es cierto.

Frente a tal planteamiento basta decir que fue la Procuraduría la que ordenó la aclaración; el Consejo de Estado no fue la autoridad que la ordenó.

El Dadima, se repite, si estimó que con la orden de la Procuraduría, para aclarar la resolución antedicha, se abría ilegalmente la puerta para que la cervecería indicada cuestionara la Resolución 56 debió, como ya se explicó, demandar la legalidad de ese oficio.

Su negligencia en defenderse por los mecanismos idóneos no puede ser ni trasladada a otra persona, ni puede ser causa para utilizar indebidamente el mecanismo de defensa de tutela.

A la sentencia impugnada en tutela no se le atribuyó ninguno de los vicios que dan lugar a la vía de hecho judicial; los vicios que se le atribuyeron están referidos a otras conductas que no provienen del juzgador demandado.

Así las cosas las pretensiones se denegarán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla

2. NOTIFÍQUESE telegráficamente el contenido de ésta providencia a las partes (D.L. 2591/91, art. 30).

3. Si no fuera impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión (D. 2591/91, art. 31, inc. 2º)

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta de la Sala—Jesús María Carrillo B., salvo voto—Alier Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque, salvo voto—Germán Rodríguez Villamizar.

SALVAMENTO DE VOTO

El artículo 152 literal a de la Carta Política, señala que el Congreso de la República debe regular mediante leyes estatutarias los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.

El artículo 86 de la misma obra establece que la protección en la acción de tutela consiste en una orden para que aquel respecto de quien se solicita, actúe o se abstenga de hacerlo y el fallo que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente.

El artículo 5º transitorio de la Constitución revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para reglamentar el derecho (sic) de tutela. Con fundamento en esta atribución se expidió el Decreto 2591 de 1991, el cual en el artículo 40 asignó una competencia especial al superior jerárquico correspondiente, para conocer de las acciones de tutela contra sentencias y las demás providencias que pusieran fin a un proceso.

Esta disposición, sin embargo, fue declarada inexequible por la Corte mediante Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992.

El Decreto Reglamentario 1382 del presente año, so pretexto de establecer las reglas para efectuar el reparto en las acciones de tutela, modifica la norma reglamentada, esto es, el Decreto 2591 de 1991 al establecer competencias privativas y especiales para su conocimiento, además de desconocer el efecto de cosa juzgada constitucional que se desprende de la sentencia de inexequibilidad a que se hizo mención antes (C.P., art. 243), al reproducir una norma con rango de ley que fue retirada del ordenamiento jurídico sin que se hubieran modificado las normas constitucionales que sirvieron de fundamento para hacer la confrontación.

En tales condiciones y con fundamento en el artículo 4º de la Carta, la Sala ha debido inaplicar el mencionado decreto y abstenerse de conocer de la acción interpuesta.

Ricardo Hoyos Duque. 

SALVAMENTO DE VOTO

Muy comedidamente me permito manifestar la razón de mi salvamento de voto respecto de la sentencia de 30 de noviembre de 2000, proferida para fallar la acción de tutela de la referencia.

En las providencias de fecha 27 de julio y 6 de septiembre de 2000, proceso AC-11698, me abstuve de dar trámite a la demanda de tutela, pues considero que el artículo 1º, en su numeral 2º, del Decreto 1382 de julio 12 de 2000, es inconstitucional en cuanto vulnera la Constitución Nacional y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, sobre este particular, en dichas providencias se anota:

“El artículo 4º de la Constitución Política establece en lo concerniente que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley un otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

“En torno a la excepción de inconstitucionalidad, el Consejo de Estado ha sostenido:

“(...) Puede verse con facilidad que el sistema de control constitucional por vía de excepción se amplió con el nuevo precepto y, por lo tanto, un acto administrativo, que desde luego es norma jurídica, puede ser inaplicado si viola el estatuto constitucional, aunque haya creado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría.

(...).

De modo que, cuando una norma inferior riñe con la Constitución, ésta tendrá preferencia, y, por consiguiente, la primera es inaplicable para el caso.

Este fue el axioma que orientó, ab initio, la revisión de las leyes por parte de los jueces”.

La doble instancia es un principio que atañe a la oportunidad que tiene todo interesado para el superior de quien profiera una decisión pueda revisarla, principio procesal que se hace casi ineludible tratándose de sentencias.

Este principio ha sido consagrado en las siguientes normas a saber: artículo 31, 86 de la Constitución Política y el artículo 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

La normatividad constitucional y aun la legal atrás reseñada se encuentran íntimamente relacionadas con el principio de la doble instancia frente al trámite de tutela, pues en todas ellas se consagra la impugnación del fallo de primera instancia proferido dentro de un proceso de tutela.

En el caso concreto, el fallo de tutela pronunciado mediando la aplicación del artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, implica la imposibilidad de intentar la impugnación para dicho fallo.

Sólo por las anteriores razones, me separo de la decisión adoptada por la Sala.

Jesús María Carrillo Ballesteros. 

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