Sentencia AC-12621 enero 25 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA- Subsección A

Exp. AC-12.621, ene. 25/2001

C.P. Ana Margarita Olaya Forero

Asuntos constitucionales

Actor: Mariela Tapias Roa

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada. por el señor Rafael Antonio Castañeda Ortiz, en su calidad de jefe del distrito de Casanare de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el veintisiete (27) de octubre de dos mil (2000), por medio de la cual se tutelaron los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Antecedentes

Los hechos aducidos por la parte actora como fundamento de la acción, son los siguientes:

El día quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), la señora Tapias Roa, en representación de su hijo menor Manuel Ignacio Chaparro Tapias, entregó mediante contrato de arrendamiento, al señor Rigoberto Núñez Bianca, el local comercial con vivienda ubicado en la carrera 20 Nº 14-73, de propiedad de aquél.

El señor arrendatario incumplió en repetidas ocasiones con la obligación a su cargo y a favor de la empresa de energía, como contraprestación del servicio público domiciliario recibido. A pesar de que la prestación del servicio fue suspendida por parte de la empresa en razón a los motivos anteriormente señalados, de forma clandestina y fraudulenta fue en repetidas oportunidades restablecida, generándose así el incremento de la deuda.

La empresa de energía, en contestación a un derecho de petición interpuesto por la parte actora, dispone la reducción de una parte de los intereses, contrariando abiertamente la norma reguladora, en el sentido de facturar únicamente los consumos de los tres primeros meses junto con los costos de reconexión.

Pretensiones

La peticionaria concreta su petición de tutela así:

“Solicito a los señores magistrados, se sirvan tutelar los derechos al debido proceso y a la igualdad. Igualmente que se ordene al señor ingeniero Rafael Castañeda Cortés, jefe del Distrito Casanare de la Empresa de Energía de Boyacá ordenar que en un plazo perentorio y previo el pago de la cantidad ya dicha, más los gastos de reconexión, se restablezca el servicio de energía eléctrica en el local propiedad de mi menor hijo”.

Considera la demandante vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos trece (13) y veintinueve (29), respectivamente, de la Carta Política.

La sentencia impugnada

El a quo motivó su decisión mediante consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en caso de similares características (1) .

1. Sentencia T-927. Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

En este sentido, es evidente para el tribunal, por una parte, que el consumo de energía por parte del arrendatario se dio hasta el momento en que fue desalojado del bien inmueble y, por otra, que la empresa de energía debió tener conocimiento de la reconexión fraudulenta realizada por el “inquilino” del inmueble, como consecuencia de la suspensión del uso del servicio con la cual había sido sancionado. Para el tribunal, la indiferencia asumida por la empresa frente a tal situación, evidencia no sólo la deslealtad para con quien no está llamado a cubrir un gasto que no ha causado, es decir el arrendador, sino también la vulneración de su derecho a recibir igual trato.

Igualmente estima el a quo que, al tipificar la ley para efectos penales, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta, como hurto (L. 142/94, art. 141, inc. tercero) y, al no ejercer la administración los mecanismos de control legales previstos para la protección de sus bienes y recursos, está la demandada incurriendo en una vía de hecho.

Finalmente, estima el tribunal que la existencia de un mecanismo judicial ordinario, que se concreta en acciones contencioso administrativas, no puede remplazar el dispuesto por el ordenamiento, en sede de tutela constitucional, para la protección de los derechos vulnerados, cuando estos son fundamentales.

El tribunal, en consecuencia, accedió a la tutela solicitada por la señora Mariela Tapias Roa.

La impugnación

La demandada impugnó oportunamente la providencia del a quo.

En primer lugar argumenta la Empresa de Energía de Boyacá, que la acción de tutela se creó como mecanismo de defensa inmediata o coetáneo de los derechos fundamentales, y no como lo pretende la parte actora y lo decide el tribunal en su fallo, para crear o revivir instancias.

Afirma la prestadora del servicio que, en concordancia con la Ley 142 de 1994 y con el contrato de condiciones uniformes celebrado con el suscriptor inicial —Manuel Ignacio Chaparro—, el procedimiento de facturación y cobro ha sido legalista en su totalidad.

Aduce finalmente el impugnante que conceder la tutela en este caso, equivale a revivir un asunto que legalmente ya prescribió, toda vez que el recurso dispuesto por la ley reguladora —Ley 142 de 1994— no fue interpuesto en el tiempo previsto.

Consideraciones

La parte actora reclama le sea tutelado su derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por la negativa de la Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá de facturar, conforme lo ordena la Ley 142 de 1994, únicamente los consumos de los tres primeros meses de atraso, junto con los costos de reconexión del servicio.

La acción utilizada por la señora Tapias Roa, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el 6º del Decreto 2591 de 1991, es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Atendiendo los preceptos constitucional y legal que facultan el ejercicio de la mencionada acción, se dispone la Sala a evaluar la procedencia de la que en este caso fue impetrada. En consecuencia, es necesario analizar inicialmente si las vulneraciones invocadas por la parte actora se enmarcan dentro del cuadro del perjuicio irremediable. En este sentido establece la Sala que la peticionaria no circunscribe su acción dentro de este campo. Clara y expresamente la fundamenta en una violación a los derechos fundamentales relacionados, dejando totalmente de lado la posibilidad legal que le asiste de alegar tal perjuicio. Los argumentos aducidos en la sustentación del recurso no se circunscriben a un menoscabo de este tipo.

Así las cosas y dando por descontada la posibilidad que para este caso trae el Decreto 2591 de 1991, en el sentido de sustraerse a la obligación de agotar los otros medios de defensa judicial frente a la utilización de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, procede la Sala a estudiar su viabilidad bajo la primera modalidad, es decir frente a la ausencia de otro medio de defensa judicial.

Al respecto, es preciso puntualizar por parte de esta Sala que, como lo manifiesta el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia allegada como prueba dentro del expediente, a pesar de “que la accionante cuenta con la vía contencioso administrativa —jurisdicción exclusiva para el control de legalidad de los actos jurídicos en que interviene o hace parte la administración—, tampoco puede el juez de tutela permitir que se prolongue en el tiempo un comportamiento contrario a sus derechos fundamentales, cuando ha verificado que se concretó en una clara vía de hecho, y que puede constituir un abuso de la posición dominante de las empresas demandadas, así como ocasionar un perjuicio irremediable, sin adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos conculcados”.

Ni para la Corte Constitucional, ni para esta Sala, es explicable la conducta permisiva de la empresa demandada. Abierta y claramente queda demostrado dentro del expediente que, la demandada tenía pleno conocimiento de la situación. La respuesta al derecho de petición elevado por parte de la señora Tapias Roa, deja ver que la prestadora del servicio público, como consecuencia del desacato del señor usuario del servicio, se vio obligada a desplegar diversas medidas sancionatorias, que fueron desde la simple suspensión, hasta el levantamiento de la acometida misma, en el período comprendido entre mayo de 1998 y febrero de 2000. Lo que no logra justificar la empresa es por qué, frente a su incapacidad de control, sigue facturando el servicio obtenido fraudulentamente.

Esta situación, en criterio de la Sala, es abiertamente contraria a derecho. Las autoridades en general no están autorizadas por la ley, para remplazar, según sus propios criterios y en virtud de sus “negligencias”, lo que ésta persigue mediante su ejercicio. La conducta desplegada por la demanda de frente al presente asunto, traduce una especie de “compensación” o “contraprestación” frente a su propia incapacidad para llamar al orden al usuario fraudulento.

Por otro lado, es necesario también aclarar que la ley reguladora previó para este tipo de situaciones, como acertadamente lo sostiene el tribunal en su fallo, un mecanismo de control, concretado a través de la tipificación penal como “hurto”, de la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta. En este orden de ideas, la Empresa de Energía de Boyacá está no únicamente desacatando la ley —cuando la obliga a promover las acciones legales del caso para proteger los recursos y los bienes necesarios para el desarrollo de su función social—, sino que está reclamando de un tercero —en este caso la señora Tapias Roa—, la responsabilidad económica por el delito causado por otra persona, es decir el usuario que ilegalmente se reconectaba. El propósito del tratamiento penal que en estos términos se le da a estas situaciones, no atenta contra la solidaridad dispuesta en cabeza tanto del propietario como del usuario del servicio público domiciliario, sino que busca acatar uno de los principios del derecho penal, cuando dispone que éste es un derecho de autor. La responsabilidad correspondiente se debe exigir, en este orden de ideas, del autor de la conducta irregular detectada. No otro puede ser el sentido del inciso tercero del artículo 141 de la Ley 142 de 1994.

De otra parte, causa extrañeza la respuesta final dada por la demandada al derecho de petición elevado por la peticionaria, cuando dice que “la empresa entiende la sentencia de la Corte Constitucional, pero de ninguna manera puede aceptar el no pago de la deuda, dado que al inmueble le fue suspendido en múltiples ocasiones el servicio, y no es posible pensar que por el hecho de pagar los tres primeros meses de la facturación no cancelada, la deuda quede saldada”, pues no basta con desplegar algunas de las medidas dispuestas, para exigir el respeto de las normas. La demandada, Empresa de Energía de Boyacá S.A., no puede reclamar de un tercero —señora Tapias Roa—, lo que por negligencia u omisión suya no obtuvo del que debía provenir.

Así mismo, de conformidad con la ya reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el debido proceso, es necesario afirmar que,

“parte de su contenido esencial reside en la premisa según la cual las decisiones judiciales y administrativas deben estar cimentadas tanto en los principios constitucionales como en las previsiones legales y reglamentarias, de tal modo que la resolución de los conflictos particulares o la definición de los derechos individuales, no queden al arbitrio del juzgador sino que, por el contrario, sean producto de la aplicación directa de la ley”, y por lo tanto estima la Sala que la empresa accionada incurrió en una vía de hecho, vulnerando de esta manera el derecho fundamental de la demandante al debido proceso.

Pero además la garantía del debido proceso, se concreta en sentir de la Corte cuando:

“... puede hacerse efectiva a través de la acción de tutela, lo cual significa que cualquier persona que se considere afectada por una decisión judicial o administrativa, proferida por fuera del ordenamiento legal, pueda acudir a este mecanismo preferente para obtener inmediata protección”.

“Por ello, todo proceder de los servidores públicos, que ignore ostensible y flagrantemente el ordenamiento jurídico, se constituye en verdadera vía de hecho y por tanto, susceptible de la protección y el amparo que se otorga a través de la acción de tutela” (T-339/96 M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare del veintisiete (27) de octubre de dos mil (2000), en lo relacionado con la tutela al derecho fundamental al debido proceso de la señora Mariela Tapias Roa.

Como consecuencia de lo anterior ordénase al señor Rafael Castañeda Cortés, jefe del Distrito Casanare de la Empresa de Energía de Boyacá, para que en el término de 48 horas y previo el pago del costo de la energía que le fue facturado por los tres primeros meses de atraso en la prestación del servicio, más los gastos de reinstalación, se restablezca el servicio de energía eléctrica en el inmueble ubicado en la carrera 20 Nº 14-73 de la ciudad de Yopal. Se facturará para ser cancelado únicamente lo consumido a partir de la reconexión del servicio.

Notifíquese a la parte actora en la dirección indicada.

Notifíquese al gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá.

Envíese copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de Casanare.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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